Sentencia T-508 de agosto 28 de 1992 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA QUINTA DE REVISIÓN

ESPACIO PÚBLICO

PROCEDIMIENTOS PARA SU PROTECCIÓN

EXTRACTOS: «El ejercicio de las acciones populares de que trata específicamente el citado artículo 8º de la Ley 9a de 1989 es la vía judicial que en principio debe ser utilizada para obtener la protección al derecho constitucional al uso y disfrute del espacio público; así las cosas, esta Sala de la Corte Constitucional encuentra que de conformidad con lo dispuesto por la Carta y por la Ley 9a de 1989, la vía para obtener la protección judicial del derecho constitucional al espacio público urbano de que trata la petición de la referencia, no es la del ejercicio de la acción de tutela establecida en la citada norma constitucional, salvo que se invoque como violado y se demuestre la violación directa o la amenaza eficiente de violación de un derecho constitucional fundamental, como parece indicarlo el peticionario al señalar que se atenta contra el derecho a la vida de los transeúntes de los andenes públicos invadidos, o como concluye el despacho de origen, al estimar violado el derecho constitucional a la libre circulación o al movimiento. Empero, a juicio de la Corte y en el caso concreto que se examina, dicha relación es solo remota y discutible y no es suficiente para que proceda la acción de tutela impetrada en favor del amparo de estos últimos derechos.

Ahora bien, cabe examinar si en el caso concreto procedía la acción de tutela por el aspecto de la indirecta amenaza de violación al derecho constitucional a la vida y a la integridad personal o a la libre locomoción que se dice causada por la ocupación de los andenes públicos.

En opinión de la Corte la relación que se exige entre la violación o la amenaza de violación a un derecho constitucional fundamental por el desconocimiento de un derecho colectivo u otro derecho de carácter ordinario debe ser de causalidad directa y eficiente, pues no basta que se estime la existencia de una relación remota entre la situación jurídica o de hecho entre una y otra violación o amenaza de violación para que proceda la acción de tutela. De admitirse lo contrario, se produciría una cadena ilógica de relaciones y actuaciones por vía del ejercicio de la acción de tutela que desquiciaría el orden jurídico y reduciría toda la actividad judicial a la solución de controversias sobre las causas de las causas hasta la causa última de los hechos y situaciones jurídicas sometidos al conocimiento de los jueces. Tarea esta última que está por fuera de la voluntad del constituyente y de la actividad jurisprudente de los funcionarios judiciales, comprometidos en la labor de administrar justicia racionalmente conforme a la ley, a la jurisprudencia y a la equidad.

En el caso concreto que se examina no se encuentra que exista la relación de causalidad exigida, pues aunque en verdad se obstaculiza el tránsito de las personas por los andenes, como lo comprueba el señor juez, este hecho en sí mismo no conduce a provocar amenaza o violación al derecho constitucional a la vida, a la integridad personal o a libertad de locomoción. De lo visto se concluye que los transeúntes pueden en aquel caso optar por circular con mayor cuidado y atención, o evitar los obstáculos optando por circular por otros andenes conectados entre sí o aprovechar las zonas peatonales para el cruce de calles; lgualmente no aparece que por aquel hecho de perturbación del uso y del goce del espaclo público queden comprometidos el núcleo esencial o la plenitud de los derechos a la vida y a la integridad personal, los que en el caso bajo examen sólo podrían resultar comprometidos necesariamente por virtud de la presencia de cualquiera otra causa eficiente o de factor distinto de la mera ocupación de los andenes.

De prosperar la tesis del peticionario absurdamente no se podrían conceder licencias administrativas para las ventas estacionarias o ambulantes, ni permitiese reunión pública alguna, ni la práctica de actividades culturales de recreación o de esparcimiento, ni el ejercicio de la libertad de industria o de comercio, ni las paradas militares o las manifestaciones públicas, ni las ventas de periódicos o de artículos de consumo corriente o la instalación de puestos permanentes de policía, etc., ni la realización eventual de trabajos públicos o privados o el decreto de restricciones sobre el uso del espacio público por razones de seguridad, moralidad, salubridad, tranquilidad u orden público.

En otros términos, no toda ocupación del espacio público conduce a la violación o a la amenaza de violación de los derechos constitucionales como los que señala el peticionario, ni permite la interposición de la acción de tutela y, por el contrario, sobran razones de orden fáctico para reconocer que existe una relación compleja de derechos e intereses legítimos de orden constitucional que deben ser regulados conforme al orde namiento jurídico, como son el derecho al trabajo, la libertad de industria y la seguridad personal. Precisamente de estos temas se ocupa la citada ley de reforma urbana y el Código Nacional de Policía, que también prevén la creación de mecanismos administrativos de carácter local y reglamentario para regular los usos del suelo y del espacio público, con el fin de conciliar y equilibrar el ejercicio de aquellos derechos e intereses legítimos de rango constitucional o legal, con los postulados y elementos normativos que integran la noción de espacio público y de ordenamiento urbano para asegurar el desarrollo comunitario y el de las ciudades.

Además, el derecho urbanístico y el derecho de policía se han ocupado de manera especial de la regulación de estos asuntos y es así como existe todo un conjunto de vías, procedimientos y acciones administrativas y judiciales para la protección de los derechos vinculados con el uso y el goce del espacio público, que debieron ser puestos en marcha por la autoridad local a la que se dirigieron las peticiones iniciales, no atendidas con la prontitud debida que señala el Código Contencioso Administrativo».

(Sentencia T-508 de agosto 28 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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