Sentencia T-568 de octubre 7 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-169409

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

Actor: Mauricio Corrales Bermúdez

Temas:

— Aplazamiento de la prestación del servicio militar obligatorio a estudiantes de centros de formación religiosa.

— Discriminación por razón de creencias religiosas.

Octubre 7 de 1998.

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado.

(...).

Fundamentos

Procedencia de la acción de tutela

1. La presente acción de tutela se interpuso contra la decisión, del Ejército Nacional, de negarse a conceder al actor el aplazamiento de su obligación de prestar el servicio militar. En criterio del demandante dicha decisión es absolutamente arbitraria y vulnera, entre otros, sus derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa, y de asociación.

Dado que, en una oportunidad anterior, el Ejército Nacional había concedido al actor el derecho al mencionado aplazamiento, este entendió que tal decisión sería ratificada. No obstante, la autoridad demandada no sólo no concedió el derecho sino que asumió que el demandante se encontraba evadiendo sus obligaciones. En consecuencia, en las condiciones anotadas, la negativa de conceder la exención puede implicar la captura y sanción del presunto remiso, la suspensión de sus actividades de formación religiosa y, eventualmente, la realización de actos que no son compatibles con su opción vital.

2. En casos como el presente, la Corte Constitucional ha considerado que siempre que se trate de evitar un perjuicio irremediable, procede el ejercicio conjunto de las acciones contencioso administrativas y de la acción de tutela(2). Pero incluso, cuando la acción constitucional no se orienta a impugnar un acto administrativo general sino la forma en la que está siendo aplicado o interpretado o el daño particular y concreto que esta puede generar, procede la tutela como mecanismo de defensa. Al respecto, en la sentencia T-203 de 1993 se señaló:

“Debe repararse por otra parte en que el punto materia de análisis —a diferencia del que constituye el objeto de la providencia mediante la cual se resuelve acerca de la solicitud de suspensión provisional en los procesos contencioso administrativo— no es el relativo a una posible oposición flagrante entre el acto demandado y las normas superiores a las que está sometido, sino la situación de hecho en la cual puede hallarse una persona frente a un acto cuya aplicación concreta implique, en su caso, efectos inmediatos e irremediables que vulneren sus derechos constitucionales fundamentales”(3).

(2) Ver, entre otras, las sentencias SU-039 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-443 de 1992 y 203 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-440 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz, T-142 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(3) Sentencia T-203/95 (M.P. José Gregorio Hernández).

En el mismo sentido se pronunció esta Sala de revisión, una causa reciente(4) en la que el representante de una congregación religiosa impugnaba la decisión de la DIAN en el sentido de solicitante una serie de requisitos tributarios que no eran exigidos a la Iglesia Católica. En dicha oportunidad, la Corte entendió que se trataba de un asunto que, como el presente, revestía una innegable dimensión constitucional y que postergar la decisión podía producir perjuicios irremediables, no sólo en términos del derecho a la igualdad sino de los restantes derechos involucrados. En el presente caso, de resultar arbitraria la decisión del Ejército Nacional, se amenaza gravemente la integridad de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, a la libertad de cultos, a la libertad personal y a la educación religiosa del actor. Por las razones anotadas, considera la Sala que procede la acción de tutela.

(4) Sentencia T-352/97 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Estudio de la cuestión de fondo

Para dar respuesta al problema jurídico sustancial es necesario establecer, en primer lugar, el origen y la naturaleza del trato diferenciado cuya legitimidad se estudiará en un momento posterior.

Disposiciones legales y reglamentarias sobre exenciones y aplazamientos de la prestación del servicio militar obligatorio y origen del trato diferenciado objeto de juicio constitucional

3. Conforme a lo establecido en los artículos 95-3 y 216 de la Constitución Política, la prestación del servicio militar constituye un deber ciudadano de obligatorio cumplimiento, cuya regulación específica y, en especial la de las condiciones que eximen de tal prestación, debe ser fijada por la ley. En desarrollo de dichas normas, fue expedida la Ley 48 de 1993, por medio de la cual se reglamentó el servicio de reclutamiento y movilización. Esta disposición, luego de afirmar la obligatoriedad del servicio militar (art. 3º), establece, en los artículos 27 a 29, las causales que autorizan que a un ciudadano se exima de la prestación del servicio militar obligatorio, o la misma sea objeto de aplazamiento. En punto a las exenciones, el artículo 28 de la anotada ley dispone:

“ART. 28.—Exención en tiempo de paz. Están exentos del servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar.

a) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Así mismo los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto.

