Sentencia T-522 de noviembre 22 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

GRATUIDAD DE LA JUSTICIA LABORAL

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

EXTRACTOS: «No existe una norma constitucional que expresamente consagre la gratuidad del servicio de justicia que presta el Estado, pero por vía legislativa aparece reconocido el principio de gratuidad de la justicia, aun cuando con algunas limitaciones, en los Códigos de Procedimiento Laboral y Civil. De la Constitución se puede inferir el principio de gratuidad de la circunstancia de que la justicia constituye uno de los pilares o fundamentos esenciales para lograr la convivencia, la paz y un orden justo que haga realidad la igualdad jurídica y material, enmarcado dentro de la filosofía y el realismo del Estado social de derecho, justicia cuya aplicación, operatividad y eficacia se hace efectiva cuando las instituciones procesales creadas como instrumentos para asegurar su vigencia, arbitran los mecanismos idóneos para que puedan acceder a ellas todas las personas en condiciones de igualdad. La gratuidad es, en esencia, la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues la situación económica de las partes no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra ni propiciar, por consiguiente, la discriminación.

El principio de gratuidad de la justicia en materia laboral tiene un arraigo constitucional mucho más acentuado, porque la Constitución considera al trabajo como un valor y un de recho fundamental, consustancial al Estado social de derecho (preámbulo, arts. 1º, 25 y 53).

El trabajo si bien tiene como principal objeto afirmar la dignidad y el bienestar del individuo ofrece el carácter de ser común a grandes esferas sociales, motivo por el cual trasciende de su órbita estrictamente individual hacia el ámbito de lo social o comunitario. Esta circunstancia determina que las controversias y conflictos que su aplicación suscita tengan, por lo general, una repercusión que en muchos casos alcanza a afectar notablemente los intereses políticos, económicos y sociales de un país. Igualmente hay que considerar que es en las relaciones laborales donde con más intensidad se produce el contraste entre la igualdad jurídica como ideal y la desigualdad económica como realidad, imponiendo al Estado la obligación de atenuar o eliminar los efectos de ésta para alcanzar aquella.

La historia de la desigualdad económica existente entre el trabajador y el empleador, como también las características especiales que asumen las infracciones a las normas que regulan las relaciones de trabajo, han puesto en evidencia las dificultades e inconvenientes que existen para diseñar un tipo especial de proceso que por sus características sea idóneo para garantizar una eficaz y oportuna solución de las controversias entre el capital y el trabajo, que contribuya a la aplicación efectiva y justa de la legislación laboral.

Las características propias de las relaciones laborales y su repercusión en el ámbito social, imponen la necesidad de arbitrar medios, instituciones y procedimientos apropiados para la solución de los conflictos surgidos de dichas relaciones. Las reglas procesales han de adaptarse a la índole de los derechos que tienden a hacerse efectivos; por ello, el ordenamiento procesal laboral debe responder a una filosofía jurídica sensible al establecimiento de procedimientos sencillos, rápidos, exentos de formalismos procesales, salvo los esenciales, con instancias conciliadoras, y donde impere la gratuidad como regla de principio.

1.2. La gratuidad en el Código de procedimiento Laboral.

La gratuidad en las actuaciones procesales es uno de los principios rectores del proceso laboral y aparece consagrada en diferentes disposiciones del Código de Procedimiento Laboral, así:

“ART. 39.—Principio de gratuidad. La actuación en los juicios de trabajo se adelantará en papel común, no dará lugar a impuesto de timbre nacional ni a derechos de secretaría, y los expedientes, despachos, exhortos y demás actuaciones cursarán libres de porte por los correos nacionales.

ART. 46.—Relato de la audiencia. El secretario extenderá un acta de lo que ocurra en la audiencia y si los interesados piden y pagan el servicio podrá tomarse una relación taquigráfica o por otros medios técnicos de lo que en ella ocurra.

ART. 65.—Procedencia del recurso. (...).

Este recurso se concederá en el efecto evolutivo, enviando al superior copia de las piezas del proceso que fueren necesarias, la cual se compulsará gratuitamente y de oficio por la secretaría, dentro de los dos días siguientes al de la imposición del recurso. Recibidas por el superior, éste procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85”.

