Sentencia T-573 de agosto 26 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

Ref.: Expediente T-3.868.137

Magistrado Ponente:

Dr. Alberto Rojas Ríos

Acción de tutela instaurada la Personera Municipal del Pital Huila, en representación de Myriam Escue Motta y su familia contra Empresa de Agua y Aseo del Pital y Agrado Huila S.A. ESP

Bogotá, D.C., veintiséis de agosto de dos mil trece.

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente

Sentencia

Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Único Promiscuo Municipal del Pital Huila en el trámite de la acción de tutela de la referencia.

I. Antecedentes

La Personera Municipal del Pital (Huila), en representación de la señora Myriam Escue Motta, el señor José Augusto Sterling y sus menores hijos, interpone acción de tutela contra la Empresa de Aguas y Aseo del Pital y Agrado S.A. ESP, por considerar que dicha entidad vulneró sus derechos fundamentales al consumo humano del agua potable, la dignidad humana, a la vida, a la salud y a la igualdad.

La solicitud de amparo constitucional está sustentada en los siguientes

1. Hechos.

1.1. Indica que el núcleo familiar que habita actualmente la vivienda ubicada en la carrera 4 Nº 7-35 en el Pital (Huila), se encuentra conformado por la señora Myriam Escue Motta, su esposo José Augusto Sterling Molano, quien presenta una discapacidad de miembro inferior izquierdo, y sus tres hijos; Ingrith Lorena Sterling Escue, Leidy Johana Bustos Escue y Cristian Mauricio Bustos de 3, 16 y 17 años de edad, respectivamente (fls. 15, 16, 17 y 18, cdno. de instancia).

1.2. Manifiesta que según consta en la Resolución 2012-38517, la señora Myriam Escue Motta se encuentra incluida en el Registro Único de Victimas (fl. 24, cdno. de instancia).

1.3. En el caso sub examine, la Personera Municipal del Pital (Huila), en representación de la señora Myriam Escue Motta y su familia, manifiesta que el 21 de febrero de 2012 la Empresa de Aguas y Aseo del Pital y Agrado S.A. ESP suspendió el servicio de agua al hogar donde residen sus representados. Circunstancia que los obligó a solicitar la ayuda de sus vecinos.

1.4. Relata, que transcurrido un año de la suspensión del servicio, solicitaron de manera verbal un acuerdo de pago ante la entidad accionada. Sin embargo, no se llegó a ningún consenso, pues la entidad accionada exigió un pago —30% de la totalidad de la deuda— que la familia no estaba en la capacidad económica para pagar.

Narra que el 17 de febrero de 2013, la familia se reconectó ilegalmente con fundamento en que las necesidades de limpieza y alimentación que demandaba la señora Myriam Escue Motta —en ese momento en estado de gravidez— y sus menores hijos. No obstante, cinco días después la entidad demandada suspendió nuevamente el servicio (fls. 3, cdno. de instancia).

1.5. Manifiesta que “la facturación continua llegando e inexplicablemente se cobra un consumo mensual de 20 m3 por un servicios que no está siendo prestados, al igual que el cargo de barrido y limpieza por lo que consideran injusto el cobro”.

Mediante correo electrónico del 5 de agosto de 2013, la personera municipal del Pital Huila informó a este despacho que “de acuerdo a la información suministrada por la señora Myriam Escue Motta, la Empresa de Aguas y Aseo del Pital (Huila) suscribió un acuerdo de pago con la accionante y reconectó el servicio de agua”. Acuerdo que se allegó, mediante correo del 9 de agosto de 2013 (fls. 13 y 16, cdno. constitucional).

2. Solicitud de tutela.

Con fundamento en los hechos narrados anteriormente, solicitan por medio del amparo constitucional; (i) la reconexión del servicio de acueducto; (ii) el reajuste en la facturación; y (iii) la formulación de una solución de pago que se ajuste a las capacidades económicas de la familia.

