Sentencia T-518 de noviembre 21 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CUARTA DE REVISIÓN

HONORARIOS DE LOS PERITOS

TASACIÓN ABUSIVA QUE SE TORNA VÍA DE HECHO

EXTRACTOS: «A la luz de la doctrina expuesta, para que la acción de tutela proceda contra una providencia judicial, se exigen ciertas y precisas condiciones: 1) que constituya una vía de hecho, 2) que con ella se vulneren derechos fundamentales, y 3) que con los recursos legales de defensa no haya sido posible enmendar la irregularidad.

Así, el problema constitucional que debe resolverse en el presente proceso de revisión, al que dieron soluciones contradictorias los jueces de instancia, puede plantearse en los términos de la siguiente pregunta: ¿Constituye una vía de hecho la tasación desmesurada de honorarios de los peritos avaluadores, en un proceso de licencia judicial para la venta del bien de un menor, cuando no fue posible impugnar tal decisión dentro del proceso?

2.2.1. La providencia demandada constituye una vía de hecho.

El auto proferido por el Juez 19 de Familia el 9 de septiembre de 1993, grava en exceso a quien solicitó que se le dispensara justicia, cuando el deber jurídico del juez consistía, precisamente, no sólo en protegerlos sino en velar por ellos de manera especial, por ser su titular acreedor a ese trato, conforme a la Constitución vigente. Tal actuación constituye una vía de hecho, como se pasa a exponer.

Según el artículo 230 de la Constitución, las decisiones de las autoridades judiciales están sometidas sólo al imperio de la ley. Así, cuando un juez de la República deba fijar los honorarios de un auxiliar de la justicia, debe hacerlo atendiendo al arancel judicial definido por el Gobierno Nacional (art. 387 del Código de Procedimiento Civil), o dando aplicación a la excepción consagrada en el artículo 239 ibídem, cuando se requiera de un perito con conocimientos muy especializados.

Como en el proceso de licencia judicial sólo se necesitaba avaluar un apartamento, se debió dar aplicación a la tarifa oficial contenida en el Decreto 2265 de 1969, tal y como lo sostuvo (según cita del ad-quem) la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en auto del 25 de noviembre de 1989. Sin embargo, el Juez 19 de Familia sostiene que tal tarifa fue derogada tácitamente por los decretos-leyes 1400 y 2019 de 1970 —Código de Procedimiento Civil— y, por tanto, el juez es autónomo para fijar los honorarios a que haya lugar (cita en su respaldo, una sentencia del Consejo de Estado del 25 de julio de 1984).

Atendiendo a que existe esa discrepancia de criterios, la Sala analizará el asunto planteado por vía de tutela, como si la aludida derogación tácita de la tarifa oficial efectivamente hubiera operado, para mostrar cómo, aun así, con la actuación del juzgado 19 de Familia se incurrió en una vía de hecho.

Aceptada la hipótesis de que la tarifa existente hubiera sido derogada de manera tácita, la facultad del juez no sería absolutamente discrecional para asignar la retribución correspondiente a los peritos avaluadores.

Para hacerlo, debería atender al límite general que el artículo 2º de la Constitución impone a todas las autoridades: están instituidas, entre otras cosas, para proteger a las personas en su bienes. Así, según los artículos 1º y 8º del Código de Procedimiento Civil, en esa jurisdicción se protege a las personas en sus bienes, asegurándoles el carácter gratuito de la administración de justicia (art. 1º); esta gratuidad, sin embargo, es relativa, y se concreta en la fijación de unas expensas razonables, cuando a ellas haya lugar (art. 8º).

Ahora bien, gratuito es lo opuesto a oneroso; y si el servicio que prestan los peritos avalua-dores sobre la base de la gratuidad de la justicia civil, tiene un precio mayor al del mismo avalúo en el mercado (donde las relaciones entre las personas se caracterizan por su onero-sidad), entonces hay razón para pensar que se está gravando en exceso a quien debe pagar por tal prestación. Pero, si esa diferencia es de más de ocho (8) veces el precio del mercado (como ocurre en el proceso que originó la tutela), ya no cabe duda de que se transgredieron los límites legales y constitucionales al fijar tales honorarios(*).

Además, en el caso que se revisa, quien fue exageradamente gravado tenía derecho a una protección especial si se atiende a los artículos 45 de la Constitución, 303 del Código Civil y 4º del Código de Procedimiento Civil.

El artículo 45 de la Carta Política establece que se deberá proteger íntegramente al adolescente, y el artículo 303 del Código Civil contiene una medida especial de protección al patrimonio de los menores; según su texto, los padres sólo podrán enajenar un bien raíz que le pertenezca al hijo, con la licencia de un juez que, con conocimiento de causa, vele para que ese patrimonio no sufra disminución o deterioro injustificado. En el proceso que originó la acción de tutela, el juez gravó en exceso el patrimonio de quien, según el marco normativo, debía ser protegido especialmente, olvidando “...que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial” (art. 4º del CPC).

