Sentencia T-550 de julio 18 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA SEXTA DE REVISIÓN

Sentencia T-550 de 2002 

Ref.: T-579770

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Peticionario: Jairo Maya Betancourt

Accionado: Juez 59 Penal Municipal de Bogotá

Bogotá D.C., dieciocho de julio de dos mil dos

La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados doctores, Eduardo Montealegre Lynett, Álvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente

Sentencia

En el proceso de revisión de las sentencias proferidas por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, el 21 de enero de 2002, y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, el 1º de marzo de 2002.

I. Hechos

1. Manifiesta el señor Jairo Maya Betancourt que el 5 de octubre de 2000 formuló denuncia penal ante las fiscalías locales de Bogotá contra Alba María Sánchez de Suárez por apropiación indebida de línea telefónica.

2. Explica que acudió a la justicia penal para denunciar que la señora Sánchez había utilizado, sin autorización alguna y de manera oculta, su línea telefónica desde el mes de marzo de 2000, realidad de la cual se dio cuenta en el mes de julio del mismo año cuando, después de haber sufrido la carencia del servicio, por consejo del administrador del edificio, señor Aristipo Hurtado, contrató al técnico Carlos Gamboa el cual le confirmó que su línea telefónica había sido trasladada para otro lugar.

Comenta que logró averiguar que quien tenía la línea era la señora Sánchez al llamar a la que él consideraba como su línea telefónica y escuchar que contestaba el hermano de la denunciada. Según el accionante, el señor Luis Sánchez Bolívar le comentó que esa línea había sido asignada a su hermana por la ETB. Después de instaurar tutela contra la ETB, esta entidad trasladó de nuevo la línea telefónica a su apartamento, siendo el reparador Jaime Prens.

Agrega que el jefe directo del señor Prens le dijo que la línea telefónica de la señora Sánchez estaba suspendida por falta de pago y no por daño, lo cual a su parecer es claro indicio del hurto de línea telefónica.

Finalmente, expresa que antes de acudir ante la fiscalía, él había pagado todas las facturas de marzo a agosto de 2000 ya que a pesar de no haber podido utilizar esta línea telefónica durante ese lapso, las facturas continuaban llegando a nombre del señor Aristipio Hurtado, quien le había vendido la línea. Agrega que no pagó la de septiembre porque para esa fecha la señora Suárez ya había admitido estar haciendo uso de la línea telefónica y había pagado lo debido.

3. Señala que la fiscalía local 63, a la cual le correspondió por reparto el conocimiento del asunto, remitió su caso a los juzgados penales municipales por falta de competencia en virtud de que el ilícito contra el patrimonio económico no superaba los diez salarios mínimos.

4. El asunto fue remitido a los juzgados penales municipales de Bogotá correspondiéndole el conocimiento de la querella a la juez 59 Penal Municipal de Bogotá.

5. Aduce el accionante que manifestó su inconformidad ante el hecho de que su caso fuera tramitado como contravención especial y no como delito ya que los perjuicios que se le habían causado superaban los cinco millones de pesos ($ 5.000.000) y existía conexidad entre delito (violación de comunicación) y contravención (hurto), motivo por el cual solicitó a la accionada que devolviera el caso a las fiscalías locales.

6. Comenta el peticionario que el 4 de diciembre de 2000, sin que se le hubiera notificado la providencia de 29 de noviembre de 2000 que negaba la remisión a las fiscalías locales, se procedió a realizar la audiencia de conciliación la cual, según su concepto, es nula por haberse tramitado sin estar en firme la resolución de su petición, puesto que ésta sólo se le notificó hasta el 14 de diciembre de 2000. Aduce que desde ese momento se configuró una vía de hecho por defecto orgánico.

7. El 27 de abril de 2001, la accionada profirió sentencia absolutoria del delito de hurto la cual, según el accionante debe dejarse sin efectos por constituir una vía de hecho.

8. Según lo expuesto por el accionante, la juez de conocimiento incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, porque, obviando su tarea inquisitiva dentro del trámite de la querella, omitió ordenar la realización de varias pruebas solicitadas por el accionante, las cuales eran fundamentales para comprobar la veracidad de su dicho. Dentro de las pruebas dejadas de practicar enuncia los testimonios de: Jaime Prens, linero reparador, empleado de la ETB, Gustavo Rodríguez, jefe de reparaciones de la ETB, y Aristipo Hurtado, administrador del edificio.

9. Además, le dio un valor contrario a las reglas de apreciación de la sana crítica a la prueba testimonial rendida por el señor Raúl Antonio Sánchez Bolívar, hermano de la señora Sánchez de Suárez, olvidando que se trata de un testimonio sospechoso.

10. De igual manera, dice el accionante, no se tuvo en cuenta por parte de la juez el hecho probado de que la señora Suárez no pagó la totalidad de las facturas telefónicas correspondientes al tiempo en el cual ella hizo uso de la línea telefónica del accionante, ni el indicio que constituye el hecho de que la línea había sido suspendida por falta de pago.

11. Comenta el peticionario que también se le vulnera su derecho a la honra y el buen nombre, en virtud de que en las providencias judiciales emitidas dentro del proceso se le tachó en repetidas ocasiones de mentiroso y se tildó su actuación de temeraria por no haber probado en ningún momento que él vio a la señora Suárez realizar acciones tendentes a utilizar su línea telefónica.

Contestación de la accionada

1. Aduce la doctora María Méndez Molina, Juez 59 Penal Municipal de Bogotá, que el querellante no se puede calificar como parte dentro del proceso contravencional y por tal motivo, independientemente de la notificación de la respuesta a la solicitud de remisión del proceso a las fiscalías locales, la audiencia de conciliación podía ser adelantada al estar presentes querellante y querellado, como ocurrió en el caso. Además, el accionante fue el que se opuso a la realización de la diligencia de conciliación.

