Sentencia T-550 de julio 13 de 2012

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

Ref.: Expediente T-3387538

Magistrado Ponente:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Acción de tutela instaurada por Federico José Linero Mesa contra la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Procedencia: Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá.

Bogotá, D.C., trece de julio de dos mil doce.

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente

Sentencia

En la revisión del fallo único de instancia dictado por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá, dentro de la acción de tutela incoada por Federico José Linero Mesa contra la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, en adelante Universidad del Rosario.

El asunto llegó a esta Corte por remisión que hizo dicho despacho judicial, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991; la Sala Segunda de Selección, por auto de febrero 28 de 2012, lo eligió para revisión.

I. Antecedentes

Federico José Linero Mesa promovió acción de tutela en diciembre 13 de 2011, contra la Universidad del Rosario, aduciendo violación de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a expresar y difundir los propios pensamientos y opiniones y al trabajo, por los siguientes hechos.

A. Hechos y relato contenidos en la demanda.

1. El accionante indicó que en febrero de 2006 se matriculó en la facultad de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario (fl. 50 cdno. inicial).

2. Señaló que en julio 4 de 2009 “olvidé colocar unas referencias de autor en un trabajo curricular de la asignatura política exterior colombiana”, por lo cual fue acusado de plagio y sancionado por el consejo disciplinario de la universidad, “con matrícula condicional durante el resto del programa y con asistir al taller ‘Evita el plagio y la copia’”, sin precisar las fechas para cursarlo, según refirió (fl. 50 ib.).

3. La secretaria académica de la Universidad del Rosario, Mariana Ruiz Tonelli, le informó en octubre de 2011, que el proceso de grado quedaba suspendido, hasta tanto presentara el taller. Por tal razón, envió una solicitud de plazo para realizarlo, pero fue rechazada, argumentando que la petición era extemporánea (fl. 50 ib.).

4. Mencionó que en razón a lo anterior realizó comentarios en su cuenta de Facebook, dirigidos a sus amigos de la red social, donde mostraba su inconformidad con la decisión de la secretaria académica y “la indiferencia de los altos directivos como el rector y decano a mi situación pues se estaba estropeando mi proceso a la graduación”. Agregó que al ser leídos por la señora Ruiz Tonelli y otros vinculados a la universidad, fue notificado en diciembre 7 de 2011 de la apertura de un proceso disciplinario (fl. 50 ib.).

5. Afirmó que presentó excusas por escrito al rector y a la secretaria académica y asistió al consejo disciplinario, donde “expresé mis razones y aclaré que no escribí mensaje pública directamente al de la cuenta del rector…” (sic). Sin embargo, “fui notificado de la expulsión de la institución con el argumento ‘por ser ética y moralmente incorrecto para pertenecer a ésta y que mi buen desempeño académico no tenía relevancia para el caso” (fl. 51 ib.).

6. De esa manera, solicitó la protección de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a expresar y difundir los propios pensamientos y opiniones, al trabajo y que se ordenara a la universidad accionada “la debida autorización para mi grado al título de relaciones internacionales” (fl. 51 ib.).

B. Documentos relevantes cuya copia obra en el expediente.

1. Citación de diciembre 6 de 2011, dirigida por la delegada del consejo de asuntos disciplinarios al accionante, donde le informó la apertura del proceso disciplinario (fl. 1 ib.).

2. Apertura de proceso disciplinario Nº 138 de diciembre 2 de 2011 en contra de Federico José Linero Mesa (fls. 2 a 4 ib.).

3. Carta de noviembre 25 de 2011 dirigida por el decano de las facultades de ciencia política y gobierno y de relaciones internacionales al consejo de asuntos disciplinarios de la Universidad del Rosario, en la cual les informa que esa decanatura “ha recibido unos documentos que contienen expresiones hechas públicas en las redes sociales de internet y que se refieren en términos ofensivos al rector del claustro, a la secretaria académica de nuestras facultades y a la universidad misma” (fl. 6 ib.).

4. Historia académica del accionante (fls. 7 a 11 ib.).

5. Carta de diciembre 9 de 2011 dirigida por el accionante a la secretaria académica de la facultad de ciencia política y relaciones internacionales, Adriana Ruiz Tonelli, expresándole (trascripción textual, fl. 12 ib.):

“Estimada doctora.

Reciba usted un cordial saludo. El motivo por el cual me dirijo a usted en esta carta es para pedir excusas por los comentarios realizados en la red social ‘Facebook’ en donde la ofendí a usted y asimismo a la facultad a la que pertenezco.

Los motivos por los cuales obré de esta forma fue una difícil situación personal por la cual actué de forma irracional y efusiva promulgando en un muy mal lenguaje mis opiniones al respecto de mi situación frente al proceso de grado en el cual me encuentro. Cuestión que es reprochable desde cualquier punto de vista.

Finalmente me dirijo a usted de la forma más amable para que cualquier inquietud respecto de mi proceso de grado me sea informado a tiempo”.

6. Carta de diciembre 9 de 2011 dirigida por el actor al rector de la Universidad Hans Peter Knudsen, en la cual manifiesta (fl. 13 ib.):

“Estimado Rector.