La doctrina y la jurisprudencia laboral han interpretado las diferentes disposiciones relativas a la gratuidad en las actuaciones de los procesos laborales, en el sentido de que el principio no opera de manera absoluta sino relativa. Es así como la gratuidad no exonera a las partes de la obligación de cubrir determinados gastos, como son: los necesarios para el desplazamiento de los funcionarios que deban realizar notificaciones; la indemnización que el juez puede decretar en favor del testigo, según el art. 221 del Código de Procedimiento Civil; los honorarios de los auxiliares de la justicia; los gastos necesarios para el registro de embargos en las competentes oficinas del registro de instrumentos públicos y en las cámaras de comercio; la utilización de medios técnicos para la grabación de las actuaciones de las audiencias públicas y, en general, todo gasto que propiamente no se encuentre comprendido dentro de las actuaciones a que alude el art. 39, antes transcrito.

Sin embargo, con respecto al recurso de apelación existe una norma especial que reafirma el principio de gratuidad (inc. 2º del art. 65), en el sentido de que se debe compulsar gratuitamente y de oficio por la secretaría, dentro de los dos días siguientes a la interposición del recurso, “copia de las piezas del proceso que fueren necesarias”.

A juicio de la Corte y como acertadamente lo entendió el juzgador de primera instancia el acto de compulsar copia de las partes pertinentes de la actuación procesal para efecto del recurso de apelación, debe entenderse como instrumental de la efectividad del principio de gratuidad en los procesos del trabajo, que naturalmente hace efectivo el derecho del trabajador del acceso a una justicia gratuita, con las excepciones ya anotadas. En tal virtud, la interpretación más se adecua al principio de efectividad de los derechos (art. 2º de la C.P.) es la siguiente: la secretaría debe enviar dentro de la oportunidad procesal al tribunal para que se surta el recurso de apelación la copia de la correspondiente actuación procesal, ya sea mediante transcripción mecanográfica o por reproducción utilizando los medios técnicos de los cuales disponga el respectivo despacho judicial entre sus elementos de trabajo; si no cuenta con dichos medios, la parte interesada debe sufragar los gastos que implique la utilización de estos para reproducir dicha copia, aplicando analógicamente la disposición del artículo 46 del CPL.

2. El caso concreto.

La tutela promovida por la señora Tomasa Centeno de Alcázar, tiene su fundamento en la omisión del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, de no enviar al superior las piezas procesales necesarias, previa compulsación gratuita y oficiosa por la secretaría, para que se surtiera el recurso de apelación que interpuso oportunamente, dentro del proceso ordinario adelantado contra “Avianca S. A.”.

En el presente caso, estamos frente a la conducta omisiva y negligente tanto del Juez Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, como de su secretaria, consistente en no darle cumplimiento al artículo 65 del CPL, vulnerándose de esta manera el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la justicia.

Observa la Sala que el juez, además de conductor del proceso, tiene una misión adicional qué cumplir como es la de asegurar el orden en su despacho y hacer obedecer oportunamente de sus subalternos sus decisiones, para evitar que éstas sean diferidas, por la negligencia u omisiones indebidas de estos, porque quienes acuden a la justicia no deben estar sometidos a requisitos o condiciones no previstos en la ley que impliquen una carga adicional, contraria al espíritu y a la filosofía de la justicia como cometido esencial del Estado.

El proceder del despacho judicial no cuenta con un sustento jurídico serio, por cuanto queda descartada la aplicación del principio de integración a que se refiere el artículo 145 del CPL, y que hubiera permitido la aplicación de las normas del Decreto 2266 de 1969, relativas a la expedición de copias, en virtud de que estas disposiciones sólo son aplicables al proceso laboral en defecto de normas expresas en el estatuto procesal del trabajo. Por consiguiente, debió dársele prevalencia por dicho despacho judicial a las disposiciones antes referenciadas que consagran de manera autónoma el principio de gratuidad en los procesos laborales».

(Sentencia T-522 de noviembre 22 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

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