Sentencia T-561 de diciembre 6 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

PUBLICACIONES SOBRE CAPTURA DE DELINCUENTES

NO LESIONAN EL BUEN NOMBRE

EXTRACTOS: «La Corte Constitucional procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

2. El mantenimiento del orden, deber del Estado.

Según el inciso segundo del artículo 2º de la Constitución, que copia casi textualmente el 16 de la anterior, “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. En síntesis, los primeros deberes de las autoridades de la República, son dos: la protección de las personas residentes en Colombia, y el asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

De otra parte, el artículo 22 de la Constitución afirma que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Interpretando estas normas, se llega a la conclusión de que el mantenimiento de la paz es un deber social del Estado, y, por consiguiente, uno de los fines de las autoridades de la República. De no ser así, la declaración del artículo 22 no tendría sentido.

Además, hay que tener en cuenta que uno de los fines esenciales del Estado, según el inciso primero del artículo 2º, es “asegurar la convi-vencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

¿Por qué el mantenimiento de la paz es necesario para la protección de las personas en los derechos a que se refiere el inciso segundo del artículo 2º? Sencillamente, porque sólo en un ambiente de paz, en una sociedad donde el Estado sea el único depositario de la fuerza, y ésta esté al servicio del derecho, es posible el disfrute de los derechos por todos. Por el contrario, cuando impera la ley del más fuerte, la suerte de los derechos individuales depende de la capacidad de su titular para hacerlos valer mediante el empleo de la fuerza.

Concretamente, el numeral 4º del artículo 189, impone al Presidente de la República la obligación de “Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”. Esta obligación implica las facultades correspondientes, como director de la fuerza pública.

En síntesis: la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, son posibles en la medi-da en que el Estado, único depositario de la fuerza, cumpla su deber de mantener la paz.

3. El Estado como depositario de la fuerza al servicio del derecho.

La coercibilidad es uno de los caracteres propios del derecho objetivo. Ella consiste en que si la norma jurídica no es voluntariamente cumplida, es posible hacerla cumplir mediante el empleo de la fuerza. Para que ello ocurra es menester que concurran dos circunstancias: la primera, que el Estado sea el depositario de la fuerza; la segunda, que ningún particular pueda resistir la fuerza del Estado. Dicho en otros términos: que la fuerza, garantía de cumplimiento del derecho, sólo pertenezca al Estado.

4. El Estado y las organizaciones criminales.

Si, como se ha dicho, uno de los fines esenciales del Estado es “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”, y si el derecho objetivo exige que el mismo Estado sea el único depositario de la fuerza, es necesario analizar lo relativo a las organizaciones criminales que permanentemente desafían la acción del Estado, fenómeno que se ha generalizado en los últimos años.

La realidad nacional presenta dos actitudes antagónicas en relación con la ley. De un lado está la población inerme, toda ella o al menos la inmensa mayoría, que respeta la ley y cree en el sistema democrático; que acepta todas las reglas de convivencia pacífica plasmadas en la Constitución y en las demás normas que con ella conforman el orden jurídico. Del otro lado hay numerosas organizaciones que han hecho del delito una forma de vida, una actividad económica permanente. Estos grupos son una amenaza cotidiana para todos los colombianos y su existencia misma es un desconocimiento de lo que el Estado significa en lo relativo a la protección de la persona, como se explicará.

Lo primero que debe quedar claro es esto: la existencia misma del Estado se justifica precisamente en cuanto éste es un mecanismo para proteger a las personas en sus derechos fundamentales, en especial la vida y la libertad. Esta protección se cumple en dos fases: una preventiva, destinada a impedir la acción de los delincuentes; y otra posterior a la comisión de los delitos, cuyo fin es castigarlos e impedir que se repitan.

Por lo dicho, es claro que la tarea más urgente que tiene el Estado en Colombia, es la eliminación de las organizaciones criminales, pues mientras ellas existan seguirán cometiendo los desmanes que son la manifestación de su conducta habitual. Dicho en otros términos: el orden jurídico es incompatible con la existencia de organizaciones criminales dedicadas a su desconocimiento.

