Sentencia T-584 de noviembre 12 de 1992 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CUARTA DE REVISIÓN

AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS

DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES CON EFECTOS CIVILES

EXTRACTOS: «La peticionaria invocó acción de tutela ante el Juzgado Civil del Circuito de Ocaña contra acto del delegado episcopal de la Diócesis de Ocaña, que se origina en los siguientes hechos:

a) Ofelia Cabrales Acosta nació en Ocaña, el día 6 de octubre de 1926, siendo hija extramatrimonial de Ramón Cabrales y Francisca Acosta.

b) Por solicitud adelantada en el Despacho de la Curia Diocesana en Ocaña, el día 4 de julio de 1974, se dispuso mediante Decreto No 202 de la misma fecha, la nulidad del la partida de bautismo que se encontraba sentada en el número 242, del libro Nro. 6, folio 105, debido a que la peticionaria demostró mediante documentos —constancia judicial de reconocimiento—, ser hija extramatrimonial reconocida por el Sr. Ramón Cabrales y por lo tanto se ordenó la inscripción de una nueva partida correspondiente al número 380, del libro 22, folio 190, de Ofelia Cabrales de Toscano, en el Libro de Bautismo, como hija reconocida del señor Ramón Cabrales Pacheco (fallecido) y de Francisca Acosta, nacida en Ocaña el 6 de octubre de 1926, bautizada el 3 de febrero de 1927, registrándose en el mismo decreto los datos de los abuelos paternos y maternos.

c) La partida de bautismo de la Sra. Ofelia textualmente dispone:

“En la Parroquia de San Agustín de Ocaña, a tres de febrero de mil novecientos veintisiete, el Pbro. José A. Quintero, bautizó a OFELIA, NACIDA en ésta el seis de octubre de mil novecientos veintiséis, hija reconocida de Ramón Cabrales y Francisca Acosta, abuelos paternos: Pedro Cabrales y Matilde Pacheco; maternos: Antonio Acosta y Gabriela Vega; Padrinos: Mario Loza y Zunilda Villa. Doy fe: A. Velásquez C. Pbro.

Expedida en Ocaña el 28 de febrero de 1992.

Rubén. D. Rodríguez.

Vic. Parroquial. (sello de la Parroquia de San Agustín de Ocaña)’’.

La anterior partida de bautismo, que contiene los datos del padre y los padrinos, mediante resolución 202 del 4 de julio de 1974, sustituyó la partida de bautismo que se encontraba sentada en el folio 105 del libro 6, registro número 241, del libro de partidas de bautismo de la Parroquia de San Agustín, por el siguiene motivo:

“El memorial en el que se pide la inclusión del padre (Ramón Cabrales) y de los abuelos paternos (Pedro Cabrales y Matilde Pacheco) en una partida de bautismo; la copia de esta y la constancia judicial de reconocimiento como hija que de la bautizada hizo el padre natural, se decreta: ...”

Posteriormente y ante un nuevo proceso sucesorio, que se inició a raíz del fallecimiento de un hermano medio de la peticionaria, ésta se percata de la nulidad del Decreto 202 ya citado por medio de la Resolución Nro. 12.547.

d) El señor Manuel José Cabrales Aycardi, hermano paterno de la accionante, acudió a la Delegación Episcopal de la Diócesis de Ocaña, a solicitar se declarara nulo el Decreto No. 202 del 4 de julio de 1974, de la Curia Diocesana de Ocaña.

e) La Diócesis Episcopal de la Provincia de Ocaña declaró nula la partida eclesiástica de nacimiento por medio de la Resolución 12.547 del 18 de marzo de 1992, con fundamento en los siguientes argumentos:

“a) Que el Decreto número 202 del 4 de julio de 1974, se dictó sin bases jurídicas suficientes para tal fin.

b) Que la inclusión de padre en una partida de bautismo, requiere que el mismo padre haga su reconocimiento legal, y si ya ha fallecido el interesado debe presentar documentos civiles que prueben la paternidad del bautizado.

c)Que la parte interesada no presentó ningún documento válido para este fin.

d) Que el Dr. Manuel José Cabrales Aycardi, presentó a este despacho un memorial pidiendo se declarara NULO el decreto mencionado arriba, por el cual se reconocía como hija natural del Dr. Ramón Cabrales Pacheco a la Sra. Ofelia Acosta de Toscano, habida extramatrimonialmente’’.

f) Estima la peticionaria que tal maniobra tiene por objeto atropellar sus derechos en el proceso de partición de herencia de Ramón Cabrales Aycardi, hermano paterno suyo.

La accionante considera que el acto acusado viola flagrantemente los artículos 13 —derecho a la igualdad—, 28 —derecho a no ser molestado en la persona—, 42 —Derechos de hijos concebidos fuera del matrimonio—, de la Carta Magna.