3. Respuesta de la entidad demandada.

3.1. Por medio de escrito de contestación del 18 de marzo de 2013, la Empresa de Servicios Públicos de Agua y Aseo del Pital y Agrado S.A., solicitó al juez de tutela declarar improcedente la acción impetrada en su contra, tomando como base argumentativa los siguientes fundamentos:

(i) En primer lugar, indica que la pobreza no exime del deber social de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado, de acuerdo a lo regulado en el artículo 365 de la Constitución Política(1). Más aún, cuando el bienestar general de la población no depende de unos pocos funcionarios o particulares, sino del esfuerzo y la contribución de todas las personas.

(ii) Manifiesta que la accionante no ha demostrado un inminente perjuicio irremediable que le impida acudir a los mecanismos que establece la Ley 142 de 1994, para dirimir las controversias contractuales que se puedan presentar entre los usuarios de los servicios públicos y la empresa prestadora de los mismos; es decir, agotar la vía gubernativa ante la empresa con el fin de buscar mecanismos alternativos para solucionar el pago.

(iii) Asimismo, estima que en el presente caso no se cumple con el principio constitucional de inmediatez, por cuanto los representados dejaron pasar un año desde el momento en que se le suspendió el servicio de acueducto por primera vez —feb. 17/2012— y el momento en que se impetró la acción de tutela.

(iv) Y en cuanto a la reconexión fraudulenta, consideró que no era posible que la familia intentara per se la protección de los derechos fundamentales por medios ilícitos y, posteriormente, pretendiera la protección de los mismos, por medio del amparo constitucional.

4. Decisión judicial objeto de revisión.

4.1. Sentencia de única instancia.

El Juzgado Único Promiscuo Municipal del Pital (Huila), mediante providencia del 2 de abril de 2013, negó el amparo constitucional de los peticionarios, al estimar que las reconexiones ilegales realizadas, impiden que el juez de tutela proteja derechos fundamentales, pues de ser así, convalidaría actuaciones ilegales en contra vía de la Constitución Política, la ley y los intereses de los demás usuarios respecto de este servicio público. Asimismo, indicó que “la vía de hecho y la judicial no pueden ejercerse concomitantemente, porque la prosperidad de la tutela depende en esencia de que la persona esté legitimada para reclamar por la violación o la amenaza a sus derechos fundamentales”(2).

Pese a las anteriores consideraciones, resolvió conminar a la empresa demandada para que, en el presente asunto y en casos similares garantice una protección real y efectiva de los mismos, mediante la celebración de acuerdos de pago con plazos amplios y cuotas flexibles que les permitan, a los usuarios de escasos recursos y pertenecientes a estratos bajos de la población, la satisfacción de las obligaciones causadas por el consumo de agua potable.

5. Pruebas relevantes allegadas al expediente.

5.1. Obran las siguientes pruebas dentro del expediente de tutela.

• Copia de la cedula de ciudadanía de la señora Myriam Escue Motta (fl. 13, cdno. de instancia).

• Copia de la Cedula de Ciudadanía del señor José Augusto Sterling Molano (fl. 14, cdno. de instancia).

• Copia de la tarjeta de identidad de la menor Ingrith Lorena Sterling Escue (fl. 15, cdno. de instancia).

• Copia de la tarjeta de identidad del menor Cristian Mauricio Bustos Escue (fl. 17, cuaderno instancia).

• Copia de formula médica, expedida por un galeno del hospital San Juan de Dios ESE, donde se prescribe que señor Sterling Molano padece de una discapacidad de “miembro inferior izquierdo” (fl. 18, cdno. de instancia).

• Copia del acta de suspensión del servicio, fechada el 21 de febrero 21 de 2012 (fl. 20, cdno. de instancia).

• Copia de factura 99329, proferida por la Empresa de Aguas y Aseo del Pital Huila ESP (fl. 21, cuaderno instancia).

• Copia de factura 94925, proferida por la Empresa de Aguas y Aseo del ESP del Pital Huila (fl. 22, cdno. de instancia).

II. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico.

La Sala debe determinar si la Empresa de Servicios Públicos de Agua y Aseo del Pital y Agrado S.A. vulneró el derecho al consumo de agua, a la vida digna y a la salud del señora Myriam Escue Motta y a su familia, al haberles suspendido el servicio público de acueducto con base en la mora en el pago, a pesar de existir 3 menores de edad y una persona con discapacidad.

Como quiera que en sede de revisión, la personera del municipio del Pital (Huila), informó a través de medio magnético que el servicio de acueducto ya había sido reconectado a sus representados, la Sala debe analizar si se configuró en el caso sub judice, el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado.

A fin de resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes tópicos: (i) procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho al agua; (ii) carencia actual de objeto por hecho superado. Reiteración jurisprudencial; (iii) el derecho fundamental al agua potable y la posibilidad de disponer y acceder a cantidades mínimas de agua potable para consumo humano; (iv) el interés superior de los sujetos de especial protección constitucional y, en particular de los niños, respecto al acceso de los servicios públicos esenciales; y, (iv) finalmente, se analizará el caso concreto.

3. Derecho fundamental al agua potable y la posibilidad de disponer y acceder a cantidades mínimas de agua para consumo humano.

Son finalidades sociales del Estado el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. La Constitución establece como objetivo fundamental la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas de agua potable (C.N., art. 366). Así pues, esta corporación en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad pública o la salud, “es un derecho constitucional fundamental y como tal [puede] ser objeto de protección a través de la acción de tutela”(3).

Por lo anterior, las distintas salas de revisión de esta corporación han mantenido una tesis uniforme respecto a que el agua potable constituye un derecho fundamental que hace parte del núcleo esencial del derecho a la vida en condiciones dignas cuando está destinada al consumo humano.

Así, esta Corte ha señalado que, “el Estado tiene la obligación de realizar acciones positivas con el fin de facilitar, proporcionar y promover la plena efectividad del derecho por medio de medidas legislativas administrativas, presupuestarias y judiciales, que posibiliten a los individuos y comunidades el disfrute del derecho al agua potable e impone al Estado que adopte medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho al agua, tome medidas para que se difunda información adecuada sobre el uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua y garantice el acceso a una cantidad suficiente salubre, aceptable y accesible para el uso personal y doméstico de agua, en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición”(4).

En este orden de ideas, para que una persona pueda materializar el goce efectivo de su derecho al agua es necesario que se le protejan, respeten y garanticen, al menos, los siguientes tres derechos fundamentales específicos: (i) el derecho a disponer, y a (ii) acceder a cantidades suficientes de agua, (iii) que además sea de calidad para usos personales y domésticos(5). A continuación la Sala pasa a referirse a estas tres condiciones.

(i) Derecho a disponer. El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha indicado que “el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos; [t]ambién es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo”(6).

(ii) La accesibilidad supone el derecho de toda persona a que “el agua y las instalaciones y servicios de agua [sean] accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado”. En ese sentido, es necesario precisar que la accesibilidad es plena solo si confluyen en ella los siguientes atributos:

• Accesibilidad física (el agua y las instalaciones deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población)(7),

• Accesibilidad económica (los costos deben estar al alcance de todos y no ser un obstáculo)(8),

• Se debe garantizar en condiciones de no discriminación (debe ser accesible a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos), y

• Acceso a la información (la accesibilidad comprende el derecho a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua)(9).

(iii) Finalmente, en lo que atañe a la calidad, ha advertido también el comité que “el agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas”. En ese sentido, ha señalado que el agua destinada a usos personales o domésticos debe tener un color, un olor y un sabor aceptables.

