Sentencia T-590 de octubre 20 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. 174150

Magistrado Ponente:

Dr. Alejandro Martínez Caballero

Accionante: Pedro Mahecha en representación de Esteban Cancelado.

Procedencia Juzgado 37 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá.

Temas:

Protección a los defensores de derechos humanos.

Protección a los detenidos.

Discrecionalidad del funcionario administrativo.

Derecho de igualdad.

Santafé de Bogotá, D.C., veinte de octubre de mil novecientos noventa ocho.

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados doctores Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, quien le preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.

(...).

II. Fundamentos jurídicos

A. Competencia.

Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para conocer dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 35 y 42 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el reglamento de esta corporación.

B. Temas jurídicos a tratar.

La circunstancia de ser Esteban Cancelado activista de los derechos humanos es el argumento esgrimido para pedir especial protección para él, ello obliga, en primer lugar, a mencionar el tratamiento jurisprudencial sobre derecho a la vida, luego a examinar la protección del Estado respecto a la vida de los reclusos y específicamente de los defensores de los derechos humanos, para ver su dichos defensores son sujetos de un plus en el derecho a protección por parte del Estado. Como adicionalmente, en el caso del señor Cancelado, ha habido pronunciamientos de funcionarios nacionales e internacionales sobre la necesidad de traslado de lugar de reclusión para garantizarle el derecho a la vida, es importante analizar la incidencia de tales peticiones en las determinaciones gubernamentales, esto último está íntimamente ligado a la discrecionalidad en las determinaciones administrativas, específicamente de las tomadas por funcionarios encargados del cuidado de los pesos.

1. Derecho a la vida.

A nivel constitucional la vida es el primero de los derechos de la persona humana; además en un valor constitucional de carácter superior y su respeto y garantía aparece consagrado como un principio del ordenamiento jurídico político.

El preámbulo de la Constitución del 1991 así lo consagra:

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la asamblea general nacional constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida la convivencia, e trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga”.

En la sentencia 232 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, se dijo lo siguiente:

“Asegurar la vida, no es sólo el derecho subjetivo que se tiene sobre la vida, sino la obligación de los otros a respetar el derecho a seguir viviendo o a que no se anticipe la muerte; en este sentido amplio está el preámbulo de la Constitución Política.

Una de esas metas y quizás la primera es garantizar la vida, como derecho irrenunciable, que está por fuera del comercio aunque en determinados casos obliga reparar el daño que se le ocasione, pero, la finalidad de toda sociedad es mantener la vida en su plenitud.

Por su parte el artículo 2º consagra los fines esenciales de la Constitución entre ellos la protección a la vida de las personas residentes en Colombia, protección que ya estaba consagrada en la Constitución de 1886 y en la de Rionegro (1863) pero que cobran gran importancia en la nueva Constitución por la consagración expresa que se hace a la inviolabilidad de la vida(4).

(4) En las constituciones de la República de Tunja y del Estado de Antioquia en 1811 se estableció lo siguiente: “Dios ha concedido igualmente a todos los hombres ciertos derechos naturales, esenciales e imprescriptibles como son: defender y conservar su vida, adquirir, gozar, y proteger sus propiedades, buscar y obtener su seguridad y felicidad. Estos derechos se reducen a cuatro principios a saber: la libertad, la igualdad legal, la seguridad y la propiedad”.

“(...) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (C.P., art. 2º).

En otra ocasión la Corte dijo:

“El derecho a la vida comporta como extensión el derecho a la integridad física y moral, así como el derecho a la salud. No se puede establecer una clara línea divisoria entre los tres derechos, porque tienen una conexión íntima, esencial, y por ende, necesaria. El derecho a la salud y el derecho a la integridad física y moral, se fundamentan en el derecho a la vida, el cual tiene su desarrollo inmediato en aquellos. Sería absurdo reconocer el derecho a la vida, y al mismo tiempo, desvincularlo de los derechos consecuenciales a la integridad física y a la salud. Desde luego es factible establecer entre los tres derechos una diferencia de razón con fundamento en el objeto jurídico protegido de manera inmediata; así, el derecho a la vida protege de manera próxima el acto de vivir. La integridad física y moral, la plenitud y totalidad de la armonía corporal y espiritual del hombre, y el derecho a la salud, el normal funcionamiento orgánico del cuerpo, así como el adecuado ejercicio de las facultades intelectuales”(5).

(5) Sentencia T-123 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

2. El derecho a la vida es inviolable y debe ser protegido por el Estado y los particulares.

Así lo establece el artículo 11 de la Constitución: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.