Por esto, la Constitución prevé el empleo de diversos medios para alcanzar la paz, en beneficio de la comunidad, y, en últimas, de la persona. Pues no es lógico que se prive al Estado de la posibilidad de cumplir este fin esencial.

Y si se tiene en cuenta que la situación nacional, por desgracia, presenta los caracteres de una guerra contra el Estado y la sociedad civil, declarada por grupos armados, hay que partir, en este caso concreto, del hecho de que la propaganda es una de las armas de todos los conflictos bélicos. Arma de la cual la Constitución no priva al Estado en su lucha contra los delincuentes organizados.

A lo anterior hay que agregar que, si bien todos los delincuentes, sin excepción, tienen derecho al debido proceso, con todo lo que éste implica, la lucha contra las organizaciones delictivas no puede adelantarse por los métodos que ordinariamente son suficientes frente a los delincuentes ocasionales. Cualquiera entiende que hay una gran diferencia entre los grupos armados de la delincuencia subversiva o guerrillera, o narcotraficante, y la persona generalmente pacífica que ocasionalmente delinque.

5. Los cambios en la organización del Estado.

El Estado es el orden jurídico vigente. Este orden puede cambiar, cuando así lo determinan los miembros de la comunidad. Pero, ¿cómo se efectúa ese cambio?

Existen en el sistema democrático medios para que el ciudadano participe en la creación de las normas que rigen la vida social. Según el artículo 40 de la Constitución, “todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”. Y para hacerlo puede “tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática”.

Hay, en consecuencia, medios para que los ciudadanos inconformes con el orden jurídico vigente, busquen su transformación. Por esta razón, nadie puede intentar esa transformación por caminos diferentes a aquellos que el mismo orden jurídico señala. El uso de la fuerza con este fin, no puede ser tolerado por el Estado, no sólo porque este es su único depositario, sino porque admitir que algunos hagan uso de la fuerza contra el derecho, conducta vedada a to-dos, rompe el principio de igualdad ante la ley.

Quien quiera, pues, cambiar el orden jurídico, puede intentarlo solamente por los medios que éste prevé. El que haga uso de la fuerza en contra del derecho, es un delincuente y como tal debe ser tratado. Sería absurdo pretender que las autoridades, que representan el Estado, no hicieran uso de la fuerza para cumplir sus fines propios, que son los señalados en la ley, comenzando por el primero que es la supervivencia del Estado. Esto, naturalmente, en la medida en que el uso de la fuerza sea necesario para mantener la vigencia real del ordenamiento jurídico.

6. El ofrecimiento de recompensas por el sumi nistro de informaciones que permitan la captura de delincuentes.

Para proteger a las personas, es necesario capturar a los delincuentes, en especial a aquellos que están organizados y han hecho del delito su ocupación permanente. La captura, en general, permite el juzgamiento y evita la comisión de más delitos.

En Colombia existen grupos armados, que en forma permanente cometen diversos delitos, tales como el asesinato, la extorsión, el robo, el secuestro, los daños en bien ajeno, el tráfico de estupefacientes, etc. En algunos casos, invocan motivos políticos. Así, algunos narcotraficantes alegaron razones de soberanía nacional para combatir, por medios violentos, la extradición de nacionales.

Pues bien: independientemente de los pretextos del delincuente, el deber del Estado es castigar los delitos e impedir que se cometan otros, como ya se dijo.

Esto explica por qué el Presidente de la República al reestructurar el Departamento Administrativo de Seguridad, por medio del Decreto 2110 de 1992, facultó a su director para reconocer recompensas a quienes suministren informaciones “que permitan hacer efectivo el cumplimiento de órdenes de captura dictadas con ocasión de la comisión de delitos en el territorio nacional o fuera de él...”.

El ofrecimiento de tales recompensas se justifica si se tienen en cuenta algunas razones.

Es verdad que entre los deberes de la persona y del ciudadano, según el artículo 95, están los de “respetar y apoyar las autoridades democráticas legítimamente constituidas”, “propender al logro y mantenimiento de la paz”, y “colaborar al buen funcionamiento de la administración de justicia”; y que esto podría llevar a la conclusión errónea de que la colaboración para la captura de los delincuentes tiene que ser forzosamente desinteresada, no remunerada. Pero la verdad es que las organizaciones criminales son poderosas, y combatirlas en una u otra forma implica riesgos para el ciudadano inerme. La recompensa, entonces, implica una compensación por los riesgos que la persona asume al denunciar al criminal que hace parte de una organización.

