Sentencia T-056 de febrero 6 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

LITISCONSORCIO NECESARIO ENTRE CÓNYUGE Y COMPAÑERA

EXTRACTOS: «Procede a analizar la situación concreta que se controvierte en el presente proceso, así:

a) Dio origen al proceso instaurado ente el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín la negativa del ISS, contenida en las resoluciones 01084 y 03474 del 9 de febrero y 20 de marzo de 1994, de reconocerle la pensión correspondiente a la cónyuge sobreviviente de Sigifredo de Jesús Henao Cuartas.

— Dicho juzgado absolvió al ISS de las pretensiones de la demanda, dirigidas al reconocimiento de la aludida pensión, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“La negativa del ISS para reconocer a la demandante la pensión de sobreviviente radicó en que también concurrió a tal entidad, con solicitud en el mismo sentido la señora Gloria Betancur Vargas, alegando su calidad de compañera permanente del causante.

Haciendo una cabal interpretación del artículo 7º del Decreto 1160 de 1989, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 1º de julio de 1993, determinó que cuando concurren la cónyuge y la compañera permanente del causante, en procura de la pensión de sobreviviente, la misma ha de radicarse en cabeza de la última, siempre que hubiere prestado la asistencia y compañía a la persona pensionada, hasta el momento de su fallecimiento, sin perjuicio del cónyuge que no pudo hacerlo por culpa del mismo causante”.

Tal decisión judicial, en lo pertinente, expresó:

“La Sala considera pertinente para efectos doctrinales, referirse a los comentarios adicionales del cargo con relación a la sustitución pensional cuando al pensionado fallecido le sobreviven su cónyuge y una compañera permanente.

Pues bien, la ley da preferencia al cónyuge sobreviviente en la sustitución de los derechos pensionales de la persona fallecida sobre eventual compañera o compañero permanente de ésta, privilegio que solamente pierde cuando, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º del Decreto 1160 de 1989, exista separación legal definitiva de cuerpos o cuando en el momento del deceso del causante no hiciere vida en común con él, salvo en caso de hallarse en imposibilidad de hacerlo por haber abandonado éste el hogar sin justa causa o haberle impedido su acercamiento o compañía.

En este orden de ideas, se tiene que a falta del cónyuge es beneficiario de la sustitución pensional el compañero permanente o compañera permanente según corresponda; entendiéndose que falta el cónyuge, según lo dispone el artículo 6º del decreto citado, en los siguientes casos: por muerte real o presunta, por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico, y por divorcio; pero también se entiende que falta el cónyuge para efectos de que la compañera o compañero permanente puedan adquirir el derecho a la sustitución pensional cuando aquél, con anterioridad al fallecimiento del causante, ha perdido ese derecho sin que posteriormente lo haya recobrado por haberse restablecido la vida común de los casados, puesto que el espíritu que orienta las normas que rigen la sustitución pensional a cargo de los empleadores particulares es el de proteger a la persona que en realidad prestó asistencia y compañía al trabajador o a la persona pensionada hasta el momento de su fallecimiento, claro está que sin perjuicio del cónyuge que no lo pudo hacer por culpa del causante.

“En cuanto a la hipótesis concreta de que existan simultáneamente cónyuge supérstite y compañero o compañera permanente que se presenten ante el empleador a reclamar la sustitución pensional, se encuentra que el artículo 295 del Código Sustantivo del Trabajo que contiene el principio que determina la forma de resolver dicha situación. En efecto, esta disposición se refiere al evento específico de la disputa del seguro colectivo por personas que acrediten ser beneficiarias del mismo, y que se resuelve con la obligación de la empresa de hacer el pago cuando se le presente copia debidamente autenticada de la sentencia que haya resuelto a quién corresponde el valor del seguro, precepto éste de donde se deriva, en aplicación del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo el principio según el cual cuando exista controversia entre personas que demuestren ante el empleador ser beneficiarias de una prestación social o de su sustitución, originada en la muerte del trabajador, del pensionado, o del trabajador fallecido que había adquirido el derecho a la pensión, ellas deberán dirimir ante la jurisdicción ordinaria laboral quién tiene verdaderamente el derecho a reclamar la prestación, y el empleador deberá pagar a quien señale la decisión que resuelve ese litigio, cuando el beneficiario allí determinado presente la copia autenticada de dicha sentencia.