Reciba usted primeramente un cordial saludo. El motivo por el cual escribo esta carta es para pedirle a usted las más sinceras disculpas por los comentarios realizados en la red social ‘Facebook’ en los cuales ataqué públicamente a la universidad, la facultad a la que pertenezco (ciencia política y gobierno y relaciones internacionales) y a usted mismo como máxima autoridad de esta amada institución.

Los motivos por los cuales obré de esta forma es una difícil situación personal, en la cual impulsivamente me dejé llevar por la ira y el descontrol del momento; hace alrededor de un año que no tengo empleo, mi familia económicamente ha tenido ciertas dificultades y mi proceso de grado se ha visto interrumpido varias veces. Pero esta situación no justifica como actué ni como me dirigí a las autoridades de esta universidad.

Finalmente quiero decir que a pesar de las pequeñas diferencias que encuentro en su gestión como rector, estas podrían ser expuestas en un ambiente de cordialidad y respeto, y no en un tono tosco e impulsivo como lo fue el utilizado por mi persona. Asimismo ofrezco nuevamente mis más sinceras disculpas y reitero el profundo amor por esta mi alma mater”.

7. Monografía de grado del actor, con las anotaciones respectivas sobre el plagio realizado (fls. 14 a 45 ib.).

8. Contenidos de la red social Facebook, observados en el perfil del decano de la Universidad del Rosario, Hans Peter Knudsen, que contienen las siguientes afirmaciones (fls. 48 y 49 ib.):

“Señor, ¿a usted le parece justo que a una persona que ha entregado la vida en la universidad, que ha sido referente por su dedicación y sus proyectos, sea expulsado por rencillas personales por la secretaria académica de la facultad de relaciones internacionales? ¿Esa es la clase de personas que ud se permite contratar? ¿Ese es el ejemplo que ud quiere dar a los estudiantes? ¿Será que por eso estamos en el puesto 16 de las universidades del país?

Creo que ud debe dejar de pensar esto como una empresa y empezar apoyar y respetar a los estudiantes.

No necesitamos más placebos

¿Si al fin me logro graduar no sé si darle la mano a Hans o escupirle la cara?

Si me llaman de la universidad a decirme nuevamente que me falta algo para graduarme, esa perra hp de la directora académica me va a oír!!!”

9. Decreto rectoral Nº 948 de enero 11 de 2007, por el cual se adopta el régimen disciplinario único de la Universidad del Rosario (fls. 64 a 69 ib.).

10. Decreto rectoral Nº 826 de octubre 5 de 2004, por el cual se adopta el reglamento académico de pregrado de la referida universidad (fls. 70 a 79 ib.).

11. Proceso disciplinario Nº 138 de 2011 del accionante (fls. 80 a 110 ib.).

12. Decisión del proceso disciplinario Nº 138/11 emitida en diciembre 12 de 2011 y mediante la cual se dispone (fls. 90 y 91 ib.):

“En relación con la dosificación de la sanción, la falta en estudio se considera gravísima conforme a lo previsto en los numerales 8º y 14 del artículo sexto del régimen disciplinario único de la universidad en concordancia con los numerales 2º y 7º del artículo 75 del reglamento académico de pregrado, y adicional y especialmente por las siguientes dos (2) razones:

En primer lugar, porque se observa que la conducta del estudiante fue deliberada e intencional, porque si sus justificaciones fueran reales, hubiese acudido voluntariamente y de inmediato ante las autoridades de la Universidad para revertir el error y presentar excusas, por el contrario, sólo es hasta después que se da la apertura del proceso disciplinario y que él se notifica del mismo que reconoce lo que hizo y procede a excusarse por su comportamiento. En este sentido, si bien es cierto, reconoce su falta, no se tiene este acto como confesión de la falta y por lo tanto como atenuante.

En segundo lugar, se observa como agravante que el estudiante tiene antecedentes disciplinarios, toda vez que fue sancionado en el año 2009 por haber cometido falta gravísima de plagio, y máxime en el caso actual, cuando los hechos que dieron origen a su comportamiento irrespetuoso en la red social, tuvieron como motivo el hecho de que él no había cumplido con una parte de la sanción disciplinaria impuesta en el proceso anterior, razón por la cual no estaba al día en los requisitos para programar su fecha de grado por parte de la facultad.

En vista de lo considerado, y de conformidad con la gravedad de los hechos motivo del presente proceso disciplinario, en consejo de asuntos disciplinarios en audiencia del doce (12) de diciembre de dos mil once (2011), resuelve sancionar al estudiante como a continuación se dispone:

RESUELVE

PRIMERO. Imponer al estudiante Federico José Linero Mesa la sanción de EXPULSIÓN de la universidad, a partir de que quede en firme la presente decisión.

SEGUNDO. Acoger como MEDIDA PREVIA, mientras se agota el proceso disciplinario y queda en firme la presente decisión, conforme a la facultad dispuesta en el artículo décimo primero del Decreto rectoral 948 de 2007 —régimen único disciplinario— la SUSPENSIÓN del estudiante a partir de la fecha hasta cuando se haga efectiva la sanción impuesta en el artículo anterior.