De otra parte, es hecho público y notorio que los guerrilleros cometen, alegando fines políticos, delitos comunes como el asesinato, o el homicidio fuera de combate, el secuestro, el robo, la destrucción de puentes, oleoductos, torres de energía, etc. Así lo han admitido públicamente individuos que pertenecen a los grupos llamados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército de Liberación Nacional, Ejér-cito Popular de Liberación. Para ellos, estas actividades son honrosas como lo reconoció Humberto Javier Callejas Rúa en la primera demanda de tutela que presentó: “La condición de guerrillero no degrada a la persona, pues se trata de un sujeto opositor político y armado frente al Estado, que tiene como propósito la construcción de una sociedad más humana y justa”. Y en la demanda que dio comienzo a este proceso, dijo su apoderado:

“Los anuncios de recompensa y los volantes que distribuye el ejército y su reproducción en los diarios El Tiempo y El Espectador pretenden que la opinión pública nacional se forme un concepto absolutamente desfavorable de mi poderdante, quien se halla acusado de rebelión, es decir de un delito político, lo cual no es motivo de deshonra. Sin embargo, esas campañas publicitarias lo que buscan es mostrar a Humberto Callejas Rúa como un hombre merecedor del rechazo social, olvidando su dimensión como persona y como hombre preocupado por construir una Colombia soberana, digna y con justicia social”.

Los avisos causantes de la inconformidad del señor Callejas Rúa, no dicen otra cosa que lo que todo el país sabe, porque lo ha padecido: que los guerrilleros, que forman grupos dedicados al bandolerismo, roban, matan, secuestran, extorsionan, destruyen la riqueza pública y atacan los poblados inermes. Que lo hagan invocando razones que ellos consideran nobi-lísimas, no convierte los delitos en actos lícitos, ni priva a las autoridades del derecho de hacer cuanto sea necesario para reprimir sus desmanes. El delincuente no puede alegar que el Estado viola sus derechos solamente porque no le permite desconocer los ajenos, es decir, que el reprimir sus actos delictivos es de por sí una violación de sus derechos.

Repugna a la lógica el que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución sean invocados como un pretexto para impedir a los demás el disfrute de los suyos.

Por todo lo dicho, es claro que las autoridades de la República obran conforme a derecho, en cumplimiento de una norma que hace parte de nuestro ordenamiento jurídico, al ofrecer públicamente recompensas por informaciones que faciliten la captura de cualquier clase de delincuentes.

Y si los delincuentes corren riesgos, tales ries-gos no son consecuencia de las publicaciones, sino de sus propias actividades delictuosas. Quien se coloca al margen de la ley, está expuesto a sufrir los rigores de ésta.

7. Las publicaciones sobre la captura de integrantes de organizaciones delictivas.

Está demostrado que el demandar la colaboración de la población para conseguir la captura de delincuentes convictos o presuntos, y estimular tal colaboración por medio de la oferta de recompensas, no viola la Constitución. Pero, ¿es contraria a ésta el informar a la opinión pública el resultado de la lucha de las autoridades contra la delincuencia?

Uno de los principios de la función administrativa, según el artículo 209 de la Constitución, es el de la publicidad. La comunidad tiene derecho a conocer las gestiones de las autoridades, especialmente las que tienen que ver con su protección y defensa. Por esto en la medida en que crece la amenaza de las organizaciones criminales, es más necesario que las gentes se enteren de cuanto se hace para combatirlas.

Por este primer aspecto, en consecuencia, en nada contraría la Constitución el que las autoridades publiquen las capturas de delincuentes, sean estos presuntos o convictos, del mismo modo que se publican los datos sobre los delitos cometidos por quienes se han puesto al margen de la ley. Sería absurdo sostener que las autoridades tienen que limitarse a informar sobre los soldados y los policías asesinados, y sobre los demás delitos, callando todo lo relativo a sus autores, como si los delitos fueran la obra de nadie. Cuando, para bien de la sociedad, los miembros de organizaciones criminales caen en poder de las autoridades, éstas tienen el deber de hacerlo saber, para que disminuya el constante temor que inspira el crimen organizado.

