Sentencia T-572 de diciembre 9 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

ESTUDIANTES DE CONSULTORIOS JURÍDICOS

NO PUEDEN SER APODERADOS EN ACCIÓN DE TUTELA

EXTRACTOS: «Sea lo primero advertir que en este caso se presenta una situación que hace ilegítima la actuación del apoderado del peticionario, en atención a que el señor Alonso de Jesús García Munive no está habilitado legalmente para ejercer la profesión de abogado en las acciones de tutela ni en ninguno de los tipos de acciones judiciales asimilables a ésta que pudiera aplicarse en una interpretación analógica y favorecedora; tampoco está habilitado para ejercer en causa ajena ante los jueces del circuito, puesto que solamente está acreditado como estudiante de consultorio jurídico.

En concepto de la Corte este defecto afecta la validez de lo actuado, y obliga a revocar la providencia de la referencia; en efecto, en este caso el mencionado apoderado acreditó únicamente su condición de miembro activo del Consultorio Jurídico de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla y no la de abogado en ejercicio, que es condición para actuar como apoderado en los despachos de los jueces del circuito de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 196 de 1971.

Por tanto, como se ordenará en la parte resolutiva de esta decisión, debe revocarse la sentencia que se revisa y remitirse el expediente al despacho de origen para que se permita la corrección del defecto anotado.

d) Esta Sala considera que dadas las características propias de la acción de tutela a la que se ha hecho referencia más arriba, también resultan de aplicación en este procedimiento “preferente y sumario”, las previsiones de los Decretos 196 de 1971 y 765 de 1977 que se refieren al ejercicio de la abogacía ante los jueces por los alumnos de los dos últimos años lectivos organizados en los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho oficialmente reconocidas”.

Al respecto debe observarse que el inciso segundo del artículo 30 del Decreto 196 de 1971 señala que:

“Los Estudiantes mientras pertenezcan a dichos consultorios, podrán litigar en causa ajena en los siguientes asuntos:

a) En los procesos penales de que conocen los jueces municipales y las autoridades de policía;

b) En los procesos laborales de única instancia y en las diligencias administrativas de conciliación en materia laboral;

c) En los proceso civiles de que conocen los jueces municipales en única instancia, y

d) De oficio, en los procesos penales como voceros o defensores en audiencia”.

Además, el artículo 3º del Decreto Reglamentario 765 de 1977 establece en el mismo sentido que:

“Los alumnos de los dos (2) últimos años de la carrera deberán trabajar en el consultorio durante dos (2) semestres por lo menos, atendiendo los casos que se le asignen. En ningún caso se les podrá encomendar la atención de asuntos distintos a los señalados en el artículo 30 del Decreto 196 de 1971.

Para poder actuar ante las autoridades jurisdiccionales, los alumnos requieren autorización expresa dada para cada caso por el director del consultorio, la cual se anexará al expediente respectivo”.

Esta precisión significa que tratándose del “representante” del peticionario en ejercicio de la acción de tutela, éste debe ser un abogado habilitado legalmente y sometido a las reglas que regulan su profesión, pues el término empleado por el Decreto 2591 de 1991 no deja duda sobre el punto.

e) En este sentido cabe reiterar que la Corte Constitucional ha entendido que la acción de tutela cuando sea ejercida por representante judicial también está sometida a las reglas que regulan la profesión de abogado y que éstas por principio, no son incompatibles con el carácter abierto, preferente y sumario de la mencionada acción; además, la informalidad de la acción de tutela y la finalidad protectora de los derechos constitucionales fundamentales no significa que cuando ésta sea ejercida por apoderado judicial éste no cumpla los requisitos generales exigidos para las demás modalidades del ejercicio profesional.

Observa la Sala que se debe devolver el asunto al peticionario para que adelante la corrección correspondiente, puesto que si no es lógico que el representante judicial no sea un apoderado debidamente inscrito como abogado, tampoco lo es que si el representante judicial no puede actuar debidamente la petición no se atienda en debida forma previa la corrección del defecto que se debe destacar”.

(Sentencia T-572 de diciembre 9 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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