TERCERO. Una vez notificada la presente decisión, contra la misma procede el recurso de apelación ante el consejo académico de las facultades de ciencia política y gobierno y de relaciones internacionales dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la presente comunicación”.

13. Disco compacto con el sonido de la audiencia realizada en diciembre 12 de 2011, en el proceso disciplinario Nº 138/11 en contra del actor (fl. 111 ib.).

D. Respuesta de la Universidad del Rosario.

Mediante escrito presentado en enero 12 de 2012(1), el apoderado general de la universidad pidió negar la tutela, al indicar (fls. 112 a 123 ib.):

“El estudiante Federico José Linero Mesa fue sujeto de proceso disciplinario al interior de la universidad, bajo el número de Expediente 138 de 2011, en virtud del cual se impuso sanción disciplinaria de expulsión por falta gravísima.

Hechos: Mediante formato de solicitud de apertura de proceso disciplinario el decano de las facultades de ciencia política y gobierno y relaciones internacionales, Dr. Eduardo Barajas Sandoval, envía la siguiente documentación: 1) Comunicación del 25 de noviembre de 2011 suscrita por él, mediante la cual informa al consejo de asuntos disciplinarios que ha recibido unos documentos que contienen expresiones hechas públicas en las redes sociales de internet y que se refieren en términos ofensivos al rector de claustro, a la secretaria académica de las facultades y a la universidad misma. Anexa a la comunicación copia de los pantallazos de las publicaciones en la red social Facebook.

Apertura: Mediante auto de fecha dos (2) de diciembre de 2011 se resuelve la apertura del proceso disciplinario bajo el Nº 138 de 2011 y fija como fecha para la audiencia preliminar el doce (12) de diciembre de 2011 a las 7:30 am.

La calificación preliminar… fue: Atentar contra el buen nombre de la universidad o utilizarlo de forma indebida o sin la respectiva autorización (Decreto rectoral 948 de 2007 artículo sexto numeral 8º); violación gravísima a los deberes de los estudiantes (Decreto rectoral 948 de 2007 artículo sexto numeral 14), entre los cuales está respetar a las autoridades de la universidad, a los profesores, a los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria y obrar de conformidad con la moral, las buenas costumbres y los usos sociales de buen comportamiento. (Art. 75 del Decreto rectoral 826 de 2004, mediante el cual se adopta el reglamento académico pregrado).

Notificación: El auto de apertura fue notificado personalmente al estudiante el 7 de diciembre, como aparece en la hoja de firmas.

Audiencia preliminar y descargos: El 12 de diciembre de 2012, se surte audiencia preliminar por parte del consejo de asuntos disciplinarios, a la cual se hace presente el estudiante, a quien se le escucha en descargos verbales y aporta escrito mediante el cual presenta disculpas al rector y la secretaria académica, esta última ya obraba en el expediente según memorando 102/07-2015.

Decisión primera instancia: En la misma audiencia preliminar del 12 de diciembre de 2011, con base en las pruebas aportadas con la solicitud de apertura y las documentales aportadas por el estudiante, los miembros del consejo procedieron a adoptar la decisión de sancionar disciplinariamente al estudiante con la mencionada expulsión, conforme a los dispuesto en el artículo tercero numeral 2º del Decreto 948 de 2007.

Para esta decisión, conforme al artículo tercero numeral 2º, artículo sexto numerales 8º y 14 y artículo décimo numeral 1º, se considero la comisión de una falta gravísima y bajo el agravante de que el estudiante tiene antecedentes disciplinarios, se dispuso la sanción de expulsión.

La decisión fue comunicada verbalmente al estudiante en la misma audiencia, aclarándole que la misma sería notificada por escrito en los próximos días…

Notificación: La secretaria de la facultad se comunicó telefónicamente con el estudiante quien informa que no se hará presente a notificarse y la madre del mismo se comunica para informar que no firmara ninguna citación y que lo harán a través de apoderado. El 14 de diciembre de 2012 se envía citación al estudiante para notificación (soporte de envío de Servientrega en el cual se registra que la señora Constanza Edith González informa que se encuentran viajando).

De acuerdo al procedimiento del artículo décimo quinto, ha sido imposible la notificación personal y por correo, razón por la cual se procederá al envío de correo certificado y de no ser posible por este medio, a fijar edicto. Por lo anterior, la decisión disciplinaria en la fecha no se encuentra aún en firme y ejecutoriada.

En cumplimiento del numeral 4º del artículo 97 del reglamento de pregrados, Decreto rectoral 826 de 2004, al estar en curso un proceso disciplinario en trámite de notificación de la decisión disciplinaria adoptada, el estudiante no se encuentra a paz y salvo ante el consejo de asuntos disciplinarios de esta universidad.