Y el artículo 6º dice:

“Las particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”, con ello se está indicando que si un particular viola o amenaza el derecho a la vida, es responsable no sólo en la esfera de lo penal, policivo o civil, sino también en el ámbito constitucional. Este derecho fundamental adquiere dentro del Estado social de derecho una dimensión objetiva, como bien lo ha expresado esta Corte. La fuerza vinculante de este derecho, como la de los demás derechos fundamentales, se hace extensiva a las relaciones privadas, aunque es el Estado el principal responsable de su protección, garantías, respeto y desarrollo. Al respecto la Corte estableció:

“Si mientras la Constitución protege el derecho a la vida, el legislador no hace punible el delito de homicidio, y el juez no cumple eficazmente con su función judicial, un homicidio impune es, no solamente la vulneración de un derecho fundamental por parte de un particular, sino, en última instancia, un hecho cuya responsabilidad compete directamente al Estado”(6).

(6) Sentencia C-587/92, Magistrado Ponente. Ciro Angarita Barón.

La protección del derecho a la vida no debe ser sólo de carácter formal ni abstracto sino fáctico y mirando al futuro como protección y al presente y al pasado como respeto.

3. El derecho a la vida en la normatividad internacional.

El derecho a la vida ha sido ampliamente reconocido en el ámbito internacional a través de varios mecanismos, entre otros:

— Declaración universal de derechos humanos, artículo 3º, derecho a la vida: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

— Pacto internacional de los derechos civiles y políticos Ley 74 de 1968, artículo 6º, “el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente...”.

— Convenio americano sobre derechos humanos. Ley 16 de 1992, artículo 4º derecho a la vida: “Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción...”.

En conclusión: el derecho a la vida está protegido en la normatividad positiva y en el terreno constitucional la vida se debe amparar frente a cualquier circunstancia que se pueda convenir en causa de la no vida.

4. Derechos a la vida y a la dignidad.

En la sentencia T-645/96, M.P. Alejandro Martínez Caballero, se indicó:

“La consagración constitucional del principio de la dignidad humana como fundante en nuestro ordenamiento (art. 1º), exige un trato especial para el individuo, de tal forma que la persona se constituye en un fin para el Estado que vincula y legitima a todos los poderes públicos, en especial al juez, que en su función hermenéutica debe convertir este principio en un parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico. Por consiguiente, este principio impone una carga de acción positiva frente a lo derechos, más aún en relación con la vida, como desarrollo esencial de los valores, derechos y libertades individuales.

En este orden de ideas, en razón a que el derecho a la integridad física es una prolongación del derecho a la vida, que además en una manifestación directa del principio de la dignidad humana, impone tanto el respeto por el derecho a la no violencia física y moral, como el derecho al máximo trato razonable y la mínima disminución del cuerpo y el espíritu. Así pues, el Estado debe proteger al individuo y, cuando se trata de preservar razonablemente y en condiciones óptimas posibles la salud, integridad y vida de personas, el Estado debe colocar todos los medios económicos posibles para obtener la mejoría de los administrados”.

5. La responsabilidad del Estado respecto al derecho a la vida de las personas detenidas.

Ya se ha señalado como premisa que existe para las autoridades la obligación de proteger la vida de todas las personas que se encuentren en el territorio colombiano. “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida..”, dice el artículo 2º de la Constitución Política. Pero, ¿hasta dónde llega esta responsabilidad?

Es evidente que si no hay protección aparece una falla del servicio. Pero como la llamada falla del servicio es relativa, se debe analizar en cada caso concreto si cuando se atenta contra el derecho a la vida de una persona en Colombia, el Estado estaba en posibilidad de proteger tal derecho. El Consejo de Estado, en su sección tercera, ha dicho que, en principio, la obligación de las autoridades para proteger la vida es de medio no de resultado porque lo único que hace el Estado es utilizar todos los medios que posea para proteger la vida de las personas residentes en Colombia, pero sólo eso, por encima de ese límite el Estado no responde. Sin embargo, en circunstancia excepcionales donde la persona no puede proteger por sus propios medios, en circunstancias excepcionales donde la persona no puede protegerse por sus medios, por encontrarse bajo la custodia de una autoridad pública o en los caso que la persona está seriamente en su vida y pone este hecho en conocimiento de las autoridades respectivas, la obligación del Estado se convierte en obligación de resultado.

¿Cuáles son los casos típicos en que la persona no puede protegerse porque está bajo la dependencia de una autoridad pública? Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, son estos: los soldados que prestan el servicio militar obligatorio, las personas detenidas por las autoridades públicas, las personas recluidas en hospitales públicos y los niños que se encuentran estudiando en secuelas públicas. Y, no se debe olvidar, que a los detenidos sólo se les restringe parcialmente el derecho a la libertad, pero todos los demás derechos siguen plenamente en cabeza del recluso.

Tratándose concretamente de las personas privadas de la libertad, el Consejo de Estado ha expresado que cuando se detiene a una persona, y luego ésta es recluida en una cárcel, las autoridades deben devolverla al seno de su familia en las mismas condiciones físicas y síquicas en que fue detenida, obligación que surge desde el mismo momento de la detención. Esta obligación se vuelve objetiva y por consiguiente no importa el concepto de culpa. A la administración sólo se la exonera si se demuestra que el daño ocurrió por la culpa exclusiva de la víctima.

