Sentencia T-510 de noviembre 8 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA NOVENA DE REVISIÓN

ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

FACULTADES DEL ALCALDE

EXTRACTOS: «En materia de ordenamiento territorial, la Carta Política de 1991 introdujo profundas modificaciones encaminadas a que el Estado lograra un mayor dinamismo en el cumplimiento de sus obligaciones políticas, económicas y sociales. Dentro de esas modificaciones, quizás la más importante es la cristalización del proceso de modernización del municipio colombiano, propuesto desde la Constitución de 1886(4) pero tan solo implementado verdaderamente a partir de la reforma de 1986 con la denominada “elección popular de alcaldes”.

Fue, en efecto, el Constituyente de 1991 el encargado de definir, para los municipios del país, un papel trascendental en el ámbito de las diferentes relaciones de un político-territorial (sic) que surgen dentro de un Estado como el colombiano. Ello se logró, en primer lugar, al calificarlo como una “entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado” (art. 311), titular de una serie de prerrogativas y responsable del cumplimiento de ciertas funciones encaminadas a lograr una real descentralización territorial, dentro de un marco propio de la democracia participativa, el cual constituye presupuesto básico del Estado social de derecho.

El alcalde, elegido popularmente para períodos de tres años a partir de 1995 (arts. 314 y 19 transitorio CP), ha sido calificado por la Carta Política como “jefe de la administración local y representante legal del municipio” (art. 314 C.P.). Al ser elegido por los habitantes del municipio, esta autoridad perdió su dependencia jerárquica y administrativa con los gobernadores y con el Presidente de la República —para el caso de Santafé de Bogotá—, lo que significa una mayor independencia y autonomía en el desarrollo de su gestión y en la toma de las decisiones, aunque con las limitaciones que establece el estatuto superior, como es el caso del manejo del orden público (art. 315-2) y la posibilidad de que el Presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, los suspendan o los destituyan.

Ahora bien, como se señaló, el alcalde, en su calidad de autoridad pública, está comprometido con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en especial —para efectos del caso sub-examine— deberá asegurar la convivencia pacífica y la protección a los habitantes en su vida, honra y bienes. Para la efectiva realización de estos objetivos, al citado funcionario le corresponde consultar la política general de orden público dictada por el Presidente de la República y, por tanto, debe obedecer las órdenes que reciba de él o de los gobernadores. Lo anterior, porque es atribución exclusiva del alcalde la de conservar el orden público en su localidad. Para ello, el Constituyente le ha dado el carácter de primera autoridad de policía del municipio, y le ha encargado a la Policía Nacional cumplir con prontitud y diligencia las instrucciones que el mencionado funcionario imparta por intermedio del respectivo comandante (art. 315-2 C.P.).

Considera la Sala pertinente manifestar que el concepto de orden público es algo más que la concurrencia de los requisitos de tranquilidad, seguridad, salubridad y moralidad dentro de un marco social. Su núcleo esencial está en la armonía general, es decir, en la consonancia de los intereses particulares en un solo interés: el general. Se trata, entonces, de una armonía entre los asociados que supone, naturalmente, la coexistencia pacífica de los miembros de una determinada población o localidad, de acuerdo con los fundamentos básicos de todo orden justo que parte de una correspondencia de los particulares entre sí, y de estos con el Estado.

Ahora bien, el orden público, esto es la armonía necesaria, tiene distintos matices dependiendo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Una cosa es el manejo del orden público a nivel local, otra a nivel departamental y, naturalmente, otra bien distinta respecto de las situaciones de carácter nacional. Sin embargo, debe resaltarse que las dos primeras inciden, condicionan, e incluso algunas veces definen a la última.

El manejo del orden público en un minicipio apunta a procurar la convivencia pacífica de los asociados mediante la solución de los conflictos diarios —algunos de características menores— que puedan alterar el equilibrio y la armonía de la sociedad. Por ello, el alcalde, en su calidad de primera autoridad de policía del municipio, debe velar por cumplimiento de estos fines, mediante la adopción de medidas preventivas, reparativas o sancionatorias, según las facultades que le conceden la Constitución, la ley, las ordenanzas o los acuerdos municipales. Para efectos del asun-to que se revisa, debe la Sala llamar la atención en el sentido de que a la primera autoridad del municipio le asiste la facultad para determinar los casos en que puede adoptar medidas tendientes a evitar posteriores alteraciones del orden, o a prevenir situaciones de inseguridad o intranquilidad para los asociados. Es así como, por ejemplo, en aras de garantizar la convivencia pacífica de un sector residencial, puede establecer horarios estrictos para el funcionamiento de locales nocturnos, con el fin de evitar riñas callejeras, disturbios, escándalos, con las consecuentes molestias que puede causar la embriaguez o el consumo de sustancias alucinógenas de quienes frecuentan este tipo de lugares. No se trata, enton-ces, —como la afirma la sentencia que se revisa— que el alcalde esté siempre en la obligación de comprobar los daños causados para tomar las medidas sancionatorias contenidas en el Código de Policía del Departamento de Santander. Por el contrario, se repite, el citado funcionario puede hacer uso de sus atribuciones como primera autoridad de policía con el fin de establecer los casos en que los habitantes de la localidad se deben someter a unas determinadas condiciones para la preservación del orden público.

2.3. Conclusión.

De acuerdo con las consideraciones expuestas, la Sala encuentra que el señor alcalde de Villanueva puede perfectamente establecer los casos en los cuales, en aras de la protección comunitaria y el bienestar social, se limiten los horarios de funcionamiento de determinados establecimientos comerciales. Con ello, se repite, no se están vulnerando los derechos fundamentales a la igualdad ni al trabajo».

(Sentencia T-510 de noviembre 8 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

___________________________________