Sentencia T-571 de octubre 26 de 1992 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

DERECHO A LA SALUD

CARACTER FUNDAMENTAL

EXTRACTOS: «En la Constitución de 1991 la salud superó el concepto tangencial que de asistencia pública hacía referencia la Carta de 1886. Esto se manifestó a través de diferentes artículos de la Constitución, entre los cuales sobresalen los siguientes: artículo 13 (protección especial a los débiles); artículo 44 (derecho fundamental a la salud de los niños); artículo 49 (atención a la salud y al saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado); artículo 64 (acceso progresivo de los trabajadores agrarios a los servicios de salud) y el artículo 78 (protección de la salud de los consumidores).

En el artículo 49 de la Carta Fundamental se señala que la salud es un servicio público a cargo del Estado, garantizándose en él a todas las personas el acceso al mismo, para la promoción, protección y recuperación de este derecho. Se agrega que corresponde al poder público organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio de salud a los habitantes, establecer políticas para que los particulares presten este servicio, y definir las competencias a cargo de los distintos órdenes. La norma defiere a la ley la definición de las circunstancias en que la salud será gratuita y obligatoria.

La orientación del constituyente de 1991 muestra una marcada tendencia a que el Estado enmarque gran parte de sus políticas y acciones en encontrar soluciones a las dificultades económicas y sociales en la protección de los servicios públicos de las salud y a proveer esas necesidades por cuanto a raíz de la expedición de la nueva Carta Política, hemos hecho el tránsito de un estado de derecho a uno social de derecho, en donde la organización política tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas y sociales, y las desventajas de diversos sectores o personas de la población, prestándoles asistencia y protección. El estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance.

Relación del derecho a la salud con otros derechos fundamentales

El derecho a la salud contiene una serie de elementos, que se enmarcan, en primer lugar como un resultado-efecto del derecho a la vida, de manera que atentar contra la salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida. El reconocimiento del derecho a la salud prohíbe conductas de los individuos que causen daño a otro, imponiendo a éstos las sanciones y responsabilidades a que haya lugar. Por ello se afirma que el derecho a la salud es un derecho fundamental.

Esto significa que al reconocerle a alguien el derecho a la vida se le está reconociendo como algo suyo el derecho a ser y a permanecer en el ser. De tal modo que no sólo se viola este derecho con el homicidio, sino con todo acto que no le permita ser lo que es, que le impida obrar conforme a la dignidad humana que le corresponde por el hecho de ser persona.

En la forma como el derecho a la vida ha quedado consagrado en la Constitución de 1991, tiene un carácter intangible. Su inviolabilidad se fundamenta en que este derecho no requiere para su plena existencia de la creación o el reconocimiento del Estado, de la sociedad o de una autoridad política, por lo que tampoco puede ser limitado o desconocido por ellos.

Con esta perspectiva, la vida deja de ser un derecho que obliga únicamente al Estado, y pasa a involucrar a todos los estamentos sociales más allá de la sanción penal del homicidio. De manera consecuente, el artículo 95 de la Carta incluye entre los deberes de los colombianos el de “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.

Los derechos prestacionales en la Constitución y el carácter asistencial de la salud

La doctrina ha denominado a las obligaciones públicas del Estado “prestaciones constitucionales”, una de cuyas manifestaciones principales son los derechos fundamentales de prestación.

Los derechos prestacionales de rango constitucional tienen una estrecha relación con los derechos sociales, económicos y culturales del Capítulo 2o Título II de la Constitución, pero no se identifican con ellos. También los derechos de libertad pueden tener un contenido prestacional.

En términos generales el término prestacional de un derecho está dado por su capacidad para exigir de los poderes públicos y en ocasiones de los particulares, una actividad de hacer o dar, derivada del mismo texto constitucional. Si la prestación contenida en el derecho constitucional se identifica con el fin o valor de la igualdad perseguido por el derecho, aquella constituye un “derecho constitucional prestacional”; mientras que si el objetivo primordial del derecho es la simple abstención de los poderes públicos, los derechos correspondientes carecen de contenido prestacional.

