Sentencia T-576 de diciembre 14 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

PRUEBAS

EN EL PROCESO DE TUTELA

EXTRACTOS: «Uno de los argumentos de la impugnación, acertadamente rechazado por la Corte Suprema de Justicia, consistió en sostener que el fallo de primera instancia se había basado en vicios procesales relativos a las pruebas practicadas toda vez que a éstas, particularmente las consistentes en dictámenes de Medicina Legal, no se les había sometido a los rigores del trámite procesal propio de los asuntos civiles o penales, específicamente al traslado a las partes para objeciones o aclaraciones.

Como lo expresa el artículo 86 de la Constitución, el procedimiento de protección judicial en él consagrado es preferente y sumario, ya que busca la inmediata atención por parte del juez para impedir o interrumpir situaciones de violación o amenaza de los derechos fundamentales.

Esta Corte destaca una vez más el carácter informal del trámite que debe darse a las solicitudes de tutela y la prevalencia que dentro del mismo es imperativo conceder al derecho sustancial. Ello en modo alguno significa que pueda el fallador adoptar su decisión sin fundamento en elementos probatorios suficientes para arribar a la formación de un criterio cierto y objetivo sobre la verdad de los hechos, pues tan solo sobre la base de una convicción suya, razonablemente fundada, en torno al fehaciente quebranto o peligro de los derechos, le es permitido impartir las órdenes encaminadas a brindar al solicitante la protección que demanda.

Pero una cosa es que se exija la necesaria prueba de lo acontecido y su valoración por el juez, así como la audiencia de la autoridad o persona acusada, para evitar fallos soportados en la mera sospecha o intuición o ajenos al debido proceso, y otra muy distinta es desvirtuar el carácter mismo de la acción de tutela, pretendiendo revestirla de las formalidades y exigencias procesales características de los procesos ordinarios. Tal aspiración, además de irrealizable, dado el perentorio término dentro del cual ha de resolverse, resulta abiertamente contraria al sentido y al telos de la institución, al punto que, si llegara a realizarse, la convertiría en inútil.

No otro es el sentido del artículo 22 del Decreto 2591 de 1991, que concilia el propósito de alcanzar decisiones fundadas en un mínimo probatorio con la preferencia, sumariedad e inmedia-tez requeridos en este especial procedimiento: “El juez, tan pronto llegue al convencimiento de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas”.

No puede exigirse, entonces, que toda prueba sea trasladada a las partes para su objeción o aclaración, por lo cual será el juez el encargado de verificar si, en el caso concreto, examinado el material probatorio correspondiente y cotejado con el conjunto de los elementos de juicio de que dispone, quien determine si son necesarias aclaraciones o ampliaciones, con el fin de dilucidar el caso sometido a su conocimiento.

Corresponderá también al juez de tutela establecer si son conducentes y pertinentes todas o algunas de las pruebas que hayan solicitado las partes, pues únicamente él sabe si las allegadas y sopesadas son ya suficientes para dictar sentencia, o si ha menester de otras. De tal modo que el hecho de no decretar alguna de las pruebas solicitadas no implica desconocimiento del debido proceso ni comporta la nulidad de lo actuado.

Lo que resulta inadmisible, como varias veces lo ha recalcado esta misma Sala, es que el fallador se precipite a negar o a conceder la tutela sin haber llegado a la enunciada convicción objetiva y razonable; que resuelva sin los mínimos elementos de juicio; que parta de prejuicios o enfoques arbitrarios o contraevidentes, o que ignore las reglas básicas del debido proceso».

(Sentencia T-576 de diciembre 14 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernán-dez Galindo).

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