Sentencia T-518 de septiembre 22 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-163710

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

Actor: Ana Rosa Serna

Temas:

— Responsabilidad constitucional de las autoridades municipales por los riesgos a la vida y a la integridad personal que causan con ocasión de la realización de obras públicas.

— Equidad en la aplicación concreta del derecho.

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado,

(...).

Fundamentos

1. La demandante expone que las obras de nivelación de la carretera que conduce de Angelópolis a Caldas, efectuadas en 1988, afectaron su vivienda, en la medida en que ésta quedó a una altura de 2.90 metros sobre el nivel de la calle y la administración municipal no le construyó un muro de contención ni escaleras de acceso a la casa. Lo último a pesar de las reiteradas peticiones de la demandante en este sentido y de las promesas que le han formulado distintos alcaldes y concejales. Esta situación ha significado que la actora no tenga una vía segura de acceso a su casa, y que exista tanto el peligro de que el terreno se deslice como el de que ella o su nieta, de 63 y 5 años de edad, respectivamente, caigan a la calle. Estima que la actuación de la administración local amenaza sus derechos a la vida y a la vivienda digna.

2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Angelópolis concedió la tutela del derecho a la vida y denegó la del derecho a la vivienda digna. Expone que tanto la altura del barranco que se encuentra al frente de la casa de la actora como el camino que utilizaban para acceder a la casa, por la parte de atrás, constituían un peligro real para la existencia de la demandante y de su nieta. Expresa que la actora no tiene otras vía judiciales para reclamar ante la administración, por cuanto ya caducó la respectiva acción contencioso administrativa. Ordena al municipio construir, en un término no superior a 6 meses, un muro de contención y escaleras de acceso a la vivienda.

3. El alcalde de Angelópolis impugnó la sentencia. Menciona que la perito que actuó durante la diligencia de inspección judicial precisó que, si bien sería recomendable la construcción del muro de contención, dada la altura del barranco, ello no era necesario, pues el terreno era firme. Afirma que el muro de contención no tiene la virtud de eliminar el peligro de la altura de la barranquera y que, además, el peligro para la vida de la actora y de su nieta no es inminente, como se colige del hecho de que no hubiera ocurrido nada en los nueve años transcurridos desde la culminación de la obra.

4. El juzgado penal del circuito de Titiribí revocó la sentencia en el aparte relacionado con la concesión de la tutela por violación del derecho a la vida. Expresa que, aun cuando es cierto que las obras tuvieron como consecuencia que la casa de la actora quedara a una altura considerable de la vía y que el acceso a la misma se hubiera dificultado, ello no implica necesariamente la existencia de un riesgo inminente para la vida. El hecho de que hubieran transcurrido tantos años sin que se reportaran accidentes demuestra que la amenaza no es real, sino que se ajusta a los riesgos propios e inevitables de la vida. Además, de acuerdo con el peritazgo, el barranco estaría en buenas condiciones y no amenaza desplazamientos.

El problema planteado

5. La pregunta que suscita el presente caso se dirige a establecer si el municipio de Angelópolis ha generado una amenaza contra la vida de los moradores de la vivienda de la actora, en razón de que luego de nivelar la calle que pasa por su frente, no adelantó las obras necesarias para facilitar el acceso a la casa e impedir la desestabilización del terreno sobre el cual se halla localizada.

6. Lo primero que debe precisarse es que las condiciones expuestas en la demanda no fueron las mismas que se apreciaron en el momento de la realización de la inspección judicial practicada. En efecto, durante la inspección se pudo constatar que uno de los problemas planteados —el referente a la imposibilidad de acceder a la casa, en condiciones dignas— había desaparecido, puesto que los moradores de la vivienda habían construido, a sus expensas, escaleras de acceso. Así, pues, el peligro que podría representar el hecho de tener que acceder a la casa por el camino de atrás ya no existe.

De la misma manera, se pudo verificar el levantamiento de un pequeño muro en el frente de la casa, que aminora el peligro de caer a la calle desde la altura de la vivienda.

7. Las obras realizadas por los moradores disminuyen los riesgos que generan los trabajos realizados en la calle por la administración municipal. Pero eso no significa que los hayan hecho desaparecer. Efectivamente, el uso de las escaleras por parte de la actora, una mujer de avanzada edad, y de su nieta de cinco años, sí representa una situación de peligro, pues las escaleras son muy pendientes, las huellas y contrahuellas son irregulares y no se cuenta con un pasamanos. De otra parte, el muro levantado para evitar la caída a la calle no está completo —no cubre el costado— y no cuenta con una baranda. Y, finalmente, la omisión del muro de contención amenaza a mediano plazo la estabilidad del que ya existe en la parte superior del barranco, y la de la misma casa. Al respecto es importante anotar que la zona donde se encuentra ubicada Angelópolis es de una conformación geológica inestable, prueba de lo cual son los distintos derrumbes y deslizamientos que se advierten a lo largo de la carretera que une a este municipio con la localidad de Caldas.

