Sentencia T-519 de septiembre 16 de 1992 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

TUTELA CONTRA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CASOS EN QUE NO PROCEDE

EXTRACTOS: «Debe expresar la Corte una vez más que tanto el derecho a educarse como la libertad de aprendizaje, enseñanza, investigación y cátedra son derechos fundamentales de los que no puede ser privado individuo alguno sin quebrantar los principios y mandatos constitucionales. La naturaleza racional del hombre y su dignidad exigen el establecimiento y preservación de condiciones aptas para que la persona, por el hecho de serlo y en igualdad de oportunidades con las demás, acceda a los beneficios de la educación básica y de la formación en los términos plasmados por el artículo 67 de la Carta Política. La ignorancia es a no dudarlo una forma de esclavitud que no puede tener cabida en el Estado Social de Derecho; ninguna justificación existe para que se niegue a cualquiera de los asociados la opción de superarla, lo cual implica que el sistema jurídico en orden a garantizar la efectividad de este derecho en cabeza de todas las personas, deba establecer, como lo hace el enunciado canon constitucional, que son responsables de dispensarlo tanto el Estado como la sociedad y la familia y que la educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad, por lo menos con un año de preescolar y nueve de formación básica.

De otra parte, el derecho —también fundamental— al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 de la Carta) no admite limitaciones diferentes a las que imponen los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico, de tal manera que, más allá de la educación mínima garantizada constitucionalmente en los expresados términos, toda persona es libre de perfeccionar su formación académica en las diferentes etapas —preparatoria, técnica, profesional o especializada—, según sus propias inclinaciones y posibilidades.

Además, la educación está concebida por el Constituyente como servicio público y, por ende, su prestación tiene que ser permanente, sin que frente a la norma constitucional que así lo declara (artículo 67), sean admisibles las interrupciones, individuales o colectivas, por cuanto con ellas, fuera de afectarse el derecho fundamental de los educandos, se amenaza gravemente a la sociedad. De allí que sea susceptible de protección por vía de tutela cuanto esté a cargo de particulares como en el caso sub lite.

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El alumno, por su parte, junto con la conciencia cierta de sus derechos, debe tener bien claro desde el principio que asume unos deberes de los cuales depende su avance académico y el progresivo aquilatamiento de los valores que constituyen la formación que se le dispensa. Parte de ésta radica precisamente en forjar el hábito de responder por las propias obligaciones, asumiendo las consecuencias negativas de su incumplimiento.

Así lo ha señalado ya esta Corte en distintas ocasiones:

“(...) la educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió a observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo”(2).

(2) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia Nº 492 del 12 de agosto de 1992. Sala Tercera de Revisión.

Naturalmente la evaluación de los resultados académicos compete al plantel educativo y en el evento de configurarse las causales previstas en el correspondiente reglamento para la pérdida del período que se cursa, así debe declararse sin que por hacerlo pueda endilgarse al establecimiento la violación de los derechos fundamentales a la educación o al aprendizaje.

En consecuencia, para el caso que aquí se considera, mal podía el juez de tutela entrar a cuestionar, como lo hizo el de primera instancia, la calificación dada por el colegio en torno al rendimiento académico del alumno, ni acceder a la petición de invalidar la pérdida del año, pues estos aspectos, en cuanto hacen parte de la autonomía educativa, escapan al objeto de la acción de tutela y deben ser tramitados y resueltos, en caso de actuaciones anormales o abiertamente injustas, por las autoridades administrativas encargadas de ejercer inspección y vigilancia sobre los centros docentes.

La pérdida del cupo en el colegio, como ocurre en el caso sub-examine, más por faltas disciplinarias que por bajo rendimiento académico como se desprende de los documentos que obran en el expediente, no constituye en sí misma una violación al derecho protegido por el artículo 67 de la Carta, pues el afectado tiene la posibilidad de acudir a otro establecimiento para continuar en él sus estudios, como en efecto aconteció en el caso de Escobar Duque.

A este propósito, la Corte estima pertinente observar que, si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de sus estudios, de allí no puede colegirse que el centro docente esté obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden impuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece con la institución en que se forma, representan abuso del derecho en cuanto causan perjuicio a la comunidad educativa e impiden al colegio alcanzar los fines que le son propios.

Desde luego, la exclusión de un estudiante según ya lo tiene establecido la doctrina de esta Corporación, ha de estar precedida por la observancia de las reglas que integran el debido proceso según el régimen interno y debe estar contemplada expresamente en los reglamentos como sanción para que pueda aplicarse en esa calidad (artículo 29 Constitución Política)».

(Sentencia T-519 de septiembre 16 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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