(...)”.

Al referirse a los aplazamientos de la prestación del servicio militar obligatorio, el artículo 29 de la Ley 48 de 1993 establece:

“ART. 29.—Aplazamientos. Son causales de aplazamiento para la prestación del servicio militar por el tiempo que subsistan, las siguientes:

(...).

d) Haber sido aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa.

(...)”.

En síntesis, en cuanto respecta a la exención y aplazamiento de la obligación de prestar el servicio militar, puede afirmarse que las normas transcritas otorgan un tratamiento similar a los clérigos, pastores o ministros de las distintas congregaciones religiosas. En consecuencia, por ahora, no parece que exista ninguna razón para exigir a los miembros de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia un requisito que no se exige a quienes pertenecen a la Iglesia Católica.

4. No obstante, para efectos de identificar con mayor precisión cuál es el universo de los sujetos a quienes les resulta aplicable la figura del aplazamiento a la que se refiere el literal d) transcrito, debe indagarse sobre las condiciones y requisitos que impone la ley para que las distintas congregaciones religiosas puedan establecer sus propios “centros de preparación de la carrera sacerdotal”.

La ley estatutaria sobre libertad religiosa (L. 133/94) consagra el derecho de los cultos religiosos e iglesias existentes en Colombia a mantener centros o institutos de estudios religiosos o teológicos con la finalidad de formar a sus sacerdotes, pastores, ministros y otras autoridades jerárquicas. En este sentido, el artículo 7º d) de la Ley 133 de 1994 indica:

“ART. 7º—El derecho de libertad religiosa y de cultos, igualmente comprende, entre otros, los siguientes derechos de las iglesias y confesiones religiosas:

(...).

d) De tener y dirigir autónomamente sus propios institutos de formación y de estudios teológicos en los cuales pueden ser libremente recibidos los candidatos al ministerio religioso que la autoridad eclesiástica juzgue idóneos. El reconocimiento civil de los títulos académicos expedidos por estos institutos será objeto de convenio entre el Estado y la correspondiente iglesia o confesión religiosa, o, en su defecto, de reglamentación legal;

(...)”.

El artículo transcrito es claro al reconocer la autonomía de las congregaciones religiosas para crear sus propios centros de formación interna, la que sólo puede ser intervenida si se trata de la homologación o el reconocimiento “civil” de tales títulos. Lo dispuesto en la precitada norma ha sido desarrollado, de manera específica, por tratados internacionales o por convenios de derecho público interno en los cuales se ha recabado la autonomía de que son titulares todas las iglesias y cultos religiosos existentes en Colombia para organizar sus propios centros de formación religiosa.

Ahora bien, la ley reconoce a las organizaciones religiosas el derecho de crear entidades de educación superior distintas de los centros exclusivamente dedicados a la formación de pastores o ministros. Tratándose del ejercicio de este derecho, la autonomía resulta reducida, pues todas las entidades de educación superior, con independencia de su origen o filiación, están sometidas a control y vigilancia del Estado(5).

(5) En efecto, en el caso de la Iglesia Católica, el concordato suscrito entre el Estado colombiano y la Santa Sede (L. 20/74) se ocupó de regular la materia en su artículo X que, al respecto, dispone:

“ART. X.—1. El Estado garantiza a la Iglesia Católica la libertad, de fundar, organizar y dirigir bajo la dependencia de la autoridad eclesiástica centros de educación en cualquier nivel, especialidad y rama de la enseñanza, sin menoscabo del derecho de inspección y vigilancia que corresponde al Estado. 2. La Iglesia Católica conservará su autonomía para establecer, organizar y dirigir facultades, institutos de ciencias eclesiásticas, seminarios y casas de formación de religiosos.

El reconocimiento por el Estado de los estudios y de los títulos otorgados por dichos centros será objeto de reglamentación posterior”.