Es así como en sentencia de agosto 14 de 1997, expediente 12.333, actor Mercedes María Parra y otros contra la Nación y el Inpec, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, se dijo:

4. “En casos como el presente, en los que el particular se encuentra detenido a órdenes de las autoridades públicas, la obligación que sobre ellas recae (artículo 2º de la Constitución) se torna en una obligación de resultado, presumiéndose la responsabilidad e la administración con la sola demostración de que la víctima no ha sido reintegrada a la sociedad en las mismas condiciones en que ingresó a su detención”.

En sentencia de 5 de septiembre de 1994, actor Miguel Ángel García, expediente 9520, Consejero Ponente Carlos Betancur Jaramillo, también se dijo al respecto:

“La Sala desea reiterar la jurisprudencia sostenida en los fallos de diciembre 6 de 1988, octubre 25 de 1991 y marzo 27 de 1992, en el sentido de que cuando la autoridad detiene a una persona que ha sido sindicada de algún delito contrae una obligación para con ella de matenerla a buen recaudo respetando su integridad física y moral, y devolverla, una vez cumpla la condena, o antes (si es declarado inocente), en similares condiciones a las que tenía cuando entró. Esta es una obligación de resultado, como en los fallos referidos se sostuvo, que conserva toda su vigencia ahora. Se trata de un deber legal que debe cumplir la autoridad so pena de ser declarado responsable por violación de las garantías constitucionales”.

6. La responsabilidad del Estado frente al derecho a la vida de los defensores de los derechos humanos.

6.1. Los derechos humanos y su protección. Los derechos humanos ocupan un lugar preferente en el plano jurídico por el menosprecio que en muchos países existe respecto de la vida humana. Surgido el tema con mucha fuerza como una “existencia prioritaria”, ante el holocausto y la violación de los desechos fundamentales de miles de personas en la segunda guerra mundial. El 10 de diciembre de 1948 se proclamó en París la declaración universal de los derechos humanos. La conferencia mundial de derechos humanos en Teherán, en 1968, fue la del reconocimiento de los derechos humanos correspondiente a la fase “legislativa”(7), y la conferencia mundial de derechos humanos en Viena, en 1993, fue de la “implementación”(8) de estos instrumentos.

(7) Según la expresión de Cancado Trindade, AA “balance de los resultados de la conferencia mundial de derechos humanos (Viena 1993)”, Estudios básicos III, San José, IIDH, 1996 PP 17-46 p 23.

(8) Id.

Un aspecto muy importante es la protección de los derechos por parte del Estado, el cual está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones que ocurran. Precisamente la Corte interamericana de derechos humanos, en sentencia de 29 de julio de 1988(9) dijo sobre este tema:

“172. Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a las derechos reconocidos por la convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacionales del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la convención.

(9) Caso Velásquez Rodríguez, (ser. C) Nº 4.

173. Las infracciones a la convención no pueden ser juzgadas aplicando reglas que tengan en cuenta elementos de naturaleza sicológica, orientados a calificar la culpabilidad individual de sus autores. A los efectos del análisis, es irrelevante la intención o motivación del agente que materialmente haya violado los derechos reconocidos por la convención, hasta el punto que la infracción a la misma puede establecerse incluso si dicho agente no está individualmente identificado. Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o imponentemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la convención.

174. El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles a las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.

175. El deber de prevención abarca todos aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. No es posible hacer una enumeración detallada de esas medidas, que varían según el derecho de que se trate y según las condiciones propias de cada Estado parte. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado. Pero si es obvio, en cambio, que el sometimiento de detenidos o cuerpos represivos oficiales que impunemente practiquen la tortura y el asesinato representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones a los derechos a la integridad física y a la vida, aun en el supuesto de que una persona dada no haya sufrido torturas o no haya sido ultimada, o si esos hechos no pueden demostrarse en el caso concreto.

176. El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha cumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la convención.

177. En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual eventualmente atribuirle la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”.

6.2. Los defensores de los derechos humanos. Si el Estado cumpliera a cabalidad su deber de prevenir, investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos, no surgiría la necesidad de que los particulares se convirtieran en defensores de aquellos derechos. Sin embargo, eso no ocurre, y, además, el artículo 95 de la Constitución Política establece, entre las obligaciones de todas las personas en Colombia, “defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”. Obligación que se desprende del propio preámbulo de la Carta en cuanto la finalidad de la nueva Constitución es la de “asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz”. en conclusión, el respeto y defensa de los derechos humanos legitima un Estado social de derecho.