Y una de esas obligaciones públicas del Estado es la resultante del artículo 49 de la Constitución: “La atención de la salud ... son servicios públicos a cargo del Estado”. Concordante con esta disposición existe la obligación del Estado, en virtud de lo dispuesto en el inciso 3o del artículo 13 de la Carta, de “proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta ...”.

Esto genera consecuentemente el deber “prestacional” a cargo del Estado de brindar la atención de la salud, y el derecho en favor del particular de exigirlo dentro de unos lineamientos que la propia Constitución señala.

De otra parte otros elementos integrantes de este derecho le imprimen un carácter asistencial, ubicándolo dentro de las funciones del estado social de derecho, donde éste adquiere un carácter de “estado de prestaciones y de redistribución con fines de asistencia social obligatoria”. Se producen importantes repercusiones en la relación Estado-ciudadano, fortaleciendo la condición de este último frente al primero, por cuanto como se afirmaba anteriormente, su reconocimiento impone acciones concretas a fin de prestar el servicio público correspondiente, para asegurar de esa manera el goce y disfrute de los servicios de asistencia médica, hospitalaria, farmacéutica y de laboratorio.

Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que en cuanto el derecho a la salud está relacionado íntimamente con la protección a la vida, es un derecho fundamental.

Igualdad de oportunidades y trato favorable a los débiles

La peticionaria considera vulnerado además de su derecho a la salud, el derecho a la igualdad y a la protección especial del Estado por amenazar el Hospital Universitario de Caldas negarse a continuar prestando el servicio médico-asistencial requerido.

El Tribunal Administrativo de Caldas al analizar este aspecto precisó que es obligación del Estado, según el sentir del constituyente de 1991, proteger especialmente a las personas que por su condición física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y que debe también prestar la atención en salud garantizándola como un servicio público tendiente a la protección y recuperación de la misma. Esto implica derechos de las personas exigibles al Estado con el carácter de fundamentales. Y tales derechos se ven amenazados con la decisión del hospital conforme a las circunstancias descritas.

El derecho al mínimo vital (es decir el derecho a la subsistencia) es consecuencia directa de los principios de dignidad humana y del estado social de derecho. Incluye tal derecho no sólo la facultad de neutralizar las situaciones violatorias de la dignidad humana, y de exigir asistencia y protección por parte de personas o grupos discriminados, marginados o en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P. artículo 13), sino que, sobre todo pretende garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad que como la nuestra es injusta y desigual.

Este derecho no otorga la facultad a todas las personas de exigir directamente y sin tener en cuenta las circunstancias especiales del caso una prestación económica del Estado. Aunque del análisis de los deberes sociales del Estado a que se refiere el artículo 2o de la Carta se desprende que el Estado está obligado a promover la igualdad real y efectiva frente a la distribución de los recursos económicos y las oportunidades, ello no será posible mientras no se den las circunstancias económicas, sociales y políticas necesarias, dentro de una realidad que como la colombiana no lo permite. Y especialmente cuando ella depende de la concreción de una serie de medidas, programas y reglamentacioens a que se refieren las disposicions objeto del presente estudio (C.P. artículo 13 inciso 3o y artículo 49).

Nos encontramos en un estado social de derecho al cual le compete proveer lo que sea necesario para realizar la prestación de los servicios públicos a su cargo, como lo es según el artículo 49 de la Constitución, el de la salud. Pero de acuerdo con la ley, el Estado no es sólo social, también es de derecho y en esta materia de servicios de atención médica, es la misma Constitución Nacional la que dispone que “la ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria”.

Según la norma a que se hace referencia, es el legislador la autoridad estatal competente para delimitar la extensión del derecho al acceso a los servicios de salud que allí se consagran y para establecer la extensión de la correlativa obligación del Estado de prestarlos.

Pero es la misma norma constitucional que al delegar esa facultad al legislador, precisa que será gratuita y obligatoria tan solo la atención básica, en los términos que disponga la ley.

Si ello es así, no puede desconocerse el expreso mandato constitucional del deferido artículo 49, según el cual “la ley determinará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria”.

Así las cosas, no es jurídicamente posible afirmar que el Estado colombiano está obligado a la inmediata prestación de todos los servicios requeridos por el paciente, de manera gratuita y naturalmente oportuna, porque no existe aún norma que así lo disponga».

(Sentencia T-571 de octubre 26 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Sanín Greiffenstein).

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