Sentencia T-525 de mayo 18 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

Sent. T-525, may. 18/2001. Ref.: Exp.: T-425.501 y expedientes T-437.424 y T-438.294, acumulados al primero.

M. P. Alfredo Beltrán Sierra.

Acciones de tutela instauradas por Cristian Alejandro Benítez Nieto, expediente T-425.501; Fidel Vesga Díaz, expediente T-437.424, y Miguel Enrique Zequeda Garrido, expediente T-438.294, contra la Universidad Industrial de Santander.

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

Sentencia

En los procesos de revisión de los fallos adoptados por el Juzgado Segundo de Menores de Bucaramanga, de fecha 22 de diciembre de 2000, en la acción de tutela presentada por Cristian Alejandro Benítez Nieto, expediente T-425.501; por el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Laboral, de fecha 9 de febrero de 2001, en la acción de tutela presentada por Fidel Vesga Díaz, expediente T-437.424; y, por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga, en la acción de tutela presentada por Miguel Enrique Zequeda Garrido, expediente T-438.294. Todas estas acciones fueron presentadas contra la Universidad Industrial de Santander.

Los expedientes llegaron a la Corte Constitucional, por remisión que hicieron el Tribunal y los juzgados respectivos, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

La Sala de Selección de Tutelas Número Tres de la Corte, en auto de fecha 13 de marzo de 2001, escogió, para efectos de su revisión, los expedientes T-425.501 contra la Universidad Industrial de Santander y T-428.320 contra el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y dispuso acumularlos entre sí, para que fueran decididos en la misma sentencia, si así lo estimaba la Sala de Revisión.

Examinado el contenido de estos dos expedientes, esta Sala Segunda de Revisión considera que no procede la acumulación, y, en consecuencia, se tramitarán y decidirán en sentencias independientes, respecto de estos dos establecimientos educativos.

No ocurre lo mismo respecto de los expedientes T-437.424 y T-438.294, acciones de tutela instauradas contra la misma Universidad Industrial de Santander, que la Sala de Selección Número Cuatro de la Corte, en auto de fecha 18 de abril de 2001, dispuso acumularlos al expediente T-425.501, si así lo estimaba la Sala de Revisión. En relación con estos últimos expedientes, sí procede la acumulación.

En consecuencia, se acumulan los expedientes T-437.424 y T-438.294 al expediente T-425.501, todos contra la Universidad Industrial de Santander, y no se acumula el expediente T-428.320, contra el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

I. Antecedentes

1. Expediente T-425.501. Acción de tutela presentada por Cristian Alejandro Benítez Nieto contra la Universidad Industrial de Santander.

El actor, estudiante de derecho de la Universidad Industrial de Santander, presentó acción de tutela, el día 13 de diciembre de 2000, ante el juzgado de menores, reparto, de la ciudad de Bucaramanga, por considerar que la forma como se llevó a cabo el nombramiento del director de la escuela de derecho y ciencia política de la mencionada universidad, vulneró el preámbulo y los artículos 1º, 2º, 6º, 16, 40-7, 45 y 69 de la Constitución.

Dado que el expediente es voluminoso, los principales hechos y documentos se resumen así:

a) Hechos.

El día 9 de octubre de 2000, los estudiantes se reunieron en un foro, con el fin de oír los planteamientos de los candidatos inscritos para ocupar el cargo de director de la escuela de derecho y ciencia política. Allí se decidió que se haría un prediagnóstico, en el que se consultaría a los estudiantes sobre la situación de la carrera en general. Dos de los candidatos a la dirección manifestaron que renunciarían a su aspiración en el caso de que en una consulta popular entre los estudiantes y demás estamentos universitarios, no obtuvieran la mayoría de los votos. Elaborado el prediagnóstico, se realizó otro foro el 19 de octubre, en el que se escucharon los planteamientos de los aspirantes al cargo, que en ese momento ya eran tres. El tercero se comprometió, también, a que retiraba su aspiración si no obtenía la mayoría de los votos en la consulta. Se entendía, entonces, que los tres candidatos aceptaban las reglas del juego.

El día 20 de octubre se realizó una asamblea general de estudiantes y profesores para diseñar los parámetros del proceso de consulta que se llevaría a cabo el 23 de octubre. Estos parámetros fueron acordados en forma democrática.

El día 23 de octubre se realizó la consulta, se contó con la presencia de testigos electorales, jurados y veedores de los diferentes candidatos, e inclusive con profesores de otras facultades. También se anularon algunos votos de electores que no firmaron las actas.

Señala el actor que en la votación participó el 80% de los estudiantes y profesores, y tuvo el siguiente resultado, según los escrutinios:

— Por el doctor Bernardo Díaz: 254 votos, que representa el 54,80%.

— Por el doctor Omar Herrera: 44 votos, que representa el 18,63%.

— Por el doctor Orlando Pardo: 49 votos, que según el actor representa el 12,67%.

Sin embargo, el día 25 de octubre, fecha señalada para que se corroborara, por parte de los profesores de planta, el nombre del doctor Bernardo Díaz, los estudiantes se encontraron con la sorpresa de que el doctor Orlando Pardo no había renunciado a su aspiración, y fue elegido por 7 votos contra 3. Es decir, dice el demandante, se desconocieron los pactos y se impuso al candidato que ocupó el último lugar, que no cumplió su palabra empeñada públicamente, al no renunciar, como sí lo hizo el profesor Herrera, que también había perdido la consulta.