Desafortunadamente, es el clima de intolerancia y de violencia el que impera en nuestra patria y son pocas las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Algunas autoridades lo hacen porque la misma Constitución específicamente los obliga a ello (Ministerio Público, artículos 118, 277, 278, 282, C.P.). Los particulares generalmente integrantes de organizaciones no gubernamentales, directamente se oponen a la violación de los derechos humanos y luchan para poner fin a la impunidad.

Las ONG colombianas que desarrollan tal actividad se han ganado el reconocimiento y el respeto de la comunidad internacional por su valor y tenacidad frente a las terribles y atroces violaciones de los derechos humanos ocurridas en el país. Pero, internamente han pagado un alto costo de sus esfuerzos. En el informe de su visita a Colombia, en octubre de 1994, los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre torturas y ejecuciones extrajudiciales al referirse al peligro que corren en Colombia los defensores de los derechos humanos dijeron que “la amenaza es muy real si se considera el número alarmante de activistas muertos a lo largo de los años en el pasado reciente”. No se puede pasar por alto que en el aludido informe el relator especial de las Naciones Unidas expresó que en los últimos años se “han hecho numerosos llamamientos al gobierno de Colombia, con arreglo al procedimiento de urgencia, instando a las autoridades a que aseguren protección a los activistas de derechos humanos”.

Amnistía internacional, al referirse a los defensores de los derechos humanos: La brecha en el muro de silencio, en el debate en torno a la declaración de la ONU sobre defensores de los derechos humanos, pone de presente la gran dificultad de defender a los defensores de derechos humanos y dice al respecto:

“En 1985 la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas estableció un grupo de trabajo para redactar un “proyecto de declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y los libertades fundamentales universalmente reconocidos”. El título planteó dificultades al sugerir la posibilidad de imponer deberes especiales a los defensores y limitar los derechos y libertades “defendibles” únicamente a aquéllos que fueran “universalmente reconocidos”. El grupo de trabajo se reúne anualmente en Ginebra, Suiza, antes del período de sesiones de la comisión de derechos humanos y es conocido como el “grupo sobre defensores”. Una vez que el grupo haya finalizado la redacción del proyecto de declaración deberá transmitirlo a la comisión de derechos humanos y ésta a su vez a los órganos superiores de las Naciones Unidas, para su adopción.

Desde el comienzo, el proceso de redacción demostró ser lento y complicado. Los 10 años de debate han sido caracterizados por la constante tensión entre aquéllos que intentan fortalecer los derechos necesarios para el trabajo en derechos humanos, y aquéllos que se esfuerzan por imponer a los defensores un conjunto de restricciones y obligaciones que de ser puestas en prácticas vaciarían de contenido su labor.

Como el grupo de trabajo sólo adopta un artículo del proyecto de declaración cuando los gobiernos encuentran consenso sobre su contenido, basta su contenido, basta con que un gobierno exprese su oposición terminante para que se haya interpuesto un virtual veto en contra de esa disposición. Algunos estados(10) se han opuesto sistemáticamente a reconocer los desechos que son imprescindibles para la defensa y promoción de los derechos humanos. También han tomado iniciativas tendientes a imponer severas limitaciones a la labor de los defensores”.

En la conferencia sobre defensores de derechos humanos convocada por amnistía internacional(11) en mayo de 1996, en Bogotá, se dijo:

“Durante estas últimas dos décadas, de 1975 a 1995, los defensores civiles de derechos humanos comprendieron qué son los derechos humanos, cuáles son los más prioritarios, e interelacionado teoría y práctica desde “la realidad más real” de América latina y el Caribe, les dieron valor y consistencia, al defenderlos, promoverlos y difundirles en todos los ámbitos sociales y políticos. Así lo hicieron, porque defendieron, antes que su vida de aquellos que no tenían libertad; y porque promovieron la vida frente a la persecución y la conculcación pavorosa de los derechos humanos. Y así lo hicieron, frente al poder arbritrario, frente al autoritarismo y ante el totalitarismo”.

(10) Durante los primeros años de trabajo fueron la Unión Soviética y otros países del bloque oriental los que pusieron mayores dificultades a la obtención de acuerdos que permitieran avanzar en la redacción del texto. Desde principios de los años noventa, han sido China, Siria y, en particular, Cuba los que hayan puesto los mayores obstáculos aunque frecuentemente encuentran el apoyo de otros gobiernos como los de México o Irán.

(11) Ponencia de Roberto Cuellar.

Y, al referirse a la situación de los defensores de derechos humanos se agregó:

“La defensa de los derechos humanos se hizo en situaciones extremadamente violentas. Los defensores, hombres y mujeres de casi todos los países de América, pusieron en riesgo su vida misma, y en muchos casos fueron víctimas de trágicos atentados y ejecuciones.