(...).

3. De los actos de las autoridades eclesiásticas y los efectos civiles de los mismos.

3.1. Historia.

El artículo 53 inciso 4o de la Constitución de 1886 consagraba que el Gobierno podrá celebrar con la Santa Sede convenios sujetos a la posterior aprobación del Congreso para regular, sobre bases de recíproca deferencia y mutuo respeto, las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.

En el año de 1892 se celebró el Convenio adicional con la Santa Sede, aprobado por la Ley 34 de 21 de octubre del mismo año, en cuyo artículo 22 se ordene a los párrocos y demás eclesiásticos encargados de llevar a custodiar los libros en que se registren los datos relativos a nacimientos, matrimonios y defunciones, pasar cada seis meses a la autoridad o empleados que designe el Gobierno, copia auténtica de dichos asientos. Más tarde, por los Decretos números 836 de 1922 y 2116 de 1927, el Gobierno dispuso que tales actas se recibieran en las oficinas municipales o departamentales de estadística, y que se guardaran en las notarías correspondientes.

La Constitución de 1886 en su artículo 50 consagraba:

“Las leyes determinarán lo relativo al Estado Civil de las personas, y los consiguientes derechos y deberes ...”

En desarrollo del artículo citado, el Código Civil en la norma vigente para la fecha de expedición de la partida de bautismo —1927—, disponía en el artículo 50 lo siguiente:

“Cuando se pretenda el registro de un nacimiento fuera del término prescrito, el interesado deberá acreditarlo con documentos auténticos, o con copias de las actas de las partidas parroquiales, respecto de las personas bautizadas en el seno de la Iglesia Católica o de las anotaciones de origen religioso correspondientes a personas de otros credos, o en últimas, con varios testimonios rendidos ante el juez civil, de personas que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y fidedigna de él, con expresión de los datos indispensables para la inscripción.

Los documentos acompañados a la solicitud oral de inscripción se archivarán en carpetas con indicación del código del folio que respaldan’’.

La Ley 92 de 1938, por la cual se dictaron algunas disposiciones sobre el registro civil de las personas, determinó una nueva organización y estatizó las funciones de registro civil que venían realizando hasta ese entonces las Parroquias locales.

Así, en el artículo 1o se dispuso que los encargados de llevar el Registro Civil de las personas serán: los notarios y, en los municipios donde no exista tal funcionario, el alcalde municipal, y los funcionarios consulares de Colombia en el exterior.

El cambio de autoridad encargada de realizar la labor del registro civil no anulaba las actuaciones llevadas a cabo por la Iglesia Católica. Por tanto, en la misma ley en los artículos 18 y 19 se reguló lo atinente al tránsito legislativo, así:

“Artículo 18.—A partir de la vigencia de la presente ley sólo tendrán el carácter de pruebas principales del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones que se verifiquen con posterioridad a ella, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los funcionarios de que trata la presente ley.

Artículo 19.—La falta de los respectivos documentos del estado civil podrá suplirse, en caso, necesario, por otros documentos auténticos, o por las actas o partidas existentes en los libros parroquiales, extendidas por los respectivos Curas Párrocos, respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas bautizadas, casadas o muertas en el seno de la Iglesia Católica, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se trata, y, en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión de ese estado civil’’.

La labor de los curas párrocos antes de 1938 se asimilaba a la que hoy desempeñan los notarios, es decir prestaban un servicio de fe pública respecto de circunstancias de la vida de una persona. Así lo establece el canon 482 del Código Canónico que determina que en cada Curia debe haber un canciller, cuya principal función, a no ser que el derecho particular establezca otra cosa, consiste en cuidar que se redacten las actas de la curia, se expidan y se custodien en el archivo de la misma.

Dentro de las funciones especiales de los curas párrocos de dar fe de los actos de los particulares, está en especial la de la celebración del bautismo; ya que como se notó anteriormente, la partida de bautismo con anterioridad al año de 1938, era el único documento que demostraba el estado civil de una persona. Tratándose de hijos extramatrimoniales el Código Canónico exige lo siguiente:

877. ... 2. Cuando se trate de un hijo de madre soltera, se ha de inscribir el nombre de la madre, si consta públicamente su maternidad o ella misma lo pide voluntariamente, por escrito o ante dos testigos; y también se ha de inscribir el nombre del padre, si su paternidad se prueba, por documento público o por propia declaración ante el párroco y dos testigos; en los demás casos, se inscribirá sólo el nombre del bautizado, sin hacer constar para nada el del padre o de los padres.

3.2. Situación actual.

Dice el artículo 42 de la Constitución:

“...La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”.