2. Con respecto a la sentencia absolutoria afirma que fue fruto de la sana valoración de las pruebas aportadas al proceso y aquéllas recopiladas durante el mismo.

3. Añade que el proceso contravencional se debe caracterizar por la celeridad y esto impone un cambio de mentalidad en el operador jurídico y los usuarios de la justicia que deben buscar el desarrollo del proceso con el menor número de trabas posibles.

4. Finalmente, aduce que con las afirmaciones hechas por el actor a quien se le ve vulnerado su derecho al buen nombre es a ella.

II. Decisiones judiciales

A. Primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, concedió la tutela por considerar que la Juez 59 Penal Municipal de Bogotá no se pronunció frente a la solicitud de mayor información acerca del señor Prens, ya que al solicitar a la ETB que lo localizara, esta entidad le pidió precisar más los datos personales de éste. Por otro lado, no obra pronunciamiento sobre la no necesidad de las pruebas testimoniales solicitadas por el accionante, mientras que sí se atendieron los testimonios pedidos por la querellada, a lo que se añade la falta de análisis imparcial de las pruebas, puesto que para fallar se tuvieron en cuenta de manera principal las favorables para la querellada. Lo anterior denota una falta de diligencia e imparcialidad en el comportamiento de la accionada que configura una vía de hecho en su actuación. Frente al argumento de la celeridad en el proceso contravencional, juzga el tribunal que éste no es óbice para fallar de una manera imparcial y responsable.

En lo referente al derecho al buen nombre, el tribunal considera que no está probada su vulneración. Además, las afirmaciones hechas por la juez en sus providencias no son de público conocimiento o amplia difusión y por tanto no alcanza a vulnerar el derecho al buen nombre del accionante.

Salvamento de voto

Una magistrada se apartó de la decisión mayoritaria por considerar que el accionante contaba con el recurso de apelación frente a la sentencia proferida el 27 de abril de 2001 por la juez 59 penal de Bogotá. Por otro lado, considera que la actuación judicial estuvo enmarcada dentro del campo de la razonabilidad.

Impugnación de la accionada

A lo ya expuesto en la contestación de la demanda, la juez añadió que como se podía constatar en el expediente. sí se habían decretado pruebas solicitadas por el querellante como la declaración del señor Carlos Gamboa y la de Jaime Prens. De la misma manera se ofició a la ETB para que enviara información referente al caso. El hecho de que los testigos no hayan acudido o haya sido imposible localizarlos no obedece a la voluntad de la juez. Finalmente, aduce que sí se recibió testimonio de Aristipio Hurtado quien fue uno de los testigos llamados por el querellante.

En lo referente a los hechos expuestos por el querellante en el proceso contravencional, expone que así se haya probado que la línea telefónica estaba cruzada con la de la señora Sánchez, esto no implicaba que ella se hubiera apoderado ilícitamente de la misma.

Añade que en ningún momento con la celeridad del proceso se vieron afectados los derechos sustanciales del querellante, porque el proceso duró cinco meses durante los cuales se escuchó al señor Maya y se le dio respuesta fundamentada a sus peticiones.

B. Segunda instancia

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en sentencia de marzo 1º de 2002, revocó el fallo del a quo por considerar que no se puede tener como vía de hecho la forma de valoración del acervo probatorio hecha por el juez o el decreto o no de las pruebas pedidas, porque es el funcionario judicial quien considerando su pertinencia y conducencia debe ordenarlas.

Además, estimó el Consejo, las pruebas testimoniales no se llevaron a cabo por ausencia de los testigos citados y no se insistió en ellas en virtud de que la juez consideró que la información que se lograría obtener a través de las misma ya estaba recopilada por medio de las que constaban en el proceso.

En cuanto a la vulneración al buen nombre, se encuentra de acuerdo con los argumentos del a quo.

III. Pruebas

Al expediente de tutela fue allegada copia íntegra del expediente del proceso contravencional 0721 de 2000 (querellante: Jairo Maya Betancourt, querellada: Alba Mary Sánchez Suárez) conocido por el Juzgado 59 Penal Municipal de Bogotá. De su contenido vale la pena resaltar lo siguiente:

1. Derecho de petición elevado por el señor Maya el 17 de agosto de 2000 a la ETB para que se le reinstalara la línea telefónica que estaba siendo usada por el apartamento 102.

2. Facturas de teléfono de los meses de marzo, mayo, junio, julio y agosto de 2000 correspondientes a la línea telefónica 2877591. Factura de noviembre de 2000 en la cual se cobra el consumo de dos meses (septiembre y octubre).

3. Carta de septiembre 27 de 2000 dirigida al señor Aristipo Hurtado por la señora Alba Mary Sánchez. En la misma le expresa que en virtud del error cometido por los trabajadores de la ETB al reconectar su línea 2320139, se conectó la línea 2877591 de la cual estuvo haciendo uso “más o menos dos meses”. Añade que en consecuencia está dispuesta a pagar lo correspondiente a unas llamadas hechas a Estados Unidos e Italia en el mes de septiembre. En la carta se hace énfasis en el hecho de que la línea fue utilizada de buena fe y en ningún momento el cruce de líneas se debió a una acción suya.

4. Declaración extraprocesal del señor Aristipo Hurtado rendida el 4 de octubre de 2000. En ésta se señala que él vendió en 1997 la línea 2877591 al señor Maya y que él ha venido pagando las facturas a pesar de que por negligencia no se ha tramitado lo referente al cambio de nombre en la factura y, por tanto, llegan a nombre suyo.