De esta manera el funcionario judicial violó la previsión contenida en el artículo 228 de la Constitución (“...y en ellas prevalecerá el derecho sustancial...”), al infligir una disminución injusta al derecho patrimonial que debía proteger (auto del 9 de septiembre). Y, ante esa decisión ilegítima, el menor y su representante legal estuvieron en condiciones de indefensión, pues su apoderado no pudo interponer los recursos procedentes, ya que se encontraba incapacitado. Una vez se reincorporó a sus labores profesionales solicitó la interrupción del proceso, y tanto el juez del conocimiento como su superior jerárquico, negaron la suspensión, incurriendo en una nueva violación al artículo 228 superior: hicieron privar la exigencia de un requisito adjetivo (alegar la nulidad de lo actuado durante la incapacidad del apoderado), que no era muy claramente procedente, como se verá, sobre la efectividad del derecho sustantivo. Así, este último quedó indefenso en el juicio previsto por la ley para su protección, y para hacer efectivo el derecho sustancial que no pudo defenderse por los cauces ordinarios, resulta entonces procedente la acción de tutela.

En conclusión, es claro que el Juez 19 de Familia, al expedir el auto del 9 de septiembre de 1993, actuó por fuera de los límites constitucionales y legales, aun en la hipótesis de que el Decreto 2265 de 1969 hubiera sido derogado tácitamente.

2.2.2. Derechos fundamentales ilegítimamente afectados.

Los derechos del joven Martínez Escamilla a la protección integral del adolescente y a la especial de su patrimonio, fueron afectados por la actuación del Juez 19 de Familia, tal y como quedó expuesto en el aparte anterior. Ante la acusación planteada en contra de éste por vía de tutela, de que en tal determinación obedeció a su voluntad o capricho y no a la normatividad constitucional y legal vigente, el funcionario respondió que sólo aplicó, moderadamente, la tarifa que él y los demás jueces de familia “ubicados en la calle 11” de este Distrito Capital acordaron para llenar el vacío dejado por la presunta derogación tácita de la tarifa oficial.

Para el juez de tutela, tal sinrazón —no obedecí a mi voluntad, sino a la de los jueces que acordamos la tarifa aplicada—, es completamente inaceptable. Lo es, porque las consideraciones precedentes son válidas para todos los jueces civiles, y no solamente para el que es demandado en este proceso; también es inaceptable, porque si el Código de Procedimiento Civil en el artículo 387, atribuye al Gobierno la facultad de regular el arancel judicial, no son competentes los jueces de familia que acordaron una tarifa con el demandado, ni ningún otro grupo de jueces civiles, para arrogarse la función del ejecutivo y promulgar la regulación que no ha expedido el titular de la facultad reglamentaria; así lo indica el artículo 121 de la Carta Política: “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”. En consecuencia, queda establecido que la petición de licencia judicial del hijo de la actora, no fue juzgada de conformidad a las leyes preexistentes, y con ello se violó el derecho al debido proceso.

Quedó también en claro que se vulneró la protección integral a la que tiene derecho el adolescente, porque en un proceso destinado a salvaguardar su patrimonio de disminuciones injustificadas, la autoridad judicial encargada de hacerle efectiva tal protección, le ocasionó un detrimento patrimonial ilegítimo.

Si se tienen en cuenta los efectos de la decisión impugnada, sobre el peculio de Luis Felipe Martínez Escamilla, y el muy posible cobro ejecutivo de los honorarios excesivos, su derecho de propiedad también está gravemente amenazado.

El derecho a la igualdad, que el a-quo consideró violado y tuteló, es otro de los conculcados por la decisión del Juzgado 19 de Familia, pues la tarifa aplicada por el juez al caso en comento, no es la misma que se aplica en los demás despachos judiciales, ante similar situación procesal.

2.2.3. Insuficiencia de los recursos legales de defensa.

Adujo también el Juez 19 de Familia en su impugnación al fallo del a-quo, que la tutela no procede en el caso que se revisa, porque la parte demandante contó con otros mecanismos de defensa, los propios del procedimiento, y que si dejó de ejercerlos o lo hizo mal, no puede acudir a la tutela para remediar lo hecho de-ficientemente o lo omitido en su oportunidad.

Dice el Juez 19 de Familia en su impugnación, a folio 296 del primer cuaderno:

“La inactividad, el descuido y la ignorancia en las normas procedimentales, por parte del abogado, no puede traducirse en que las decisiones se vistan como vías de hecho. Esas circunstancias de descuido e ignorancia, son ostensibles, aparecen de bulto en las actuaciones; esas conductas omisivas, no pueden “retrotraer la actuación”, porque ello sería la formación del caos jurídico, de la inseguridad jurídica y determinarían la existencia del temor para la adopción de una decisión judicial. Si el abogado se enfermó —para no poner en duda esa circunstancia—, como se consideró en el trámite procesal respectivo, procedían los mecanismos de que tratan los arts. 168, 140-5 y ss., y no proceder en la forma injurídica en que lo hizo, con las consecuencias adversas que correspondían”.