Se dice que el publicar las noticias sobre las capturas, lesiona el buen nombre a que tienen derecho todas las personas según el artículo 15 de la Constitución. Pero se olvida que el buen nombre es el resultado de la buena conducta. La buena fama no es algo que se reciba gratuitamente o que el Estado o la sociedad dispensen a su arbitrio. Es el hombre quien la crea con su comportamiento ceñido a las normas de la convivencia. Quien observa las leyes, respeta los derechos ajenos, y cumple sus deberes sociales, tiene la buena fama como algo propio. No hay que olvidar que el señor Callejas Rúa afirma haber sido beneficiado con un indulto hace algún tiempo; que, además, muestra orgullo al destacar su condición de guerrillero. Estos dos hechos hacen verosímil la sindicación en su contra y explican las informaciones de su captura, sin perjuicio del debido proceso al cual debe ser sometido.

Perder la buena fama, o al menos la de hombre pacífico y respetuoso de la ley, es uno de los muchos riesgos que corre quien elige la violencia como forma de lucha contra un régimen democrático, desechando las vías que el ordenamiento jurídico establece.

Además, la comunidad tiene el derecho a conocer quiénes no aceptan las normas jurídicas que son el fruto de la voluntad de la mayoría.

Si el artículo 20, en su inciso segundo, prohíbe sin excepción la censura, al decir “No habrá censura”, ¿cómo pretender imponerla a la administración pública y a la prensa, por medio de la acción de tutela, invocando el derecho al buen nombre de quienes pertenecen a organizaciones delictivas?

Por otra parte, ¿cuál es la finalidad de las publicaciones a que nos venimos refiriendo? Además de informar sobre la gestión de la administración pública en esta materia, buscar la colaboración de la población, estimular la solidaridad en la lucha contra la delincuencia.

La colaboración de la población en la administración de justicia, para el buen funcionamiento de ésta, es uno de los deberes de la persona y del ciudadano, según el artículo 95 de la Constitución. Pero esa colaboración, que no pue-de entenderse solamente teórica y pasiva, bien puede expresarse en las denuncias de las conductas delictivas y de sus presuntos autores. Y estimularla mostrando los logros conseguidos, es, sencillamente, poner la propaganda al servicio de la paz.

De otro lado, no hay injuria en publicar las acciones de quienes se sienten orgullosos de ellas: para ellos son hazañas, así para la sociedad, y en particular para las víctimas, sean crímenes. Baste pensar que si, algún día, quienes hoy combaten violentamente el orden jurídico, triunfaran, serían héroes y las publicaciones de sus hechos harían parte de una historia honrosa.

8. La presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.

Se alega que el ofrecer públicamente las recompensas de que se trata, y el hacer conocer la captura de los miembros de organizaciones delictivas, contraría la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, consagrados por el artículo 29 de la Constitución. Esta afirmación es inexacta, como se verá.

En primer lugar, las publicaciones no implican la declaración judicial de culpabilidad. La persona capturada tiene derecho a ser juzgada “conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. En el caso que nos ocupa, nada indica que se haya vulnerado este derecho.

De otro lado, no hay que olvidar que en virtud de la independencia de las ramas del poder, la administración de justicia no está sometida al ejecutivo, ni al legislativo. Cuando el artículo 230 de la Constitución declara que “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”, está reconociendo la autonomía de los jueces. Por esta razón, si la fuerza pública, en cumplimiento de sus funciones, captura a quien se sindica de la comisión de un delito, la captura no equivale a una sentencia condenatoria. Es apenas la manifestación de la colaboración armónica entre las ramas del poder público. Esta colaboración permite que la administración de justicia sea eficaz. Pues de nada valdría la actividad de los jueces penales, si quienes quebrantan la ley penal no pudieran ser aprehendidos.