5. Auto de la fiscalía local 63, unidad local primera de patrimonio económico de octubre 10 de 2000 en la cual manifiesta no ser competente para conocer de la denuncia en virtud de que la cuantía del presunto delito de hurto no supera los diez salarios mínimos. Por este motivo remite el asunto a los jueces penales municipales.

6. Providencia del Juzgado 59 Penal Municipal de Bogotá de noviembre 3 de 2000 en la cual se expresa que en virtud de que el ofendido no expone claramente en qué fecha sucedieron los hechos, ni el monto de los posibles perjuicios, se hace necesario realizar una ampliación de queja.

7. Diligencia de ampliación de denuncia rendida por el señor Maya el 15 de noviembre de 2000 en la cual, al ser preguntado acerca de la forma en la cual fue realizado el hurto de línea telefónica, contestó “no sé realmente como fue trasladada pero colijo como lo anotó en la denuncia que pudo haberse acordado con alguno de los técnicos de la ETB o haberse valido de algún técnico particular dado que la toma se encuentra en la parte externa del edificio al nivel del segundo piso, por lo que cualquier técnico que posea una escalera puede hacer la trasferencia”. Afirmó en la ampliación que la carta enviada al señor Aristipio Hurtado era una confesión del uso de la línea ajena. Reiteró que la denuncia presentada era por los delitos de violación de comunicación y hurto. Aseveró que sí tenía intenciones de llegar a un acuerdo amigable con la señora Sánchez ya que lo que él buscaba con la denuncia era el resarcimiento del daño y darle una lección de buen comportamiento con los vecinos. Finalizó su intervención afirmando que “en virtud de la conexidad entre delito y contravención” solicitaba la devolución del caso a la fiscalía local 63.

8. Solicitud de devolución del proceso a la fiscalía local 63 presentada el 15 de noviembre de 2000 por el accionante, en virtud de que la calificación hecha por el fiscal había sido apresurada y equivocada y éste sí era competente para conocer del caso.

9. Providencia del Juzgado 59 Penal Municipal de noviembre 29 de 2000 en la cual se resuelve de manera negativa la solicitud de devolución del proceso a la fiscalía local 63 porque “la conducta atribuida a la señora Alba Mary Sánchez de Suárez no se adecua al punible de violación ilícita de comunicaciones, en razón a que dicho delito implica que en el caso de las conversaciones telefónicas las cuales son privadas, sean interceptadas, controladas o impedidas; hecho que no se dio en el asunto que nos ocupa puesto que el presunto comportamiento denunciado consistió simplemente en apoderarse de la línea telefónica de propiedad del quejoso con el propósito de obtener un provecho, conducta denominada jurídicamente como hurto”. Añade la juez que no se le violó el derecho a la intimidad personal y familiar. Al final de la providencia consta anotación de apelación interpuesta por el quejoso el 14 de diciembre de 2000 y la aseveración de posterior sustentación.

10. Providencia de diciembre 4 de 2000 en la cual se fija como fecha para la audiencia de conciliación el 14 de diciembre.

11. Copia del telegrama de citación para “practicar diligencia penal el 14 diciembre de 2000”, dirigido al quejoso.

12. Acta de 14 de diciembre de 2000 en la cual se manifiesta que no se pudo llegar a acuerdo conciliatorio por falta de voluntad de las partes. El quejoso manifestó no querer firmar porque a él lo habían llamado para notificarse de la decisión que negaba el recurso por él interpuesto, no para conciliar.

13. Escrito en el cual el quejoso manifiesta que se negó a firmar el acta porque la negativa de devolución a la fiscalía 53 no se encontraba aun en firme ya que el 14 de diciembre, mismo día de la audiencia, él la había recurrido.

14. Providencia del Juzgado 59 Penal Municipal de Bogotá de 15 de enero de 2001 en la cual se manifiesta que en virtud de que el denunciante en asuntos contravencionales no es sujeto procesal y por tanto no puede recurrir providencias como la que negó la remisión del caso a la fiscalía, se niega la concesión del recurso de apelación.

15. Auto de febrero 13 de 2001 mediante el cual se declara abierta la investigación penal y se cita a la señora Sánchez y su abogado, y al señor Maya para la realización de la audiencia preliminar.

16. Copia de la diligencia de audiencia preliminar llevada a cabo el 1º de marzo de 2001. En la misma la querellada declaró que desde el mes de marzo o abril de 2000 había dejado de recibir recibo de su línea telefónica 2320139 motivo por el cual le había sido imposible pagar, además que desde mayo de 2000 no volvió a funcionar el teléfono irregularidad frente a la cual hizo solicitudes de reparación ante la ETB las cuales no habían sido atendidas aproximadamente hasta el mes de julio en el cual se reparó la línea primero por Jorge Ochoa empleado enviado por el señor Cristóbal Moreno encargado de coordinar la cita entre el usuario y el reparador, ambos funcionarios de la ETB. Que desde esa fecha pudo volver a utilizar la línea que para ella era la 2320139 en la cual hizo llamadas al exterior. Que en virtud de la mala calidad de la línea compró otra, la 2328752 de la cual recibía la mayoría de sus llamadas. Que algo que le extrañaba era que desde la que ella consideraba como 2320139 no le entraran llamadas. Que en tres ocasiones recibió llamadas para el señor Aristipio Hurtado y en dos para el señor Maya. Que mediante esta última llamada pudo constatar que la llamada recibida en su línea había sido hecha al 2877591 teléfono el cual, según la estación de atención al cliente de la ETB, pertenecía al señor Aristipio Hurtado, motivo por el cual ella envió una carta a él en la que se disculpaba por el uso involuntario de su línea. Que posteriormente procedió a cancelar al señor Hurtado la suma de $ 200.000 por el uso de su línea telefónica. Finalizó expresando que el perjuicio que dice haber sufrido el señor Maya es falso, ya que durante el tiempo que estuvo utilizando la línea telefónica sólo había recibido dos llamadas para él una de las cuales era de su hija; en las dos ocasiones quienes llamaron dijeron que se comunicarían con el señor Maya a su apartamento.