Del acervo probatorio incorporado en los autos se observa que existen suficientes elementos de juicio conforme a los cuales se puede inferir “que al momento de fallecer el señor Sigifredo de Jesús Henao, no convivía con su cónyuge, sin que ésta hubiera probado que ello se debió a causas atribuibles al causante”, y que en cambio hacía vida marital con su compañera permanente Gloria Betancur Vargas”.

— La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín adujo, para revocar el fallo de dicho juzgado y acceder a lo pedido en la demanda, lo siguiente:

“El artículo 27 del Acuerdo 49 de 1990, establece:

Beneficiarios de la pensión de sobreviviente por muerte por riesgo común. Son beneficiarios de la pensión de sobreviviente por riesgo común, los siguientes derecho habientes:

“1. En forma vitalicia el cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, el compañero o la compañera permanente del asegurado”.

“Se entiende que falta el cónyuge sobreviviente; a) por muerte real o presunta; b) por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico; c) por divorcio del matrimonio civil, y d) por separación legal de cuerpos y bienes”.

De las probanzas ameritadas, resulta incuestionable que la actora en autos, señora Libia Esther Orrego, tiene derecho a que el Instituto de Seguros Sociales, enjuiciado, le tramite la pensión de vejez de que disfrutó en vida el señor Sigifredo de Jesús Henao Cuartas, su cónyuge legítimo. Porque al momento de su fallecimiento, vivían juntos bajo un mismo techo, haciendo la vida común de esposos, en virtud de vínculo eclesiástico vigente y sin que la separación de bienes, efectuada por mutuo acuerdo, invalide en manera alguna esa relación. En otros términos porque en el caso de autos no se configura ninguna de las causales contempladas en la ley para que la peticionante pierda el derecho que se le reconoce como beneficiaria”.

b) Mediante sentencia del 22 de mayo de 1995 el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín condenó al ISS a pagarle a Gloria Betancur Vargas la pensión de sobrevivientes de Sigifredo de Jesús Henao Cuartas.

—En dicha sentencia se expresa que el ISS negó a la demandante la referida pensión mediante Resolución 01084 del 9 de febrero de 1994, con el argumento de que también concurrió en igual sentido a reclamar dicha pensión la cónyuge del causante. Igualmente se dice:

“La demandada replicó a la demanda en los términos siguientes: que los hechos deben ser probados por la demandante. Que como hay otra posible beneficiaria del pretendido derecho, se debe dar cabal cumplimiento al artículo 34 del Decreto 958 de 1990. Que se opone a las súplicas de la demanda y formula la excepción de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, pues que debió citarse al proceso a la señora Libia Esther Orrego, cónyuge del fallecido pensionado (...).

“... la demandada determinó suspender el trámite de la prestación hasta tanto se decida judicialmente por medio de sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho”.

Y para reconocer a la demandante su derecho a la pensión el juzgado invoca el artículo 7º del Decreto 1160 de 1989 y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1º de julio de 1993, antes citada, y la circunstancia de que al momento de fallecer el señor Sigifredo de Jesús Henao convivía con la demandante Gloria Betancur Vargas.

No aceptó el juzgado, en consecuencia, la integración de litisconsorcio.