Por otra parte, con base en la Ley 133 de 1994, el Estado colombiano suscribió el convenio de derecho público interno 1 de 1997 con varias entidades religiosas cristianas no católicas, entre las cuales se encuentra el Consejo Evangélico de Colombia, Cedecol, al cual pertenece la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia(5). El anotado convenio fue aprobado mediante el Decreto 354 de 1998 que, en relación con la libertad de enseñanza de las iglesias y confesiones religiosas que suscribieron el convenio, dispuso lo siguiente:

“ART. 10.—De la libertad de enseñanza. Las entidades religiosas que suscriben el presente convenio, en ejercicio de la libertad de enseñanza podrán fundar, organizar y dirigir centros de educación a cualquier nivel, incluidos los de educación campesina y rural y para la rehabilitación social y en general cualquier rama de la educación, para lo cual deberán cumplir las disposiciones legales vigentes:

El Estado estimulará la creación de instituciones de ciencias religiosas cristianas no católicas a nivel superior y realizará las gestiones necesarias para homologar los títulos que hayan sido otorgados por instituciones educativas universitarias que tengan pleno reconocimiento legal en el país de origen, de conformidad con las normas legales vigentes.

El reconocimiento por el Estado de los estudios y de los títulos otorgados por dichos centros, será objeto de reglamentación posterior.

Para efectos del reconocimiento de títulos superiores otorgados en el extranjero, se tendrá en cuenta la supresión de la homologación o convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior en el exterior, consagrada en el artículo 64 del Decreto 2150 de 1995”.

En suma, las iglesias y cultos religiosos existentes en Colombia pueden fundar y organizar dos tipos de centros de enseñanza. En primer lugar, pueden crear aquellas instituciones destinadas a la formación de sacerdotes, ministros, pastores u otras autoridades jerárquicas y, de otro lado, se encontrarían aquellos centros educativos dirigidos a la prestación del servicio público de educación superior, las que deben adoptar alguna de las formas organizativas previstas en la ley de educación superior (L. 30/92)(6).

(6) Según el artículo 16 de la Ley 30 de 1992, son instituciones de educación superior (1) las instituciones técnicas profesionales, (2) las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas; y, (3) las universidades. Las primeras, son “aquellas facultades legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel” (L. 30/92, art. 17). De su parte, las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas son “aquellas facultades para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización” (L. 30/92, art. 18). Por último, son universidades “las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional” (L. 30/92, art. 19). Así mismo, la Ley 30 de 1992, en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 67 y 189 numerales 21, 22 y 26 de la Constitución Política, determina que el fomento, inspección y vigilancia de la educación superior en Colombia son competencias del Gobierno Nacional, quien la ejercerá a través del Ministerio de Educación Nacional y del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes (L. 30/92, arts. 31 a 33, 37 y 38).

5. De las normas legales vigentes, no es posible afirmar que los centros de formación religiosa destinados a formar ministros, pastores u otras autoridades jerárquicas de una determinada congregación, deben impartir una educación similar a la que se imparte en las entidades de educación superior de las reguladas mediante la Ley 30 de 1992. Por el contrario, una tal interpretación puede comprometer el derecho a la libertad religiosa y de cultos que garantiza la Constitución Nacional.

A este respecto, puede afirmarse que mientras que las instituciones de que trata la Ley 30 de 1992 prestan el servicio público de educación, los seminarios y centros religioso-educativos de las religiones y cultos constituyen una actividad de trascendencia interna; exclusivamente dirigida a aquellos fieles que desean llegar a ser ministros, pastores o sacerdotes y que, por tal razón, en principio, no reviste el carácter público que la educación requiere para poder ser objeto del fomento, inspección y vigilancia por parte del Estado colombiano. En este sentido, esta clase de centros educativos constituirían una manifestación directa de la libertad religiosa y de cultos (C.P., art. 19) y no una forma de prestación del servicio público de educación.

6. La distinción establecida entre los dos tipos de centros que pueden fundar una congregación religiosa es altamente relevante para determinar quiénes son las personas cubiertas con el beneficio del aplazamiento de la obligación de prestar el servicio militar. Ciertamente, el literal d) del artículo 29 de la Ley 48 de 1993 es suficientemente claro al indicar que dicho beneficio sólo se puede solicitar si se trata de estudiantes de “establecimientos reconocidos por las autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa” y, por lo tanto, no se hace extensivo a quienes se encuentren vinculados a los restantes centros de educación fundados por las congregaciones religiosas.