Hace referencia el funcionario, a la siguiente secuencia de hechos procesales: 1) el 9 de septiembre de 1993, se dictó el auto por medio del cual se ordena correr traslado del dictamen pericial, de su complementación y de los honorarios de los peritos (fl. 61 del primer cuaderno); 2) el 20 de septiembre, el secretario informó al juez que el traslado “ha transcurrido en silencio”; 3) el mismo día 20, se impartió aprobación al dictamen pericial, que no fue objetado (fl. 62); 4) también ese día, el abogado de la actora presentó al juzgado un memorial en el que manifiesta que sufrió una enfermedad grave —acompaña incapacidad médica y declaración ante notario de la médica que lo atendió, en los que se hace constar que la incapacidad se inició el 13 y terminó el 17 de septiembre—, y solicitó que se declare la interrupción del proceso, durante los días que cubre la incapacidad (fl. 63 a 65); 5) el 5 de octubre, el juzgado negó la interrupción solicitada (fl. 66 a 70). Esta última decisión fue recurrida y ratificada por el superior.

Según el Juez 19 de Familia, “La interrupción origina dos hipótesis: la primera cuando oportunamente se conoce el hecho generador, por lo que se ordena la suspensión. La segunda cuando se desconoce ese hecho y se continúa la actuación procesal. En el último evento DEBERA pedirse la interrupción y reclamarse la NULIDAD, nulidad que no es insaneable” (fl. 68). Como el abogado no solicitó también la nulidad, no procede otorgar la suspensión y aquella ha quedado saneada. Por ello, concluye el funcionario, la tutela no procede.

En la interpretación de las normas aplicables que hace el apoderado judicial de la parte, la suspensión se solicitó el mismo día en que se dictó el auto que declaró en firme el avalúo y los honorarios de los peritos; por tanto, éste no había sido notificado, no podía haber quedado en firme, y, en consecuencia, no se había producido ninguna actuación procesal posterior a la incapacidad, cuya nulidad debiera solicitarse con la interrupción del proceso.

Ya que esa diferente lectura de las normas procesales aplicables fue detectada por el señor Juez 19, al estudiar la solicitud de suspensión (según se desprende del auto que la resolvió), y claramente se trataba de una decisión que afecta al derecho sustantivo del menor, bien pudo darse aplicación al texto del artículo 145 del Código de Procedimiento Civil: “...si la nulidad fuere saneable ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada por auto que se le notificará como se indica en los numerales 1º y 2º del artículo 320. Si dentro de los tres días siguientes al de notificación dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario, el juez la declarará”. El artículo 4º del mismo Código, indica que esa es la vía de acción por la que ha de optarse cuando se trate de la interpretación de las normas procesales. Dice el artículo 4º: “Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial...”, en total armonía con el 228 superior. No hay duda pues, para la Sala, de que la fijación de los honorarios, por parte del Juez 19 de Familia, es constitutiva de una auténtica vía de hecho.

Decisión

En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Penal, el ocho (8) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994). En su lugar, tutelar los derechos al debido proceso, a la igualdad, de propiedad y de protección integral del adolescente, del menor Luis Felipe Martínez Escamilla, representado en este proceso y en el que originó la acción de tutela, por su madre, Luz Mar Escamilla de Martínez.

2. Declarar la nulidad de lo actuado en el proceso de licencia judicial instaurado por Luz Mar Escamilla de Martínez en representación de su menor hijo, Luis Felipe, ante el Juzgado 19 de Familia de este Distrito Capital (radicado el 17 de marzo de 1993 en el tomo 3, fl 252, con el número 3162), desde el auto proferido el nueve (9) de septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993), con el cual se vulneraron los derechos fundamentales del menor, que se tutelan por medio de la presente providencia.

3. Ordenar al Juez 19 de Familia de Santafé de Bogotá, que proceda a fijar nuevamente los honorarios correspondientes a los peritos avaluadores, atendiendo al marco constitucional y legal dentro del cual debe adoptarse tal decisión, a correr traslado a la parte demandante del peritazgo, y darles trámite a las subsiguientes formas propias del proceso de licencia judicial.

4. Advertir al juez 19 de Familia de Santafé de Bogotá, que en el futuro debe abstenerse de incurrir en vías de hecho como la que originó el presente proceso, so pena de las sanciones contempladas en la ley.

5. Ordenar que se remita copia de la presente providencia al Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia.

6. Comunicar esta sentencia de revisión al Juzgado 66 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia T-518 de noviembre 21 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

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