•Sentencia T-59 de febrero 4 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

Ref.: Expedientes acumulados T-165933, T-169510, T-169626 y T-171088.

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

Actores: XXX, XXX ,XXX, XXX y XXX.

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado

EXTRACTOS:

«A primera vista, no parecería que una discusión sobre enseres amerite un estudio constitucional. Igual podía pensarse con respecto a la eliminación de la autorización dada a los grupos de autoapoyo para visitar por fuera de los horarios previstos a los pacientes, puesto que esa medida no implica la prohibición de sus visitas, sino su remisión a las normas generales. Sin embargo, el hecho de que las personas afectadas por la medidas que se discuten fueran pacientes con VIH/SIDA exige a la Corte mirar con detenimiento el caso planteado. Los tribunales constitucionales están llamados a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y dentro de esta tarea tienen que hacer un especial énfasis en la protección de los derechos de las minorías marginadas. Precisamente, el caso bajo análisis involucra un grupo de personas que suele ser objeto de distintas suertes de discriminación por causa de dos factores: por la infección misma —con todos los temores que ella genera—, y por la errada apreciación de que los infectados con VIH/SIDA forman parte de la población homosexual, grupo que, como es conocido, también es objeto de múltiples prejuicios.

Así, pues, esta Sala se aplicó al estudio de la situación de los pacientes de la Sala de infectología de la Clínica Rafael Uribe Uribe. Para ello solicitó distintas pruebas, como ya se observó en la parte de los antecedentes.

6. De las pruebas recaudadas se deduce que la verdadera controversia entre el director del SIEI y los actores —que, como ya se señaló, se coordinan a través de la fundación vivir mejor— no se refiere a los enseres señalados. En las conversaciones sostenidas con dos de los actores se pudo observar que su interés en relación con lo que ocurría en la Sala de infectología no se centraba en estos enseres —a los cuales estaban incluso dispuestos a renunciar. Así mismo, durante la inspección se pudo observar que existen sillas para los visitantes y los pacientes y que a estos últimos les es permitido traer sus propios aparatos de televisión. Igualmente, existe un teléfono que pueden utilizar los pacientes, aunque con restricciones. A través de este teléfono y de las visitas realizadas en los horarios establecidos es posible superar la condición de aislamiento que implica la permanencia en el área roja de la sala de infectología en la que son internados normalmente los pacientes con VIH/SIDA.

De otra parte, la fundación vivir mejor precisa en su escrito que los elementos que había dado en comodato a la Sala eran “para uso exclusivo de los pacientes de VIH/SIDA”, y admite que inicialmente se presentaron algunos problemas con la línea telefónica. Ello permite deducir que las dificultades que adujo el SIEI para devolver los enseres sí se pudieron presentar.

La controversia real gira, entonces, alrededor de la insatisfacción de los actores con respecto a distintos asuntos administrativos y de política sanitaria del ISS; del esquema de tratamiento de los pacientes con VIH/SIDA que ha asumido en el servicio de infectología; y de la desconfianza que existe entre los actores y distintos miembros del SIEI. Cada uno de estos tres aspectos serán tratados a continuación.

7. En relación con el Instituto de los Seguros Sociales, los actores expusieron su inconformidad por la carencia de medicamentos que se presenta en el instituto, lo cual conduce a su entrega tardía a los pacientes y ocasiona problemas con el tratamiento. De la misma manera, los demandantes manifestaron que no existen suficientes profesionales para la atención médica, y que hay una rotación constante en el equipo médico, situación que afecta la nueva prestación del servicio. Al respecto enfatizar que muchos médicos no están preparados para atender personas portadoras, sintomáticas o asintomáticas, del VIH/SIDA, y que ello conduce a que tengan temor de tratarlos y a que no los atiendan debidamente.

También se quejaron los actores de que el ISS no se ocupa de la tarea de educación la cual comprende temas como la prevención del VIH/SIDA, el esclarecimiento acerca del tratamiento con los retrovirales, la divulgación de información acerca de la infección, la enfermedad y el tratamiento que deben brindar a las personas aquejadas por el VIH/SIDA sus familiares, etc. Así mismo, criticaron las condiciones en las que se encuentra el servicio de urgencias, los prolongados plazos para las citas con los especialistas, la aplicación de la norma legal que exige un período mínimo de semanas de cotización para la atención de las llamadas enfermedades catastróficas, el desorden de los archivos del ISS en relación con el cómputo de las semanas cotizadas por los afiliados, etc.).

Muchas de estas críticas son compartidas por el equipo del SIEI. Así ocurre con los medicamentos, con la carencia de personal y su continua rotación, y con la situación; que se presenta en urgencias. En el equipo también hay conciencia acerca de los problemas que ocurren con las citas y se puede afirmar que se han logrado mejoras en el campo, tal como lo demuestran los resultados de las evaluaciones que se describieron en la parte de los antecedentes.

Sin embargo, como ya se señaló todos estos puntos hacen referencia a decisiones del legislativo, a políticas generales adoptadas por el ISS y a situaciones administrativas, de las cuales no se deduce directamente una afectación de derechos fundamentales de una persona determinada, condición imprescindible para la procedencia de la acción de tutela. Es decir, todos estos temas pertenecen más al campo del debate político, en el cual pueden terciar los grupos de presión —como las organizaciones de apoyo a los portadores del VIH/SIDA— pero a través de vías distintas a las judiciales. Este no es el camino apropiado cuando se plantean críticas de orden genérico, no asociadas a un agravio constitucional infligido a una determinada persona.»

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