Por esta situación, la universidad entró en situación de anormalidad y las clases se suspendieron.

El día viernes 27 de octubre se reunieron los profesores en la vicerrectoría académica. En esta reunión se invocó el contenido del artículo 54 del estatuto de la UIS, que dice que son los profesores de planta los que eligen al director de la escuela.

Para el actor resulta curioso el hecho de que el 70% de profesores de planta votó en la elección del día 23 de octubre y, luego, en la votación del día 25, los mismos profesores desconocieron tal hecho.

En esencia, señala el demandante, para los estudiantes, había dos directores de escuela, uno legítimo y otro ilegítimo (doctores Díaz y Pardo), ambos, posteriormente, renunciaron ante una asamblea de estudiantes y profesores. El día 31 de octubre se realizó otra asamblea de estudiantes y profesores, y, después de 4 horas, sin quórum, se aceptó nuevamente que renunciarían todos los aspirantes, aun el elegido por los profesores, y que, como director interino quedara el profesor Ernesto Rueda, nombrado, para tal efecto, por el rector, y que se posesionó el día 7 de noviembre de 2000.

El actor manifiesta que el artículo 54 del estatuto viola los artículos de la Constitución que mencionó al inicio de su escrito y la Ley 30 de 1992, artículo 28. Además, pone de presente el contenido de algunas sentencias de la Corte Constitucional, tales como la C-299 de 1994, T-237 de 1995, C-220 de 1997, entre otras.

b) Pretensiones.

— Pide que se revoque el nombramiento del director encargado de la escuela de derecho y ciencia política, no sólo por la forma como fue designado, sino, además, porque no cumple los requisitos exigidos en los estatutos, pues no tiene título de abogado.

— Que se respete la voluntad mayoritaria de la asamblea, y que el rector convoque a nueva elección para director de la escuela, en la que se vote por quien resultó favorecido por las mayorías, es decir, por el doctor Bernardo Díaz.

— Que el consejo superior universitario proceda a la inmediata reforma del estatuto de la UIS en lo referente a la elección de los directores de escuela y decanos de las facultades, para armonizarlos con la democracia participativa contenida en la Constitución Política. Es decir, que participen los estudiantes y todos los estamentos universitarios.

— Finalmente, que el juez de tutela ordene a las directivas que no se tomen represalias contra los alumnos y profesores que apoyaron el plebiscito y que se respete la libertad de pensamiento, el libre examen y el libre desarrollo de la personalidad.

Adjuntó fotocopia de su carné de estudiante de derecho de la UIS y documentos relacionados con el proceso de elección.

c) Trámite procesal.

El Juzgado Segundo de Menores de Bucaramanga admitió la demanda, ordenó la notificación a las partes, dispuso la práctica de algunas pruebas y recibió las siguientes declaraciones:

— Declaración del actor ante el juez de tutela.

En declaración del 18 de diciembre de 2000, el actor manifestó que la universidad tiene paralizadas sus actividades, por lo que no puede comprometerse a presentar el acta en que constan los escrutinios del 23 de octubre de 2000. En lo demás, el actor explicó las razones por las que interpuso la demanda, que son las expuestas en el escrito respectivo. Adjuntó una "carta abierta", de fecha 7 de diciembre de 2000, de cinco profesores que participaron en el proceso de elección, en la que se critica la forma como éste se desarrolló, desconociendo la opinión de los estudiantes (fls. 22 y 23, esta carta no tiene firmas, sólo los nombres de los profesores).

— Declaración del rector de la UIS al juez de tutela.

El rector de la universidad, doctor Miguel José Pinilla Gutiérrez, manifestó que por haberse cumplido el período de varios directores de escuela, fue convocada por la rectoría, la elección correspondiente. Para el cargo de director de la escuela de derecho y ciencia política se inscribieron los doctores Omar Herrera, Orlando Pardo y Bernardo Díaz. La escuela de derecho, por acuerdos por fuera de la reglamentación establecida en los artículos 54 y 55 del estatuto de la universidad, determinó realizar unos foros y una consulta interna de los estudiantes. Los candidatos inscritos se comprometieron a que los dos perdedores de la consulta renunciarían, para así, al producirse la votación secreta de los profesores de la escuela, que son quienes eligen, según el artículo 54 del estatuto, tuvieran únicamente un candidato. Sin embargo, no renunciaron los dos candidatos perdedores de la consulta, sino uno de ellos. Por lo que al momento de realizarse la votación por parte de los profesores, los candidatos fueron Bernardo Díaz y Orlando Pardo, resultando elegido este último, quien, posteriormente renunció, pero después de que había concluido todo el proceso. Con el fin de solucionar problemas administrativos y académicos, en su condición de rector encargó, provisionalmente, a la persona que venía desempeñándose como director de la escuela, al doctor Ernesto Rueda, que es trabajador social con especialización en derecho y ciencias políticas. Dice el señor rector que está previsto para el primer trimestre de 2001 realizar una nueva convocatoria a elección de nuevos directores de escuela. Consideró que la situación que se presentó no puede interrumpir o perjudicar los estudios, ni ocasionar dificultades en la buena marcha de la institución. Informó que esta misma acción de tutela fue presentada ante otras autoridades judiciales, por parte de otros actores, y fueron denegadas.