De acuerdo a lo expuesto hasta el momento, el accionante fue investigado y sancionado conforme al proceso disciplinario de la universidad, y no le es dado revivir por vía de acción de tutela aspectos de fondo relacionados con el valor probatorio y la decisión adoptada en primera instancia, como si la acción de tutela fuera una tercera instancia, cuando el mismo tuvo la oportunidad procesal de controvertir las pruebas existentes en la audiencia preliminar y no lo hizo”.

Agregó el apoderado de la universidad que al actor se le garantizaron las oportunidades de defensa y contradicción dentro del proceso, tanto así que se encuentra en curso el trámite de una apelación interpuesta por su representante contra la decisión tomada. Por otro lado, señaló que no le es dado al actor argumentar la violación al derecho a la educación y al trabajo, puesto que su condición académica y disciplinaria actual no se debe a la discrecionalidad de la universidad, sino al resultado de la falta disciplinaria cometida y al debido proceso surtido, en aplicación a los reglamentos.

Indicó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad “implica una concepción del estudiante como un ser racional, capaz de desplegar su propia libertad, respetando los espacios institucionales, las autoridades académicas y eventos académicos que todo estudiante le está restringido vulnerar, por motivos de disciplina, formación, buenas costumbres y convivencia pacífica”.

Mencionó que la universidad, dentro de su autonomía, está legitimada para indicar “el ámbito justificado de interferencia” de los estudiantes dentro de la institución. Por ello, el ejercicio de su libertad “no es infranqueable a la hora de exigirles conductas de comportamiento y respeto, mientras hagan parte de la comunidad rosarista”. Finalmente, resaltó que el actor no puede “salir exento frente al irrespeto y vulneración de los derechos de otras personas”.

E. Sentencia única de instancia.

El Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá, mediante fallo de enero 18 de 2012, negó el amparo de los derechos reclamados por el actor, al estimar que “el estudiante debe agotar los mecanismos de defensa que aún tiene a su disposición, que es el de interponer los recursos de conformidad con el numeral 7º del artículo 96 del Decreto rectoral 826 de 2004” (fl. 130 ib.).

F. Pruebas allegadas en sede de revisión.

Mediante escrito recibido en julio 10 de 2012 por la secretaría general de esta corporación, se remitió copia de la apelación interpuesta por la apoderada del accionante en enero 23 de 2012 contra la decisión del proceso disciplinario Nº 138/11, emitida en diciembre 12 de 2011 por el consejo de asuntos disciplinarios, y la resolución dictada por el consejo académico de la facultad de ciencia política y gobierno y de relaciones internacionales, mediante Acta Nº 1 de abril 19 de 2012, a través de la cual confirmó la decisión de primera instancia (fls. 9 a 23 cdno. Corte).

El recurso de apelación fue sustentado así:

“1) La decisión desconoce que la educación es un derecho consagrado constitucionalmente y un servicio público. En consecuencia, la potestad disciplinaria debe estarse a mandatos constitucionales y legales.

2) La decisión la impone una autoridad que carece de competencia pues Federico Linero Mesa no es estudiante de la universidad, sino un graduando.

3) La sanción fue proferida con violación al debido proceso pues: a) Federico Linero Mesa no es sujeto disciplinable, por no ser estudiante sino graduando; b) no le informaron el derecho a guardar silencio; c) la prueba es nula por obtención ilegal; d) faltó investigación integral; e) hubo parcialidad en la investigación.

4) La sanción es desproporcionada.

5) Hay una violación de los principios constitucionales de libertad de opinión, libre desarrollo de la personalidad.

6) No se probó la autoría de los comentarios en el muro del rector”.

Sobre dichos argumentos, el consejo académico de la universidad expuso (lo subrayado y en negrillas está en el texto original):

“1) Al estudiante se le aplicó el procedimiento establecido en el RDU y el reglamento académico de pregrado.

2) El estudiante está sujeto a la aplicación del régimen disciplinario único con fundamento en el artículo 2º par. 2º el cual señala: ‘Para todos los efectos disciplinarios, entiéndase por estudiante la persona que se encuentre vinculada académicamente en estudios profesionales o en alguno de los programas de pregrado, posgrado, maestría, doctorado y educación continuada. También se considera estudiante al egresado que no haya obtenido el grado.

3) No existió violación al debido proceso al estudiante por las siguientes razones:

a) Se siguieron los pronunciamientos establecidos en el reglamento académico de pregrado y el RDU…

b) El estudiante confesó de manera autónoma, libre y espontánea la autoría y realización de la conducta por la cual se inició el proceso disciplinario y se le impuso la sanción. Esa confesión se realizó en dos oportunidades:

La primera, a través de dos cartas redactadas por decisión autónoma y libre del estudiante, dirigidas y entregadas al rector y a la secretaría académica, el día 9 de diciembre de 2011, fecha anterior a la celebración de la audiencia preliminar.

La segunda confesión se realizó durante los descargos realizados por el estudiante en la audiencia preliminar, adelantada el día 12 de diciembre del mismo año.