En conclusión, para que se pueda ejercer el derecho fundamental al agua, respecto a la disponibilidad y acceso a cantidades suficientes, es necesario que el Estado garantice, según el caso, obligaciones de diversa índole, respecto a:

“(i) abstenerse de reducir o contaminar ilícitamente el agua(10);

(ii) promulgar y hacer cumplir leyes que tengan por objeto evitar la contaminación y la extracción no equitativa del agua(11); (iii) garantizar a la población el suministro efectivo del servicio público de acueducto, con los niveles de calidad, regularidad, inmediatez y continuidad que exigen la Constitución y la ley(12); (iv) adoptar medidas para impedir que terceros contaminen o exploten en forma indebida los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de disposición de agua(13); (v) proteger los sistemas de distribución de agua de la injerencia indebida, el daño y la destrucción(14); (vi) adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados(15); (vii) velar por el suministro adecuado de agua limpia potable y la creación de condiciones sanitarias básicas como componente de la higiene ambiental e industrial(16); (viii) garantizar que todos tengan acceso a servicios de tratamiento adecuados, para proteger la calidad de las reservas y recursos de agua potable(17); (ix) garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para garantizar la realización del derecho a la salud pública(18); (x) llevar a cabo el manejo y disposición de basuras bajo criterios técnicos que protejan el medio ambiente y preserven la salubridad colectiva”(19).

4. Procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho al agua.

En reiteradas ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho al agua, teniendo en cuenta su doble connotación, pues se erige como un derecho colectivo y como derecho fundamental(20). El primero de ellos que se protege por medio de la acción popular pues va encaminada a la protección de los derechos colectivos. Y la segunda, a través del amparo constitucional, por cuanto el agua resulta ser una necesidad básica indispensable para la existencia del ser humano.

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-242 de 2013 indicó que “el agua que utilizan las personas diariamente es imprescindible para garantizar la vida misma y la dignidad humana, entendida esta como la posibilidad de gozar de condiciones materiales de existencia que le permitan a las personas desarrollar un papel activo en la sociedad. Así mismo, el agua es un presupuesto esencial para garantizar el derecho a las salud, así como el derecho a una alimentación sana entre muchos otros, de manera que, cuando se encuentra identificado el derecho individual y fundamental al agua la acción de tutela resulta procedente para su salvaguarda”.

Así, es deber del juez de tutela verificar en cada caso concreto, si la suspensión del servicio de agua constituye una vulneración a derechos fundamentales, tales como la salud, la vida o la dignidad humana, para determinar si el amparo constitucional es el medio más idóneo y eficaz para protegerlos. No obstante, la corte ha fijado límites para exigir por medio del amparo constitucional la protección del derecho al agua cuando:

(i) [L]a entidad encargada de prestar el servicio adopta la decisión de suspender el servicio de agua, dentro de las reglas establecidas y con el respeto debido a los derechos fundamentales de la persona y en especial a su mínimo vital, pues en tal caso no viola un derecho sino que cumple un deber;

(ii) [E]l riesgo de las obras pendientes, inconclusas o deterioradas constituyen una amenaza que no representa un riesgo real para los derechos fundamentales de las personas;

(iii) [S]e pretenda reclamaciones de carácter puramente económico, que pueden ser reclamadas por otros medios de defensa judicial, y no impliquen la afectación de derechos fundamentales;

(iv) [N]o se constata que la calidad del agua a la que se accede no es adecuada para el consumo humano;

(v) [U]na persona está disfrutando el servicio de agua, por medios ilícitos, reconectándose a la fuerza, y se encuentra disfrutando del goce efectivo de su derecho al agua, por ejemplo, pierde la posibilidad de reclamar su protección mediante la acción de tutela. En este caso la persona no pierde sus derechos, pero sí la posibilidad de legitimar a posteriori sus actos de hecho mediante el procedimiento constitucional de la tutela.

(vi) Cuando una persona pretende acceder por sus propios medios al agua disponible, pero de una forma irregular, desconociendo los procedimientos y afectando el acceso de las demás personas de la comunidad que dependen de la misma fuente de agua.