En la misma diligencia se decretaron las siguientes pruebas:

a) De las solicitadas por la presunta contraventora: la declaración del señor Aristipio Hurtado, el señor Raúl Sánchez Bolívar y el funcionario de la ETB Cristóbal Moreno;

b) De oficio se ordenó escuchar a Carlos Gamboa y Jaime Prens y oficiar a la ETB para que informara si para la fecha de los hechos las líneas telefónicas 2320139 y 2877591 se encontraban dañadas y en caso afirmativo por qué concepto, quién las reparó y en qué época.

El señor Maya no acudió a la diligencia. Con posterioridad, el juzgado ordenó a éste que hiciera comparecer a los señores Prens, Gamboa y Hurtado.

17. Escrito del señor Maya donde manifiesta que no es él sino el juzgado el obligado a hacer comparecer a los testigos de acuerdo con las direcciones aportadas en la denuncia.

18. Providencia del Juzgado 59 Penal Municipal de Bogotá en la cual se contesta que sólo en caso de que no comparezcan los testigos de la forma inicialmente dispuesta, se citará a los declarantes a las direcciones aportadas.

19. Citación enviada por el juzgado al señor Carlos Gamboa según dirección aportada por el denunciante.

20. Oficio enviado a la gerencia de la ETB para que informara todo lo referente al problema en estudio.

21. Copia de la diligencia de audiencia de juzgamiento llevada a cabo el 22 de marzo de 2001. En esta se escuchó al señor Raúl Antonio Sánchez Bolívar, hermano de la procesada, quien manifestó haberle colaborado a su hermana en las reclamaciones hechas a la ETB por el daño de su línea telefónica, tanto así que llegaron a solicitar una nueva línea. Que en ningún momento su hermana había contratado a un técnico diferente a los de la ETB para que les hicieran reparaciones. Que tenía conocimiento de que su hermana, después de saber que la línea estaba a nombre de Aristipio, siempre se entendió con él para resarcir los posibles perjuicios.

Igualmente se escuchó al señor Aristipio Hurtado quien afirmó que le había vendido la línea telefónica al señor Maya y que conocía que había existido un problema con la conexión de las líneas pero que no le constaba quién había sido el responsable. Que la señora Sánchez sí le había pagado un dinero correspondiente a unas llamadas hechas por ella al exterior, el cual había sido entregado al señor Maya dueño de la línea. Añadió que el señor Maya le dijo que había tenido problemas con su línea desde agosto de 2000.

Por solicitud del abogado de la defensa el juzgado procedió a suspender el proceso hasta el 18 de abril de 2001 término en el cual se insistiría en la práctica de las declaraciones de Cristóbal Moreno, Jaime Prens y Carlos Gamboa y en obtener respuesta por parte de la ETB.

22. Oficio de marzo 30 de 2001 en la cual el Juzgado 59 Penal Municipal solicitó de nuevo a la ETB que se suministrara la información referente a las líneas telefónicas 2320139 y 2877591. Igualmente, se solicitó a la ETB se hiciera comparecer a Cristóbal Moreno y Jaime Prens.

23. Continuación de la audiencia de juzgamiento llevada a cabo el 18 de abril de 2001 en la cual se escuchó el testimonio de Cristóbal Moreno, empleado reparador de la ETB, el cual manifestó que en efecto él había sido llamado para la reinstalación de la línea 3230139 al apartamento 102 de la señora Sánchez, la cual terminó siendo reparada por el empleado reparador Jorge Ochoa el 28 de septiembre de 2000 según cita concertada por él en su labor de coordinación de citas para reinstalación. Añadió que no conocía al señor Jaime Prens y que no recordaba que alguien así llamado fuera empleado de la ETB. Igualmente, afirmó que era posible que por error la persona que acudiera a reparar una línea terminara cruzándola con la de otro teléfono.

24. También se escuchó al señor Jorge Enrique Ochoa Castro quien manifestó haber reparado la línea telefónica 3230139 entre el 21 y el 28 de septiembre por solicitud de la dueña del apartamento 102. Afirmó también que en el mismo apartamento había otra línea telefónica de la cual se hizo la llamada para corroborar que la reinstalación había quedado bien hecha.

25. Escrito allegado por la ETB el 19 de abril de 2001 en el cual se informa al juzgado que el señor Cristóbal Moreno ya fue notificado de la citación y el señor Jaime Prens no figura dentro de los archivos de la entidad.

26. Escrito allegado por la ETB el 24 de abril de 2001 según el cual la línea 2320139 no presentó daños durante el año 2000, mientras que la 2877591 sí en las siguientes fechas: 16/05/00, 25/09/00, 22/05/01 y 26/09/00.

27. Sentencia de abril 27 de 2001 proferida por el Juzgado 59 Penal Municipal en la cual se absuelve de los cargos a la sindicada. Comienza la juez por recordar que para proferir sentencia condenatoria se necesita tener prueba que conduzca a la certeza del hecho punible y a la responsabilidad del sindicado. En el caso bajo estudio no obraba prueba alguna que determinara la responsabilidad del delito de apoderamiento por parte de la señora Sánchez, lo que estaba probado era que la confusión de líneas se había dado por motivos ajenos a su voluntad. Tal afirmación la hizo con base en el análisis de cada una de las pruebas recopiladas durante el proceso.

