Sentencia T-537 de noviembre 29 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

REINTEGRO AL CARGO

CUMPLIMIENTO POR TUTELA

EXTRACTOS: «En numerosas sentencias proferidas por las salas de revisión de tutelas de la Corte se ha expresado de manera uniforme que la acción de tutela sólo es procedente a falta de otro medio alternativo de defensa judicial que sea idóneo y eficaz para la protección del derecho fundamental que se estima vulnerado o amenazado. Por consiguiente, aun cuando exista otro medio de defensa judicial es procedente la tutela cuando éste no resulte ser idóneo o eficaz o no posea la misma efectividad o virtud de la tutela para asegurar la protección del derecho.

Es evidente, que en el presente caso el peticionario de la tutela formalmente posee un medio alternativo de defensa judicial para obtener el cumplimiento de las sentencias que ordenaron su reintegro al cargo y el pago de sus acreencias laborales de naturaleza económica, como es el correspondiente proceso ejecutivo laboral para hacer efectiva la obligación impuesta en las sentencias a la Empresa de Licores del Chocó de reintegrar al demandante a su cargo, y demandar en forma subsidiaria la indemnización de perjuicios, e igualmente, demandar el pago de las sumas de dinero adeudadas por concepto de salarios.

Aprecia la Sala, que la utilización del medio alternativo de defensa judicial no resulta idóneo en el presente caso, por las siguientes razones:

— El reintegro al cargo de un empleado que debe efectuar la administración por orden judicial (justicia ordinaria laboral o contencioso administrativo), puede hacerse efectivo a través de un proceso ejecutivo laboral por obligación de hacer, conforme a los arts. 2º, 100, y siguientes del CPL, en concordancia con los arts. 493, 495 y 500 del Código de Procedimiento Civil. El demandante puede solicitar en la demanda subsidiariamente que la ejecución prosiga por los perjuicios compensatorios en caso de que el deudor (la administración) no cumpla con la obligación de reintegrar en la forma ordenada por el mandamiento ejecutivo; pero no podrá solicitar “que se autorice la ejecución del hecho por un tercero a expensas del deudor”, según el numeral 3º del art. 500 ibídem, porque ello no es posible en virtud del principio de legalidad; la competencia que es privativa de la administración en este caso no es susceptible de ser ejercida por un tercero(1).

Significa lo anterior, que la obligación principal de la administración de reintegrar al cargo al empleado se compensa o subroga con el pago de una indemnización de perjuicios y, por consiguiente, quedan sin protección los derechos fundamentales del empleado que se vinculan con las circunstancia de que efectivamente acceda al empleo y permanezca en el mismo (arts. 25 y 53 de la C.P.) y que se cumpla por la administración la sentencia judicial.

— El reintegro al cargo constituye la obligación principal de la administración, pues la reinstalación en el empleo se erige en la causa y la condición para el pago de los salarios dejados de devengar. Es así como la fecha en que el mismo se produce sirve para determinar con exactitud el período dentro del cual se deben liquidar estos.

Aun cuando podría pensarse válidamente que es posible entablar la ejecución por el pago de las sumas de dinero adeudadas por concepto de salarios, la jurisprudencia laboral y especialmente la del Tribunal Superior de Bogotá ha sido vacilante, porque en algunos casos se ha pronunciado en el sentido de que no procede la ejecución para el pago de dichos salarios si previamente no se ha producido el reintegro. De otra parte, no aparece práctico ni razonable someter al interesado al viacrucis de estar tramitando periódicamente procesos ejecutivos para obtener el pago de los salarios, cuando la administración dilata el cumplimiento de la obligación de reintegrar.

— Se justifica la prevalencia de la acción de tutela frente al medio alternativo de defensa judicial, porque el cumplimiento de las sentencias judiciales en mención asegura la efectividad de los derechos al trabajo, y a la igualdad y al acceso a la justicia del peticionario y comporta la vigencia de la exigencia que se hace a la administración por el art. 209 de la Constitución Política de obrar conforme a los principios de igualdad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad y hacer realidad el principio de acceso a la justicia, en el sentido de que no sólo es importante obtener de ésta la actuación favorable a una pretensión sino obtener el cumplimiento material de la sentencia».

(Sentencia T-537 de noviembre 29 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

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