— Escrito de la apoderada de la UIS.

La abogada apoderada de la universidad, según poder otorgado por el señor rector, se opuso, también, a la procedencia de esta acción de tutela. Sobre el proceso explica que el rector, mediante Resolución 490 de 12 de septiembre de 2000, modificada por la Resolución 594 del 28 de septiembre del mismo año, convocó para la elección de directores de escuela. La elección se fijó para el día 25 de octubre de 2000, a las 12 a.m., por el voto secreto de los profesores adscritos a la escuela, según los artículos 54 y siguientes del estatuto general. Explicó que la convocación del foro abierto que llevó a cabo la escuela de derecho, se realizó como un ejercicio de pedagogía democrática. Comenta que quienes elaboraron los mecanismos del ejercicio para la consulta determinaron el peso porcentual de los estamentos.

Señala que no es cierto lo afirmado por el actor en el sentido de que el profesor Orlando Pardo hubiera aceptado las reglas establecidas por los estudiantes, en el proceso de consulta. Por lo que la consulta de preferencia estaba viciada. El profesor Pardo expresó públicamente que existió tergiversación del sentido de la consulta, ya que sus promotores incumplieron los compromisos e indujeron a error a los estudiantes, haciéndoles creer que se trataba de una elección y no de una consulta de preferencia.

Señala que las directivas de la universidad reconocen a los estudiantes como parte fundamental de la institución, pero, también, la universidad como ente autónomo que es, está investido constitucional y legalmente para establecer las normas que reglamenten la participación de los estudiantes.

Considera que se equivoca el actor al pedir que se amparen los derechos fundamentales de los estudiantes siendo que ellos mismos al actuar, mediante vías de hecho, están desconociendo a las autoridades legítimamente constituidas, y estimar que las únicas decisiones valederas sean las adoptadas por los estudiantes que son numéricamente mayoría.

La apoderada acompañó numerosos documentos encaminados a demostrar la actuación legítima de la administración en el proceso. (fls. 36 a 79).

— Declaración del profesor Bernardo Díaz Gamboa al juez de tutela.

El profesor Díaz Gamboa fue quien sacó el mayor número de votos en la consulta del 23 de octubre y el juez de tutela solicitó su declaración. Ésta se resumirá así: el día 9 de octubre, en un foro con estudiantes y aspirantes a la dirección de la escuela, surgió la propuesta de realizar un prediagnóstico sobre la percepción de los estudiantes frente a distintos aspectos de la escuela, tales como programa, planta física, biblioteca, calidad de los docentes. Dos de los aspirantes presentes en tal foro se comprometieron públicamente a declinar su aspiración si no contaban con la mayoría en la consulta popular que se realizaría. El 11 de octubre, en foro con profesores y estudiantes se había previsto presentar a los aspirantes los resultados del prediagnóstico. En esta fecha el profesor Díaz no era aspirante. De allí surgió que se planteara un formulario a los estudiantes, con preguntas como ¿es usted feliz en la escuela de derecho? Inmediatamente se empezó a trabajar en encuestas a los diez semestres que tiene derecho, lográndose 365 respuestas que contienen importantes aportes .para introducir reformas dentro de la escuela, en las que se señalaron graves problemas institucionales y, en concreto, contra los directivos que tuvieron a su cargo la orientación del programa, durante los últimos cinco años. Posteriormente, le llegó una carta firmada por 200 estudiantes en la que lo postulaban como aspirante a la dirección, postulación que aceptó. En dos aspirantes, profesores Pardo y Herrera, el resultado del prediagnóstico suscitó una fuerte reacción y dijeron que hubo manipulación. Posteriormente, el 19 de octubre, en el foro abierto, el declarante también se comprometió en el pacto de caballeros que habían hecho públicamente los otros dos aspirantes, que allí expresaron su inconformidad con el procedimiento de consulta y contra la conducta asumida por el declarante, pero no dijeron que incumplirían el pacto hecho. El profesor Pardo propuso que la votación fuera por estamentos, en urnas separadas, propuesta que fue aceptada. La consulta se realizó así: una urna para los estudiantes, otra para egresados, otra para profesores de planta y otra para profesores de cátedra. El resultado fue favorable para el declarante, con 254 votos a su favor, frente a 44 y 49 de los otros dos. Las actas fueron firmadas por los testigos. Ante esta situación, los dos profesores debían renunciar a sus aspiraciones, pues el día 25 de octubre se haría la elección estatutaria, por parte de los profesores, en votación secreta. Con gran sorpresa, sólo el profesor Herrera renunció según lo pactado, pero el profesor Pardo no lo hizo y fue elegido, con las graves consecuencias que llevaron a la anormalidad académica y originaron esta acción de tutela, ya que se desconoció la democracia participativa y se dio un pésimo ejemplo de ética a los estudiantes que, con gran expectativa, habían participado en la experiencia de democracia directa. Manifiesta que resulta curioso que el 70% de los profesores de planta habían votado el día 23 en la consulta. El declarante se refirió a otros asuntos de índole personal con uno de los aspirantes y a lo que considera el incumplimiento de compromisos sobre la conducción de la escuela. (fls. 80 a 82).