En ningún momento el estudiante fue objeto de presiones o coacciones para que confesara su autoría y responsabilidad frente a las acusaciones que son objeto del proceso disciplinario.

c) No existe prueba de la violación al derecho a la intimidad del estudiante, toda vez que las manifestaciones injuriosas realizadas y aceptadas por éste, fueron expresadas de manera pública en el muro de la red social ‘Facebook’. A estas expresiones tuvo acceso legítimo el rector, uno de los afectados, desde su propio perfil, en razón a que dentro de sus contactos, para la época, se encontraba el estudiante Federico Linero. Igualmente, fue el propio rector quien informó y entregó los pantallazos al decano Eduardo Barajas Sandoval.

d) La investigación y la sanción impuesta por el consejo de asuntos disciplinarios en primera instancia, tuvo un alcance integral de todas las condiciones particulares que rodearon el caso. Lo anterior se refleja en la comunicación del 12 de diciembre de 2011. Por medio de la cual se notificó al estudiante de la decisión de primera instancia. Allí se manifestó lo siguiente: ‘Previamente a cualquier consideración disciplinaria éste consejo tuvo en cuenta: la hoja de vida del estudiante, que ha terminado todos los requisitos formales de la carrera, el hecho de que tiene un agravante fuerte de un caso disciplinario anterior en que sancionó al estudiante por una falta gravísima de plagio, los atenuantes por las cartas de excusas presentadas, y la manifestación de haber hecho una excusa pública en la red social, de la que hoy no hay constancia, la afirmación del estudiante sobre los problemas personales que tiene’.

e) No hay prueba que sustente la afirmación de la apoderada de que existió ‘parcialidad en la investigación’.

4) La sanción no es desproporcionada, toda vez que la conducta en la cual incurrió el estudiante se encuentra expresamente calificada como ‘falta gravísima’ y en consecuencia susceptible de ser sancionada con expulsión.

5) No hay prueba que demuestre y sustente la afirmación de la apoderada de que se ha presentado la violación de los principios constitucionales de libertad de opinión… Desde luego, una cosa es la libertad de opinión y otra la injuria y ofensa contra una autoridad, en éste caso, la universitaria.

Sobre la primera, hay que decir que está consagrada por la Declaración de los derechos del hombre del 10 de diciembre de 1948 de la ONU, por el Pacto de derechos civiles y políticos firmado bajo los auspicios de esta organización y por otra serie de tratados de carácter regional. Sobre la segunda, se dirá que está catalogada en algunos casos como delito y cuando no, como falta gravísima en los ámbitos disciplinarios o meramente correccionales. Los hechos en que incurrió el estudiante Linero no pueden subsumirse jamás en la órbita lícita de la libertad de opinión sino en el orden punible de la injuria descalificadora.

No obstante lo anterior, debe resaltarse y afirmarse que la Universidad del Rosario y sus normas reconoce expresamente y claramente como derecho de los estudiantes, la facultad de presentar peticiones y observaciones respetuosas a las autoridades de la universidad y manifestar sus opiniones dentro de un marco de respeto a los demás (art. 76 nums. 3º y 9º del reglamento académico de pregrado).

6) La autoría de los comentarios está claramente comprobada, como se puede evidenciar, de los extractos de Facebook y de la propia confesión del estudiante obtenida en las cartas mencionadas en el numeral tercero y en la diligencia realizada en la audiencia preliminar”.

II. Consideraciones de la Corte Constitucional

Primera. Competencia.

Esta corporación es competente para examinar la determinación referida, en Sala de Revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

Segunda. El asunto objeto de análisis.

Debe establecer la Corte si la Universidad del Rosario vulneró los derechos al debido proceso, al libre desarrollo de la personalidad, a expresar y difundir los propios pensamientos y al trabajo, del estudiante Federico José Linero Mesa, al habérsele adelantado un proceso disciplinario que concluyó con sanción de expulsión, como consecuencia de su conducta, por incluir en la red social Facebook denuestos contra el rector y la secretaria académica de la facultad de ciencia política y relaciones internacionales de dicha universidad.

La cuestión que se plantea debe esclarecerse a partir de los siguientes enfoques: i) la autonomía universitaria, como facultad de los entes educacionales superiores para regular las relaciones y acaeceres propios del desarrollo académico, ii) el debido proceso en las actuaciones disciplinarias de las instituciones educativas, y iii) la libertad de expresión y difusión del pensamiento en las redes sociales.

Tercera. Autonomía universitaria. Reiteración de jurisprudencia.

La Constitución Política ampara la autonomía universitaria en su artículo 69, al señalar: “Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley...”. De esa forma, tales instituciones tienen la facultad de definir su organización interna y auto determinarse en aspectos filosóficos, ideológicos, académicos, pedagógicos, administrativos y disciplinarios, entre otros.

En aspectos específicos pertinentes, se aprecia la posibilidad de crear y modificar estatutos, incluyendo una potestad sancionatoria en caso de fallas académicas y contra la convivencia, previéndose que tal potestad se desarrolle dentro de un proceso debido, que respete los derechos del estudiante, con previa determinación de las faltas y de las sanciones, con ceñimiento a un procedimiento también establecido con antelación(2).