Sin embargo, y a pesar de que la historia de los defensores de derechos humanos está llena de hechos sangrientos y violaciones contra su integridad y su libertad, la historia de estos veinte años de lucha por los derechos humanos en América Latina y el Caribe es de tal riqueza y magnitud que sin duda, los procesos de democratización tienen una deuda con la causa de los que defendieron los derechos humanos.(12) Los defensores de los derechos humanos son piezas clave en las sociedades intolerantes”.

(12) La defensa de los defensores de los derechos humanos forma parte de la campaña del 50 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos.

En este tema no se puede estar con ambigüedades. La comunidad internacional es particularmente sensible y esa sensibilidad se requiere indispensablemente en Colombia, debiéndose construir un avanzado sistema de protección jurídica y real para los defensores de los derechos humanos. Máxime cuando la actitud de los defensores de los derechos humanos es un componente básico de la vida política de una Nación.

6.3. La directiva presidencial 11. La respuesta institucional en Colombia ante la inhumana e injusta realidad que viven los defensores de derechos humanos, se ha limitado a varias circulares, entre ellas la 7432 de agosto de 1994, en la cual se dijo que “El Gobierno Nacional... tiene la responsabilidad a todos los niveles de garantizar espacios de trabajo y la integridad personal de los miembros de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el área de los derechos humanos”. La 07 de 10 de junio de 1997 en la cual se dijo, entre otros puntos, que “A fin de introducir claridad y coherencia en los pronunciamientos gubernamentales en materia de derechos humanos, en lo sucesivo las declaraciones públicos —habladas y escritas— sobre el tema en mención, sólo podrán ser emitidas por los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y del derecho y por el consejero presidencial para los derechos humanos”. Y a raíz del asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado, el 22 de julio de 1997 se produjo la directiva presidencial 11 que en algunos de sus apartes, a la letra dice:

“Manifiesta de modo expreso su convicción de que los grupos y asociaciones de la sociedad civil que adelantan tareas y actividades encaminadas a la promoción, protección, y vigencia de los derechos humanos, tanto como a la prevención y el esclarecimiento de las agresiones y violaciones que en su contra se cometan, quien quiera sea el autor de las mismas, dentro del marco de la Constitución y las leyes, el respeto y apoyo a las instituciones democráticas legítimamente constituidas, configuran un elemento fundamental de la democracia colombiana y el Estado de derecho instituido para salvaguardarla;

Reitera la voluntad política del gobierno de otorgar al tema de derechos humanos una consideración prioritaria, encaminada a propiciar las condiciones necesarias para su plena vigencia en el territorio nacional;

Reconoce la legitimidad de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de los programas, proyectos y actividades relacionadas con la divulgación, la promoción, la protección y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que adelantan las organizaciones privadas o de la sociedad civil, políticas académicas, sociales, cívicas y comunitarias, conformadas con arreglo a la Constitución y a la ley, así como de las actividades que en materia adelantan cualesquiera personas o grupos, aunque formalmente no estén constituidas como personas jurídicas; a toda las “organizaciones de derechos humanos” para los efectos de esta directiva, y queda entendido que las prescripciones de la misma comprenden a las organizaciones que agrupan a víctimas de la acción de la guerrilla;

Reconoce igualmente el carácter legítimo de los programas, proyectos y actividades relacionados con la divulgación, la promoción, la protección y defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que desarrollan las entidades públicas del orden nacional, regional, departamental, municipal o local;

Reconoce, en particular, el carácter legítimo de las organizaciones de derechos humanos que consisten en el reporte y la denuncia, ante escenarios y organismos nacionales e internacionales, de violaciones individuales o colectivas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y en la prestación de servicios de asesoría y asistencia jurídica a personas colocadas o presuntamente colocadas por fuera de la ley;

Reconoce que la actividad de las organizaciones de derechos humanos contribuye a la defensa y desarrollo de la democracia en el país, a la reducción y prevención de los procedimientos de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, a la lucha contra la impunidad;

Reitera que la actividad de las organizaciones e derechos humanos deben ajustarse a la Constitución y a las leyes,

... Ordena: atender y despachar favorablemente, a la mayor brevedad, las solicitudes de entrevistas y reuniones, al igual que las peticiones de información y el suministro de copias de documentos, que les presenten o formulen las organizaciones de derechos humanos a menos que se trate de información o documentos sometidos a reserva de acuerdo con la ley, circunstancia ésta que deberá explicarse con comedimiento a los solicitantes;

Abstenerse de formular planteamientos o declaraciones que desconozcan la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos, o que contengan afirmaciones injuriosas o insultantes, o que constituyan formas de amenazas u hostigamiento contra aquéllas y éstos, y abstenerse de permitir o tolerar que los servidores públicos sometidos a la autoridad del funcionario de que se trate realicen ese mismo tipo de actos, así como de instigar o inducir a terceros, directamente o por interpuesta persona; a que incurran en esas mismas conductas”.

