Sentencia T-529 de septiembre 18 de 1992 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

MALTRATOS CONYUGALES

PROTECCIÓN A LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA

EXTRACTOS: «Como la acción de tutela también procede contra particulares en los casos precisos señalados por la ley según lo dispone el artículo 86 de la Carta, adviértase que el Decreto 2591 de 1991 establece en su artículo 42 las distintas hipótesis en las que es admisible su ejercicio y entre ellas, para el caso de los estados de subordinación e indefensión frente a atentados contra la vida y la integridad de las personas naturales, el numeral 9º de este último dispone que puede intentarse: “cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela”.

Así las cosas, en el caso que se examina la Corte Constitucional encuentra que existe plena adecuación entre la norma aquí transcrita y los hechos objeto de la petición formulada, puesto que se trata de tutelar la vida y la integridad de una persona que ha sido puesta, por el ejercicio de la fuerza reiterada y habitual dentro de su lugar de residencia y en el ámbito familiar, en condiciones de indefensión respecto de quien se interpuso la acción.

e) Se trata en este caso concreto de un conjunto de relaciones de carácter doméstico en que el marido colocándose en situación de superioridad física, abusa de su presencia en el hogar y despliega la potencia de su habilidad adquirida para someter cualquier resistencia de la mujer; adviértase que esta situación se configura en el caso de la incapacidad material y física de detener por medios civilizados una agresión de tal índole que, como en el caso que se examina, pone en grave peligro la vida y la integridad personal de la agredida. La indefensión a que hace referencia la norma que se cita está constituida precisamente por la falta de defensa física o por la carencia de medios físicos para repeler la ofensa contra la vida o la integridad producida por una persona natural a la que se debe respeto, afecto y consideración.

En el caso de que se trata en la sentencia que se revisa, a peticionaria demuestra que tanto su derecho a la vida como a su integridad personal, en el aspecto de los tratos degradantes proscritos por la Carta, se encuentran efectivamente amenazados por la conducta violenta, habitual y continuada de su esposo y, por tanto se hace necesario decretar la tutela de aquellos derechos.

En efecto, ha sido probado que el esposo de la señora B... la maltrata de palabra y obra, la golpea, la insulta, la amenaza, la agrede verbal, física y moralmente, inclusive con el uso de armas contundentes, en público y en privado, y aún ante los hijos menores de su matrimonio y ante otros miembros de su familia. De lo anterior existe plena constancia en el expediente, pues, se repite, los testimonios debidamente recibidos de dos personas que conocen de la situación fundamento de la petición, no dejan duda de los graves riesgos que comporta para la vida de la peticionaria la conducta de su esposo, y de las graves violaciones a la integridad de la peticionaria causadas por el comportamiento de éste además, se probó efectivamente que el marido continuamente le aplica tratos inhumanos y crueles a la esposa.

De otra parte, la Corte encuentra que no asiste razón para aceptar el argumento sostenido por el Honorable Tribunal Superior de Pereira, según el cual la situación planteada por la petición se contrae a un asunto típicamente doméstico y familiar, para cuya resolución judicial están previstas las acciones correspondientes ante la jurisdicción de familia, lo cual en su opinión hace improcedente la acción de tutela; en efecto, los hechos narrados y probados muestran que el conflicto intrafamiliar fue desbordado con amplitud por las agresiones y los tratos indignos e inhumanos del marido, poniendo en grave peligro la vida de la mujer y violando ostensiblemente su derecho a la integridad personal. Así, el conflicto a que se refiere la sentencia que se revisa debe ser resuelto ante el juez competente de conformidad con las normas legales aplicables; empero, en la acción de tutela se trata de otro asunto el cual, aun cuando está relacionado con aquél es perfectamente autónomo para los fines del amparo constitucional.

Cabe advertir que esta distinción fáctica debe estar en la base del examen de la procedencia de la acción de tutela, pues, como se advirtió no es voluntad del constituyente refundir o confundir las acciones judiciales, ni mucho menos enervar las competencias ordinarias de los jueces.

