Sentencia T-057 de febrero 7 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CUARTA DE REVISIÓN

Ref.: Expediente Nº T-90.978

Acción de tutela en contra de una decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por la presunta violación de los derechos al debido proceso, a la igualdad ante la ley y al respeto por la dignidad de la persona.

Tema: Inexistencia de una vía de hecho. Actor: Carlos Augusto Bernal Méndez

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Gaviria Díaz

Santafé de Bogotá, D.C., siete de febrero de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «La doctrina constitucional sobre la procedencia de la tutela en contra de providencias judiciales que no ponen fin a un proceso, se encuentra expuesta, entre otras, en al sentencia T-442/93, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell:

“La tutela, como instrumento de protección de los derechos fundamentales contra decisiones judiciales que no tengan la condición de providencias que pongan fin a un proceso, resulta viable, si la conducta que vulnera o puede vulnerar las garantías de las partes o de terceros dentro del negocio, tiene la connotación de una vía de hecho, y no proceden los mecanismos ordinarios de defensa o se impidió su ejercicio por cualquier medio lo suficientemente eficaz para neutralizarlos, o cuando dicha acción se utiliza como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; pero se aclara que jamás podrá darse un perjuicio de esta naturaleza cuando la actuación judicial es legítima. No se pueden adoptar medidas que resuelvan el fondo del negocio donde se cuestiona la conducta judicial, de suerte que sus efectos únicamente pueden afectar el acto u omisión que configura la violación, es decir, la conducta “contra legem” que constituye la vía de hecho y que es el objeto de la medida extraordinaria y transitoria, o configura el perjuicio irremediable, mientras los sujetos afectados acuden a los remedios judiciales ordinarios”.

Así, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca procedió acertadamente cuando acató lo resuelto por la Corte Constitucional y examinó la presunta existencia de una vía de hecho en el trámite del proceso civil, específicamente en la actuación de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá como juez ad quem.

Al respecto, es claro para esta sala que las pruebas solicitadas en el escrito de objeción al dictamen de los peritos fueron pedidas oportuna y no extemporáneamente como afirma el actor. Además, el juicio sobre la pertinencia de los medios de prueba destinados a acreditar el error grave en que pudieron incurrir los peritos, debe hacerse en relación con las motivaciones de tal objeción, y no con lo que pretendía probar la contraparte al solicitar la práctica de la peritación. De esta manera, resulta que la corporación demandada no incurrió en la vía de hecho aducida por el actor de esta tutela.

Ahora bien: como se desprende de la doctrina constitucional transcrita, en aquellos casos en los que el juez de tutela verifica que la autoridad judicial demandada efectivamente incurrió en una vía de hecho, se puede afirmar que se cumple con un requisito necesario para que la acción proceda; sin embargo, tal requisito no es suficiente para otorgar el amparo judicial a los derechos fundamentales reclamados por el actor, pues éste aún puede acudir a mecanismos judiciales alternos a la tutela para procurar la defensa de los derechos que le hayan sido conculcados, o pudiendo haberlo hecho dejó precluir los términos, o resulta “evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho” (D. 2591/91, art. 6º, num. 4º), etc.

En materia de tutela contra providencias judiciales, la existencia de una vía de hecho, condición sine qua non de procedencia de la acción, determina la competencia del juez para pronunciarse de fondo negando o concediendo el amparo, es decir, para declarar la violación o amenaza grave del derecho fundamental reclamado por el actor, y para proferir la orden que restablezca la efectividad del derecho o remueva la amenaza que pesa sobre ella.

Por tanto, la decisión de primera instancia que aquí se revisa resulta acertada al rechazar por improcedente la acción intentada por Carlos Arturo Bernal Méndez, puesto que, en este caso, no se cumple con el requisito necesario —la vía de hecho aducida por el actor resultó inexistente—, y a diferencia de la decisión en igual sentido que la Corte Constitucional declaró nula, ésta obedece al estudio de la actuación cumplida por la corporación demandada, y su comparación con las reglas propias del juicio en el que ella se dio. Así, en la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la decisión del juez a quo.

3. Revocación del fallo de segunda instancia

La sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 10 de septiembre de 1996, por medio de la cual se revocó la de primera instancia y denegó la tutela, será revocada en la parte resolutiva de esta providencia, en razón de las consideraciones siguientes:

(...).

b) La doctrina constitucional. Las normas de la Constitución Política, y ésta no es una característica privativa de ellas, tienen una vocación irrevocable hacia la individualización, tal como lo ha subrayado Kelsen al tratar del ordenamiento jurídico. De ordinario pasan por una fase previa consistente en su desarrollo legal. Pero no todas alcanzan dicho desarrollo, bien porque no lo requieren, bien porque, requiriéndolo, el legislador lo omite. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen. Pueden, entonces, ser aplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas, que no están explícitamente contempladas en la ley.

Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a menudo deviene en ambigüedad), aparece problemática y generadora de inseguridad jurídica, más problemática e incierta resulta aún la actuación directa de las normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir en ellas, superlativamente, las mismas notas distintivas advertidas en la ley.

Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo (art. 241 C.P.).

Consecuente con lo anterior, estima la sala que los criterios sentados de modo uniforme por la Corte Constitucional en diferentes sentencias, en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales en las cuales el juzgador incurre en una vía de hecho, constituye doctrina constitucional de obligatorio cumplimiento, porque ellas han determinado el alcance del artículo 86 de la Constitución, que consagra para toda persona la acción de tutela, que así mismo es un derecho fundamental, para la protección inmediata de los demás derechos fundamentales, “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”, entendiendo que los jueces también tienen este carácter, e igualmente han precisado el ámbito de la autonomía e independencia de los jueces (art. 228), al señalar que observando el respeto de éstas la tutela sólo procede frente a una vía de hecho judicial” (fl. 139 vuelto).

Así, también resulta que con la decisión de la subsección A se violó al actor el derecho fundamental consagrado en el artículo 86, y tal vulneración es consecuencia del acatamiento selectivo de la doctrina y la jurisprudencia constitucionales por parte del fallador de segunda instancia, de la manera que se pasa a explicar.

3.4. Desconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial.

La subsección A consideró y resolvió en su fallo dos asuntos relevantes: a) La procedencia de la acción, y b) El contenido de la parte resolutiva de las sentencias de tutela contra providencias judiciales.

En relación con el primer asunto, la procedencia de la acción, la subsección A reiteró su decisión de desatender la doctrina constitucional sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales producto de una vía de hecho y, por tanto, el deber del juez de tutela de abstenerse de rechazar la acción sin verificar la inexistencia de la vía de hecho aducida por el demandante (precisamente, la razón por la que se decretó la nulidad de lo actuado inicialmente en este proceso). Y en relación con el segundo, el contenido de la parte resolutiva de las sentencias de tutela contra providencias judiciales, la subsección A decidió cambiar su criterio reiterado y atender la jurisprudencia limitando su decisión a negar el amparo. De esta manera, el juez ad quem adoptó la decisión paradójica de juzgar improcedente la acción —lo que de paso afirma su incompetencia para pronunciarse sobre la violación del derecho fundamental reclamado y el restablecimiento de su plena eficacia— y, a la vez, negar lo pedido en el ejercicio de la acción improcedente. Tal paradoja, contraría claramente la prevalencia del derecho sustancial consagrada en el artículo 228 superior.

Las consideraciones que anteceden, ameritan que en la parte resolutiva de esta providencia se revoque el fallo de segunda instancia».

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