Lo que según la juez se encontraba probado era que los problemas se empezaron a presentar después de la reinstalación de la línea telefónica de la señora Sánchez, tanto así que sólo de la factura del mes de septiembre en las cuales constan las llamadas al exterior hace reclamo el señor Maya, no así de las otras facturas. De las pruebas también se podía afirmar que el teléfono de la señora Sánchez estuvo dañado lo cual hizo necesario que para su arreglo funcionarios de la ETB manipularan la caja de los cables y por error cruzaran las líneas. Refuerza la inocencia de la señora Sánchez el hecho de que ella, antes de la querella, le enviara una carta al señor Aristipio Hernández disculpándose por el uso involuntario de la línea.

Por tanto, estimó la juez que además de no haberse probado la existencia de una conducta ilícita, en ningún momento se llegó siquiera a comprometer la responsabilidad de la señora Sánchez en los hechos. Por tal motivo, la juez califica como delicadas las acusaciones hechas por el señor Maya ya que no contaba con pruebas suficientes para imputar una conducta ilícita a la acusada y menos para afirmar que fue dolosa.

IV. Consideraciones de la Corte Constitucional

A. Competencia.

Esta Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el Decreto 2591 de 1991, para revisar el presente fallo de tutela.

B. Fundamentos.

Problema jurídico.

En el presente caso corresponde determinar a la Sala si la actuación de la juez 59 Penal Municipal de Bogotá en el proceso contravencional adelantado contra Alba Mary Sánchez de Suárez constituye una vía de hecho por defecto fáctico (no práctica de algunas pruebas solicitadas por el querellante y supuesta valoración parcializada del acervo probatorio), defecto orgánico (supuesta falta de competencia de la accionada para conocer del asunto) y defecto procedimental (continuación del proceso contravencional sin encontrarse en firme el auto que negaba la solicitud de devolución del caso a la fiscalía 63 de la unidad primera de patrimonio económico).

1. Improcedencia general de tutela contra sentencia —excepcionalidad de la vía de hecho—.

Esta Corte ha sido enfática en reiterar como sólo de manera excepcional llega a proceder la tutela frente a providencias judiciales. Tal afirmación conlleva un exigente estudio del caso por parte del juez de tutela para llegar a concluir la procedencia o no de la tutela por vía de hecho. Ha dicho esta corporación al respecto:

“Si bien, en el desarrollo de las facultades de los funcionarios judiciales aparece envuelto por la vigencia del principio de independencia y autonomía para la toma de sus decisiones, en cumplimiento de la función pública de administrar justicia (C.P., art. 228), el espectro de la protección constitucional de la acción de tutela, con el fin de recuperar la legitimidad del ordenamiento positivo existente, excepcionalmente puede extenderse y comprender algunas de esas actuaciones judiciales, permitiendo a la jurisdicción constitucional armonizar los resultados del ejercicio de las competencias judiciales, con la defensa y prevalencia del ordenamiento constitucional regente” (1) (el resaltado es nuestro).

(1) Ver Sentencia T-350 de 1998. M.P. Hernando Herrera Vergara (en esta ocasión se estudiaba la vía de hecho existente en un proceso disciplinario adelantado por indebido ejercicio de la abogacía. La Corte concedió la tutela por estimar que “el desistimiento realizado por el actor, con plena facultad para ello y sin perjuicio alguno acreditado en el expediente para su poderdante, constituye una actuación que no reviste una conducta dolosa o perjudicial para los intereses de éste” cuestión que se había asimilado al abandono o descuido del proceso aplicándose una analogía desfavorable y contrariándose el principio de tipicidad en materia sancionatoria. Además, en el proceso no existían pruebas suficientes para deducir un actuar intencionalmente perjudicial para el representado). En el mismo sentido ver sentencia T-458 de 1998 y T-1574 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández.

Dentro del proceso se pueden presentar irregularidades de carácter sustantivo, fáctico, orgánico o probatorio. Para que exista una vía de hecho en relación a estas últimas, es necesario que el juez se haya separado de manera abrupta del procedimiento señalado. Se considera oportuno reiterar la sistematización de causales de vía de hecho realizada por esta Corte:

“(...) la Corte ha indicado que hay lugar a la interposición de la acción de tutela contra una decisión judicial cuando (1) la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable (defecto sustantivo); (2) resulta incuestionable que el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión (defecto fáctico); (3) el funcionario judicial que profirió la decisión carece, en forma absoluta, de competencia para hacerlo (defecto orgánico); y, (4) el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental). En criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial” (2) . Revisadas las decisiones pertinentes, parece claro que, implícita o expresamente, cada vez que esta corporación confiere un amparo constitucional contra una sentencia judicial, lo hace fundada en uno de estos cuatro posibles defectos” (3) .

(2) ST-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(3) Ver Sentencia T-008 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz (en esta ocasión la Corte estudiaba la supuesta vía de hecho por haber tenido en cuenta una prueba nula de pleno derecho en un proceso penal. La Corte, después de determinar que en el proceso existía un testimonio recaudado con reserva de identidad obtenido contrariando el debido proceso, encontró que esto no constituía vía de hecho porque dentro del proceso esa no era la única prueba en contra del sindicado. Sólo de basarse un proceso en la prueba inválidamente obtenida se hubiera constituido vía de hecho en el mismo).

2. Vía de hecho por valoración del acervo probatorio —defecto fáctico—.

Reiteradamente ha afirmado esta corporación que para que se configure una vía de hecho por defecto fáctico se necesita de un grave error en materia probatoria que de ser subsanado cambiaria el sentido del fallo. Tal gravedad en el error se justifica en virtud de la autonomía que debe caracterizar a los funcionarios judiciales. Son ellos quienes mediante un análisis inmediato y directo del acervo probatorio llegan a la decisión del caso concreto.