— En la sentencia proferida por la Sala Décima Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín confirmatoria de la decisión de primera instancia, tampoco se admitió la integración de litisconsorcio solicitada por el ISS, con los siguientes argumentos:

“En relación con la sustitución pensional en sentencia del 27 de marzo del año en curso, con ponencia del doctor Hugo Suescún Pujols, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, expresó:

“El artículo 27 del Acuerdo 49 de 1990 del Seguro Social, aprobado por medio del Decreto 758 del mismo año, señala como beneficiario de la pensión de sobrevivientes al cónyuge y, a falta de éste, al compañero o compañera permanente, y asume que falta el cónyuge sobreviviente por muerte real o presunta, nulidad del matrimonio civil o eclesiástico, divorcio del matrimonio civil y separación legal y definitiva de cuerpos y de bienes.

La consideración conforme a la cual el tribunal, fundado en la equidad, estimó que debía reconocer a la demandante la pensión de sobrevivientes, podría aparecer que desbordara en principio como lo anota el instituto recurrente el texto de la norma del reglamento relativo a la posibilidad de sustitución pensional a la compañera permanente. Pero ocurre que la regla del juicio sobre carga de la prueba (CPC, art. 177), aplicada al artículo 27 del citado Acuerdo 49, no le asigna al compañero la prueba de la extinción del derecho del cónyuge. Y aunque la norma reconoce que la prerrogativa del derecho a recibir la pensión, es en primer lugar, del cónyuge sobreviviente, no le impone al compañero, como único reclamante de la pensión, la carga de demostrar el hecho extintivo para el acreedor prevaleciente, esto es, que ha ocurrido alguno de los casos de falta de cónyuge que la misma norma enumera.

“De acuerdo con lo anterior, si la compañera permanente afirma en juicio, como presupuesto de su pretensión, que tuvo esa condición respecto del pensionado con quien dice haber hecho vida marital hasta la fecha del fallecimiento del causante, y sólo ella acude a reclamar o a demandar judicialmente la sustitución de la pensión, ni el obligado a pagarle ni el juez pueden exigirle que acredite un hecho que no le corresponde demostrar y que incluso puede ignorar totalmente, pues sería tanto como decir que el titular de un derecho debe probar, además de su existencia, que no se ha producido su extinción o modificación o que no ha ocurrido algún hecho impeditivo de su nacimiento”.

Así las cosas, tal y como se dijo en la sentencia anteriormente transcrita, la regla del juicio sobre la carga de la prueba (CPC, art. 177), aplicada al artículo 27 del Acuerdo 49 de 1990, no le asigna al compañero la prueba de la extinción del derecho del cónyuge; y siendo ello así, si la compañera quien luego de demostrar esa condición respecto del pensionado, dice haber hecho vida marital hasta la fecha de su deceso; y sólo ella acude a reclamar o a demandar judicialmente la sustitución de la pensión; no puede, entonces el juez, ni la entidad obligada a satisfacer la prestación económica; y exigirle (sic) que acredite un hecho que no le corresponde demostrar; y siendo ello así, no resulta procedente la solicitud de la parte reclamada en el sentido de que se integre el litisconsorcio necesario, llamando a juicio a la esposa del pensionado fallecido, señora Libia Esther Orrego de Henao, ya que como antes se indicó, la compañera esta relevada de demostrar en el juicio la extinción del derecho del cónyuge; siendo que como lo informa la prueba arrimada a los autos, se encuentra plenamente acreditada la convivencia en unión libre, por más de 20 años del señor Sigifredo de Jesús Henao Cuartas y Gloria Betancur Vargas; de la cual se procrearon dos hijas; y que se prolongó hasta el deceso del señor Henao Cuartas, el día 3 de diciembre de 1992”.

c) Ha sido reiterativa la Corte en el sentido de que la acción de tutela no constituye una vía alterna, ni mecanismo idóneo para rectificar decisiones judiciales en firme, ni para remediar supuestos errores en la interpretación de las normas jurídicas, porque ello atentaría contra la autonomía e independencia que la propia Constitución les reconoce a los jueces. Es decir, que la tutela no es un mecanismo que pueda ser utilizado en forma indiscriminada para atacar o impugnar decisiones judiciales ejecutoriadas, salvo, excepcionalmente, cuando en ellas se incurra en una vía de hecho.