Pero la verdad es que, pese a las circulares presidenciales, el ataque a los defensores de derechos humanos ha continuado (el asesinato de Eduardo Umaña Mendoza lo demuestra) y hay conductas omisivas del Estado en cuanto a su protección, máxime cuando se ha puesto en conocimiento de éste el clima de amenazas contra dichos activistas. Esta es una situación abiertamente inconstitucional, a la cual el juez constitucional no puede ser indiferente. En reiteradas jurisprudencias, y en especial en la SU-559 de 1997, la Corte Constitucional ha dicho:

“Se pregunta la Corte si, desde ahora, de verificarse que el comportamiento omisivo indicado viola la Constitución Política, es posible que la corporación, en razón de sus funciones, pueda emitir una orden a las autoridades públicas competentes, con el objeto de que a la mayor brevedad adopten las medidas conducentes a fin de eliminar los factores que inciden en generar un estado de cosas que resulta abiertamente inconstitucional. La Corte considera que debe responder de manera afirmativa este interrogante, por las siguientes razones:

(1) La Corte Constitucional tiene el deber de colaborar de manera armónica con los restantes órganos del Estado para la realización de sus fines (C.P. art., 113). Del mismo modo que debe comunicarse a la autoridad competente la noticia relativa a la comisión de un delito, no se ve por qué deba omitirse la notificación de que un determinado estado de cosas resulta violatorio de la Constitución Política.

(2) El deber de colaboración se torna imperativo si el remedio administrativo oportuno puede evitar la excesiva utilización de la acción de tutela. Los recursos con que cuentan la administración de justicia son escasos. Si instar al cumplimiento diligente de las obligaciones constitucionales que pesan sobre una determinada autoridad contribuyente a reducir el número de causas constitucionales, que de otro modo inexorablemente se presentarían, dicha acción se rige también en medio legítimo a través del cual la Corte realiza su función de guardiana de la integridad de la Constitución y de la efectividad de sus mandatos.

Ahora bien, si el estado de cosas que como tal no se compadece con la Constitución Política, tiene relación directa con la violación de derechos fundamentales, verificada en un proceso de tutela por parte de la Corte Constitucional, a la notificación de la regularidad existente podrá acompañarse un requerimiento específico o genérico dirigido a las autoridades en el sentido de realizar una acción o de abstenerse de hacerlo. En este evento, cabe entender que la notificación y el requerimiento conforman el repertorio de órdenes que puede librar la Corte, en sede de revisión, con el objeto de restablecer el orden fundamental quebrantado. La circunstancia de que el estado de cosas no solamente sirva de soporte causal de la lesión ius fundamental examinada, sino que, además, lo sea en relación con situaciones semejantes, no puede restringir el alcance del requerimiento que se formule”(13).

(13) Sobre el contenido de esa expresión puede verse la sentencia SU-559 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Queda, pues, explicado que hay una obligación de resultado respecto a la protección a la vida de los reclusos por parte del Estado y que hay un estado de cosas inconstitucional en la no protección debida a los defensores de los derechos humanos.

7. Traslado de recluso cuando peligra la vida de éste.

7.1. La discrecionalidad para el traslado no es absoluta. La facultad de trasladar a los internos, es “un ejercicio razonable de la misión administrativa del director del Inpec. Como es lógico, el Inpec debe garantizar la seguridad y el orden en los establecimientos, y además prever con prudencia, que pueda presentarse el desorden por la presencia de un detenido o condenado en un sitio determinado”, lo señaló la sentencia C-394 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

Esa razonabilidad, implica un juicio de ponderación y una ausencia de arbitrariedad. En la sentencia citada, también se dijo que los traslados de los internos “deberán ajustarse a los límites establecidos en el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, para el ejercicio de atribuciones discrecionales”.

El mencionado artículo 36 indica: “En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa”.

Es decir, la discrecionalidad es relativa. Desde octubre de 1975 la doctrina colombiana mediante concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado había recogido la tesis que un Estado de derecho no hay facultades puramente direccionales al decir:

“De manera general, se observa que las actuaciones administrativas, cualquiera que sea su materia, están reguladas más o menos detalladas en la ley. En algunos casos, la ley o el reglamento determinan la jurisdicción, el órgano competente, la facultad de que se trata, la oportunidad de ejercerla, la forma externa en que debe vertirse la decisión con que se ejerce, el sentido y finalidad en que debe ejercerse, los hechos cuya ocurrencia condiciona ese ejercicio. En síntesis: todo los pasos, forma, contenido, oportunidad, objetivo y efectos de la facultad administrativa cuya aplicación se está regulando. Todo está reglado en la norma y el órgano simplemente pone en acto la facultad atribuida. Esta forma detallada y completa de regulación es la ideal en el Estado de derecho, si la preocupación central de éste es la contención del poder y su subordinación al derecho en salvaguardia de los intereses de los administrados. Pero un tal tipo de reglamentación es de una rigidez impracticable ya que es imposible que la norma lo prevea todo y predetermine y calcule todos las formas de relaciones y consecuencias jurídicas de las mismas. Hay casos en que es forzoso dejar a la apreciación del órgano o funcionario algunos de aquellos aspectos. Unas veces será la oportunidad para decidir, facultándolo para obrar o abstenerse, según las circunstancias; otras, la norma le dará opción para escoger alternativamente en varias de decisión; en algunas ocasiones, la ley fijará únicamente los presupuestos de hecho que autorizan para poner en ejercicio la atribución de que se trata, dando al órgano potestad para adoptar la decisión conveniente. Esto es, que hay facultades administrativas que se ejercen dentro de un cierto margen de discrecionalidad del funcionario u órgano, dejándole la posibilidad de apreciar, de juzgar, circunstancias de hecho y de oportunidad y conveniencia, ya para actuar o no hacerlo, o para escoger el contenido de su decisión, dentro de esos mismos criterios.

Pero, en consecuencia, no hay en el Estado de derecho facultades puramente discrecionales, porque ello eliminaría la justiciabilidad de los actos en que se desarrollan, y acabarían con la consiguiente responsabilidad del Estado y de sus funcionarios. En el ejercicio de la facultad reglada hay mera aplicación obligada de la norma: en el de la relativa discrecionalidad, la decisión viene a ser completa por el juicio y la voluntad del órgano que añaden una dimensión no prevista en la disposición que se está”(14).

(14) Consejo de Estado, Sala de Consulta, concepto oct. 22 de 1975.

Y la Corte Constitucional, en la T-065 de 1997 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), al estudiar la facultad discrecional del Inpec para trasladar a los infractores de la ley a las distintas penitenciarias del territorio colombiano, dijo:

“De conformidad con el artículo 73 de la Ley 65 de 1993, por el cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, “corresponde a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante ella”.

A su vez, los artículos 75 y 77 del mismo ordenamiento señalan las causales de traslado en los siguientes términos:

“ART. 75.—Causales de traslado. Son causales del traslado, además de la consagradas en el Código de Procedimiento Penal:

1. Oficial.

2. Falta de elementos adecuados para el tratamiento médico.

3. Motivo de orden interno del establecimiento.

4. Estimulo de buena conducta con la aprobación del consejo de disciplina.

5. Necesidad de descongestión del establecimiento.

6. Cuando sea necesario trasladar al interno a un centro de reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad.

PAR.—Si el traslado es solicitado por el funcionario de conocimiento indicará el motivo de éste y el lugar a donde debe ser remitido el interno”.

“...”.

“ART. 77.—Traslado por causas excepcionales. Cuando un detenido o condenado constituya un peligro evidente para la vida e integridad personal de algunos de sus compañeros o de algún empleado del establecimiento, por virtud de enemistad grave o amenazas manifiestas, se tomarán respecto de él medidas rigurosas de seguridad, que pueden ser en los casos más graves y por excepción, hasta el traslado a otro establecimiento.

“Sólo en estos casos excepcionales y con suficiente justificación, podrá el director de un centro de reclusión disponer el traslado de un interno, dando aviso inmediato a la autoridad correspondiente” (negrillas fuera de texto).

Así, la discrecionalidad legal del traslado, impide que el juez de tutela interfiera en tal decisión, siempre y cuando la misma no sea arbitraria y no vulnere o amenace derechos constitucionales fundamentales que no puedan ser limitados o suspendidos, ni siquiera estando en la condición de reo, como lo serían el derecho a la vida, la integridad física y la salud, entre otros”.

En la presente sentencia se reitera la facultad discrecional del Inpec para los traslados, pero al mismo tiempo se recuerda que puede haber situaciones muy excepcionales que no pueden eludirse al ejercitar la discrecionalidad.

7.2. La discrecionalidad para el traslado, está ligada a la justiciabilidad y responsabilidad del Estado. El planteamiento de que la discrecionalidad no se puede confundir con la arbitrariedad está magnificante expresado en el libro “Estudios sobre la constitución española”, en la exposición de Tomás Ramón Fernández:

“La nueva construcción a que aludo tiene que partir necesariamente del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que consagra el artículo 9.3 in fine, de la Constitución, principio cuya articulación técnica es también tributaria de la obra de García de Enterria(68).

En su significación más primaria, el principio en cuestión postula una distinción neta entre arbitrariedad y discrecionalidad, entre lo que es fruto de la mera voluntad o el puro capricho de los administradores y lo que, por el contrario, cuenta con el respaldo —mayor o menor, mejor o peor, es otra cuestión— de una fundamentación que lo sostiene.

