Sentencia T-574 de diciembre 14 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

ACCIÓN DE TUTELA

COMPETENCIA TERRITORIAL

EXTRACTOS: «La multiplicidad de trámites procesales que se han surtido en el presente caso, con notorio sacrificio de la economía procesal y de la prevalencia del derecho sustancial —que deben presidir toda decisión sobre tutela— y pese al carácter preferente y sumario que la Constitución atribuye a dicho mecanismo, obedece en gran parte a un enfoque erróneo del Tribunal de Distrito Judicial de Tunja en torno a las reglas de competencia plasmadas en el Decreto 2591 de 1991.

Sostuvo esa corporación que si los actos y omisiones presuntamente violatorios de derechos fundamentales —que, según el demandante, eran atribuibles al Ministerio de Comunicaciones— habían tenido lugar en Santafé de Bogotá, sede del mismo, los jueces competentes para resolver sobre la acción de tutela instaurada no eran otros que los de dicha ciudad.

Es verdad que, según el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, son competentes para conocer de la acción de tutela en primera instancia, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.

Sin embargo, no siempre se define esa competencia por el sitio en el que físicamente acontecieron los hechos, pues no es lo mismo hablar del acto o de la omisión de una autoridad local, en cuanto a asuntos cuyos efectos apenas se proyectan en la localidad, que referirse a la actuación de un funcionario u organismo que, pese a tener su sede en un determinado lugar —por ejemplo, la capital de la República— y llevar a cabo sus actos allí, ejerce autoridad en todo el territorio nacional. Tal es el caso de los ministros del despacho, cuyos actos, no obstante tener generalmente origen en Santafé de Bogotá, se aplican en diversos puntos del país, independientemente del sitio en el cual los suscriban.

Así, mal podría pensarse que una resolución aplicable a nivel nacional pero firmada en Ba-rranquilla únicamente surtiera sus efectos en ese distrito y, por tanto, los posibles perjuicios que su vigencia causara en diversas ciudades o municipios a lo largo y ancho de la geografía nacional, en materia de derechos fundamentales, tuvieran que forzosamente ser reclamados ante los jueces de Barranquilla.

Así, en el caso materia de examen, las resoluciones mediante las cuales se revocó el acto de adjudicación de la licitación pública se firmaron en Santa Fe de Bogotá, pero indudablemente afectaron al peticionario en Miraflores (Boyacá), pues no pudo operar allí el servicio de radiodifusión mediante el uso de la frecuencia que se le había asignado. De ahí que no sea correcto afirmar que el sitio de supuesta violación de sus derechos fundamentales coincidía necesariamente con el lugar de expedición de las resoluciones, ni sostenerse que, para la defensa de aquellos, tenía que forzosamente trasladarse a Santafé de Bogotá y actuar ante sus jueces.

Es claro que, además, las peticiones elevadas por el accionante y, por consiguiente, la acción de tutela, tenían que ver con el decomiso y retención de los equipos y el material de su estación, lo cual tuvo lugar en Miraflores.

En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja sí tenía competencia para resolver acerca de la tutela en cuestión».

(Sentencia T-574 de diciembre 14 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernán-dez Galindo).

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