Así, pues, la procedencia de la acción que es impetrada en sede de tutela en estos casos, debe medirse por la gravedad de la conducta violenta e inhumana y por su impacto sobre los derechos constitucionales fundamentales, que no pueden quedar desprotegidos en la espera de una resolución judicial que se contrae a decidir en principio sobre el conflicto intrafamiliar, las obligaciones recíprocas de naturaleza económica y jurídica entre los cónyuges y sobre lo que resulte en torno a los hijos; ocurre que el juez de familia se ocupa fundamentalmente de otro objeto y no de la protección inmediata del derecho a la vida y a la integridad física de las personas afectadas de modo inminente y grave por la fuerza violenta, habitual e irresistible de otra, dentro de la unidad doméstica tradicionalmente marcada por algunas indeseables diferencias de sexo, y por el sometimiento absurdo de una parte débil a otra más fuerte y abusiva, como es el caso que motiva estas actuaciones.

Igualmente, cabe señalar que tampoco es obstáculo para la procedencia de la acción de tutela la existencia de la vía penal que se surte también ante las autoridades judiciales especializadas, ya que éstas actúan en cumplimiento de sus funciones públicas, como que son titulares de la acción correspondiente de carácter punitivo y represor así, la jurisdicción penal conoce en este caso de las conductas específicas de lesiones personales o de las tentativas de homicidio, pero no de los específicos tratos inhumanos y degradantes a los que en este caso somete el marido a la mujer en el seno del hogar doméstico y familiar, y no conduce a su garantía inmediata y directa, que es el efecto directo de la orden de tutela.

Obsérvese que la orden de amparo por vía de las actuaciones en sede de tutela, no enerva ni obstruye las competencias de las autoridades penales de la rama judicial, pues éstas deben seguir el curso de las actuaciones que les asigna la acción pública de que son titulares ante la comisión de un delito o de una conducta punible, e incluso pueden llegar a ordenar las reparaciones que sean procedentes por vía de la acción civil y dentro del marco de la correspondiente responsabilidad. Tutelar el derecho constitucional fundamental a la vida que se encuentra amenazada y el derecho a la integridad personal que ha sido violado por uno de los cónyuges que coloca al otro en condiciones de indefensión, no comporta en este caso la exclusión de las competencias de los jueces penales, pues, en juicio de la Corte Constitucional ambas vías judiciales buscan fines diferentes y no son incompatibles. En estos casos la vía judicial ordinaria no alcanza a garantizar los derechos constitucionales, que se pretenden proteger por vía de la acción de tutela.

Por último, el Honorable Tribunal de Pereira advierte que tampoco es procedente la acción de tutela por cuanto en su opinión la existencia de las vías policivas para prevenir o precaver conductas como las que describe y prueba la peticionaria, excluyen la posibilidad de impetrar la acción de tutela; al respecto se observa que bien definida tiene la doctrina y la jurisprudencia la naturaleza de dichas acciones, que se surten ante las autoridades de policía a las que se les reconoce su carácter administrativo y no Judicial; por tanto, se destaca que no asiste razón en este aspecto a la sentencia que se examina, mucho más cuando lo que señala la Constitución como hipótesis de improcedencia de la acción de tutela es la existencia de otras vías judiciales ordinarias erigidas para proteger los derechos constitucionales que resultan vulnerados o amenazados.