“En relación con el error manifiesto en el juicio valorativo de la prueba, esta Corte ha sido reiterativa en sostener que el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoración de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera más certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la vía de hecho solamente puede tener una aplicación en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo. En efecto, esta Corte ha considerado múltiples veces (4) que sólo excepcionalmente, puede el juez de tutela entrar a decidir sobre la significación y jerarquización de las pruebas que obran en un proceso determinado; de forma que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa, en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jurídico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoración probatoria por fuera de las reglas básicas de realización, práctica y apreciación, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia.

(4) SU-477 de 1997, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía. T-329 de 1996, M.P. Dr José Gregorio Hernández. T-100 de 1998, M.P. Dr. José Gregorio Hernández.

El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y al mismo debe poseer una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez ordinario, pues estaría invadiendo órbitas y competencias extrañas vulnerando de paso la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones” (5) (el resaltado es nuestro).

(5) Ver auto A026A de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa (en esta ocasión el solicitante de la nulidad alegaba que la Sentencia T-008 de 1999 carecía de validez en cuanto después de haber reconocido de manera expresa que una prueba era contraria a derecho se le había dado validez a unas pruebas derivadas de la misma, lo que contrariaba el debido proceso. La Corte determinó que la valoración probatoria hecha por la Sala de Revisión se había enmarcado en las reglas de la sana crítica y no había incurrido en vía de hecho motivo por el cual no se concedió la nulidad).

Se ha establecido de manera uniforme que la falta de consideración de un medio probatorio conlleva una vía de hecho solamente si ésta determina un cambio en el sentido del fallo. De esto se desprende que es deber del juez respetar en alto grado la autonomía del funcionario judicial. Ha dicho la Corte:

La falta de consideración de un medio probatorio que determina el sentido de un fallo, constituye una vía de hecho susceptible de control por vía de tutela. Como la prueba es el fundamento de las decisiones de la justicia, es obvio que su desconocimiento, ya sea por ausencia de apreciación o por manifiesto error en su entendimiento, conduce indefectiblemente a la injusticia judicial. La necesidad de evitar tan funesta consecuencia, violatoria del derecho al debido proceso, ha llevado a la Corte a sostener que los yerros ostensibles en esta delicada materia, pueden remediarse mediante la acción de tutela, siempre y cuando, claro está, los interesados no dispongan de otro medio de defensa judicial” (6) .

(6) Ver Sentencia SU-477 de 1997. M.P Jorge Arando Mejía (En esta ocasión en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo que negaba la devolución de un dinero pagado a la administración del Atlántico no siendo éste debido por no haber prueba suficiente de que los dineros hubieran sido depositados en cuentas de la administración del departamento, a pesar de constar en el expediente una serie de recibos bancarios que servían de medio probatorio para comprobar tal afirmación. La Corte concedió la tutela y ordenó que el proceso se volviera a surtir estudiando las pruebas y dándoseles el valor que el juez determinara) en el mismo sentido T-488 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica (en esta ocasión se encontró la existencia de una vía de hecho en un proceso de filiación en el cual, a pesar de haberse decretado, no se había practicado el experticio científico necesario para determinar la paternidad de quien alegada ser padre del menor); también T-329 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández, y T-452 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.

3. Sujetos procesales en el proceso contravencional.

El artículo 12 de la Ley 23 de 1991 referente a procesos de contravenciones especiales establece:

“ART. 12.—Son partes en los procesos de que trata la presente ley el procesado, su defensor y el personero municipal como agente del Ministerio Público.

En los procesos por las contravenciones especiales a que se refiere el artículo primero de esta ley podrá constituirse parte civil” (7) .

(7) La constitucionalidad de este artículo fue estudiada en la Sentencia C-212 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, y se determinó que: “Los incisos acusados del artículo 12 se contraen a definir quiénes son partes en el tipo de procesos de que se trata y a prever que en ellos es posible que quien tenga interés se constituya en parte civil.

Ninguna tacha de inconstitucionalidad cabe al respecto, pues se trata apenas de la función que cumple la ley en el sentido de trazar las pautas procesales aplicables”. Por tanto, el señalamiento de las partes de este tipo de procesos señalado por la Ley 23 de 1991 estaba vigente para el momento en que se adelantó el proceso de la referencia en lo no derogado por la Ley 228 de 1995, que en su artículo 42 derogó las normas que le fueran contrarias.

Igualmente, la doctrina ha determinado como sujetos procesales de los procesos contravencionales al contraventor, el defensor y el Ministerio Público. Al respecto dice Gilberto Martínez Ravé:

“En este trámite los sujetos procesales, es decir las personas naturales con derechos y obligaciones dentro del procero serán a) El contraventor, b) El defensor, c) El Ministerio Público” (8) .

(8) Martínez Ravé, Gilberto. Procedimiento Penal Colombiano, Temis, 1996, pág. 544.

Si bien el perjudicado es sujeto pasivo de la contravención especial (9) y por tanto “titular del interés jurídicamente protegido por el tipo penal” (10) , y dentro del proceso no puede considerarse como un extraño carente de interés (11) , no por esta razón se convierte en sujeto procesal, calidad que como ya se vio no le es otorgada por la ley. En esta medida, las facultades otorgadas a las partes del proceso, como por ejemplo la interposición de recursos contra las decisiones tomadas por el juez del proceso (por ejemplo, reposición contra la calificación de la situación de flagrancia cuando se ha capturado al contraventor y la investigación se inicia de oficio, la decisión mediante la cual se califican los cargos que se le hacen al contraventor, la que niega la práctica de la prueba oportunamente solicitada, y la apelación contra la sentencia) o la solicitud de pruebas, no le son extensibles a éste.