9. La supuesta violación de otros derechos constitucionales fundamentales.

Por lo anterior, es claro que la aprehensión de los delincuentes no es contraria al artículo 29 de la Constitución. La libertad tiene un límite, que no es otro que la ley.

Y tampoco es contraria a la igualdad ante la ley consagrada por el artículo 13, simplemente porque nadie puede pretender que está por encima de la ley, que puede quebrantarla impunemente.

Se dice también que los avisos que originaron esta tutela violan el artículo 14 de la Constitución que reconoce a todos los individuos de la especie humana el derecho a su personalidad jurídica. Esta aseveración no pasa de ser un sofisma. Pues nadie ha dicho que el delincuente no sea persona, es decir, sujeto de derechos y obligaciones. Que no ejerzan los primeros y no cumplan las segundas de conformidad con la ley, es cosa diferente. Pero el violar la ley no les priva de su calidad de sujetos de derechos y obligaciones, de personas.

Tampoco es verdad que el ofrecer recompensas por las informaciones que permitan capturar un delincuente, implique la violación del artículo 17, que prohíbe la esclavitud. Lo que se debate en este caso es ajeno por completo al artículo 17 de la Constitución. Solamente una especie de licencia poética lleva a expresar que estamos en presencia de un acto “dirigido a cambiar personas por dinero”.

Por último no es verdad que estas campañas publicitarias sean una “apología del delito y a la guerra”. Son, apenas, actos de legítima defensa del orden social, que el Estado está obligado a ejecutar.

10. Conclusiones.

Deliberadamente, la Sala no se ha ocupado de examinar si las dos tutelas demandadas por Humberto Javier Callejas Rúa, son iguales. En términos generales, es claro que se basan en el mismo hecho, aunque el demandante ha tenido el cuidado de dirigirlas contra personas distintas, y agregar, además, la alegación de la supuesta violación de otros derechos fundamentales. Pero, esto carece de importancia.

La cuestión fundamental es otra: si las organizaciones criminales, y sus miembros en particular, pueden invocar la tutela para impedir acciones legítimas de las autoridades en defensa de la paz y en guarda del orden jurídico. Para la Corte es claro que la acción de tutela no se estableció para que quienes quebrantan la ley eludan la acción de las autoridades dirigida a proteger a todas las personas residentes en Colombia.

Y la prensa, concretamente los diarios El Tiem-po y El Espectador, tampoco han violado los derechos fundamentales del señor Callejas Rúa. Con toda seguridad puede afirmarse que si la justicia llegara a declararlo inocente, la prensa daría la noticia, así como informó sobre su sindicación y su captura.

De otra parte, los periódicos mencionados, lo mismo que el Instituto Nacional de Radio y Televisión “Inravisión”, se limitaron a publicar los avisos de que se trata, a solicitud de diferentes oficinas estatales, que las ordenaron legítimamente. Esta clase de publicaciones, por su naturaleza y por su origen, no son susceptibles de rectificación. Si alguna acción procediera, sería contra la autoridad que las ordena, acción que, como se explicó, es improcedente.

En consecuencia, habrá de revocarse la sentencia del Honorable Tribunal Superior de Santa-fé de Bogotá, y, en su lugar, se denegará la tutela demandada por Humberto Javier Callejas Rúa en contra del Ejército Nacional, el Instituto Nacional de Radio y Televisión “Inravisión”, y los diarios El Tiempo y El Espectador. Se confirmará la del Juzgado Treinta y Uno (31) Civil del Circuito de la misma ciudad, pero por razones diferentes a las del juez de primera instancia.

11. Advertencia en relación con la presunción de inocencia.

En el futuro, cuando se hagan publicaciones semejantes a éstas, habrá que advertir si se trata de delincuentes presuntos o convictos. Esto, en guarda de la presunción de inocencia.

De otra parte, si una persona en relación con cuya captura se ofreció recompensa pública, o de cuya aprehensión se informó en forma semejante a la descrita en este proceso, es declarada inocente en providencia firme, dictada por juez competente, y no tiene más cuentas pendientes con la justicia, su nombre y su imagen no podrán ser utilizados en publicaciones como la que dio origen a esta tutela».

