Sentencia T-516 de noviembre 10 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

SUSPENSIÓN DEL PAGO DE UNA PENSIÓN

SE NECESITA EL CONSENTIMIENTO DEL BENEFICIARIO

EXTRACTOS: «En el evento sub lite, el derecho constitucional fundamental estimado como vulnerado es el derecho a la seguridad social (C.P. art. 48), representado concretamente en el pago de la pensión por vejez de la accionante (C.P. art. 53, inc. 3º), prestación ésta comprendida dentro de las cubiertas por tal seguridad, sistema que mediante el mecanismo de la contribución económica forzosa y periódica de trabajadores y empleadores a un fondo común (Instituto de los Seguros Sociales, cajas de previsión, etc.), dispone de los recursos necesarios para atender contingencias de la vida de los primeros (enfermedades, incapacidades laborales, etc.) en el desarrollo de su quehacer laboral.

Respecto a los mecanismos jurídicos y legales para hacer efectivos tales derechos, en principio puede decirse que quien así encuentre afectados o lesionados sus derechos fundamentales, dispone de medios de defensa judicial para reclamar el pago de las mesadas pensionales adeudadas, al igual que el reajuste de las mismas, como lo son las acciones ejecutivas laborales o las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sobre el particular, el a quo señaló:

“Además de lo anterior podría argumentarse que en todo caso Amanda Gómez Botero, pudo haber impugnado el acto de suspensión del pago de su pensión de vejez, lo que no se afirma que hizo, o acudir al pertinente proceso judicial para obtener coercitivamente su pago, por ser la obligación expresa, clara y exigible”.

Conviene señalar que el juez de tutela no puede ni debe ser indiferente ante la situación de los pensionados, ni menos dejar de considerar las condiciones específicas de debilidad en las que se encuentran las personas de la tercera edad y la protección especial que la Constitución les concede en el artículo 46, al igual que los convenios internacionales. Así, se busca que el Estado promueva y garantice en la medida de sus posibi-lidades, las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (CP artículo 13), y nada más apropiado para ello que se proteja efectivamente a los ciudadanos de la tercera edad, quienes por sus condiciones constituyen un sector de la población que merece y requiere una especial protección por parte del Estado —como obligación constitucional— y de la sociedad, dentro del principio de la solidaridad social en que éste se cimienta (CP artículo 48).

Esta Corporación estima que el simple reconocimiento de las pensiones no implica que el derecho haya sido satisfecho en debida forma. Para ello es indispensable en aras de darle eficacia material, que efectivamente al pensionado se le cancelen cumplidamente las mesadas futuras y atrasadas, y que se le reconozca en aquellos casos que así se solicite, obviamente si se dan los presupuestos legales, la reliquidación o reajuste de la pensión a que tiene derecho. Obligación que debe hacerse efectiva dentro de los términos legales previstos par a ello, en aras a no afectar ni desmejorar los derechos ni la calidad de vida de los pensionados, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 53 inciso 2º de la Carta Política.

Advierte la Sala que en el presente asunto la accionante pretende mediante el ejercicio de la acción de tutela la ejecución de una resolución administrativa que ha sido suspendida por un acto interno del Instituto de los Seguros Sociales, y por tanto que se ordene el pago de las mesadas pensionales a que tiene derecho según lo que allí se reconoció.

Es necesario advertir sobre el particular que el derecho al disfrute de la pensión de vejez que el ISS le ha reconocido a la accionante proviene de un acto administrativo emitido por autoridad competente, pero que por un oficio interno de esa entidad ha sido suspendido mientras se realiza una investigación por la presunta comisión de un delito de falsedad en documento público.

Teniendo en cuenta que no sólo no existe causa legal que autorice la suspensión del pago de las mesadas pensionales, sino que además la resolución mediante la cual se reconoció la pensión constituye un acto administrativo que goza de la presunción de legalidad, y que de otra parte, contra el oficio que ordenó la suspensión de la ejecución de la citada resolución no proceden recursos ni medios de defensa judicial (por el hecho de no tener carácter ni naturaleza de acto administrativo), es por lo que surge la acción de tutela como el único mecanismo de protección ante la inexistencia de otros medios idóneos de defensa judicial que puedan asegurar la protección del derecho conculcado.

En virtud a lo anterior, debe señalarse que la efectividad del derecho —a la seguridad social—, depende en este caso, exclusivamente, de la expedición de un acto —la orden de ejecución de la Resolución Nº 007611 de 1992—, el cual, de suyo, no es susceptible de los recursos ni acciones ordinarias.

De esa manera, debe insistirse que en estos casos, cuando la administración reconoce el derecho e inclusive ordena su pago, como así sucedió en el asunto materia de revisión, sin que éste se haya hecho efectivo por la orden contenida en el oficio emanado del asistente de la Dirección General del ISS, es viable la acción de tutela para garantizar el derecho reconocido: el pago oportuno de la pensión de vejez con sus reajustes periódicos.

En concordancia con lo anterior, es necesario hacer referencia al artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, según el cual “Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular...”.

De acuerdo a la norma transcrita, debe resaltar la Corte, que cuando un acto administrativo —la Resolución Nº 007611 de julio 3 de 1992— reconoce un derecho a la pensión de vejez o jubilación, o a una prestación social o cualquier derecho en favor de un particular, dicho derecho no puede ser revocado unilateralmente por la misma entidad de previsión sin el consentimiento expreso y escrito de su beneficiario, porque ello atenta contra los derechos adquiridos, que se encuentran plenamente garantizados por la Carta Política en su artículo 58».

(Sentencia T-516 de noviembre 10 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara).

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