Ahora bien, esta corporación ha concluido que “si bien en materia de educación superior las universidades materializan su derecho a la autonomía universitaria a través de la creación de los reglamentos estudiantiles y estatutos que rigen las relaciones académicas y contractuales entre los estudiantes, los docentes y las directivas, dichas normas no predominan sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales, entre ellos el de la educación, de forma que no pueden utilizarse como fundamento o motivación para su desconocimiento”(3).

Por tal razón y de acuerdo con lo establecido en los reglamentos, frente a la inobservancia de obligaciones académicas, disciplinarias o administrativas por algún estudiante, es posible aplicar las consecuencias predeterminadas con sometimiento a la Constitución y a las leyes, sin arbitrariedades que pudiesen afectar las garantías de los educandos(4).

Cuarta. El debido proceso en las actuaciones disciplinarias de las instituciones educativas. Reiteración de jurisprudencia.

Esta corporación ha señalado que resulta indispensable que los reglamentos de las instituciones educativas prevean un proceso garantista y eficaz, en aras de otorgar seguridad jurídica a los estudiantes, en la regulación y aplicación de eventuales sanciones disciplinarias. Al respecto, en Sentencia T-457 de mayo 4 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería, se fijaron los siguientes elementos a observar en una acción de carácter disciplinario:

“(1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción;

(2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias;

(3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados;

(4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas allegadas en su contra y aportar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;

(5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente;

(6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron, y

(7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes”.

Adicionalmente, esta corporación ha precisado que la imposición de sanciones por parte de las instituciones universitarias se encuentra sujeta a ciertos requisitos especiales, para que su ejercicio sea compatible con la Constitución, los cuales consisten en que (i) la institución cuente con un reglamento, vinculante a toda la comunidad educativa y que este sea compatible con la Constitución; (ii) que el reglamento describa el hecho o la conducta sancionable; (iii) que las sanciones no se apliquen de manera retroactiva; (iv) que la persona cuente con garantías procesales para su defensa; (v) que la sanción corresponda a la naturaleza de la falta cometida, de tal manera que no se sancione disciplinariamente lo que no ha sido previsto como falta de tal naturaleza; y (vi) que la sanción sea proporcional a la gravedad de la falta(5).

En todo caso, la Corte ha entendido que la sanción disciplinaria impuesta a un estudiante, debe ser una medida condigna y adecuada, encauzada hacia un fin legítimo, cual es educarlo y permitirle formarse integralmente, en la medida en que no sancionarlo le impediría dimensionar sus actos y las consecuencias de los mismos. Así, “toda sanción legítima y razonable en el contexto educativo, debe posibilitar el crecimiento y desarrollo como persona de todo individuo”(6).

Quinta. La libertad de expresión y difusión del pensamiento en las redes sociales.

La libertad de expresión es la garantía que permite a las personas manifestar libremente su pensamiento y opiniones (art. 20 superior), con respeto hacia el orden jurídico, la convivencia pacífica y los derechos de los demás, contra quienes no deben dirigirse expresiones insultantes ni irrazonablemente desproporcionadas(7). Al respecto, dos sistemas regionales de protección a los derechos humanos (art. 10(8) de la Convención europea y 13(9) de la americana) han consagrado la libertad de expresión en su magnitud fundamental.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el umbral de protección de la libertad de expresión, no conlleva ausencia de límites para quien comunica por un medio masivo, por lo cual en ejercicio de dicha libertad “no se deben emplear frases injuriosas, insultos o insinuaciones insidiosas y vejaciones”(10), estando todas las personas sujetas a las responsabilidades que se deriven de la afectación de derechos de terceros.

Por simple ilustración, puede también observarse que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tampoco ha ido al extremo de garantizar la difusión de todo tipo de opiniones u ocurrencias, en cuanto el ejercicio recto y objetivo de la libertad de expresión presupone que “los juicios de valor están protegidos por el artículo 10 del CEDH, pero los insultos que son una cuestión totalmente diferente, no”(11).

También de ese ámbito comparado cabe extraer que el Tribunal Constitucional Español ha entendido que el derecho al honor opera como un límite insoslayable a la libre expresión, prohibido como está que alguien se refiera a una persona de manera insultante o injuriosa, o atentando injustificadamente contra su reputación, demeritándola ante la opinión ajena. Por ello la libertad de expresión no cobija las “expresiones formalmente injuriosas e innecesarias para el mensaje que se desea divulgar, en las que simplemente su emisor exterioriza su personal menosprecio o animosidad respecto del ofendido”(12).

Sin embargo, aclaró que “el carácter molesto o hiriente de una opinión o una información, o la crítica evaluación de la conducta personal o profesional de una persona o el juicio sobre su idoneidad profesional, no constituyen de suyo una ilegítima intromisión en su derecho al honor, siempre, claro está, que lo dicho, escrito o divulgado no sean expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de la persona a quien se refieran”(13).

