Sentencia T-543 de noviembre 23 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

RESPETO A LA AUTONOMÍA PERSONAL

EN ASUNTOS SOBRE ESTADO CIVIL Y RELACIONES DE PAREJA

EXTRACTOS: «Ya se ha visto que, dada la existencia de otros medios de defensa judicial y puesto que no se configuraba un perjuicio irremediable para los derechos constitucionales del demandante, la acción de tutela resultaba improcedente.

Ello no impide que la Corte, por razones de pedagogía constitucional (artículo 41 C.P.), formule algunas advertencias en torno a la protección jurídica de la libertad individual y la privacidad de las personas, ya que el motivo de la controversia planteada consistió en el veto impuesto por un club social a la segunda esposa de uno de sus asociados.

Los artículos 1º y 5º de la Constitución consagran el principio del respeto indiscriminado a la dignidad de la persona, mientras el 13 ibídem desarrolla el postulado de la igualdad, que en últimas implica el reconocimiento de que, pese a las diferencias accidentales entre los seres humanos, todos, por el hecho de serlo, tienen en común características esenciales por cuya virtud merecen la misma consideración y trato, sin distinciones injustificadas provenientes de origen, nacionalidad, raza, sexo, estirpe, opinión política o filosófica, credo religioso, nivel social o económico.

De la dignidad humana se deducen, entre otros, los derechos inalienables a la intimidad y a la libertad, que tiene una de sus más importantes expresiones en la autonomía personal o libre desarrollo de la personalidad.

La decisión de optar entre el estado civil de casado, separado o divorciado, así como la relativa a la escogencia entre la opción matrimonial y la unión permanente, corresponde única y exclusivamente a la pareja, tal como resulta del artículo 42 de la Carta Política. Ni el Estado ni los particulares pueden interferir en las determinaciones que las personas adopten en esa materia, según sus propias necesidades y conveniencias.

En este campo, como en todos los que conciernen a la vida privada, ninguna institución, ni pública ni particular, puede erigirse en autoridad para desestimar o desconocer las decisiones autónomas de un individuo respecto de la unión amorosa, sentimental, matrimonial o de convivencia familiar que desee establecer.

Lo anterior significa que, si una persona casada decide libremente acogerse a la normatividad para poner fin al vínculo establecido con otra y, también en ejercicio de su libertad, resuelve establecer un nuevo lazo afectivo, bien sea matrimonial o de unión permanente, nadie extraño a los interesados puede legítimamente controvertir esa decisión, ni descalificarla. La nueva esposa o compañera, o el nuevo esposo o compañero, tienen derecho a su condición mientras el establecimiento del nuevo vínculo no vulnere las normas legales pertinentes y, en caso de que esto último acontezca, queda en manos del juez competente la imposición de las sanciones a que haya lugar, según las reglas que la legislación tiene previstas para sancionar conductas como la bigamia.

La ausencia de este respeto a la autonomía vulnera no solamente el libre desarrollo de la personalidad sino el derecho a la intimidad.

En ese orden de ideas, se puede pertenecer a instituciones educativas, empresas, asociaciones o sociedades sin que el vínculo correspondiente ni en el trato dado al individuo dentro de ellas pueda depender de situaciones surgidas por razón del libre ejercicio de su derecho a mantener el vínculo matrimonial o la unión permanente con una determinada pareja o de instaurar ese tipo de relaciones con otra».

(Sentencia T-543 de noviembre 23 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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