En síntesis, según las normas estudiadas, (1) todas las congregaciones se encuentran en capacidad de crear centros de preparación religiosa para sus fieles, sin que tengan la obligación de impartir en estos una educación similar a la que se ofrece en las entidades de educación superior, y, (2) todos los estudiantes de estos centros tienen derecho al aplazamiento de que trata la Ley 48 de 1993.

De todo lo anterior se deduce que el trato diferenciado que dio lugar a la presente acción de tutela no se originó en las leyes que regulan la materia objeto de controversia(7). Como se verá, la diferenciación sometida a juicio constitucional, surge de la interpretación extensiva que hace, el Ejército Nacional, de una norma contenida en el decreto que reglamentó la ley sobre servicio militar (L. 48/93)

(7) Leyes 20 de 1974 (Concordato entre Colombia y la Santa Sede), 30 de 1992 (Ley de Educación Superior), 48 de 1993 (ley que reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización), 133 de 1994 (ley estatutaria sobre libertad religiosa) y Decreto 354 de 1998 (convenio de derecho público entre el Estado colombiano y algunas iglesias cristianas no católicas).

7. El Decreto 2048 de 1993, reglamentario de la Ley 48 de 1993, desarrolló, en su artículo 27, lo relacionado con las exenciones concedidas a las autoridades jerárquicas de las religiones o iglesias profesadas en el territorio nacional. Al respecto, esta norma estableció:

“ART. 27.—Los feligreses o miembros de las diferentes religiones o iglesias que se profesen en el territorio nacional, sin autoridad jerárquica, no podrán alegar exención para la prestación del servicio militar, por el solo hecho de profesar o pertenecer a dichas religiones o iglesias.

PAR.—La autoridad jerárquica será determinada para la Iglesia Católica por las disposiciones concordatarias vigentes. Para las demás iglesias y confesiones religiosas se determinará por la capacitación académico-religiosa, con una formación equiparable, adquirida en los centros de educación superior aprobados por el Ministerio de Educación Nacional” (negrilla fuera del texto original).

A su turno, la causal de aplazamiento del servicio militar obligatorio aplicable a los estudiantes de centros de formación religiosa, consagrada en el artículo 29-d) de la Ley 48 de 1993, fue reiterada en el artículo 31 del Decreto 2048 de 1993, en los siguientes términos:

“ART. 31.—Es causal de aplazamiento por el tiempo que subsista el haber sido aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa”.

La dirección de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional entendió que la disposición contenida en el parágrafo del artículo 27 del Decreto 2048 de 1993 era aplicable a la hipótesis establecida en el artículo 31 del mismo decreto. En consecuencia, decidió exigir al actor, para permitirle aplazar la obligación de prestar el servicio militar, dos requisitos distintos y complementarios. En primer lugar, una certificación de las autoridades internas de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia en la que se indicara que el solicitante se encontraba “cursando estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa”. Y, en segundo término, una comunicación del Ministerio de Educación en la que se certificara que la educación que ofrece el mencionado centro resulta “equiparable a la impartida en los centros de educación superior”. El actor considera que dicha decisión viola su derecho fundamental a la no discriminación por razones religiosas.

8. El trato diferenciado que se impugna, consiste fundamentalmente en que el Ejército Nacional, para efectos de conceder el aplazamiento que se ha mencionado, se limita a exigir a los estudiantes de centros de formación religiosa de la Iglesia Católica un certificado sobre su pertenencia a tal centro, mientras a los estudiantes de centros de formación de las restantes congregaciones religiosas se les exige que aporten, adicionalmente, un certificado del Ministerio de Educación en el sentido que ha sido indicado en el fundamento jurídico anterior. No obstante, al amparo de la Constitución Política y de las leyes vigentes, para efectos de conceder un aplazamiento en la obligación de prestar el servicio militar, los estudiantes a los que se concede trato distinto se encuentran en las mismas circunstancias. Lo único que los diferencia es el credo que profesan.