(Sentencia T-561 de diciembre 6 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto, presento a continuación los motivos que me llevan a separarme de la decisión mayoritaria. Considero que la sentencia del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala Civil, debió confirmarse en el sentido de conceder la tutela de los derechos fundamentales al sindicado Humberto Javier Callejas Rúa y, en consecuencia, ordenar la exclusión del peticionario de los avisos o afiches publicitarios cuestionados, por presentarse en su caso una clara vulneración de sus derechos fundamentales. En cuanto a los particulares demandados, El Tiempo y El Espectador, la tutela era claramente improcedente por no haberse solicitado previamente la rectificación y por ser am-bos diarios ajenos al origen de la información. Las siguientes son las razones de mi disentimiento:

Legitimidad del poder coercitivo del Estado.

3. No basta para que el poder coercitivo del Estado sea legítimo que éste sea depositario exclusivo de la fuerza. Tampoco que la coerción sea necesaria para el mantenimiento de la paz y la protección de los derechos fundamentales de las personas en general cuando el cumplimiento social de las normas no sea espontáneo. La legitimidad del ejercicio del poder coercitivo del Estado no radica en quién ostente la fuerza ni en lo indispensable que ésta resulte para alcanzar determinados fines, sino en el respeto de los derechos, principios y valores fundamentales constitucionales.

La legitimidad de un régimen es directamente proporcional a la protección que las autoridades le brinden a los derechos fundamentales. A diferencia del Estado totalitario, el Estado de derecho es sinónimo de compromiso ineludible e inaplazable con los derechos inalienables de la persona. El presunto infractor de la ley penal o sindicado de un delito, por el sólo hecho de la acusación o el procesamiento, no pierde automáticamente los derechos reconocidos a toda persona en la Constitución. Para no rebajarse a la condición de quienes infringen la ley, el Estado debe rodear de garantías al sindicado.

La necesidad de instrumentos excepcionales para luchar contra organizaciones criminales o la eficacia de ciertos métodos no constituyen el único factor relevante para evaluar su constitucionalidad. Si de alguna forma es posible caracterizar el derecho penal moderno es en cuanto que abolió medios de prueba tan eficaces como la tortura, que si bien eran de importancia indiscutible en épocas remotas —procesos eclesiásticos y seculares de brujería— hoy en día repugnan al compromiso político e ideológico de los Estados con los derechos humanos de la persona.

4. La sentencia mayoritaria iguala la adecuación de los medios estatales de lucha a su conformidad con el derecho. Basta a la mayoría demostrar la importancia y la utilidad de la propaganda estatal en la lucha contra las organizaciones criminales, a la que denomina “arma para todo conflicto bélico”, para concluir que la Constitución no podría despojar al Estado y a la sociedad de un medio de defensa de esas características. La mayoría olvida que su compromiso, más que con la eficacia del poder coercitivo del Estado, es con la defensa de los derechos fundamentales frente a los actos u omisiones de las autoridades que los vulneren o amenacen (C.P., art. 86). Un análisis atento de los hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela tendría que haber llevado a la Sala a plantearse y resolver la pregunta de si es violatorio de los derechos fundamentales de una persona capturada y no juzgada el hecho de denominarlo y exhibirlo como delincuente en anuncios o avisos publicitarios que tienen como finalidad promover el apoyo de la comunidad en la lucha contra las organizaciones criminales y crear confianza en la población acerca de la efectividad de las autoridades en esta lucha.

No obstante, la mayoría elude la cuestión principal y se ocupa de justificar la actuación del Estado mediante juicios políticos y de valor carentes de sustento constitucional, además de emplear para ello un lenguaje más propio de la controversia política que del examen de constitucionalidad de los actos de la autoridad pública acusada de violar los derechos fundamentales.

Normalidad y anormalidad.

5. Según la sentencia, “la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, son posibles en la medida en que el Estado, único depositario de la fuerza, cumpla su deber de mantener la paz”. Una vez establecido este supuesto teórico, se califica “la situación nacional” como una realidad de “guerra contra el Estado y la sociedad civil declarada por grupos armados”. Formulada esta afirmación se extrae la conclusión de que la lucha contra las organizaciones delictivas no puede adelantarse por los métodos que ordinariamente son suficientes frente a los delincuentes ocasionales.