(vii) Cuando la afectación a la salubridad pública, como obstrucción a tuberías de alcantarillado, no afecta el mínimo vital en dignidad de las personas; en tal caso, se trata de una afectación que puede ser reclamada judicialmente, pero que no es objeto de acción de tutela”(21).

De lo anterior se colige, que la acción de tutela resulta procedente cuando se pretende evitar mediante el suministro de agua la consumación de un perjuicio irremediable, en tanto que se buscan suplir necesidades básicas del ser humano respecto de sus derechos fundamentales a la a la vida, la salud y la dignidad humana. Aún más, cuando se trata de sujetos que merecen una especial protección constitucional, por encontrarse en circunstancias de vulnerabilidad.

5. Carencia actual de objeto por hecho superado.

La Corte Constitucional en varias ocasiones ha sostenido que la carencia actual de objeto se configura cuando la circunstancia fáctica que origina la vulneración o amenaza del derecho fundamental desaparece o se modifica, hasta el punto de dejar cualquier orden proveniente del juez, inocua. Esto como resultado de dos circunstancias: el hecho superado y el daño consumado.

El fenómeno del daño consumado se presenta cuando antes de proferido el fallo de tutela se hace efectiva la vulneración del derecho fundamental, impidiendo que el juez dé una orden eficaz que imposibilite su consumación. De modo tal que lo único que procede es el resarcimiento del daño.

Por su parte, el hecho superado se estructura cuando en el transcurso de la interposición del amparo constitucional, y antes del fallo del juez de tutela, se satisface por completo la pretensión. De ahí, que el objeto jurídico que se desprende de la orden de un juez resulte ineficaz.

Al respecto este tribunal manifestó en Sentencia T-495 de 2001:

“El objetivo de la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, al Decreto 2591 de 1.991 y a la doctrina constitucional, es la protección efectiva y cierta del derecho constitucional fundamental, presuntamente vulnerado o amenazado por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos expresamente señalados por la ley.

En virtud de lo anterior, la eficacia de la acción de tutela radica en el deber que tiene el juez, en caso de encontrar amenazado o vulnerado un derecho alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento orientada a la defensa actual y cierta del derecho que se aduce.

No obstante lo anterior, si la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su razón de ser”.

Así, por ejemplo en Sentencia T-162 de 2012 la Corte Constitucional declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, en un caso de reconexión de servicio de acueducto, al verificar que las circunstancias fácticas generadoras de la vulneración al derecho fundamental habían desaparecido, en tanto que la empresa accionada reconectó el servicio pretendido antes del fallo del juez de tutela. De igual manera esta corporación falló en Sentencia T-915 de 2009, pues al solicitarse la reconexión del servicio de acueducto de un hogar comunitario con 60 niños y niñas, se verificó, de acuerdo a un informe aportado por la entidad accionada, que el servicio ya había sido reconectado antes de proferido el fallo en sede de revisión.

6. El interés superior de los sujetos de especial protección constitucional y en especial de los niños, respecto al acceso de los servicios públicos esenciales.

El ordenamiento constitucional colombiano, en concordancia con el modelo de Estado social de derecho, ha introducido normas mediante las cuales dispone un tratamiento preferencial para las personas que se encuentran en una situación mayor de vulnerabilidad, como manifestación del principio de igualdad material, a saber:

El artículo 13, en los incisos 2º y 3º, señala que el Estado está en la obligación de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, por medio de la adopción de medidas a favor de grupos discriminados o marginados. Así mismo, indica que el Estado protegerá a personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.

Siguiendo los mismos lineamientos, el artículo 44 de la Carta establece que: “son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada (...) y que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

En este orden de ideas, el Estado está en la obligación de garantizar a los sujetos de especial protección constitucional, por medio de acciones afirmativas una existencia acorde con la dignidad humana. Por ello, la jurisprudencia de esta corporación sin desconocer la legitimidad que les asiste a las empresas prestadoras de servicios públicos, de suspender el fluido de los mismos, a un usuario que ha incurrido en mora en el pago de las facturas por consumo—(sic), ha venido sosteniendo que cuando en el hogar objeto de la interrupción, habitan sujetos de especial protección constitucional (como niños, personas en situación de discapacidad, adultos mayores etc.), la facultad del corte del servicio público domiciliario no es absoluta(22).