8. El juez penal del circuito de Titiribí expresa que si bien los trabajos realizados en la calle dificultaron el acceso a la vivienda de la actora y la dejaron a una altura considerable sobre la vía, ello no implica necesariamente una amenaza para la vida de la actora y de su pequeña nieta. Descarta así mismo la existencia de un riesgo inminente con el argumento de que la obra había sido realizada diez años atrás, sin que hasta el momento se conociera de accidentes.

De otra parte, es evidente que la actora contó en su momento con medios ordinarios de defensa ante la jurisdicción contencioso administrativa, acciones judiciales que ella dejó caducar con su inacción.

9. Los dos argumentos mencionados conducirían en condiciones ordinarias a denegar la solicitud de tutela. Mas esta Sala estima que en la situación bajo análisis existen elementos muy propios del caso que sí ameritan la concesión del amparo impetrado. Ellas tienen que ver con el comportamiento de la administración municipal y con las condiciones de la actora.

10. Por una parte, es indudable que el problema que se presenta fue creado por las obras realizadas por el municipio. Fueron ellas las que conformaron el barranco que separa la vivienda y la calle, con lo cual originaron el riesgo aludido. Y si bien es cierto que no se mencionó durante el proceso que se hubiera producido algún accidente —en razón de la capacidad humana de adaptación a condiciones difíciles—, lo cierto es que la conducta de la administración sí ha colocado en un estado de alerta permanente a los moradores de la vivienda, dados los riesgos de caída que genera la barranca.

De otro lado, la administración municipal ha asumido una actitud negligente y despreocupada frente al problema por ella creado. En ninguna parte se observa que el municipio haya tenido una disposición sincera de proceder a resolver la dificultad que generó. Más aún, la conducta desplegada por la administración parece dirigida a inducir a engaño a la actora, en la medida en que se le generó expectativas acerca de que el conflicto podía conducirse a través del diálogo y la paciencia, y de que el municipio estaba interesado en arribar a una solución amistosa del problema. La actora se comunicó con los distintos alcaldes y con diferentes concejales y siempre obtuvo promesas, a la postre incumplidas. La conducta asumida por la municipalidad no tiene trazas de haber estado dirigida a obtener la solución del problema de una ciudadana, sino a neutralizar, a dilatar indefinidamente su petición, a través de ofertas y plazos, que no fueron respetados.

La mencionada conducta omisiva de la municipalidad contrasta, igualmente, con la construcción, por parte de la administración municipal, del muro de contención de la vivienda vecina de la actora, hecho que supone una clarísima violación del derecho de los ciudadanos a recibir de las entidades estatales un tratamiento igual.

11. La actitud asumida por el municipio es aún más censurable si se tiene en cuenta las condiciones propias de la actora. Ella es una mujer que alcanzó apenas el segundo grado de primaria y de escasos recursos económicos, que tuvo que dedicar varios de sus años al cuidado solícito de su esposo, a quien la enfermedad que lo llevaría posteriormente a la muerte, le impidió durante mucho tiempo valerse por sí mismo. Es, pues, una persona que —de acuerdo con lo establecido por el artículo 13 de la Constitución—, merecía una especial protección por parte del Estado. Ello, por cuanto se encontraba en una evidente condición de debilidad para entrar a defender directamente sus intereses dado su bajo grado de instrucción educativa, sus precarios recursos económicos y su dedicación a la atención de la convalecencia de su marido, en ejercicio de su deber de solidaridad.

La postura asumida por la administración municipal manifiesta, sin embargo, otra visión acerca del tratamiento que se debe brindar a los más débiles. En efecto, la municipalidad no atendió las repetidas solicitudes de la actora, a pesar de los esfuerzos de ésta para resolver sus dificultades a través del diálogo y la paciencia, y, en cambio, luego de crearle durante un buen tiempo falsas expectativas, entra ahora a manifestar que la actora dejó vencer el término para interponer las acciones judiciales pertinentes. El comportamiento del ayuntamiento deja mucho que desear, tanto por la ausencia de sensibilidad hacia los problemas de los ciudadanos como por el desprecio que muestran hacia las reivindicaciones de los más necesitados.