6. La primera objeción que cabe hacer a lo sostenido por la mayoría es que la situación de guerra es utilizada para crear una especie de estado de anormalidad dentro de la normalidad, lo que jurídicamente no está previsto. Se trata de una argumentación que no tiene en cuen-ta las categorías jurídicas diseñadas por el constituyente para distinguir entre tiempos de normalidad y estados de excepción. No obstante el hecho de encontrarnos en una situación de normalidad constitucional, la sentencia parte del supuesto de una situación de “guerra”, término que la Constitución sólo utiliza para referirse al conflicto bélico entre naciones. De esta for-ma, la Sala diluye un juicio normativo sobre las condiciones objetivas que habilitarían al Presidente de la República para declarar la guerra, en un juicio empírico sobre la realidad nacional, justificando de esta forma la utilización de “métodos” excepcionales para enfrentar a las organizaciones delictivas.

7. Al desconocer las diferencias constitucionales entre normalidad, estado de conmoción interna y guerra internacional, la sentencia supone que el carácter excepcional de los procedimientos jurídicos depende de la apreciación de la gravedad del caso concreto por parte del órgano estatal involucrado en el problema de orden público y no de la previa declaratoria del estado de conmoción. Se llega por esta vía a la peligrosa situación, propia de los estados pre-constitucionales, en la cual el derecho pierde su alcance objetivo y pasa a depender de su conveniencia. Lo mismo sucedía con las doctrinas iusnaturalistas que respaldaban el absolutismo. Las normas, según estas teorías, pierden su calidad de reglas jurídicas cuando poseen contenidos injustos. De esta manera, el derecho queda sometido a una instancia superior que determina su carácter normativo con base en el catálogo axiológico del gobernante. Bien sea por razones de conveniencia o por razones de justicia, la idea de condicionar los procedimientos propios para la declaratoria, extensión o levantamiento de los estados de excepción a las necesidades del caso particular, es algo propio de un razonamiento extraño por completo al derecho constitucional.

Del hecho de que en determinadas circunstancias resulte más favorable para la sociedad el empleo de un procedimiento excepcional no previsto por el derecho, no permite arribar a la conclusión de que, en ese caso concreto, es legítimo pasar por alto los procedimientos establecidos. Esto llevaría a convertir el derecho en una variable dependiente del ejercicio del poder. Las normas serían aplicadas sólo en la medida en que pudieran contribuir a los fines que el gobernante en su albedrío dispusiera.

8. Es cierto que la finalidad del Estado se encuentra en la protección de los derechos fundamentales de las personas, como la sentencia lo enuncia. Sin embargo esta afirmación general, no puede olvidar toda una tradición constitucional que ha logrado que dicha protección sea posible a partir del respeto de ciertos procedimientos. El caso de los estados de excepción es un buen ejemplo de ello. La declaratoria de la anormalidad depende de un proceso reglado. Por eso es constitucional. Esta exigencia tiene explicación en la idea de que la discrecionalidad absoluta para utilizar los mecanismos excepcionales del poder, pone más en peligro los derechos fundamentales de las personas que la limitación de la voluntad gubernamental en materia de orden público. Dicho en otros términos: el constitucionalismo hace suya la verdad histórica, según la cual, es preferible afrontar los perjuicios derivados de una limitación del ejercicio del poder, que los perjuicios derivados de su ejercicio indiscriminado. De aquí la idea liberal que se enuncia en el postulado: “el derecho debe ser obedecido puntualmente y criticado libremente”.

9. La racionalidad constitucional constituye una garantía de los derechos fundamentales y debe ser respetada incluso en aquellos casos en los cuales la aplicación del derecho constituye un inconveniente coyuntural. Pasar por encima de los procedimientos jurídicos, para lograr un hipotético beneficio social posterior, es ajeno a todo principio y valor constitucional y, por lo tanto, debe ser rechazado por la Corte Constitucional.

Vulneración de los derechos fundamentales del procesado.

