Sentencia T-527 de noviembre 10 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

ATENCIÓN HOSPITALARIA

PACIENTES SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN

EXTRACTOS: «El presente debate gira en torno de estos hechos:

1. El menor P..., a causa de heridas sufridas en un accidente, fue atendido en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, de Cali.

2. El hospital le prestó todos los servicios médicos y quirúrgicos posibles, hasta el momento en que se consideró que nada más podía hacerse y que el paciente debía darse de alta.

3. La madre del menor, por su parte, se opone a la decisión de las autoridades médicas, y aspira a que aquél continúe hospitalizado indefinidamente, en forma gratuita.

4. Tanto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, como la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, deniegan la tutela. Dijo la Corte Suprema:

“2. Entendido así el alcance del derecho a la vida y la correlativa obligación de la sociedad para protegerla y garantizarla, es evidente para esta Corporación que en aquellos casos en que el servicio de salud sea necesario e indispensable para salvaguardar ese derecho se está en la obligación de prestarlo a personas necesitadas en los términos del artículo 13 de la Constitución, pero si como ocurre en el caso del que estos autos dan cuenta, se le da la orden de salida a un paciente de un centro hospitalario debido a que, clínicamente, se le han brindado los servicios requeridos y por ello se encuentra en condición “estable”, aunque con alimentación por sonda de por vida, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo expresado por personal especializado del hospital “el menor se encuentra en condiciones de regresar al entorno familiar y sólo requería del cuidado y afecto maternal”, mal puede sostenerse que en circunstancias tales persiste a cargo de dicho establecimiento hospitalario la obligación de continuar prestándole al mencionado menor asistencia de otra clase, cuando es lo cierto que tratamientos que requieran de hospitalización no son absolutamente indispensables”.

En conclusión: Por el aspecto fáctico habrá de confirmarse la sentencia de 2ª instancia que, a su turno confirmó la denegación de la tutela por el Tribunal de Cali.

5. La atención básica de la salud será gratuita y obligatoria para todos los habitantes.

Según el inciso 4º del artículo 49 de la Constitución, “La ley señalará los términos en los cuales la atención básica (de la salud) para todos los habitantes será gratuita y obligatoria”.

Hasta el momento, no se ha dictado la ley a que se refiere esta norma, para que no sea teórica la garantía de que trata el inciso 1º del mismo artículo 49: “Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”. Ley ésta que habrá de expedirse dentro del marco del Estado social de derecho y contemplando lo recursos fiscales necesarios.

6. La racional utilización de los recursos destinados a la salud.

El ejercicio de los derechos prestacionales consagrados en la Constitución, se subordina a la existencia de los recursos fiscales necesarios para la prestación de los servicios correspondientes, así sea parcial y progresivamente. Por esta razón, los recursos disponibles deben usarse en forma racional y equitativa.

Lo anterior sitúa la atención de la salud en su exacta dimensión: no existen los recursos para prestar un servicio eficiente a toda la población.

Partiendo de la insuficiencia descrita, es evidente que los recursos disponibles deben utilizarse en los casos en que realmente sea posible recuperar la salud. No tiene sentido el ocupar cuartos o camas de hospital con personas a quienes se han prestado todos los servicios posibles, sin que exista la esperanza de una mejoría en su estado de salud, pues al hacerlo se priva a otro de la atención que en su caso sí podría tener un resultado aceptable.

Otra cosa es que el Estado, en cumplimiento de la obligación que le impone el inciso final del artículo 13, proteja especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Y que la protección se pres-te en asilos, refugios o albergues, no en hospitales cuya función social es diferente.

No sobra distinguir, en este punto, que una cosa es la orden de salida del hospital, aspecto sobre el cual no existe discusión en cuanto a su procedencia, dada la condición “estable” e irreversible del paciente, y otra, el que eventualmen-te el menor tenga derecho a acceder a la prestación de los servicios médicos u hospitalarios, de acuerdo con las circunstancias, en la institución que, a juicio de quienes tienen la responsabilidad del paciente, sea la adecuada. Y si es en un hospital perteneciente al Estado, la atención será gratuita.

7. Situación concreta del menor.

Como ya se dijo, para la Sala es claro que el Hospital, de acuerdo con el concepto del equipo clínico, podía autorizar la salida del menor, pues dadas las condiciones del paciente, ya no se requerían los servicios que presta el centro hospitalario. Y, como se expresó, el hospital no puede cumplir las funciones de albergue, pues su función social es diferente.

Pero, en el caso concreto del menor P..., de 8 años de edad, hay que hacer también las consideraciones pertinentes, atendiendo especialmente a lo estipulado en el artículo 44, pues no es clara la situación física del niño.

En la historia clínica del menor, remitida por el hospital al Tribunal, se lee que al menor se le realizó traqueotomía, que su alimentación se realiza con sonda, etc. Pero no obra información sobre el estado concreto del niño.

Es decir, por una parte el director del hospital suministra una información muy general sobre las condiciones del menor, información que no es muy precisa, ya que señala una fecha muy alejada de la realidad, como la de ingreso del me-nor al hospital, y no especifica qué cuidados son los que deben ser suministrados por la madre, y si estos tienen que ser brindados en forma permanente por ella, de tal manera que no pueda continuar trabajando como lo ha venido haciendo, es decir, en casas de familia, lavando y planchan-do ropa ajena, o si puede dejar al niño por perío-dos de tiempo al cuidado de otra persona o solo.

Además, de la comunicación que obra en el expediente, folio 2 bis, de la Defensora de Familia, no se puede deducir que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar haya decidido tomar alguna medida de las que le habrían correspondido en el presente caso, ya que se limitó a señalar que se agotaron los recursos para ubicar al menor en un lugar apropiado, pero nada indica que vigilará que se cumplan los derechos del mismo, o que cooperará en este caso.

En razón de lo anterior, y atendiendo la situación concreta del menor, se solicitará la intervención del Instituto de Bienestar Familiar, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, inciso 2º, de la Ley 75 de 1968, adopte, en forma inmediata, las medidas pertinentes, que contribuyan a garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales del mencionado menor. En todo caso, por ser el menor un disminuido físico, según los artículos 13 y 47 de la Constitución, el Instituto, en ejercicio de sus competencias, deberá buscar que no quede expuesto a sufrir menoscabo su derecho al mínimo vital.

VIII. Conclusiones

— El Hospital Universitario del Valle Evaristo García podía expedir la orden de salida del menor P..., ya que los servicios médicos requeridos por el menor, le habían sido oportunamente suministrados. Además, el hospital no está en capacidad de asumir, en forma indefinida, la estadía de un paciente que ya no requiere los servicios médicos para su recuperación. No tiene sentido destinar una cama o un cuarto, con todo lo que ello implica, a quien puede estar en un lugar diferente al hospital, tal como el hogar o un instituto especial, impidiéndose así la atención a otros pacientes que tienen derecho a obtener los servicios hospitalarios.

— Pero sí se solicitará la intervención inmediata del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se informe de la situación del menor y adopte las medidas correspondientes, por considerar la Corte Constitucional que P... puede estar en una de las circunstancias que ameritan la intervención de dicho Instituto, todo de conformidad con lo estipulado en la Constitución sobre los derechos prevalentes de los niños, artículo 44».

(Sentencia T-527 de noviembre 10 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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