Al respecto, ha sostenido la Corte Constitucional colombiana que la opinión difundida por un medio de comunicación puede afectar los derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad u otros, cuando se presentan “niveles de insulto o, tratándose de expresiones dirigidas a personas específicas, resulten absolutamente desproporcionadas frente a los hechos, comportamientos o actuaciones, que soportan la opinión, de tal manera que, más que una generación del debate, demuestre la intención clara de ofender sin razón alguna o un ánimo de persecución desprovisto de toda razonabilidad”(14).

Sin embargo, la gravedad de la expresión proferida “no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al ofendido… como tampoco de la interpretación que este tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho”(15).

Las anteriores consideraciones pueden trasladarse al ámbito de internet y sus redes sociales, recordando con la precitada Sentencia T-713 de septiembre 8 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa, que a pesar de “la envergadura del impacto que representan las tecnologías de la información en las sociedades contemporáneas, los casos tratados hasta ahora por la Corte Constitucional son pocos”, resultando probable “que en los años venideros sea este un tema que imponga nuevos retos a las personas y, consecuentemente, a los jueces de la República cuando su intervención sea requerida”, dando lugar a que la jurisprudencia avance para “delinear los límites de estas nuevas dimensiones de los derechos, en plena evolución y transformación”.

Resulta también atinente citar lo expresado en el ensayo Libertad de expresión, redes sociales y derecho penal(16), en cuanto consideró:

“… el usuario de la red social es un sujeto que se concibe bajo una doble necesidad: la de estar en línea, exhibido, conectado, y la de comunicarse de una forma rápida o efectiva. La red social se lo permite y de una u otra manera así lo impone. La explosión de información en los foros virtuales y en las redes sociales supone un sujeto que se comunica rápido, que dice y que fácilmente olvida lo que ha dicho, que escribe aquí y allá sin que necesariamente exista reflexión sobre el acto de comunicación. En este mismo sentido, el hecho de que en los foros en la internet el lenguaje utilizado por los usuarios sea en ocasiones crudo, violento y severo, soporta el argumento de una especie de uso generalizado de este tipo de expresiones en dicho medio… No obstante, nuestra tesis es que, de todas formas, hay en el lenguaje una capacidad de modificar la realidad que no puede ser desechada… porque el uso de expresiones orientadas a que se produzca la vulneración de los derechos de los otros desconoce la moral subyacente de la Convención americana, debidamente positivada en el parágrafo 5 del artículo 13”.

Por su parte, en una declaración conjunta sobre la libertad de expresión en internet, de junio 1º del 2011(17), se expuso:

“a. La libertad de expresión se aplica a internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba ‘tripartita’).

b. Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses.

c. Los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación —como telefonía o radio y televisión— no pueden transferirse sin más a internet, sino que deben ser diseñados específicamente para este medio, atendiendo a sus particularidades.

d. Para responder a contenidos ilícitos, debe asignarse una mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos y específicos que se adapten a las características singulares de internet, y que a la vez reconozcan que no deben establecerse restricciones especiales al contenido de los materiales que se difunden a través de internet.

e. La autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las expresiones injuriosas y, por lo tanto, debe ser promovida.

f. Deben fomentarse medidas educativas y de concienciación destinadas a promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y responsable de internet (‘alfabetización digital’).

Responsabilidad penal y civil

a. La competencia respecto de causas vinculadas con contenidos de internet debería corresponder exclusivamente a los Estados con los que tales causas presenten los contactos más estrechos, normalmente debido a que el autor reside en ese Estado, el contenido se publicó desde allí y/o este se dirige específicamente al Estado en cuestión. Los particulares solo deberían poder iniciar acciones judiciales en una jurisdicción en la que puedan demostrar haber sufrido un perjuicio sustancial (esta norma busca prevenir lo que se conoce como ‘turismo de la difamación’).

b. Las normas de responsabilidad, incluidas las exclusiones de responsabilidad, en los procedimientos civiles, deberían tener en cuenta el interés general del público en proteger tanto la expresión como el foro en el cual se pronuncia (es decir, la necesidad de preservar la función de ‘lugar público de reunión’ que cumple internet).

c. En el caso de contenidos que hayan sido publicados básicamente con el mismo formato y en el mismo lugar, los plazos para la interposición de acciones judiciales deberían computarse desde la primera vez que fueron publicados y solo debería permitirse que se presente una única acción por daños respecto de tales contenidos y, cuando corresponda, se debería permitir una única reparación por los daños sufridos en todas las jurisdicciones (regla de la ‘publicación única’)”.

De todo lo anterior se colige que la libertad de expresión se aplica en internet del mismo modo que en otros medios de comunicación, concluyéndose que las redes sociales no pueden garantizar un lugar para la difamación, el denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación. Ciertamente, ningún fundamento se deriva del artículo 20 de la Constitución, ni de la normativa internacional, ni de precepto alguno que, al margen de la veracidad, valide la divulgación de agravios, improperios, vejámenes ni infundios por cualquier clase de medio de comunicación.

Sexta. Caso concreto

Como se destacó en precedencia, la potestad sancionadora de los centros educativos debe adecuarse a lo dispuesto en los reglamentos internos, que a su turno han de reflejar los principios constitucionales y legales, en lo sustancial y en los cauces propios del debido proceso.