— Declaración de la profesora Nilce Ariza Barbosa al juez de tutela.

La declarante, que es docente de la escuela de derecho, señaló que a pedido de los estudiantes asesoró parte del proceso de consulta. Proceso que considera acorde con el artículo 41 de la Constitución y coherente con lo enseñado en las clases que dicta sobre la democracia y su ejercicio real dentro de la academia. Dijo que en los cinco años de existencia de la carrera, la opinión de los estudiantes en la elección del director no ha sido considerada, aunque estatutariamente tal elección corresponde a los profesores. Puso de presente lo establecido en el estatuto general de la universidad y el Acuerdo 015 de abril de 2000, donde se establece la participación de docentes y estudiantes en la reforma curricular y el mejoramiento de la vida académica. (fl. 121).

— Declaración del estudiante Robinson Hernández Becerra al juez de tutela.

Este estudiante, al ser preguntado por el juez de tutela sobre si en su carácter de estudiante estaba siendo perjudicado por haberse nombrado como director de la escuela a una persona en propiedad o en calidad de interino, el estudiante respondió que sí estaba perjudicado, pues, el director interino ha hecho caso omiso a los convenios que se había comprometido con los estudiantes, simplemente, los ha dejado a la espera del nuevo director en propiedad. Explicó que la relación personal con los profesores ha cambiado, a raíz del proceso electoral que se vivió. El ambiente se ha vuelto tosco. Considera que el cargo de director es de importancia para el buen funcionamiento y proyección de la carrera. (fl. 122)

d) Sentencia que se revisa correspondiente al expediente T-425.501.

En sentencia del 22 de diciembre de 2000, el Juzgado Segundo de Menores de Bucaramanga denegó la acción de tutela. El juez consideró que el nombramiento de director de la escuela de derecho se realizó conforme a lo establecido en el estatuto de la universidad. Además, el acuerdo realizado por fuera de los estatutos, para que renunciaran los aspirantes no favorecidos en la consulta, no ocurrió, por lo que los profesores, en votación secreta, eligieron al profesor Pardo, quien, con posterioridad renunció. Frente a esta situación, se encargó al profesor Rueda Suárez, lo que solucionó en forma temporal el problema administrativo que se presentó y hasta que se realice la nueva convocatoria, posiblemente en el primer trimestre del año 2001.

Para el juzgado, en el llamado Estado social de derecho, tanto los administrados como la administración tienen la obligación de respetar y acatar las normas expedidas por los funcionarios competentes, como es, en este caso, el artículo 54 del estatuto de la universidad. Por eso, no se puede inducir a la población estudiantil de la escuela, a hacerles creer que es de su competencia la elección directa del director, pues, la democracia participativa tiene sus formalidades y requisitos, dentro de los cuales se debe actuar.

Además, dice el juez, que no se encuentran amenazados o vulnerados los derechos fundamentales de los estudiantes, por la simple renuncia de un directivo favorecido por una votación y el consecuente nombramiento de otro directivo en forma temporal.

2. Expediente T-437.424, acción de tutela presentada por Fidel Vesga Díaz contra la Universidad Industrial de Santander.

Los hechos, las pretensiones y el trámite de esta tutela son semejantes a los expuestos en la anterior. En cuanto a las decisiones de instancia, éstas se resumen así:

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, en sentencia del 11 de diciembre de 2000 rechazó esta acción, por falta de legitimidad del actor en la misma, al no estar habilitado para presentar esta acción como agente oficioso de los estudiantes y no acreditó la condición de estudiante o apoderado, en este proceso.

Impugnada esta decisión por el actor, bajo el argumento de que la razón por la que se le denegó la tutela es un requisito de procedimiento y no sustancial, acompañó fotocopia del carné que lo acredita como estudiante de la universidad, en la carrera de historia. (fl. 117).

El Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Laboral, en sentencia del 9 de febrero de 2001, confirmó la decisión del a quo, por considerar que el actor carece de legitimidad, pues el carné con el que acreditó la condición de estudiante de la universidad, señala que está en la carrera de historia, y la controversia que se pretende solucionar, a través de la acción de tutela, se relaciona con la designación de director de la escuela de derecho.

3. Expediente T-438.294, acción de tutela presentada por Miguel Enrique Zequeda Garrido contra la Universidad Industrial de Santander.

Esta acción corresponde a hechos y pretensiones semejantes a los expuestos. La decisión judicial objeto de revisión, se resume así: el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga, en sentencia del 24 de enero de 2001, denegó esta acción, por considerar que existe otro medio de defensa judicial para lograr lo pretendido, especialmente, en el caso del nombramiento del director encargado, pues, al ser actos de carácter general, la presunta ilegalidad puede ser demandada ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Además, no se percibe la existencia de un perjuicio irremediable que autorice la procedencia transitoria del amparo constitucional solicitado. Prueba de ello, está en que el actor se demoró un buen lapso para incoar la demanda. Finalmente, el juez hace observaciones sobre esta clase de acciones de tutela interpuestas por estudiantes de una escuela de derecho.

II. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y en los artículos 33 a 35 del Decreto 2591 de 1991.

2. Lo que se debate.

Los expedientes bajo estudio corresponden al procedimiento de elección y nombramiento del director de la escuela de derecho y ciencia política de la Universidad Industrial de Santander, que, en concepto de los actores, se realizó sin tener en cuenta la participación de los estudiantes, participación que está establecida en normas constitucionales y legales. Señalan que esta situación vulneró los derechos fundamentales de los demandantes, en especial, los artículos 1º, 2º, 6º, 16, 40-7, 45 y 69 de la Constitución.

3. Observación previa. Autonomía universitaria.

Antes de pronunciarse sobre el fondo de estas acciones, la Corte observa que en ellas no está en discusión que la elección acusada haya violado la autonomía universitaria, entendida ésta como la garantía constitucional de que sean las propias universidades las que se den sus propias directivas y se rijan por sus propios estatutos, sin la injerencia de agentes externos a la universidad.

Lo que está en discusión es el hecho de que al interior de la propia comunidad universitaria, se haya excluido a alguno de sus estamentos en la elección de director de la escuela de derecho, concretamente, que se haya excluido a los estudiantes, tal como lo plantean las acciones de tutela, con la consecuente vulneración del artículo 40, numeral 1º (no numeral 7º, como dicen los actores), de la Carta, que establece el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Es decir, el derecho a la participación democrática en las decisiones que los afectan a todos, consagrado, como principio general, en los artículos 1º y 2º de la Constitución.

3. El derecho de participación de la comunidad educativa universitaria estatal u oficial, en el proceso de elección de sus propias directivas y la garantía constitucional de la autonomía universitaria.

El derecho fundamental de participación democrática que se plantea en el caso bajo estudio, encuentra su base constitucional en los artículos 1º y 2º de la Carta, que define al país como un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista (art. 1º), y en el que consagra que uno de los fines esenciales del Estado es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan (art. 2º), asuntos que se desarrollan en el artículo 40 de la Constitución, así: “ART. 40.—Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido”, que está consagrado, a su vez, como derecho fundamental. En lo que atañe al caso de los establecimientos educativos universitarios, los artículos 68 y 69 de la Constitución consagran la autonomía universitaria y la participación de la comunidad. Dicen, en lo pertinente, estas normas: “ART. 68.—(…) La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. (…)”. “ART. 69.—Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. (…)”.

Este asunto, referido al caso concreto de una universidad del Estado, la Universidad del Atlántico, fue tratado por la Corte en la Sentencia T-235 de 1998, que dijo que este derecho de participación puede, excepcionalmente, ser objeto de protección de acción de tutela, si la vulneración subsiste al momento de pronunciarse el juez constitucional. Explicó la Corte:

“1. El derecho de participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.

“La jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterada e invariable en el sentido de que el derecho citado no solamente es constitucional fundamental, sino también, de acuerdo con el artículo 85 de la Carta, de aplicación inmediata (1) . Consiste básicamente en que aquellas personas llamadas a ejercerlo, pues para ello se requieren ciertas condiciones, puedan hacerse presentes y participar en todos los procesos de toma de las decisiones que les interesen, tales como elecciones, plebiscitos, referendos, ingresar o conformar partidos políticos e, incluso, la posibilidad de ejercer control sobre las personas u órganos que detentan el poder político.

(1) Corte Constitucional, Sala Plena, sentencias C-145 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-089 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-180 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-194 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-586 de 1995, MM.PP. José Gregorio Hernández Galindo y Eduardo Cifuentes Muñoz; y C-275 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, entre otros.

“Es un claro desarrollo del preámbulo y los artículos 1º y 2º del estatuto fundamental, en los cuales el constituyente expresamente le señala al Estado colombiano un "marco jurídico, democrático y participativo", con la finalidad de, entre otras, “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan", lo cual guarda estrecha relación con el aspecto político del Estado, consistente en las múltiples relaciones de poder que se desenvuelven en el interior de la comunidad. Así, un Estado constitucionalmente denominado "democrático", lo menos que puede garantizar es la injerencia de quienes van a ser afectados con el ejercicio de tales relaciones de poder, traducidas generalmente en decisiones con incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad.

“Luego, la participación de los gobernados en los procesos de toma de decisiones y en el fondo de estas mismas, es una de las tantas manifestaciones del derecho fundamental al que se alude en esta oportunidad, derecho amparable por medio de la acción de tutela cuando, por acción u omisión, se ve amenazado o ha sido efectivamente vulnerado, siempre que, como en el siguiente apartado se analiza, la vulneración o amenaza subsistan en el momento de pronunciarse el juez constitucional". (Sent. T-235/98, M.P., doctor Fabio Morón Díaz).

En el caso de las universidades, para hacer real la participación de la comunidad educativa superior en darse sus propias directivas, la Ley 30 de 1992, en el artículo 28 señala el ámbito de la autonomía universitaria, y en los artículos 62, 63 y 66, se establece el procedimiento general de organización y elección de tales directivas, en las universidades estatales u oficiales. Estas disposiciones parten de la base de que la comunidad universitaria siempre estará representada en los órganos de dirección.

