Sentencia T-554 de agosto 2 de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

PODERES DISCIPLINARIOS DEL JUEZ

DEVOLUCIÓN DE ESCRITOS IRRESPETUOSOS

EXTRACTOS: «2.3. La Corte Constitucional mediante sentencia C-218 de 1996(1) al declarar la exequibilidad del numeral 2 del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 14 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, en relación con la facultad que tiene el juez, con fundamento en sus poderes disciplinarios, para sancionar con pena de arresto hasta por 5 días a quienes les falten el respeto en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, se pronunció de la siguiente manera:

(1) M.P. Fabio Morón Díaz.

“El juez, como máxima autoridad responsable del proceso, está en la obligación de garantizar el normal desarrollo del mismo, la realización de todos y cada uno de los derechos de quienes en él actúan, y, obviamente, de la sociedad en general, pues su labor trasciende el interés particular de las partes en conflicto. Para ello el legislador lo dota de una serie de instrumentos que posibilitan su labor, sin los cuales le sería difícil mantener el orden y la disciplina que son esenciales en espacios en los cuales se controvierten derechos y se dirimen situaciones en las que predominan conflictos de intereses ...”.

En la misma sentencia la Corte advirtió que los poderes disciplinarios del juez, en cuanto impliquen la imposición de sanciones deben ejercerse con arreglo a las formalidades del debido proceso.

2.4. El numeral 3º del artículo 39 consagra, como específico poder disciplinario del juez, la atribución de ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos para con los funcionarios, las partes o terceros.

Difiere por lo tanto dicha facultad de los poderes disciplinarios previstos en los incisos anteriores que lo autorizan para imponer sanciones de multa y arresto inconmutable, a los empleados del juzgado o particulares intervinientes en proceso o ajenos a éste, cuando se configuren las conductas anómalas allí descritas.

La Corte ha considerado que la devolución de escritos irrespetuosos se aviene al ordenamiento jurídico vigente, por cuanto al cumplirse unos requisitos mínimos objetivos, corresponde al fuero interno del juez determinar si resulta o no procedente ordenar su rechazo(2).

(2) T-099/94, M.P. Jorge Arango Mejía.

En esta oportunidad, la Sala considera necesario precisar lo siguiente:

— La facultad de ordenar la devolución de escritos irrespetuosos, corresponde a los deberes que se imponen al juez para dirigir el proceso y para prevenir y remediar todo acto contrario a la dignidad de la justicia y a la lealtad, probidad y buena fe con que deben actuar los sujetos procesales y las demás personas que eventualmente actúan en el mismo.

— La intervención que mediante la presentación de escritos y a cualquier título realicen las personas dentro de un proceso judicial exige la asunción de una conducta deferente, amable y decorosa, acorde con las elementales normas cívicas y éticas admisibles en todo comportamiento social, con el fin de asegurar el respeto a la dignidad y majestad de la justicia. Por lo tanto, resulta inadmisible la presentación de escritos irrespetuosos para con los funcionarios, las partes o terceros.

En tales circunstancias, el referido comportamiento se erige en cierta forma en una especie de carga procesal consistente en observar en el proceso un buen comportamiento, cuyo incumplimiento autoriza al juez para disponer a través de un proveído judicial la devolución de los aludidos escritos.

— La determinación acerca de cuándo un escrito es inadmisible, por considerarse irrespetuoso, corresponde al discrecional, pero ponderado, objetivo, juicioso, imparcial y no arbitrario juicio del juez, pues las facultades omnímodas e ilimitadas de éste para rechazar escritos que pueden significar muchas veces la desestimación in limine del recurso afecta el derecho de defensa, el debido proceso y el acceso a la justicia. En tal virtud, estima la Sala que los escritos irrespetuosos son aquellos que resultan descomedidos e injuriosos para con los mencionados sujetos, de manera ostensible e incuestionable y que superan el rango normal del comportamiento que se debe asumir en el curso de un proceso judicial, aún en los eventos de que quienes los suscriben aprecien situaciones eventualmente irregulares o injustas, generadas en desarrollo de la actividad judicial. Es posible igualmente que a través de un escrito se pueda defender con vehemencia y ardentía una posición, pero sin llegar al extremo del irrespeto.

— La devolución de un escrito irrespetuoso no consiste propiamente en una sanción, pues corresponde como se dijo antes a una decisión judicial provocada por el incumplimiento de la carga procesal de guardar la adecuada compostura en el proceso. Por ello, no se requiere que previa a la decisión de devolución se agoten los trámites propios del debido proceso aplicable a los casos en que se imponen sanciones.

— La orden de devolución de un escrito de la indicada estirpe, en la medida en que pueda afectar los intereses de alguna de las partes que intervienen dentro del proceso, requiere de la publicidad que es aneja a todos los actos procesales; por consiguiente, la respectiva providencia, en cuanto resuelve una cuestión que es sustancial y no formal o de mero trámite debe ser notificada para asegurar el derecho de defensa. Es decir, que si bien, en principio, no es necesario asegurar dicho derecho cuando se dispone la devolución del escrito, pues éste se hace mediante decisión de plano adoptada por el juez, el referido derecho sí se debe garantizar, mediante la publicidad y la posibilidad de impugnación de la respectiva providencia.

— Estima la Sala, que el juez tiene el deber de ponderar en forma razonable en el caso concreto, la conducta irrespetuosa contenida en el escrito, con el fin de determinar la procedencia del ejercicio de la atribución que se le ha conferido por el numeral 3º del Estatuto Procedimental Civil. En otros términos, la devolución del escrito irrespetuoso debe estar plenamente justificada con el fin de no sacrificar el derecho de la parte.

2.5. En el caso que nos ocupa la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió devolver, mediante auto de cúmplase, los escritos contentivos del recurso de reposición, que interpusieron tanto el peticionario como su apoderado, por considerarlos irrespetuosos.

Tanto el escrito presentado por el peticionario de la tutela como el de su apoderado fueron considerados como irrespetuosos por la autoridad demandada, según su prudente juicio, el cual la Sala no entra a cuestionar, por no evidenciarse un proceder manifiestamente arbitrario, esto es, una vía de hecho. Pero lo que sí considera la Sala arbitrario e irregular es que mediante un auto de cúmplase, es decir, que no cumplió con el requisito de publicidad, por no haber sido notificado a la parte afectada, se hubiera ordenado el rechazo de plano de los escritos de reposición, privando a ésta de la posibilidad de impugnar la decisión, con lo cual evidentemente se incurrió en una vía de hecho y se violó el debido proceso.

3. En conclusión, estima la Sala, que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurrió en una vía de hecho y desconoció el derecho al debido proceso del peticionario al rechazar los escritos contentivos del recurso de reposición, mediante una providencia de cúmplase que no fue notificada en legal forma y contra la cual no tuvo oportunidad el demandante de ejercer el derecho a impugnarla. En tal virtud, se revocarán las decisiones de instancia proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y se concederá la tutela impetrada. Igualmente, para restablecer el derecho conculcado se ordenará a la demandada que proceda a notificar en legal forma la providencia de fecha 30 de julio de 1998, relativa a la devolución de los referidos escritos con el fin de darle oportunidad al actor de impugnarla».

(Sentencia T-554 de agosto 2 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

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