9. Los hechos planteados sugieren, al menos, tres cuestiones jurídicamente relevantes. La primera de ellas es la de determinar si un decreto reglamentario puede establecer distinciones como la que aparece en el parágrafo del artículo 27 del Decreto 2048 de 1993. La segunda, reside en definir si la aplicación que hace la dirección de reclutamiento y control de reserva del Ejército Nacional del mencionado decreto reglamentario es jurídicamente correcta. Y, por último, sería necesario identificar si la decisión administrativa consistente en otorgar un trato diferenciado a las distintas iglesias para efectos de conceder el aplazamiento tantas veces mencionado, es violatoria de la obligación de no discriminar a las personas en razón de la religión que profesan y de tratar de la misma manera a todas las confesiones.

De los tres problemas expuestos, el tercero corresponde a una cuestión puramente constitucional que, en razón de sus implicaciones, debe ser resuelta sin dilación por esta Corte. Sólo si se encontrare que el Ejército Nacional no ha violado la igualdad podría entrarse a estudiar si resulta conducente que el juez constitucional resuelva las otras dos cuestiones planteadas.

Posible violación del derecho a la igualdad

10. Con fundamento en una interpretación extensiva del parágrafo del artículo 27 del Decreto 2048 de 1993, la autoridad demandada ha establecido un tratamiento diferenciado entre la Iglesia Católica y otros cultos e iglesias no católicos.

Como fue estudiado, el criterio que se utiliza para establecer la diferenciación es, exclusivamente, el carácter de la iglesia a la que pertenece quien solicita el aplazamiento de la obligación de prestar el servicio militar. En tales condiciones, puede afirmarse que la dirección de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional ha basado su proceder en un criterio que la Constitución Política, prima facie, prohíbe. El artículo 13 del estatuto superior es explícito al establecer que las autoridades públicas no podrán efectuar discriminaciones por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Adicionalmente, el artículo 19 de la Carta Política reitera la obligación del Estado de tratar con igual consideración y respeto a todos los cultos e iglesias existentes en el territorio nacional(8).

(8) Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias T-403 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-421 de 1992 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-027 de 1993 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez); T-430 de 1993 (M.P. Hernando Herrera Vergara); C-456 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); T-539ª de 1993 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); C-568 de 1993 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-088 de 1994 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-350 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-200 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); T-352 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-101 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz).

Según la jurisprudencia de esta corporación, la utilización por parte de las autoridades estatales de alguno de los criterios prohibidos por la Constitución Política para otorgar un derecho o imponer una carga social a un grupo determinado de la población, determina que el tratamiento diferenciado deba ser examinado conforme a un test estricto de igualdad. En virtud de lo anterior, el juez debe partir de una presunción de inconstitucionalidad de la medida en cuestión, el juez debe partir de una presunción de inconstitucionalidad de la medida en cuestión, la que quedará desvirtuada si la autoridad que impone el trato logra demostrar: (1) que persigue un objetivo constitucionalmente imperioso; (2) resulta idónea para garantizar la finalidad perseguida; (3) que es la única medida a disposición de la autoridad para lograr tal objetivo; (4) que el beneficio que se busca obtener es mayor al costo que se genera; y, (5) que el trato diferenciado se ajusta al grado de la diferencia que existe entre las personas o grupos de personas involucrados(9).

(9) En materia del test de igualdad, véanse entre otras, las sentencias: T-422 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-445 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-022 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); T-352 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-481 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

Con base en lo anterior, resta por estudiar si el trato diferenciado que suscitó la presente acción de tutela se aviene a las condiciones establecidas en el test de igualdad antes anotado.

11. De los documentos que se anexaron al expediente, puede inferirse que la autoridad demandada justifica su decisión en dos razones distintas: (1) la existencia de un convenio de derecho público interno entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano y la inexistencia de un acuerdo similar con la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia y, (2) la imperiosa necesidad de adoptar medidas dirigidas a garantizar la prestación del servicio militar y de evitar que las personas evadan el cumplimiento de este deber constitucional.

El mero hecho de que antes de 1998, existiera un concordato con la Iglesia Católica y, sin embargo, no existieran convenios especiales con las otras congregaciones religiosas, carece de relevancia para justificar el trato diferenciado. En efecto, la existencia de un convenio que confiere derechos a una determinada congregación religiosa no es razón suficiente, desde una perspectiva constitucional, para justificar la diferencia de trato. Por el contrario, el convenio, en casos como el presente, constituye un patrón de igualación de todas las congregaciones religiosas y no un factor de discriminación, tal como lo reconoce el propio texto del concordato con la Iglesia Católica en su artículo XXIV.