Advierte la Corte Constitucional que en lo que se refiere a la concreta petición de expulsar o retirar del hogar doméstico al esposo de la peticionaria, debe tenerse en cuenta que a éste asiste el derecho de residir en su casa de habitación mientras no exista orden judicial. . en contrario, y que para poder decretar tal medida se hace necesario acudir ante los jueces competentes de familia o civiles ordinarios; además, tal como lo sostiene el Honorable Tribunal Superior de Pereira en principio los cónyuges tienen el deber de vivir juntos y la obligación de ser recibido el uno en la casa del otro hasta tanto no se ordene la separación de cuerpos y de bienes o se decrete el divorcio. En caso de conflicto como el que se señala en esta providencia, lo procedente es ordenar las medidas policivas y administrativas que correspondan a la gravedad de los hechos destacados y remitir copia formal de las actuaciones en sede de tutela ante los jueces que conocen tanto de la resolución de las obligaciones matrimonial es como de la conducta punible que resulte; también, en caso de la comisión de delitos, su juzgamiento, su sanción y las medidas que comprometan la libertad física, de circulación, de movimiento y de residencia del sujeto autor de la conducta, corresponde decretarlas al juez penal legalmente competente. En este sentido la Corte Constitucional ordenará a través del Tribunal Superior de Pereira que se remita copia formal del expediente y de esta sentencia a los despachos judiciales que estén conociendo del aspecto penal de la conducta del esposo de la peticionaria para que sea incorporada al material probatorio que obre en los procesos en curso. Igualmente, podría presentarse la hipótesis que no se haya formulado denuncio penal por distintas razones y que la conducta no esté siendo objeto del conocimiento de la jurisdicción correspondiente; en dichos casos lo procedente es que el juez de tutela de oficio comunique esta decisión judicial al funcionario penal competente.

Como las acciones policivas no son judiciales sino administrativas y lo que pretende el Constituyente es crear y poner en favor de todas las personas una vía judicial específica, sumaria y preferente con objetivos y fines también específicos, no existe fundamento para enervar la procedencia de esta última por la presencia de aquellas, que sólo son vías administrativas. Por el contrario, el juez que conoce de la tutela puede ordenar a dichos funcionarios, con todo el carácter y la fuerza de una decisión judicial de inmediato cumplimiento, que con sus recursos y capacidades legales hagan viable y efectiva en un caso concreto, la protección de aquellos derechos constitucionales que se hallan amenazados o vulnerados por la acción de un particular. Así habrá de ordenarlo esta Sala en la parte resolutiva de su providencia de revisión.

Téngase en cuenta, además, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de conformidad con sus competencias legales ordinarias está habilitado para tomar las medidas administrativas especiales de protección integral a la familia, y que en consecuencia dicha entidad debe hacerse parte tomando resoluciones y adelantando actuaciones enderezadas a garantizar la paz y la convivencia doméstica y la vida y la integridad de los miembros de la familia. Igualmente, dicha entidad es titular de varias competencias de impulsión de la función judicial en estas materias, que bien pueden contribuir a la tutela de los derechos constitucionales fundamentales. En estas condiciones, al decretarse la tutela se ordenará a dicha entidad administrativa que tome todas las medidas que sean conducentes dentro del amplio campo de sus competencias legales y reglamentarias para asegurar que los derechos amparados por esta providencia, sean efectivamente garantizados.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas, administrando Justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Revocar la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Superior de Pereira—Sala de Familia—en la que se decidió sobre la solicitud de tutela presentada por la señora B. . ., en el caso de la conducta de su esposo G...

2. TUTELAR los derechos constitucionales a la vida y a la integridad personal que reclama por medio de su representante judicial, la ciudadana B... contra su esposo G...

3. Ordenar que las autoridades de policía del Permanente Sur de la ciudad de Pereira, ejerzan dentro de sus competencias legales vigilancia permanente sobre la conducta del citado G... contra quien se adelantó la acción de tutela de la referencia para la efectiva protección de los derechos constitucionales a la vida y a la integridad personal de la señora B.... Igualmente dichas autoridades deben prestar la mayor y más eficaz atención a las solicitudes de apoyo de la señora B... ante la conducta agresiva de su esposo.

4. ORDENAR a las autoridades competentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la Regional Risaralda que adelanten todas las medidas de protección a los derechos constitucionales a la vida y a la integridad personal de la señora B..., ante la conducta de su esposo y cuyas condiciones personales aparecen referenciadas en el expediente.

5. Ordenar que para los efectos que sean del caso, por el Honorable Tribunal Superior de Pereira se remita copia de esta sentencia y de todo el expediente a los despachos judiciales donde se adelantan las acciones penales y de familia en las que son partes B... y G....

6. El Tribunal Superior de Pereira informará a esta Corte Constitucional sobre el cumplimiento de lo ordenado en la presente sentencia.

7. Comuníquese la presente decisión al Despacho Judicial de origen para que sea notificada conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase.»

(Sentencia T-529 de septiembre 18 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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