La Corte ha considerado que existe vía de hecho cuando la decisión judicial se encuentra desprovista de toda legalidad, de un fundamento objetivo, serio y razonable, y es fruto de la mera voluntad, deseo o capricho del juzgador, de modo que se torna en un acto abiertamente arbitrario que consecuencialmente vulnera los derechos fundamentales de una de las partes en el proceso.

d) En el caso que se analiza se ha impuesto al ISS una doble condena por una misma causa jurídica, como es, el hecho de la sustitución pensional de Sigifredo de Jesús Henao, tanto a su cónyuge como a su compañera permanente, cuando las normas que rigen la materia son claras en el sentido de que solamente puede existir un beneficiario de dicha sustitución.

No le corresponde a la Sala determinar a cual de los presuntos beneficiarios — la cónyuge o la compañera— le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes, porque este es un asunto que le corresponde resolver a la justicia ordinaria laboral.

Lo que sí es del resorte de su competencia es establecer si al no haberse integrado el litisconsorcio necesario se pudo haber incurrido por el Tribunal Superior de Medellín, a través de las salas de decisión laboral mencionadas, en una vía de hecho. En tal virtud, valen las siguientes acotaciones:

— El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, según consta en las actuaciones correspondientes a ambos procesos, tenía pleno conocimiento de que habían concurrido a reclamar la pensión de sobrevivientes de Sigifredo de Jesús Henao Cuartas, Libia Esther Orrego de Henao y Gloria Betancur Vargas, cónyuge y compañera permanente respectivamente. Sobre este aspecto discurren algunos apartes de las respectivas sentencias. De igual manera, las salas de decisión laboral del Tribunal Superior de Medellín conocían de dicha situación, hasta el punto que en su sentencia la Sala Décima Primera rechazó expresamente la integración de litisconsorcio solicitada por la parte demandada.

— No discute la Sala la validez de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que la compañera permanente no tiene porque demostrar la extinción del derecho de la cónyuge, porque el punto que debe dilucidar la Corte es si la garantía del debido proceso quedó debidamente preservado al no haberse integrado el litisconsorcio, a efecto de impedir que en relación con una misma situación jurídica, que debía ser considerada en forma integral y unitaria, se produjera una doble condena.

— Estima la Sala que al producirse las referidas condenas se incurrió en una vía de hecho al no haberse integrado el litisconsorcio necesario. En efecto:

Dice el artículo 51 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral según el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral:

“Litisconsortes necesarios. Cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si emanan de todos”.

Complementa la anterior disposición el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, igualmente aplicable al proceso laboral, que ordena que cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas y si no se hiciere, el juez en el auto admisorio de la demanda ordenará dar traslado de éstas a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado, e incluso faculta al juez para integrarlo oficiosamente o a petición de parte mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia.

El Acuerdo 49 de 1990 “Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte”, en su artículo 34 dispone, en lo pertinente:

“Controversia entre pretendidos beneficiarios. Cuando se presente controversia entre los pretendidos beneficiarios de las prestaciones, se suspenderá el trámite de la prestación hasta tanto se decida judicialmente por medio de sentencia ejecutoriada a qué personas o personas corresponde el derecho”.

La anterior disposición fue la que válidamente aplicó el seguro, cuando resolvió abstenerse de reconocer la pensión a la cónyuge o a la compañera permanente, hasta tanto no se definiera judicialmente a cuál de ellas debía otorgársele, pues según el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo el reconocimiento de las prestaciones que cubre el Seguro Social debe hacerlo conforme a sus reglamentos.

