Sentencia T-553 de diciembre 2 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

COMPAÑERA PERMANENTE DEL TRABAJADOR

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

EXTRACTOS: «También solicitó el accionante que el Instituto de Seguros Sociales reconociera a su actual compañera permanente María Amparo Molina Misas —con quien probó haber vivido en unión libre desde hace 19 años—, como beneficiaria de los servicios de salud que presta la entidad a los cónyuges de los pensionados.

La respuesta, que según lo dicho no llegó a manos del solicitante, fue del siguiente tenor:

“En atención a su comunicación del día 5 de abril de 1994, me permito informarle que su solicitud de prestación de los servicios médicos por parte del Instituto de Seguros Sociales para la señora María Amparo Molina Misas en calidad de compañera no es posible concedérselos (sic), por cuanto el Acuerdo 044 del 21 de septiembre de 1989, aprobado por el Decreto 3063 del 29 de diciembre de 1989, en su ar-tículo 60, inciso tercero, preceptúa: “a falta de cónyuge, por soltería, fallecimiento del cónyuge o por presentarse algunas de las causas señaladas en este artículo, el compañero (a) permanente del afiliado, o sea, la persona con quien él convivía maritalmente bajo el mismo techo, en forma permanente. Para que el compañero (a) permanente pueda tener derecho a las prestaciones del seguro social, deberá encontrarse adscrito y ser soltero (a)...”.

Como bien puede observarse su compañera no tiene derecho por cuanto usted es casado con la señora Maria Josefina Gallo Naranjo, sin que hasta la fecha usted haya demostrado mediante las vías legales la falta de su cónyuge”. (Cfr. exp. T-49522, f. 26).

La familia, unidad primaria y esencial de convivencia humana, reconocida expresamente por el constituyente como institución básica de la sociedad (arts. 5º y 42), merece por sí misma la protección del Estado, con independencia de la forma en que se haya constituido, es decir, según se ha expuesto en esta providencia, sin que se prefiera la procedente de un vínculo jurídico sobre aquélla que ha tenido origen en lazos naturales.

En efecto, la Carta Política de 1991 otorgó igual trato, el mismo nivel jurídico y derechos equivalentes a la familia fundada en el acto solemne del matrimonio y a la configurada en virtud de la voluntad libre y responsable de conformarla, adoptada por hombre y mujer mediante unión carente de formalidades.

Si ello es así, la igualdad entre las familias, consideradas como agrupaciones, se proyecta a sus miembros, mirados individualmente, de tal manera que, como lo señala el artículo 42 constitucional, los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él tienen iguales derechos y deberes.

Del mismo modo, el esposo o esposa en el caso del matrimonio y el compañero o compañera permanente, si se trata de unión de hecho, gozan de la misma importancia y de iguales derechos, por lo cual están excluidos los privilegios y las discriminaciones que se originen en el tipo de vínculo contraído.

En ese orden de ideas, todas las prerrogativas, ventajas o prestaciones y también las cargas y responsabilidades que el sistema jurídi-co establezca a favor de las personas unidas en matrimonio son aplicables, en pie de igualdad, a las que conviven sin necesidad de dicho vínculo formal. De lo contrario, al generar distinciones que la preceptiva constitucional no justifica, se desconoce la norma que equipara las dos formas de unión (art. 42 C.P.) y se quebranta el principio de igualdad ante la ley (art. 13 C.P.), que prescribe el mismo trato a situaciones idénticas.

Es natural consecuencia de lo expuesto, que en materia de seguridad social los beneficios reconocidos a los cónyuges de los asegurados cobijen, sin ninguna restricción ni diferencia, a quienes tienen el carácter de compañeros o compañeras permanentes, sobre la base de que se pruebe de manera fehaciente la convivencia por el término mínimo que establezca la ley.

En el campo específico de los servicios médico-asistenciales, la Ley 100 de 1993 ha desarrollado los mandatos constitucionales en normas como la del artículo 163, según el cual el plan de salud obligatorio tendrá cobertura familiar y serán beneficiarios del mismo —entre otros— “el cónyuge o el compañero o compañera permanente del afiliado cuya unión sea superior a dos (2) años”.

Lo anterior, aplicado al caso materia de examen, implica que María Amparo Molina Misas, quien, según lo probado, es desde hace 19 años compañera permanente del peticionario, no puede ser excluida de la prestación de los aludidos servicios por la única circunstancia de no haber contraído matrimonio con aquél.

