Sentencia T-531 de octubre 21 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Ref.: Expediente T-133659

Peticionario:

Julio Ramón Murcia Forero

Magistrado Ponente:

Dr. Antonio Barrera Carbonell

Santafé de Bogotá, D.C., octubre veintiuno (21) de mil novecientos noventa y siete (1997).

2. Delimitación del ámbito de competencias de las autoridades de policía y de la justicia ordinaria en materia de servidumbres.

Esta Sala en la sentencia T-048 de 1995(1) analizó extensamente el problema relativo al amparo policivo dirigido a hacer efectivo el derecho al ejercicio de una servidumbre, en los siguientes términos:

“La providencia del 14 de enero de 1992, proferida por la secretaria de gobierno de Santa Marta puso fin a un juicio de amparo policivo, que el código de policía instituye como un mecanismo preventivo dirigido a restablecer el poder de hecho que el poseedor o tenedor ejerce sobre un bien inmueble o mueble, o específicamente en una servidumbre (arts 125 y 128), sin que importe en cada caso concreto la valoración jurídica relativa al derecho real o personal que el actor pudiera tener (propiedad, uso, usufructo, servidumbre, arrendamiento, etc).

En el “amparo policivo” no se discute ni decide por tanto, sobre la fuente de derecho que protege al actor o a sus contradictores (art. 126), por lo que el debate se limite exclusivamente a preservar o a restablecer la situación de hecho al estado anterior (statu quo) a la perturbación o a la pérdida de la posesión o tenencia del demandante sobre el bien. Ese es el sentido con que se regula por el artículo 125 del código de policía la figura del amparo. Así se expresa en esta norma: “la policía sólo puede intervenir para evitar que se perturbe el derecho, para restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación.

En este orden de ideas, el amparo policivo cobija sin distinción todas la especies de servidumbres (continuas, discontinuas, aparentes e inaparentes), sin excluir aquellas que solamente pueden adquirirse por medio de un título–discontinuas y continuas inaparentes– porque la necesidad o exigencia de la protección no la constituye el virtual derecho real existente de la protección no la constituye el virtual derecho real existente sobre el inmueble, sino su ejercicio como simple expresión material de manifestación o efecto externo; por lo tanto, en caso de usurpación, negación o perturbación en el goce de una servidumbre es procedente el amparo policivo con la finalidad de restablecer la situación o las cosas al estado en que se hallaban antes del despojo o perturbación por la actividad de un tercero. Es por ello que el artículo 128 del código de policía al referirse a la circunstancia de “amparo el ejercicio de una servidumbre”, no advierte nada sobre la protección del derecho real que ella eventualmente conlleva.

Sólo frente al juez competente puede plantearse el debate en torno al derecho sustancial en conflicto, es decir, sobre la titularidad del respectivo derecho real o personal (propiedad, posesión, tenencia en debida forma, etc), cuando aquél conozca del proceso a que de del lugar el ejercicio de la correspondiente pretensión procesal.

Este era el ámbito propio de la competencia de las autoridades de policía, como quedó explicado por esta sala en la aludida sentencia T-048 de 1995, por consiguiente, no les era dable a dichas autoridades penetrar en el análisis y decisión sobre la existencia jurídica o no de la servidumbre de tránsito, como evidentemente lo hicieron, al resolver las querellas con fundamento en un estudio exhaustivo de las disposiciones del Código Civil, que las llevaron a concluir que Julio Ramón Murcia Forero no era titular válido de un derecho de servidumbre.

Al proceder como lo hicieron las aludidas autoridades de policía, violaron el derecho al debido proceso, en la medida en que usurparon la competencia que corresponde a la justicia civil ordinaria sobre la solución de las controversias jurídicas relativas a servidumbres.

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