Un entendimiento armónico de las anteriores disposiciones lleva a la Sala a considerar que en el evento de que concurran como posibles beneficiarios la cónyuge y la compañera permanente, como sucede en el caso en estudio, es imperiosa la integración del litisconsorcio dentro del respectivo proceso, no importa quién de dichas interesadas sea su promotora. En efecto:

No cabe duda de que ordinariamente el esquema que ofrecen las acciones laborales indican cuáles son los sujetos que por vía activa o pasiva deben concurrir al proceso. Pero habrá casos en que el pronunciamiento judicial al cual tiende el ejercicio de la correspondiente pretensión procesal, por su naturaleza o por disposición legal, no puede adoptarse sin que concurran al proceso todas las personas que son titulares de las relaciones jurídicas o han intervenido en los actos sobre los cuales versa la controversia. En tal virtud, la necesidad de un pronunciamiento uniforme y con efectos concretos sobre la totalidad de dichos sujetos impone su concurrencia al respectivo proceso. Por lo tanto, en estos eventos el juez no puede proveer sobre la demanda y decidir sobre la pretensión sin que todos los sujetos activos y pasivos de la relación procesal hayan sido citados e intervengan en el proceso. La necesidad de la participación de dichos sujetos se torna, por consiguiente, en algo que es consustancial con el principio de la integración del contradictorio.

La omisión de la integración del litisconsorcio por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso adelantado por la cónyuge de Sigifredo de Jesús Henao Cuartas, que fue avalada por la Sala Quinta de la Decisión del Tribunal Superior de Medellín, conllevó una flagrante violación del derecho al debido proceso, consagrado por el artículo 29 de la Constitución, por ser ésta una actuación procesal de obligatoria observancia, pues se requería para poder decidir de mérito y en justicia sobre el derecho que debía reconocérsele a una de las interesadas.

De no haberse presentado la aludida omisión, el proceso hubiera concluido necesariamente decidiendo la cuestión litigiosa en forma unitaria para las dos interesadas, de manera que se hubiera definido a cuál de ellas correspondía en derecho la pensión de sobrevivientes de Sigifredo de Jesús Henao Cuartas. Esta situación, necesariamente motivó el trámite del segundo proceso adelantado por Gloria Betancur Vargas, que determinó una decisión contradictoria en el sentido de imponer una doble condena al ISS y que igualmente resultó contagiado del mismo vicio.

Por lo demás, la falta de integración de litisconsorcio también significó un desconocimiento de principios esenciales del ordenamiento constitucional, como son: la justicia, la vigencia de un orden justo, y la eficiencia y la eficacia de las decisiones judiciales, pues no se aviene con aquéllos los fallos de la jurisdicción laboral que impusieron al ISS, sin causa jurídica legítima, una doble obligación que lesiona su patrimonio, el cual igualmente es objeto de protección, según se desprende de diferentes normas de la Constitución.

Acreditada como está la vía de hecho, procede el otorgamiento de la tutela para amparar el derecho al debido proceso y asegurar la vigencia de los mencionados principios constitucionales. En tal virtud, se revocarán las sentencias de instancia, e igualmente en relación con los procesos laborales adelantados ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, se dispondrá:

— La nulidad de todo lo actuado dentro del proceso adelantado por la señora Gloria Betancur Vargas.

— Así mismo, la nulidad de lo actuado dentro del proceso seguido por la señora Libia Esther Orrego Vda. de Henao a partir del auto admisorio de la demanda, con el fin de que se proceda a la integración del litisconsorcio, como lo ordenan los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, se cite a este proceso a la señora Gloria Betancur Vargas, para que de este modo decida de fondo a cuál de ellas corresponde la pensión de sobreviviente del señor Sigifredo de Jesús Henao Cuartas.

Finalmente advierte la Sala, que no es del caso pronunciarse sobre el derecho que puede asistirle al ISS para repetir lo pagado contra una de las mencionadas interesadas, pues es necesario definir previamente cuál de ellas es la legítima beneficiaria de la pensión y, por consiguiente, quién está legalmente obligada a restituir lo indebidamente pagado, aparte de que el proceso requerido para ello, en el supuesto de que no se haga la devolución del dinero recibido en forma voluntaria, debe ser instaurado ante la jurisdicción competente».

(Sentencia T-056 de febrero 6 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

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