(9) Tratando el punto referente al desistimiento en los delitos querellables, afirman los doctrinantes Jaime Bernal Cuéllar y Eduardo Montealegre Lynett que éste “sólo tiene relevancia jurídica cuando el sujeto pasivo o perjudicado decide que no debe continuar el trámite de la investigación y dicha determinación es aceptada por el procesado o procesados” (el resaltado es nuestro) de lo que se entiende que la calificación jurídica correcta es la de sujeto pasivo o perjudicado más no la de parte. Bernal Cuéllar, Jaime y Montealegre Lynett, Eduardo. El proceso penal, Universidad Externado de Colombia, 2002, pág. 515.

(10) Ver Sentencia C-658 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(11) Ver la Sentencia T-506 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en la cual se concedió la tutela al derecho de petición de un quejoso quien dentro del proceso contravencional por él iniciado había solicitado copias las cuales le habían sido negadas por no ser parte dentro del proceso. La Corte consideró que en virtud de que el juez no había demostrado que la negativa se diera por la protección de la intimidad del querellado y puesto que el querellante se veía afectado con las resultas del proceso, se deberían otorgar las copias.

El perjudicado que interpone la querella, o querellante legítimo, únicamente será considerado como sujeto procesal en caso de que se constituya como parte civil en el proceso penal. El hecho de que para algunos delitos y contravenciones se exija la querella contrariando así el principio de oficiosidad en el inicio del proceso penal al hacerlo dispositivo no implica que se deba entender al querellante como parte en el proceso. La razón de ser de esta excepcional dispositividad radica en que en cierto tipo de delitos y contravenciones el proceso puede ocasionar dificultades a la víctima durante la investigación o el juzgamiento, pero ésta no muta la naturaleza del quejoso (12) .

(12) Para precisar la noción de querella, ver Sentencia C-658 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. “La querella es la solicitud que hace el ofendido o agraviado para que se inicie la investigación. La ley la establece como condición de procesabilidad, porque estima que en ciertos tipos penales media un interés personal de la víctima del ilícito, que puede verse vulnerado en forma más grave con la investigación que sin ella. En tales casos, restringe la facultad investigativa, condicionándola a la previa formulación de la querella, como medio de protección de este interés personal”.

Por otro lado, los únicos legitimados para promover conflicto de competencia en el proceso contravencional son los jueces, fiscales e inspectores de policía y no los sujetos procesales.

Análisis del caso concreto

En la presente ocasión la Corte Constitucional denegará la tutela a los derechos al debido proceso y buen nombre del señor Jairo Maya Betancourt por las siguientes razones: (i) no está demostrada la existencia de un grave defecto orgánico que constituya una vía de hecho, (ii) no existe defecto procedimental, puesto que al no ser el querellante sujeto procesal, los recursos por él interpuestos contra los pronunciamientos del juez no suspendían de ninguna manera el proceso al no ser válidos desde su origen, (iii) no existe vía de hecho por defecto fáctico, porque en la valoración probatoria hecha por la juez 59 penal municipal de Bogotá no se observa una manifiesta arbitrariedad en la valoración y el decreto de las pruebas, y (iv) no se encuentra probada una vulneración al buen nombre del accionante por parte de la accionada.

(i) Como consta en el expediente, el fiscal 63 local mediante auto de octubre 10 de 2001 envió el expediente a los juzgados penales municipales en virtud de que la cuantía por la cual se presentaba la querella era menor a 10 salarios mínimos. En efecto, el señor Maya al presentar la querella en ningún momento aportó pruebas de un perjuicio superior a dicho monto motivo por el cual el supuesto hurto cometido se debía calificar como contravención especial. Por este motivo no tenía competencia el fiscal. Una vez recibido el expediente por la juez 59 penal municipal de Bogotá ésta asumió conocimiento del caso no encontrando objeción alguna al envío hecho por la fiscalía. De esta manera, no se observó en ningún momento la promoción de un conflicto de competencia dentro del caso por alguno de los sujetos legitimados. El querellante, como ya se explicó en la parte de consideraciones generales, no está legitimado para proponer esta colisión.

No obstante su falta de legitimación, la juez 59 penal municipal diligentemente contestó la petición hecha por el quejoso al afirmar en respuesta de noviembre 29 de 2000 que no existía conexidad entre delito y contravención por la cual el conocimiento del caso debiera ser asumido por las fiscalías locales. En la respuesta se lee claramente que “la conducta atribuida a la señora Alba Mary Sánchez de Suárez no se adecua al punible de violación ilícita de comunicaciones, en razón a que dicho delito implica que en el caso de las conversaciones telefónicas las cuales son privadas, sean interceptadas, controladas o impedidas; hecho que no se dio en el asunto que nos ocupa puesto que el presunto comportamiento denunciado consistió simplemente en apoderarse de la línea telefónica de propiedad del quejoso con el propósito de obtener un provecho, conducta denominada jurídicamente como hurto”. Desvirtuados los motivos por los cuales el querellante pedía se devolviera el caso a las fiscalías locales, éste siguió insistiendo a través de la interposición del recurso de apelación contra la contestación contraria a sus pretensiones. Justificadamente, la accionada no le concedió tal solicitud en virtud de que si bien se le había dado una respuesta inicial por satisfacer un derecho de petición, y no porque el querellante estuviera legitimado para promover el conflicto, frente a la respuesta dada no procedía ningún recurso.