En el presente asunto se constata que el proceso disciplinario seguido en la Universidad del Rosario frente al comportamiento del estudiante Federico José Linero Mesa se ajustó a los parámetros ya citados, a saber:

(i) Al estudiante le fue informada la iniciación del proceso disciplinario contra él, mediante citación de diciembre 6 de 2011, que le dirigió la delegada del consejo de asuntos disciplinarios de la facultad de ciencia política y gobierno y de relaciones internacionales de la mencionada universidad.

Junto con otra carta, de fecha 2 de los mismos mes y año (fls. 1 y 2 a 4 cdno. inicial), al señor Federico José Linero Mesa se le comunicó la calificación provisional y que se llevaría a cabo audiencia preliminar, en la cual ejercería su derecho a la defensa, presentando descargos verbales o escritos.

(ii) Las pruebas que sirvieron como base para sancionar al actor las conoció él previamente, concretándose en contenidos de la red social Facebook, escritos por él y observados también en el perfil del rector de la Universidad del Rosario, Hans Peter Knudsen.

(iii) En la audiencia preliminar el estudiante Linero Mesa aceptó la responsabilidad de lo publicado en la red social, quedando claro que conocía las pruebas y que estaba en capacidad de controvertirlas.

(iv) Mediante decisión de diciembre 12 de 2011, el consejo de asuntos disciplinarios sancionó al aludido graduando con expulsión, acto debidamente motivado, donde así mismo se refirió la procedencia del recurso de apelación, que podía interponer ante el consejo académico dentro de un término de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, lo que en efecto realizó el peticionario a través de apoderada, confirmándosele la decisión en acto igualmente motivado (fls. 16 a 22 cdno. Corte).

(v) La sanción impuesta resulta proporcional a las faltas cometidas, entre otras, después de incurrir en plagio, “atentar contra el buen nombre de la universidad” y no “respetar a las autoridades de la universidad”; de tal forma, como sustentó el consejo académico, “la conducta en la cual incurrió el estudiante se encuentra expresamente calificada como ‘falta gravísima’ y en consecuencia susceptible de ser sancionada con expulsión” (fl. 20 ib.).

(vi) En cuanto a la libertad de expresión invocada, con lo manifestado a través de internet el señor Federico José Linero Mesa se colocó por fuera del ámbito de protección al derecho consagrado, entre otras disposiciones, en el artículo 20 superior, por exteriorizar su sentimiento de manera ostensiblemente descomedida, irrespetuosa e injusta sobre la universidad que le había capacitado y contra las autoridades académicas que cumplían con sus deberes.

Él bien podía expresar objeciones y críticas, si hubiere razón para hacerlo, pero sin incurrir en ilegítimo desdoro, mucho menos utilizando términos soeces, en pretendida conculcación de la dignidad humana.

Por todo lo expuesto en precedencia, esta Sala confirmará el fallo proferido en enero 18 de 2012 por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá, que negó el amparo de los derechos reclamados por el demandante.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo proferido en enero 18 de 2012 por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá, que negó el amparo solicitado por el señor Federico José Linero Mesa contra la Universidad del Rosario.

2. Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que alude el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.

Magistrados: Nilson Pinilla Pinilla—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, con aclaración de voto—Humberto Antonio Sierra Porto.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

(1) Se trascribe en extenso para exponer detalladamente el curso dado al proceso disciplinario Nº138/11.

(2) Cfr. T-917 de noviembre 9 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-020 de enero 25 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(3) T-068 de febrero 14 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(4) Cfr. T-768 de octubre 29 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-465 de junio 16 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y T-551 de julio 7 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(5) Cfr. T-457 de mayo 4 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería y T-020 de enero 25 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(6) T-713 de septiembre 8 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.

(7) Cfr. C-442 de mayo 25 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(8) Artículo 10 de la Convención europea de derechos humanos: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. // 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.

(9) Artículo 13 de la Convención americana sobre derechos humanos: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. // 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: // a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o // b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. // 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. // 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2º. // 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

(10) CIDH, caso Kimel vs. Argentina, mayo 2 de 2008, párr. 13.

(11) Jiménez Ulloa, Adriana Consuelo. La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Publicaciones Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010.

(12) Sentencia 49 de 2001 (feb. 26), Sala Segunda del Tribunal Constitucional Español.

(13) Ibídem.

(14) T-213 de marzo 8 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(15) T-028 de enero 29 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(16) Upegui Mejía, Juan Carlos. Libertad de expresión, redes sociales y derecho penal. Estudio del caso Nicolás Castro. Publicado en Revista Derecho del Estado Nº 25 (2010), disponible en “http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/derest/article/view/2515”. Cfr. también Cotino Hueso, Lorenzo (editor). Libertades de expresión e información en internet y las redes sociales: ejercicio, amenazas y garantías, Publicaciones de la Universidad de Valencia, Valencia, 2011, disponible en “http://www.derechotics.com/congresos/2010-libertades-y-20/e-libro-e-libertades-2010”.

(17) Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión; Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa; Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión; y Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.