Pero, incluso, si llegare a rechazarse la tesis anterior, lo cierto es que actualmente, existe un convenio que reconoce a un conjunto de iglesias no cristianas —dentro del cual se encuentra la congregación a la que pertenece el actor— la autonomía de que gozaba la Iglesia Católica para la formación de sus pastores o ministros. En consecuencia, este argumento, expresado por el Ejército Nacional ante el juez de instancia, carece absolutamente de relevancia a la hora de justificar el trato diferenciado que aún hoy continúa.

La segunda justificación del Ejército Nacional, se refiere, de manera genérica, a la necesidad de adoptar medidas dirigidas a garantizar la prestación del servicio militar. Una tal finalidad podría, por ejemplo, explicar la imposición de requisitos que dificultaran la concesión de exenciones y aplazamientos para todos los estudiantes de los centros de formación religiosa y teológica de todas las iglesias y cultos. Sin embargo, es insuficiente para explicar la imposición de este tipo de requisitos de manera diferenciada, es decir, sólo a las iglesias y cultos distintos a la Iglesia Católica. En efecto, la necesidad de imponer medidas para que las personas no evadan las obligaciones y deberes públicos no constituye justificación para tratar de manera diferente a personas que, en tanto estudiantes de centros de formación religiosa organizados de manera autónoma por cada una de las iglesias, se encuentran en las mismas circunstancias.

Quizás lo único que puede explicar el trato diferenciado anotado es la existencia de una serie de perjuicios sociales en contra de los grupos religiosos distintos de la Iglesia Católica, conforme a los cuales podría pensarse, por ejemplo, que éstos no son lo suficientemente exigentes en sus procesos educativos internos, lo que puede facilitar la evasión de la obligación ciudadana de prestar el servicio militar. No obstante, desde la perspectiva del principio de igualdad (C.P., art. 13), los prejuicios y las valoraciones culturales en contra de ciertos grupos minoritarios de la población no pueden servir de excusa para imponerles cargas sociales que se erigen, de manera velada, en formas de mantener las desigualdades existentes y que, por ende, ofenden el principio pluralista en que se sustenta la Constitución Política (C.P., art. 1º). Como se ha afirmado, para imponer una medida como la que se estudia se requieren pruebas certeras y contundentes sobre la imperiosa necesidad de la diferenciación.

Conforme a lo anterior, no se hace necesario continuar con los restantes elementos del test de igualdad, toda vez que los distintos requisitos que lo componen son concurrentes, motivo por el cual si alguno de ellos llega a faltar el trato diferenciado bajo examen se torna inmediatamente inconstitucional.

En virtud de todo lo anterior, la Sala considera que el Ejército Nacional vulneró el derecho a la igualdad del actor al exigirle un requisito que no se exige a otras personas que se encuentran en sus mismas condiciones. En estas circunstancias, resulta imperioso ordenarle a la autoridad demandada que aplique, en condiciones de igualdad, las leyes que regulan el tema de las exenciones. En este sentido, debe sostenerse que para que le sea concedido al actor el beneficio al que se refieren los artículos 29 de la Ley 48 de 1993 y 31 del Decreto Reglamentario 2048 de 1993, basta que aporte una certificación de la autoridad eclesiástica competente en la que se indique que el solicitante ha sido aceptado o está cursando estudios en un centro de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa. Evidentemente, debe verificarse que la comunidad religiosa haya sido reconocida como tal por el Estado colombiano,

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de mayo 29 de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., y, en su lugar, CONCEDER la tutela interpuesta por Mauricio Corrales Bermúdez.

2. ORDENAR a la dirección de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional aplicar, en términos de igualdad, lo dispuesto en el artículo 29-d) de la Ley 48 de 1993 y, en consecuencia, si se cumplen los requisitos mencionados en la citada norma, conceder al actor el aplazamiento de la prestación del servicio militar obligatorio.

3. En caso de que el actor hubiere sido incorporado al Ejército Nacional como consecuencia de las decisiones de la dirección de reclutamiento y control de reservas, y si cumple los requisitos de que trata el artículo 29 de la Ley 48 de 1993, se ORDENA su desacuartelamiento en el término improrrogable de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación de esta sentencia.

4. LÍBRESE comunicación al Juzgado 28 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria general.

(Sentencia aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los siete días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

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