El artículo 60, numeral 3º, del Decreto 3063 de 1989, mediante el cual se aprobó el Acuerdo número 44 del mismo año, emanado del consejo nacional de seguros sociales obligatorios (reglamento general de registro, inscripción, afiliación y adscripción a los seguros sociales obligatorios del ISS), estipula que el compañero o compañera permanente del afiliado podrán adscribirse al régimen de los seguros sociales, a falta del cónyuge por soltería, fallecimiento del otro cónyuge o por presentarse alguna de las causas señaladas en el mismo artículo (nulidad de matrimonio civil o eclesiástico; separación legal definitiva de cuerpos y de bienes, siempre que la causa no le sea imputable al cónyuge supérstite; divorcio de matrimonio civil).

En otros términos, según la indicada norma, para poder extender la prestación de servicios de salud a su compañero o compañera permanente, según el caso, el afiliado debe acreditar que no tiene cónyuge o que el vínculo jurídico con éste ha desaparecido, pero únicamente por los medios formales a que se ha hecho alusión.

No obstante, la Constitución Política ha introducido un cambio cualitativo en la apreciación de las prerrogativas que corresponden a quienes hacen vida marital, otorgando valor y efectos jurídicos a la convivencia efectiva de la pareja. Esta, como se ha dicho, genera derechos, los cuales no pueden ser desconocidos por razón de vínculos matrimoniales previos aunque despojados de la concreción efectiva en que consiste una actual y verdadera vida de casados.

Así las cosas, frente a las normas constitucionales, la enunciación taxativa que hace el precepto en referencia sobre las formas de extinción de los vínculos preexistentes que obstaculizan el reconocimiento de los derechos de seguridad social al actual compañero o compañera permanente, implica el desconocimiento de tales derechos a la persona que convive y por varios años ha convivido con un afiliado cuando la relación matrimonial de éste no ha terminado formalmente pero sí de hecho.

De allí se deriva que el compañero o compañera permanente puesto en tales circunstancias es objeto de injusta e inconstitucional discriminación en materia de seguridad social por hechos que no le son imputables —la ruptura formal del preexistente matrimonio de su compañero—, pese a que el hecho real y probado de su larga convivencia crea derechos indiscutibles a su favor según las disposiciones constitucionales.

Tal es el caso que ahora se examina:

Samuel María Naranjo contrajo matrimonio con María Josefina Gallo, de quien se separó de hecho cuarenta años atrás y en la actualidad desconoce su paradero e ignora, inclusive, si aún vive.

Es claro que dicha señora no recibe actualmente, por concepto del vínculo matrimonial, ninguna prestación propia de la seguridad social que cobija a su marido.

Naranjo ha constituido, desde hace 19 años, una nueva familia, en virtud de vínculos natura-les y vida en común ininterrumpida con María Amparo Molina Misas, quien, a pesar del igual trato que merece a la luz de los mandatos constitucionales, es hoy excluida de toda prestación médico-asistencial por el hecho de que su compañero permanente no ha formalizado lo concerniente a su propio estado civil. Se le hace víctima, entonces, de una situación del todo ajena a su control, aunque constitucionalmente de-bería gozar a plenitud del derecho a la seguridad social. Esto implica, por contera, que en ra-zón de la norma invocada por el instituto, se desconoce flagrantemente su derecho a la igualdad.

En sentencia T-190 del 12 de mayo de 1993 (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), al referirse a la sustitución pensional, la Corte fijó el criterio expuesto, del todo aplicable a los servicios médico-asistenciales de que se trata en este caso:

“...en el hipotético caso de la negación de este derecho a la compañera permanente bajo el argumento de un vínculo matrimonial preexistente, pero disociado de la convivencia efectiva —v.gr. por el abandono de la esposa debido a la carga que representaba el cónyuge limitado físicamente—, se configuraría una vulneración del derecho de igualdad ante la ley en perjuicio de quien materialmente tiene derecho a la sustitución pensional”.

La Corte Constitucional estima que, al propiciar este tipo de discriminaciones, el aludido precepto debe ser inaplicado en el caso controvertido (art. 4º C.P.).

La aplicación de la norma en comento llevaría a supeditar los derechos de la compañera permanente, contra lo prescrito en la Constitución, a la ruptura formal de un vínculo matrimonial preexistente que en la actualidad y desde hace mucho tiempo no se traduce en la real vida en común de los casados.

V. Decisión

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

4. CONCEDER la tutela impetrada por María Amparo Molina Misas y, por tanto, ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales —seccional Antioquia— que, a partir de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este fallo, inicie, a favor de la peticionaria, la prestación de la totalidad de los servicios médicos y asistenciales que le corresponden en su condición de compañera permanente del afiliado Samuel Naranjo Mejía».

(Sentencia T-553 de diciembre 2 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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