La facultad de suspender completamente el servicio público de agua potable a una persona, encuentra su límite cuando supone el desconocimiento de derechos constitucionales de sujetos de especial protección, aplicable solo en los casos en que, en primer lugar, la suspensión del servicio público recaiga sobre un sujeto de especial protección constitucional; y, en segundo lugar, que esa suspensión tenga como consecuencia directa para él, un desconocimiento de sus derechos constitucionales(23).

III. Caso concreto

1. Recuento fáctico.

1.1. En el caso sub examine, la personera municipal del Pital (Huila), en representación de la señora Myriam Escue Motta y su familia, manifiesta que el 21 de febrero de 2012 la Empresa de Aguas y Aseo del Pital y Agrado S.A. ESP les suspendió el servicio de agua al hogar donde residen. Circunstancia que los obligó a solicitar la ayuda de sus vecinos.

1.2. Relata, que transcurrido un año de la suspensión del servicio, solicitaron de manera verbal un acuerdo de pago ante la entidad accionada. Sin embargo, no se llegó a ningún consenso, pues la entidad accionada exigió un pago —30% de la totalidad de la deuda— que la familia no estaba en la capacidad económica para pagar.

Aduce que el 17 de febrero de 2013, la familia se reconectó ilegalmente con fundamento en que las necesidades de limpieza y alimentación que demandaba la señora Myriam Escue Motta —en ese momento en estado de gravidez— y sus menores hijos. No obstante, cinco días después la entidad demandada suspendió nuevamente el servicio.

1.3. Durante la etapa de revisión surtida por esta corporación, la personera municipal del Pital Huila informó a este despacho, mediante correo electrónico del 5 de agosto de 2013, que “de acuerdo a la información suministrada por la señora Myriam Escue Motta, la Empresa de Aguas y Aseo del Pital (Huila) suscribió un acuerdo de pago con la accionante y reconectó el servicio de agua”(24). Acuerdo de pago que se allegó a este despacho, mediante correo del 9 de agosto de 2013, por el cual la señora Miryam Escue Motta se compromete con la Empresa de Aguas y Aseo del Pital y Agrado S.A. a cancelar la totalidad de la deuda, de la manera que se expone a continuación(25):

FechaCuotaSaldo
Abril 8 de 201365.000714.200
Mayo de 201365.000649.200
Junio de 201365.000584.200
Julio de 201365.000519.200
Agosto de 201365.000454.200
Septiembre de 201365.000389.200
Octubre de 201365.000324.200
Noviembre de 201365.000259.200
Diciembre de 201365.000194.200
Enero de 201465.000129.200
Febrero de 201465.00064.200
Marzo de 201464.20064.200

2. Procedencia de la acción de tutela.

Como primera medida, evidencia la Sala que la Personera Municipal del Municipio del Pital Huila, se encuentra legitimada por activa para actuar como representante de la señora Myriam Escue Motta y sus familiares, en virtud de las funciones constitucionales y legales de guarda y promoción de derechos humanos que le brinda el artículo 118 de la Constitución Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

Ahora bien, en el presente caso, la solicitud de los accionantes persigue la protección del derecho al agua en su faceta fundamental, pues se dirige estrictamente a satisfacer las necesidades básicas de alimentación e higiene de la señora Myriam Escue Motta, su esposo José Augusto Sterling Molano y sus tres hijos menores de edad. Sujetos de especial protección constitucional que merecen un trato preferencial por parte del Estado, en tanto que se trata de una señora que se encuentra en estado de lactancia, un discapacitado —señor Sterling Molano— y tres menores de edad.