De todo lo anterior, se concluye que existe el derecho a la participación de la comunidad universitaria para la elección de todas o algunas de sus directivas, bien sea directamente, o a través de sus representantes ante los órganos de dirección, o por parte de uno solo o algunos de sus estamentos; y que la correspondiente elección se realiza de acuerdo con los estatutos de la universidad, y éstos, a su vez, se expiden de conformidad con la Constitución y la ley.

Es decir, que el derecho de participación se refleja en que ella efectivamente se dé, y no tanto en la forma que adopte. Quiere esto decir que si el consejo superior de una universidad, por ejemplo, dentro de su propia autonomía, considera que todas las directivas se elijan por el voto directo de todos los integrantes de la universidad, es decir, siguiendo el principio de una persona un voto, tal procedimiento resulta perfectamente válido constitucionalmente. Pero, también, puede ser válido que el consejo superior determine que todas o algunas de las directivas se elijan a través de sus representantes ante el consejo superior o académico u otro órgano de dirección, porque lo que debe garantizarse, independientemente del procedimiento que se adopte, es que en las elecciones de directivas, la decisión sea resultado de la participación de la comunidad. Por ello, los estatutos tienen que establecer la participación. Participación, se repite, que no necesariamente tiene que adoptar la del voto directo de toda la comunidad académica en todas las elecciones, ya que determinaciones de esta naturaleza sólo pueden ser fruto de sus propias decisiones, como consecuencia de la autonomía para darse sus directivas y estatutos.

De igual manera, atendiendo el principio de la autonomía universitaria, cuando el derecho de participación se obstaculiza, le corresponde a la propia comunidad universitaria buscar los mecanismos para solucionar el problema. En otras palabras, intervenciones ajenas a la universidad para resolver sus asuntos, en materia de designación de directivas, no debe darse, y si se da, ésta debe ser excepcional, aun tratándose del juez de tutela.

Sentadas las premisas anteriores, se analizará el caso concreto y si se violó la participación de la comunidad universitaria de la Universidad Industrial de Santander en la elección de un directivo.

4. El caso concreto del proceso de elección y nombramiento de director de la escuela de derecho y ciencia política de la Universidad Industrial de Santander.

Hay que recordar que el proceso que se llevó a cabo el día 23 de octubre de 2000, se originó en la convocación hecha por la rectoría para el nombramiento y elección de director de la escuela de derecho y ciencia política. Esta situación motivó a los estudiantes, con la participación activa de algunos profesores, para que en tal designación se tuviera en cuenta la opinión de aquéllos, a través de una consulta de preferencia de nombres de aspirantes al cargo de director. Según manifiestan los actores y algunos declarantes, en tal consulta participaron, también, los profesores que dos días después habrían de realizar la elección de director, de acuerdo con los estatutos. En esta elección de profesores, éstos no designaron al aspirante que había sacado el 54,80% de la votación favorable en la consulta, y sí lo hicieron por el que representaba el menor porcentaje de la votación de preferencia. Es en este punto en donde reside la inconformidad de los actores, que sienten que se les irrespetó su decisión, agravado con el incumplimiento de un pacto de caballeros realizado por los profesores aspirantes al cargo, en el sentido de que renunciarían a sus candidaturas los que no obtuvieran la mayoría de los votos en dicha consulta. Por su parte, los profesores y el rector manifestaron que la elección se realizó de acuerdo con el artículo 5º del estatuto de la universidad.

Planteado así el problema, se observa que lo que está en discusión es cómo está establecida la participación de los estudiantes en los estatutos de la universidad y qué grado de discrecionalidad gozaban los profesores en la elección del director de la escuela, después de haberse desarrollado una consulta interna de preferencia.

Para la Sala, una vez examinados, en forma general, los estatutos de la universidad, se observa que la elección de que se trata en esta tutela no es de aquellas en las que según la Ley 30 de 1992 y el estatuto de la universidad está prevista la participación directa de los representantes de los estudiantes. La Ley 30, como se dijo antes, establece en qué consiste la autonomía universitaria, concretamente en el artículo 28, y en los artículos 62, 63 y 66, señalan el procedimiento general de organización y elección de las directivas de las universidades estatales u oficiales, en las que se establece que la comunidad universitaria, incluida obviamente, la estudiantil, siempre estará representada en los órganos de dirección.

Trasladadas estas normas legales al estatuto de la Universidad Industrial de Santander, que obra en el expediente, se observa que el artículo 16 señala que el consejo superior es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad, y de él hace parte un representante de los estudiantes de la universidad "elegido mediante votación secreta por los estudiantes con matrícula vigente en programas formales de pregrado y posgrado de la universidad, quien debe tener el carácter de estudiante regular, haber aprobado por lo menos el treinta por ciento de los créditos del programa académico al cual se encuentra adscrito y no tener ningún tipo de condicionalidad" (art. 16, lit. f) de los estatutos).

En el consejo académico, que según el artículo 22 de los estatutos es la máxima autoridad académica de la universidad, también hace parte de él un representante de los estudiantes "elegido mediante votación secreta por los estudiantes con matrícula vigente en programas formales de la universidad, quien debe tener el carácter de estudiante regular, haber aprobado por lo menos el treinta por ciento de los créditos del programa académico al cual se encuentra adscrito y no tener condicionalidad alguna". (art. 22, lit. h) de los estatutos).