El Decreto 1265 de 1970 en su artículo 101 determina que el estado civil debe constar en el registro del estado civil. El registro es público y los libros, tarjetas, así como copias y certificados que con base en ellos se expidan son instrumentos públicos, regulados por el derecho administrativo colombiano.

La fe de bautismo sentada con anterioridad a la Ley 92 de 1938 en las parroquias —como en el caso que nos ocupa—, es un instrumento púbico, como lo dispone el artículo 101 del decreto 1265 de 1970.

Ahora bien, las autoridades eclesiásticas son particulares que, en razón del Concordato, al elaborar documentos que produzcan efectos civiles realizan actos de naturaleza eclesiástica, los cuales, al registrarse en las oficinas de registro del estado civil, producen efectos administrativos por disposición de la ley ya que se encuentran en ejercicio de un servicio público por colaboración.

El artículo 59 del Decreto 753 de 1956 que subrogó el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que el servicio público bien puede ser realizado por el Estado directa o indirectamente, o por personas privadas.

Si el acto de la autoridad eclesiástica produce efectos civiles es un acto eclesiástico con efectos administrativos que, en esa medida, es objeto de las garantías procesales (CP art. 29) y de los recursos pertinentes (Código Contencioso Administrativo). Si ese acto no produce efectos civiles será un acto canónico y la autoridad eclesiástica podrá modificarlo de acuerdo con las regulaciones internas de la Iglesia Católica.

4. Del registro civil de las personas

A partir de la vigencia del Decreto 1260 de 1970 todos los estados civiles y sus alteraciones deben constar en el registro civil, el cual es llevado por funcionarios especiales del Estado. Todos los nacimientos, matrimonios, defunciones, separaciones de cuerpos o de bienes, interdicciones jurídicas, etc., deben inscribirse en el registro civil.

Como consecuencia de esto, para las personas nacidas a partir de 1938, los estados civiles sólo pueden probarse mediante el correspondiente registro civil según el Decreto 1260 de 1970. Este nuevo estatuto introdujo innovaciones con respecto al antiguo sistema de la Ley 92 de 1938, que distinguía entre pruebas principales y pruebas supletorias del estado civil. Las primeras se vinculaban al registro Civil, no así las segundas (partidas eclesiásticas de matrimonios, bautismos y defunciones).

Para entender correctamente esta primera orientación del nuevo sistema, conviene tener en cuenta que las antiguas pruebas supletorias de la Ley 92 de 1938 conservan todo su valor. En dichos casos el acto de registro del estado civil surge en la partida de bautismo, sin necesidad de una posterior participación del Estado.

Ningún problema se ha presentado con respecto a las partidas eclesiásticas levantadas en forma directa por el cura párroco una vez celebrado el bautismo. La copia de tales actas tiene valor ante los funcionarios del registro civil para levantar el acta civil, pero las personas nacidas con anterioridad a la Ley 92 de 1938, no están obligadas a registrar la partida de bautismo, pues éste solo documento constituye plena prueba de su estado civil.

5. Del debido proceso en las actuaciones de las autoridades eclesiásticas

En un Estado social de derecho, toda función pública debe estar sujeta a una regulación jurídica preexistente com en los artículos 6o y 29 de la Constitución Política de 1991, y los artículos 2o y 26 de la Constitución de 1886, que garantice al individuo receptor de la acción su derecho de defensa. Y para el ejercicio de este derecho no basta con poner en conocimiento de dicha persona la decisión final, sino que es necesario brindarle la posibilidad de que ella muestre al ente decisor competente su verdad, sus alegatos, en fin, su visión de los acontecimientos.

El debido proceso también se encontraba regulado en la Constitución de 1886 en el artículo 26, que disponía:

“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

El actual artículo 29 de la Carta consagra el derecho fundamental al debido proceso, así:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas...

...Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso’’.

El acto de sentar la partida de bautismo en los libros correspondientes de las parroquias era, antes de 1938, un acto administrativo realizado por autoridades eclesiásticas pero originado en la actividad de personas privadas que desempeñan funciones públicas por ministerio de la ley. Ahora la posterior reforma o adición de dichas partidas de bautismo que genera efectos civiles debe ser realizada por la autoridad eclesiástica competente con observancia de los cánones de la Religión Católica para los efectos católicos y con observancia del debido proceso para los efectos civiles.

Por ello los jueces civiles del circuito, de conformidad con el artículo 16 numeral 3o del Código de Procedimiento Civil, son los competentes para conocer en primera instancia de las acciones sobre el estado civil de las personas.