(ii) Por los motivos antes expuestos, carecen de validez las afirmaciones del accionante según las cuales existió un defecto procedimental al adelantar actuaciones dentro del proceso encontrándose en trámite el recurso de apelación contra la negativa de reenvío a las fiscalías locales. No siendo la respuesta susceptible de recurso alguno, sería incorrecto afirmar que las actuaciones surtidas desde la fallida audiencia de conciliación en adelante carecen de validez.

(iii) En materia contravencional el juez en la audiencia preliminar recibirá las pruebas que quieran aportar los sujetos procesales —dentro de los cuales, como ya se observó, no se encuentra el querellante—, decidirá sobre la práctica de las que estos le soliciten, y ordenará las que de oficio considere necesarias para la investigación y el juzgamiento como lo establece el artículo 23 de la Ley 228 de 1995. Igualmente, se consagra en la Ley 228 de 1995, en su artículo 18, numeral 4º: “Acto seguido se otorgará la palabra a los sujetos procesales para que soliciten pruebas. El juez determinará cuáles deben ser practicadas y cuáles son improcedentes o inconducentes. Decretará de oficio las que considere necesarias, para que se practiquen en esta diligencia o en la audiencia pública de juzgamiento” (el resaltado es nuestro). A su vez serán los sujetos procesales los legitimados para interponer recurso de reposición contra la providencia judicial que niega la práctica de pruebas como lo consagra el parágrafo segundo del artículo 18 de la ley en mención.

Al observar los anteriores preceptos que rigen el proceso contravencional y cotejarlos con las actuaciones surtidas por la accionada se observa que en éstas se respetaron las disposiciones que en materia de decreto y práctica de pruebas consagra la normatividad penal. En efecto, el querellante no estaba legitimado para solicitar pruebas ni para cuestionar las decisiones de la juez en esta materia.

La actuación de la funcionaria judicial no fue contraria a derecho ni a su deber de investigar lo favorable y lo desfavorable. No solamente se decretaron pruebas que favorecían a la querellada, como lo afirma el accionante en su escrito de tutela, sino que se tuvieron en cuenta las sugeridas por el quejoso. Se puede observar en el acápite de pruebas que se intentó localizar al técnico Jaime Prens y al empleado de la ETB Carlos Gamboa y se ofició a la ETB para que informara cuál había sido la situación de las líneas telefónicas en cuestión. No se ordenaron como pedidas por el querellante por no ser esto válido dentro de los preceptos que regulan el procedimiento contravencional, pero sí se decretaron de oficio. Además, como bien lo afirma la accionada, también se escuchó a Aristipio Hurtado testigo que tanto querellante como querellada habían solicitado.

A pesar de que al momento de decretar las pruebas no se notificó directamente por parte del juzgado a los señores Prens y Gamboa, en el acápite de pruebas se puede observar como, con posterioridad, la juez citó al señor Gamboa teniendo en cuenta la información aportada por el accionante. El señor Prens fue imposible de citar porque ni la ETB ni el señor Maya dieron datos para hacerlo, no por negligencia de la accionada.

Por otro lado, y complementando la actuación diligente de la accionada, se observa cómo se ofició dos veces a la ETB para que suministrara la información pertinente con respecto a las líneas cuestionadas.

En lo referente a la apreciación hecha por la accionada de las pruebas la Sala estima necesario recordar que para que un defecto fáctico configure una vía de hecho se necesita que el acervo probatorio haya sido analizado de manera tal que de ser tenidas en cuenta las pruebas ignoradas o haberse hecho un análisis diferente del acervo probatorio, cambiaría el sentido del fallo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que contrario a lo afirmado por el accionante no se observa que el estudio de las pruebas realizado por la juez haya omitido de manera caprichosa pruebas que demostraran la culpabilidad de la señora Sánchez. El análisis hecho por la juez accionada no se aleja de manera extrema de la sana crítica. Al momento de fallar se tuvieron en cuenta la gran mayoría de pruebas aportadas y se llegó a la conclusión de que no existía certeza sobre la culpabilidad de la señora Sánchez.

Observa la Sala que no se mencionó dentro del acta de la audiencia de juzgamiento del 27 de mayo de 2001 la prueba allegada por la ETB según la cual la línea telefónica 2320139 no reportó daño en el año 2000, lo cual eventualmente podría tomarse como indicio para señalar a la señora Sánchez como culpable del hurto de línea telefónica. Sin embargo, no se puede afirmar que de haberse tenido en cuenta esta prueba se hubiera cambiado el sentido del fallo. Además, se debe considerar que dentro del expediente también constaban dos testimonios de funcionarios de la ETB según los cuales sí se había realizado reparación a la línea 2320139 en el año 2000.

Con respecto a la valoración del testimonio del hermano de la accionante, la Sala estima que no constituye vía de hecho en virtud de que ésta no fue la única prueba en la que la juez se fundamentó para que determinara la inocencia de la acusada.

Por último, si bien dentro del acervo probatorio existen contradicciones entre las fechas en las cuales se hizo la reparación en la que eventualmente se dio el cruce de líneas y la juez no tuvo en cuenta las mismas al momento de analizar el acervo probatorio, juzga la Sala que de haberse hecho un análisis estricto de las fechas no se hubiera cambiado el sentido del fallo.

(iv) Lo que el accionante considera como una vulneración a su buen nombre, no es más que el llamado de atención hecho por la juez frente a las afirmaciones hechas por el señor Maya que descalifican su actuación como funcionaria judicial. Esto no constituye una vulneración del derecho al buen nombre del peticionario, sino el ejercicio legítimo de la facultad de moderadora del proceso que tenía la juez para el caso concreto.

Por los motivos antes expuestos, como se anunció al comienzo de este acápite, la Sala negará la tutela solicitada.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 1º de marzo de 2002 y en consecuencia NEGAR la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso y buen nombre del señor Jairo Maya Betancourt.

2. Para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

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