Sentencia T-534 de septiembre 24 de 1992 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

SOLDADOS

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

EXTRACTOS: «En el caso sub-lite, el soldado Moreno Delgado obró dentro de los postulados del principio de la buena fe al momento de ingresar a prestar el servicio militar obligatorio y durante el tiempo en que estuvo en filas. La buena fe se le presume a los particulares en las actuaciones que ellos realicen ante las autoridades.

Durante su permanencia en el batallón militar, el actor se quejó constantemente de fuertes dolores sin que las respectivas autoridades médicas hubiesen podido determinar las causas de los mismos, limitándose al suministro de calmantes ordinarios. Las cosas llegaron a un grado tal, que el peticionario se vio en la necesidad de acudir a consultas médicas particulares que permitieron descubrir la verdadera causa de sus males. Es claro que el soldado Moreno Delgado ignoraba tanto la enfermedad que lo aquejaba como la época en que la contrajo y que no se propuso en ningún momento engañar a sus superiores. Obró pues de buena fe.

3. La salud y seguridad social del soldado

Consta en el expediente la práctica de varios exámenes médicos al peticionario, los cuales no pudieron determinar el verdadero estado de su salud. Asimismo, visitó con bastante frecuencia al dispensario médico del batallón, en busca de alivio a su enfermedad, ya que a medida que pasaban los días y se hacían más intensos los entrenamientos militares, se deterioraba notoriamente su condición física.

En estas circunstancias, el actor tuvo que acudir a servicios médicos particulares, durante el goce de su licencia, y fue así como los médicos lograron descubrir el cáncer mediante exámenes de radiografías y tomografías computarizadas.

Por todo lo anterior, esta Corte acoge las observaciones formuladas por el Tribunal Superior de Cúcuta acerca de la grave negligencia de los servicios médicos del “Batallón de apoyo y servicio para el combate” Nº 5 “Mercedes Abrego” la cual condujo a que el peticionario fuera obligado a realizar las habituales prácticas de “terreno” cuando es lo cierto que su delicada condición de salud exigía cuidados especiales cuya ausencia ha sido causa determinante de su actual agravación.

Como seres humanos dignos que prestan un servicio a la patria, los soldados de Colombia tienen derecho a esperar que el Estado les depare una atención médica oportuna y adecuada, sin eludir responsabilidades mediante consideraciones que ponen en tela de juicio la buena fe del ciudadano que la Constitución presume.

La actitud de los superiores del soldado Moreno Delgado es aún más reprochable si se repara en que la agravación de sus actuales dolencias es fruto de una grave deficiencia de los servicios médicos del batallón, incapaces como fueron desde un principio para diagnosticar acertadamente las dolencias del peticionario, negligencia que se reitera, condujo al deterioro de sus condiciones físicas.

Por eso lo justo ahora no es negarle la atención que requiere un soldado —porque eso fue el peticionario, pese a no haber prestado aún el juramento de bandera que es tan solo un acto simbólico—.

Lo justo entonces es que el Estado repare su culpa y le brinde la atención médica especializada que su caso requiere, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La presente decisión no excluye la posibilidad de que el peticionario reclame oportunamente las eventuales indemnizaciones ante las autoridades competentes.

De otra parte, esta Corte ha reconocido que la seguridad social y la salud son derechos fundamentales y que tienen una evidente incidencia en la prolongación de la vida. En este sentido se ha pronunciado la Sala Segunda de Revisión:

“El derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la Constitución como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho establecido de forma genérica en el artículo 48 de la Constitución, y de manera específica respecto de las personas de la tercera edad (C.P. art. 46 inc. 2º), adquiere el carácter de fundamental, cuando, según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida (C.P. art. 11), la dignidad humana (C.P. art. 1º), la integridad física y moral (C.P. art. 12) o el libre desarrollo de la personalidad (C.P. art. 16)...” (el subrayado es nuestro)(4).

(4) Cfr. Sentencia Corte Constitucional Nº T-426. Sala Segunda de Revisión.

El soldado colombiano tiene como ciudadano y como servidor de la patria títulos suficientes para que en todo caso, pero particularmente cuando su salud se resienta por actos u omisiones del Estado, se le respete su derecho a que el gobierno le suministre la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y los servicios odontológicos y farmacéuticos en los lugares y condiciones científicas que su caso exija.

III. Conclusión

Como persona y ciudadano colombiano, el soldado es portador de una congénita dignidad que lo hace acreedor a recibir del Estado atención eficaz y pronta de su salud y su vida, desde el momento mismo que es reclutado y puesto a disposición y órdenes de sus inmediatos superiores. La ausencia de ceremonias simbólicas no puede ser alegada como eximente, menos aún cuando el soldado presta sus servicios a la patria de la mejor buena fe.

Dentro de este contexto, todo examen médico de aptitud para el reclutamiento debe ser científicamente serio y exhaustivo para evitar resultados que puedan perjudicar la salud y la vida de candidatos en edad de ingresar al servicio militar.

Esta Corte no puede premiar la omisión del Estado en detrimento de la salud y la vida de su juventud. Por tanto, concederá la tutela impetrada por el peticionario para proteger sus derechos constitucionales fundamentales vulnerados.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

1. Por las razones expuestas en la parte resolutiva de la presente sentencia CONFIRMAR la providencia del Tribunal Superior de Cúcuta del 28 de abril de 1992, en el proceso de tutela promovido por Jorge Alexander Moreno Delgado.

2. ORDENAR que el comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional con sede en Bucaramanga disponga en el plazo de 48 horas todo lo concerniente al traslado y reclusión del peticionario en el Hospital Militar de Santafé de Bogotá a fin de que reciba la atención médica que su salud requiere, en condiciones dignas y por todo el tiempo necesario.

3. ORDENAR a la Quinta Brigada del Ejército Nacional que le expida la tarjeta militar al peticionario sin costo alguno.

4. En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que la salud de un soldado se haya visto afectada por acción u omisión del Estado, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá CARÁCTER OBLIGATORIO para las autoridades, en los términos del artículo 23 del Decreto 2067 de 1991».

(Sentencia T-534 de septiembre 24 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Ciro Angarita Barón).

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