Por otra parte, no se dará aplicación al principio jurisprudencial de inmediatez a pesar que desde el momento en que se suspendió el servicio de acueducto y se formuló la acción de tutela sub judice, trascurrió más de un año. Esto por cuanto, la Corte Constitucional ha sostenido en varias oportunidades que “no es procedente alegar inmediatez cuando el desconocimiento de un derecho constitucional se ha prolongado en el tiempo y no se ha dado el cumplimiento de tal derecho”(26). Bajo esta interpretación jurisprudencial, la Sala de Revisión advierte que la entidad accionada suspendió el servicio de acueducto el día 21 de febrero de 2012 y hasta el día 13 de marzo del presente año sigue suspendido; es decir, que la vulneración iusfundamental ha sido continua y permanente en el tiempo.

Con base en todo lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela es procedente por dos razones: primero, porque los actores no cuentan con otro medio idóneo para proteger sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a dignidad humana. Y segundo, porque en el caso sub examine, varios de los petentes merecen una especial protección constitucional, por el hecho de encontrarse en circunstancias de vulnerabilidad.

Carencia actual de objeto por hecho superado

3.1. En primer lugar la Sala resalta que la Corte Constitucional en Sentencia T-717 de 2010, fijó una serie de condiciones respecto del servicio de agua potable. Entre ellas se encuentran:

“El servicio público de acueducto, solo podrá suspenderse con la observancia de la plenitud de formas del debido proceso. Sin embargo, no procederá, aunque se respete el debido proceso, cuando con esta suspensión se desconozcan derechos fundamentales a sujetos de especial protección constitucional.

(...).

En todo caso, cuando la empresa de servicios públicos suspenda la prestación el servicio de acueducto, debe pasar a suministrarle al usuario cantidades mínimas de agua potable a los sujetos de especial protección constitucional, que satisfagan sus necesidades básicas y le garanticen una vida verdaderamente digna y humana”.

Teniendo en cuenta estas condiciones jurisprudenciales, la Sala advierte que la Empresa de Agua y Aseo del Pital y Agrado Huila S.A. ESP, suspendió el suministro de agua potable a una vivienda en la cual habita un sujeto en estado de discapacidad, tres menores de edad y una mujer en estado de lactancia, poniendo en riesgo permanente sus derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas. De igual manera, se observa que la entidad accionada tampoco suministró las cantidades mínimas de agua que exige la jurisprudencia constitucional, para que los accionantes pudiesen satisfacer las necesidades básicas durante el tiempo de la suspensión.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que si bien el incumplimiento en el pago de las obligaciones de servicios públicos justifica la suspensión del servicio público, en ciertos casos no lo es, pues se presume no solo la vulneración de los derechos fundamentales por parte de la entidad que suspende el servicio, sino también que el incumplimiento de las obligaciones se debe “a circunstancias involuntarias, insuperables o incontrolables por voluntad propia, pues regularmente quienes son clasificados en ese nivel del Sisbén viven en condiciones de relevante precariedad de bienes de fortuna, de pobreza extrema, de miseria e incluso —algunas veces— de indigencia”(27).

Presunción que debió tener en cuenta la entidad accionada, por cuanto la señora Myriam Escue Motta y su núcleo familiar, no solo son sujetos de especial protección constitucional, sino también hacen parte del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales —Sisbén—, con una calificación del 22.75.

Razones suficientes para que esta Sala concluya que la suspensión del servicio de acueducto desconoció los derechos fundamentales invocados por los accionantes.

3.2. Sin embargo, de las pruebas aportadas durante la etapa de revisión, se observa que actualmente el servició público requerido por el accionante se encuentra instalado, pues así lo afirmó la personera municipal del municipio del Pital Huila, en correo del 5 de agosto de 2013 al indicar que “la Empresa de Aguas y Aseo del Pital (Huila) suscribió un acuerdo de pago con la accionante y reconectó el servicio de agua. Igualmente, se aportó acuerdo de pago del 8 de abril de 2013, por el cual la señora Myriam Escue Motta se compromete a sufragar la totalidad de la deuda en un plazo de doce meses.