Téngase en cuenta que el rector de la universidad es designado por el consejo superior, artículo 26 de los estatutos, es decir, por el órgano en donde los estudiantes tienen un representante. Lo propio acontece con la designación del decano como representante de las autoridades académicas ante el consejo superior hace el consejo académico, pues, en el consejo académico hay un representante de los estudiantes.

En otras palabras, en los máximos órganos de gobierno de la Universidad Industrial de Santander, para la designación de sus directivas, existe la representación de los estudiantes, representantes que han sido elegidos por ellos, directamente, mediante votación secreta, y estos representantes tienen, también, derecho a votar, directamente, en las elecciones antes mencionadas. En principio, pues, hay participación democrática de la comunidad universitaria, en concreto, de los estudiantes, en estos órganos y para tales elecciones.

No ocurre lo mismo para la designación de directores de escuela de la UIS, en donde la participación democrática se reduce a uno sólo de los estamentos, al de los profesores de planta, ya que existe una disposición expresa sobre el proceso de elección, disposición que es conocida por toda la comunidad universitaria. En el estatuto general de la universidad establece la forma como se eligen y se nombran a los directores de escuela, así :

"ART. 54.—El rector nombrará director a quien resulte elegido mediante votación secreta de los profesores adscritos a la respectiva escuela y cumpla los requisitos exigidos para tal cargo".

Hecha, entonces, la distinción sobre la clase de elección de que trata esta tutela, surge, nuevamente el interrogante sobre el grado de discrecionalidad de los profesores al elegir al director de la escuela, pues, la elección se dio en dos escenarios: uno, en una consulta producto de un acuerdo académico de preferencia electoral, llevado a cabo el día 23 de octubre de 2000, en el que participaron estudiantes y otros integrantes de la comunidad universitaria, y, otro, de elección estatutaria, llevado a cabo el día 25 del mismo mes y año, y entre quienes, estatutariamente, les corresponde elegir al director de la escuela. En la primera, participaron aproximadamente 340 estudiantes, cuyos resultados fueron en 54,80% de la votación favorable al nombre del profesor Díaz. En la segunda, según los documentos, los profesores con derecho a elegir, el día 25 de octubre de 2000, fueron 10, pues el resultado de la votación secreta fue la siguiente: 7, a favor del profesor Pardo, y 3, a favor del profesor Díaz.

Se esperaba que los resultados de uno y otro escenario hubieran terminado en forma armónica, pero, no fue así. Y, para lo que interesa en cuanto a la procedencia de esta acción de tutela, hay que decir que de ello es responsable toda la comunidad universitaria, tanto las directivas de la universidad, como los profesores electores y los estudiantes.

En efecto. En cuanto a los profesores, obra en el expediente que en asambleas y foros se decidió que se realizaría la consulta mencionada, y los aspirantes al cargo de director se someterían a unas reglas fijadas públicamente y aceptadas por ellos. Se puede afirmar que los profesores (incluidos aquellos a los que estatutariamente corresponde la elección de director), participaron en el proceso, bien fuera impulsándolo o no haciendo, oportunamente, las objeciones públicas al mismo, o, señalando que, en forma independiente a lo que se decidiera en la consulta de preferencia, ellos no se despojaban de su derecho discrecional de elegir a quien a bien consideraran, tal como lo dispone el artículo 54 del estatuto. Ni, tampoco, suministraron explicaciones sobre la decisión adoptada, en la que se separaban diametralmente de la consulta interna convenida previamente por profesores y estudiantes, por no considerar vinculante su resultado.

De igual manera, es claro para la Corte que los estudiantes de derecho de la universidad demandada, actuaron con omisión absoluta sobre el contenido de la naturaleza de la consulta en cuestión, pues, no tuvieron en cuenta que pese a ella, la elección habría de regirse por los estatutos vigentes, los cuales no perdieron —ni pierden— su vigencia por la celebración de un pacto académico-electoral con profesores que, con grave desmedro de su credibilidad, lo incumplieron luego, con la aquiescencia de las directivas universitarias.

La Sala piensa que no obstante los errores en que incurrieron todos los que de una u otra manera participaron activa o pasivamente en el proceso de elección de director de la escuela, esta acción de tutela es procedente porque los profesores adquirieron una obligación con su participación u omisión, con la comunidad universitaria de nombrar a quien había obtenido un voto de preferencia claramente mayoritario, del 54.80% de los participantes, y que si se apartaban de tal resultado, como lo hicieron, estaban obligados a motivar su actuación. Al no hacerlo, la elección estatutaria dejó de ser un acto discrecional y se transformó en un acto arbitrario, con grave desmedro del derecho fundamental de participación de los estudiantes actores de esta acción de tutela, pues, no se tuvo en cuenta su participación en las decisiones que los afectan a todos, principio consagrado en la Constitución, artículos 1º, 2º y 40.