14. La denominación y la exposición gráfica del peticionario como un delincuente en la propaganda militar —sin haber sido condenado mediante sentencia judicial— constituye una acción violatoria de los derechos fundamentales de la persona capturada que es sujeto de investigación penal.

La persona procesada por una presunta infracción de la ley penal no puede ser tratada o presentada a la opinión pública como un “delincuente”, calificación negativa y estigmatizante que sólo puede ser consecuencia de la declaratoria de culpabilidad pronunciada por la autoridad judicial al término de un proceso penal con el lleno de las garantías constitucionales. Para la mayoría es irrelevante jurídicamente que, pese a que el peticionario se halla a órdenes de lo jueces y en su contra se adelanta un proceso penal en el que se presume inocente y corresponde al Estado demostrar su culpabilidad, las autoridades presenten al peticionario como un delincuente. La sentencia afirma que “las publicaciones no implican una declaración judicial de culpabilidad”, razón por la que no se vulnera el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 29 de la Carta Política. Esta vacía seudo argumentación no le resta gravedad a la ofensa cometida por el Estado cuando, con independencia de lo que resulte probado en juicio, da un trato de delincuente a una persona procesada pero aún no condenada. De esta forma, la Sala con un simple juego de palabras claudica a su deber de velar por la integridad de la Constitución y desconoce abiertamente la jurisprudencia de la misma Corporación en la cual se precisa el alcance del principio de presunción de inocencia:

“La institución del debido proceso, que se erige en columna insustituible del Estado de derecho, responde a la necesidad imperativa de establecer un conjunto de garantías jurídicas cuyo objeto principal consiste en proteger a la persona de la arbitrariedad y en brindarle medios idóneos y oportunidades suficientes de defensa a objeto de alcanzar la aplicación justa de las leyes. Supuesto indispensable de ello es la presunción de inocencia de todo individuo mientras no se cumpla el requisito de desvirtuarla, demostrándole su culpabilidad con apoyo en pruebas fehacientes debidamente controvertidas, dentro de un esquema que asegure la plenitud de las garantías procesales so-bre la imparcialidad del juzgador y la íntegra observancia de las reglas predeterminadas en la ley para la indagación y esclarecimiento de los hechos, la práctica, discusión y valoración de las pruebas y la definición de responsabilidades y sanciones”(1).

El proceso es el medio legítimo a través del cual el Estado interviene en la esfera de derechos y libertades del sindicado. La intensidad de la intromisión oficial en la esfera individual como consecuencia de la comisión de un hecho punible es atenuada mediante el otorgamiento de garantías constitucionales al procesado. La presunción de inocencia es una de estas garantías en favor del sindicado y, por tanto, ella constituye un límite objetivo para las autoridades públicas. Esta misma Sala de Revisión sostuvo en relación con la presunción de inocencia:

“Todas las personas cuya conducta se investiga tienen a su favor la presunción de inocencia y la de su buena fe, sin que sea necesario que así lo declare una sentencia” (2).

La circunstancia de que las publicaciones don-de se tilda de delincuente al peticionario sean desarrollo de una campaña publicitaria puesta en marcha por las Fuerzas Militares para luchar contra las organizaciones delictivas del nar-cotráfico y la guerrilla y no hayan sido ordenadas por el juez penal que adelanta el proceso respectivo, no evita la vulneración del derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Todas las autoridades conforman la unidad del Estado. No es posible afirmar que los actos u omisiones de una rama del poder público —en este caso la ejecutiva— son indiferentes para el cumplimiento efectivo de las funciones asignadas a otra. El Estado no puede procesar imparcialmente a un posible infractor de la ley penal y, al mismo tiempo, calificarlo de delincuente, pese a la existencia de serias evidencias que así lo demuestren, pues éstas deberán ser debatidas y confrontadas en juicio antes de poder traducirse en una condena. De no ser así, la imparcialidad del juzgador —que puede ser sensible a la opinión pública— podría retroceder ante la presión de otras instancias estatales que, con sus procedimientos, estarían invadiendo órbitas ajenas y, lo que es más grave, socavando la legitimidad y transparencia de la justicia.

Eduardo Cifuentes Muñoz 

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