12. Pues bien, en una situación como la que se ha descrito no cabe hacer una aplicación estricta de la ley, sin vulnerar el principio de equidad que gobierna también la actuación judicial (C.P., art. 230). De acuerdo con este principio, cuando el juez está en la tarea de aplicar la norma legal al caso concreto debe tener en cuenta las circunstancias propias del mismo, de manera que la voluntad del legislador se adecue a los distintos matices que se presentan en la vida real.

La tarea del legislador y la del juez son complementarias. El Congreso dicta normas de carácter general y abstracto, orientadas hacia la consecución de ciertos fines. Estas normas, por bien elaboradas que sean, no pueden en ningún momento incorporar en su texto los más distintos elementos que se conjugan en la vida práctica, para configurar los litigios concretos. Así, ellas no pueden establecer o comprender las diferenciaciones que deben introducirse en el momento de solucionar los conflictos concretos, con el objeto de que la resolución de los mismos tenga en cuenta las particularidades de los hechos y de las personas que intervienen en ellos. Esa función le corresponde precisamente al juez, quien es el que puede conocer de cerca el conflicto y la situación de las partes involucradas. Por eso, el juez está llamado a afinar la aplicación de la norma legal a la situación bajo examen, con el objeto de lograr que el espíritu de la ley, que el propósito del legislador, no se desvirtúe en el momento de la aplicación, por causa de las particularidades propias de cada caso.

Lo anterior no implica que el juez desatienda la norma legal, se aparte de la voluntad del legislador, sino que la module al caso concreto, evitando inequidades manifiestas o despropósitos, resultados que en todo caso también habría impedido el legislador si los hubiera podido prever. Es decir, de lo que se trata es de poner en vigencia el principio de colaboración entre la distintas ramas del poder público, lo cual implica que el juez colabore en el desarrollo de la norma dictada por el legislador, al adaptarla al caso concreto.

13. La aplicación, estricta de la norma que señala que la tutela no es viable cuando el actor ha omitido la instauración de los mecanismos ordinarios de defensa judicial constituiría una inequidad en el caso bajo análisis. Ciertamente, la actora no hizo uso de los recursos que la legislación ha puesto en las manos de los asociados para situaciones como la generada por las obras realizadas por el municipio. Pero las condiciones que configuran el conflicto bajo estudio hacen necesario hacer una salvedad a la regla general acerca de la procedencia de la tutela en estas situaciones: fueron las obras realizadas por la administración municipal las que dieron origen a las dificultades que son objeto de esta acción de tutela; así mismo, no hubiera sido necesario acudir a ella si la municipalidad hubiera tenido un real interés por solucionar el problema que le generó a la actora, en vez de proceder a dilatar de manera indefinida la solución a través de promesas incumplidas; y, finalmente, la actuación de las autoridades municipales denota una intención de engaño que recae sobre una persona, a la cual —dadas sus condiciones de edad, socioeconómicas y de instrucción— se debería haber blindado un tratamiento especial, conforme con lo precisado en al artículo 13 de la Carta Política.

Las razones anteriores permiten concluir que la acción de tutela sí era viable en el caso bajo estudio, en atención a las muy especiales condiciones que configuran el conflicto analizado. Las obras desarrolladas por la administración municipal crearon una situación de riesgo real para los moradores de la vivienda de la actora, peligro que no puede menospreciarse por el simple hecho de que en los años transcurridos no se hayan reportado accidentes.

Por lo tanto, se concederá la acción de tutela solicitada y, en consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia del juez penal del circuito de Titiribí, en lo relacionado con la denegación de la tutela del derecho a la vida y la integridad personal de la actora. Como resultado de lo anterior, se ordenará al municipio de Angelópolis que proceda a realizar las obras solicitadas en la demanda que sean aún necesarias, luego de las adecuaciones realizadas por la misma actora. En concreto, entonces, se ordenará a la municipalidad la construcción del muro de contención, la colocación de un pasamanos en las escaleras y una baranda sobre el muro, y la terminación del último, en el costado que aún no lo tiene.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,

RESUELVE:

1. Revocar parcialmente la sentencia del juzgado penal del circuito de Titiribí, Antioquía, del día 11 de febrero de 1998, en lo relacionado con la denegación de la tutela del derecho a la vida e integridad personal impetrada por Ana Rosa Serna, y, en su lugar, conceder el amparo solicitado por la amenaza generada contra ese derecho.

2. Ordenar a las autoridades del municipio de Angelópolis, Antioquía, que, de acuerdo con las normas legales, procedan a realizar las asignaciones presupuestales necesarias para realizar en la vivienda de la actora las obras que se señalan en la parte final de los fundamentos de esta sentencia.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

___________________________