Cabe advertir que la Corte no está inaplicando el artículo 54 del estatuto, pues no es inconstitucional per se la forma como está consagra (sic) la elección de directores de escuela de la UIS. Se repite, la vulneración se dio respecto de los derechos fundamentales de los estudiantes, en cuanto a que la elección de los profesores, en forma abierta, desconoció el resultado de la consulta de preferencia, y, se ampararon en el contenido del artículo 54 del estatuto, para hacer legítima su decisión, siendo que estaban obligados a suministrar las razones correspondientes.

Por ser éste el punto en donde se presentó la vulneración de los derechos fundamentales de dos de los actores y de los otros estudiantes que así lo han manifestado en esta acción de tutela, es donde el juez constitucional puede, en forma limitada por la autonomía universitaria, intervenir para la protección de los derechos fundamentales, si no se está frente a un hecho superado.

Sobre este último aspecto, obra en el expediente que cuando los profesores eligieron al profesor Pardo, y este nombramiento suscitó el gran descontento entre la comunidad universitaria, para remediar provisionalmente el problema, el rector nombró en interinidad a un director de escuela de derecho encargado. En la declaración rendida ante el juez de tutela, expediente T-425.501, el rector manifestó que el nombramiento del nuevo director se haría en el primer trimestre de 2001. Es decir, para la Corte no hay certeza respecto de si el hecho está superado, o si, a pesar de ya haberse producido un nuevo nombramiento, en este proceso se respetó el resultado de la consulta de preferencia, o si se motivó el acto, para apartarse del mismo, pues, si se ignoró nuevamente la opinión de la consulta, se estaría frente a un aparente hecho superado, ya que la acción u omisión continuaría produciendo efectos.

En tales circunstancias, respetando las órbitas propias de la autonomía universitaria y de la competencia del juez de tutela, la Sala ordenará que en la elección y nombramiento de director de la escuela de derecho y ciencia política, si no se ha hecho en la forma indicada en esta providencia. es decir, que satisfaga el derecho de participación de la comunidad universitaria, las directivas, el rector y los profesores, se comprometan en que al abrir los espacios de participación en la designación de tal director, las decisiones que se adopten por parte de quienes estatutariamente tienen la competencia de hacerlo (los profesores electores y el rector nominador), según el artículo 54 del estatuto de la universidad, tengan en cuenta la opinión obtenida en forma democrática por la comunidad universitaria, y que, si de tal opinión deben apartarse, expliquen las razones correspondientes, pues, el simple argumento de que el estatuto así lo dispone, convierte la decisión en arbitraria o caprichosa, ajena a lo que es el Estado de derecho.

Sólo a esto se reduce la protección del juez constitucional en este caso, porque a las demás pretensiones de los actores no se accede, por no corresponderle ordenar que se revoque el nombramiento del director encargado, por no cumplir requisitos legales, ya que es evidente que existe otro medio de defensa judicial. Tampoco puede ordenar que se respete la decisión de la consulta y que se nombre al profesor Díaz, ya que resultaría una evidente violación a la Constitución que un juez de la República sea el que nombre directivas universitarias, si el precepto constitucional dice que son las propias universidades las que se darán sus directivas y estatutos (C.P., art. 69). Por la misma razón, el juez constitucional no puede exigir al consejo superior que modifique el estatuto sobre la forma de nombramiento de director de escuela, como es la tercera de las pretensiones. Respecto de que el juez de tutela ordene a las directivas que no tomen represalias contra los alumnos y profesores que apoyaron la consulta, no hay lugar a una orden en este sentido, pues, no obra en el expediente prueba de que se esté dando tal situación, situación que sí violaría la libertad de expresión de quienes integran la comunidad universitaria.

Finalmente, la Sala comparte las razones de las decisiones de instancias, respecto del actor Fidel Vesga Díaz, expediente T-437.424, que denegaron la acción de tutela por falta de legitimidad del demandante, porque, realmente, en este caso, la falta de acreditar la calidad de estudiante de derecho, no es un asunto meramente procedimental sino de orden sustancial.

En consecuencia, se revocarán las demás decisiones objeto de estas acciones de tutela.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. En el expediente T-425.501, revocar la sentencia del Juzgado Segundo de Menores de Bucaramanga, de fecha veintidós (22) de diciembre de dos mil (2000), en la acción de tutela presentada por Cristian Alejandro Benítez Nieto contra la Universidad Industrial de Santander. En el expediente T-438.294, revocar la sentencia del Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga, de fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil uno (2001), en la acción de tutela presentada por Miguel Enrique Zequeda Garrido contra la misma universidad.

Para tal efecto, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, el rector de la universidad, si no se ha producido el nombramiento de director de la escuela de derecho y ciencia política, en la forma indicada en la parte motiva de esta sentencia, se comprometerá, acompañado de las directivas de la universidad y de los profesores responsables de la designación, a que las decisiones que se adopten por parte de quienes estatutariamente tienen la competencia para hacer la elección de director, según el artículo 54 del estatuto de la universidad, tengan en cuenta la opinión obtenida en forma democrática por la comunidad universitaria, y que si de tal opinión deben apartarse, suministren las explicaciones correspondientes ante la misma comunidad.

2. En el expediente T-437.424, confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Laboral, de fecha nueve (9) de febrero de dos mil uno (2001), en la acción presentada por Fidel Vesga Díaz contra la misma universidad.

Por secretaría general líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Alfredo Beltrán Sierra—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

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