6. Revocatoria del acto administrativo que crea una situación individual.

El acto administrativo puede ser creador de una situación individual que resuelva en forma particular el reconocimiento de un derecho. Por lo tanto la situación creada por él, goza de especial estabilidad y no puede ser modificada sin el consentimiento expreso del titular del derecho. En este sentido, el artículo 24 del Decreto 2733 de octubre 7 de 1959, dispuso:

“Cuando el acto administrativo haya creado una situación individual o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del repectivo titular”(2).

(2) Texto del Decreto 2733 de 1959, artículo 24, publicado en el Diario Oficial Nro. 30074 de octubre 16 de 1959.

Esta norma se predicaba a esa actuación administrativa producida por la autoridad eclesiástica y con fundamento en la Constitución.

Respecto de la estabilidad del acto administrativo, para esta Sala de la Corte Constitucional también es del caso citar el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo que reitera el concepto del Decreto 2733 de 1959.

El Consejo de Estado, en Sentencia de julio 18 de 1991, al respecto manifestó:

“Los únicos actos de carácter particular o concreto que son susceptibles de revocación, sin el consentimiento expreso y escrito del titular, son los que resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo”(3).

(3) Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de julio 18 de 1991.

El acto creador de situaciones individuales no puede revocarse sin el consentimiento del titular: esto es improcedente e ilegal, por estar expresamente prohibido por la Ley. La revocatoria de un acto administrativo creador de una situación jurídica particular, subjetiva, particular o concreta, sin que medie el consentimiento expreso y escrito del titular de esa situación o de ese derecho reconocido, viola el debido proceso y la ley, procediendo, en los casos en que se verifique esa revocación sin los requisitos de ley, no sólo los recursos gubernativos ordinarios como medio de que la propia administración evite el quebrantamiento de la norma superior de derecho, sino la acción contenciosa en donde, además de la nulidad del acto, se obtenga el restablecimiento del derecho conculcado.

Estos conceptos del derecho administrativo son extensibles al caso que nos ocupa, ya que la función notarial de las autoridades eclesiásticas tenía la calidad de función administrativa.

7. Del caso concreto

Para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es procedente la tutela solicitada por la Sra. Ofelia Cabrales de Toscano, frente a la actuación de la autoridad eclesiástica —actuación de particular—, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos: a) Se viole un derecho constitucional fundamental; b) cuando no exista otro medio judicial de defensa; y c) que exista una relación de subordinación o indefensión, si se trata de particulares.

En el caso concreto se reúnen estos tres requisitos, como se demuestra a continuación, razón por la cual esta Sala de Revisión concederá la tutela:

a) Para esta Corporación, al producirse la Resolución 12.547 de 1992, de la Diócesis Episcopal de la Provincia de Ocaña sin la audiencia del interesado se ocasiona violación de derechos de rango constitucional fundamental, tales como el derecho al debido proceso(4).

(4) El Tribunal Supremo Español, en sentencia de enero 26 de 1991, manifestó: “las causas que se llevan a cabo dentro del ámbito eclesiástico deben estar de acuerdo con los preceptos constitucionales”.

b) El segundo requisito también se reúne en este caso, ya que judicialmente no existe otro medio de defensa para proteger el derecho al debido proceso.

En efecto, por el tránsito de legislación, la partida de bautismo de la peticionaria (de 1927) tiene efectos ultra-eclesiásticos, de tal manera que no puede ser objeto hoy en día de los recursos judiciales por ser un acto de una autoridad eclesiástica que sólo era susceptible de los recursos eclesiásticos.

c) El tercer requisito también se reúne, por dos motivos:

c.1. La autoridad eclesiástica tiene el carácter de particular.

c.2. Bajo el amparo del régimen jurídico anterior a 1938 el particular actuaba en caso como este en ejercicio de funciones públicas, ya que las certificaciones eclesiásticas gozaban de efectos civiles controvertibles ante las autoridades competentes, pero en este caso sub-exámine la partida de bautismo tiene implicaciones jurídicas que por lo tanto exige unos presupuestos del debido proceso, que no se cumplieron.

Por lo tanto el Estado colombiano no puede reconocer los efectos jurídicos que surgen de un acto contrario al derecho.

Para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, en conclusión, cualquier procedimiento que se lleve a cabo debe reunir los requisitos que aseguren el pleno cumplimiento de las garantías constitucionales. Al producirse la resolución sin la comparecencia de la interesada y sin ser la autoridad competente se violó por parte de la autoridad eclesiástica el derecho fundamental al debido proceso, razón por la cual esta Sala revocará la sentencia del Juzgado Civil del Circuito de Ocaña y concederá la tutela solicitada por la Sra. Ofelia Cabrales de Toscano, para que el Registrador del Estado Civil de Ocaña, no reconozca los efectos civiles que podría generar la Resolución 12.547 por la cual se declaró nulo el Decreto 202 del 4 de julio de 1974».

(Sentencia T-584 de noviembre 12 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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