Razón suficiente para considerar que la circunstancia fáctica generadora de la vulneración fundamental ha cesado, haciendo inocua cualquier orden que pueda dar el juez constitucional. Lo cual configura una carencia actual de objeto por hecho superado.

3.4.(sic) No obstante, la Sala advertirá a la entidad accionada que en el caso en que la ciudadana Myriam Escue Motta no pueda cumplir con las obligaciones económicas para costear las cuotas del acuerdo de pago o se presente alguna otra circunstancia que amerite la suspensión del servicio de acueducto, esta no podrá suspender la totalidad del servicio de agua, pues deberá suministrar las cantidades mínimas necesarias para que la señora Myriam Escue Motta —en estado de lactancia—, el señor José Augusto Sterling —discapacitado— y sus tres hijos menores de edad, satisfagan las necesidades básicas.

Con base en esto, la Sala de Revisión declarará la carencia actual de objeto por presentarse un hecho superado, en la acción de tutela instaurada por personera municipal del Pital (Huila), en representación de la señora Myriam Escue Motta y sus familiares contra la Empresa de Agua y Aseo del Pital y Agrado S.A ESP.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo proferido el dos (2) de abril de dos mil trece (2013) por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Distrito Judicial del Pital (Huila), el cual negó el amparo invocado por la Personera Municipal del Pital, en representación de la señora Myriam Escue Motta, el señor José Augusto Sterling y sus menores hijos Ingrith Lorena Sterling Escue, Leidy Johana Bustos Escue y Cristian Mauricio Bustos y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al consumo humano del agua potable, la salud y la vida en condiciones dignas de los actores.

2. ADVERTIR a la Empresa de Agua y Aseo del Pital y Agrado (Huila) S.A. ESP que se abstenga de suspender completamente el suministro de agua potable a la ciudadana Myriam Escue Motta y su núcleo familiar, si estos no pueden cumplir con las obligaciones económicas para costear las cuotas del acuerdo de pago, o se presente alguna otra circunstancia que amerite la suspensión del servicio de acueducto.

3. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la presente acción de tutela.

4. Por secretaria general, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Alberto Rojas Ríos—María Victoria Calle Correa—Luis Ernesto Vargas Silva.

Martha Victoria Sáchica Méndez, secretaria general.

(1) El artículo 365 de la Carta Política prevé “[l]os servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”.

(2) Ver folio 20, cuaderno de única instancia.

(3) Sentencia T-578 de 1992.

(4) Sentencia T- 740 de 2011.

(5) Observación General 15 (2002), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

(6) Ibídem.

(7) Añade al respecto: “(...) Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad”. Observación General 15 (2002), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Parágrafo 12.

(8) Añade al respecto: “(...) Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto”. Observación General 15 (2002), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Parágrafo 12.

(9) Observación General 15 (2002), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

(10) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 15.

(11) Ibídem.

(12) Corte Constitucional. Sentencia T-410 de 2003.

(13) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 15.

(14) Ibídem.

(15) Ibídem.

(16) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 14.

(17) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 15.

(18) Corte Constitucional. Sentencias T-406 de 1992 y T-207 de 1995.

(19) Angélica Molina Higuera; Derecho Humano al Agua en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales, Serie estudios especiales DESC; Defensoría del Pueblo de la República de Colombia, Prosedher, Bogotá, 2005.

(20) Ver sentencia C-220 de 2011.

(21) Ver Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 2010.

(22) Sentencia T-270 de 2007.

(23) Sentencia C-150 de 2003.

(24) Ver folio 13, cuaderno de constitucionalidad.

(25) Ver folio 16, cuaderno de constitucionalidad.

(26) Corte Constitucional. Sentencias T-158 de 2006, T-792 de 2007, T-1059 de 2007, T-584 de 2011, entre otros.

(27) Corte Constitucional. Sentencia T-717 de 2010.