No es arbitrariedad, como insisten en afirmar de un modo sistemático ya las salas de los tribunales cualquiera que sea el rumbo ulterior de su argumentación, con cita expresa en todo caso subraya la S. de 21 de noviembre de 1985, “conceptos antagónicos”, que, en palabras de la sentencia de 13 de julio de 1984, “nunca es permitido confundir, pues aquello (lo discrecional) se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso y no meramente de una calidad que lo haga inatacable, mientras que lo segundo (lo arbitrario) o no tiene motivación respetable, sino —pura y simplemente— la conocida sit pro ratione voluntas o la que ofrece lo es tal que escudriñando su estraña, denota, a poco esfuerzo de contrastación, su carácter realmente indefinible y su inautenticidad.”

Francisco Chamorro Bernal, en su libro “la tutela judicial efectiva”, páginas 207 y siguientes, al explicar la necesidad de la razonabilidad, dice:

“Una aplicación manifiestamente arbitraria —por no razonada— de una norma supone una vulneración de la tutela judicial efectiva y permite la intervención del TC mediante el recurso de amparo.

“Ahora bien, ¿qué es una aplicación manifiestamente arbitraria? El Diccionario de la Real Academia Española define la arbitrariedad como “acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho”.

“La arbitrariedad, por tanto, es lo contrario de la motivación que estamos examinando, es la no exposición de la causa de la decisión o la exposición de una causa ilógica, irracional o basada en razones no atendibles jurídicamente, de tal forma que la resolución aparece dictadas sólo con base en la voluntad o capricho del que la toma, como un puro voluntarismo.

“Una resolución puede ser arbitraria no sólo porque no sea motivada y por tanto no ponga de manifiesto la razón de la misma, sino también porque, aún siendo aparentemente motivada, tal motivación sea claramente impertinente, no tenga nada que ver con lo que se está cuestionando, no sea jurídicamente atendible o no merezca el nombre de tal”.

En la sentencia SU-250 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero la Corte dijo:

“Estas apreciaciones son de recibo no sólo en la motivación de los fallos judiciales sino también en la motivación de los administrativos porque, en primer lugar, tanto en unos como en otros la motivación se orienta al convencimiento de las partes, eliminado cualquier arbitrariedad y facilitando el saber por qué se tomó la decisión respectiva, lo cual permite la viabilidad de los recursos. En segundo lugar, porque pone de manifiesto la vinculación de la administración al ordenamiento jurídico y por consiguiente, la motivación se puede caracterizar como la explicación, dada por la administración, mediante fundamentación jurídica, de la solución que se da al caso concreto. Y, en tercer lugar, porque también permite el control de la actividad administrativa por parte de la opinión pública, como extensión del principio de publicidad del artículo 209 de la C.P. en la parte que consagra: “la función administrativa está al servicio de los intereses generales” y del artículo 123 en la parte que indica: Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad”.

Concretamente, en lo que tiene que ver con el traslado de reclusos, en sentencia T-596 de 1992 (M.P. Ciro Angarita) se estableció:

“En una relación jurídica el predominio de una parte sobre la otra no impide la existencia de derechos y deberes para ambas partes. Ese es el caso del interno en un centro penitenciario. Frente a la administración, el preso se encuentra en una relación especial de sujeción, diseñada y comandada por el Estado, el cual se sitúa en una posición preponderante, que se manifiesta en el poder disciplinario y cuyos límites están determinados por el reconocimiento de los derechos del interno y por los correspondientes deberes estatales que se derivan de dicho reconocimiento”.

En sentencia T-214 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) se dijo:

“La discrecionalidad legal en la toma de decisiones impide en principio que el juez de tutela tome partido en favor de una opción, como sería la de traslado del preso.

Pero, eso no quiere decir que no tenga competencia el juez constitucional para ordenar que sean tenidos en cuenta determinados derechos fundamentales que al ser omitidos en el estudio de la petición de traslado obliga a protección por medio de acción de tutela.

En reciente caso, SU-707 de 1996, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara, la Corte ordenó que un juez valorara una prueba presentada por un procesado y para tomar tal determinación que incidía en la libertad, analizó cómo tiene que ver con una decisión de tal categoría el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad”.

Y, en la T-247 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández) se hizo, precisamente, referencia a los sitios especiales de reclusión en defensa de la vida e integridad de ciertos reclusos.

“Esta Corte, al verificar la constitucionalidad de las pertinentes normas (artículo 29) del Estatuto Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), hizo, en torno al establecimiento de sitios especiales de reclusión con destino a ciertas personas para enfrentar los riesgos que corren por diversas razones, la advertencia de que ello no constituye un privilegio “sino una prudente medida de seguridad”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena Sentencia C-394 del 7 de septiembre de 1995. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

El artículo 403 del Código del Procedimiento Penal, invocado expresamente en la demanda, ordena:

“ART. 403.—Lugar de detención para determinados servidores públicos. Los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional, Ministerio Público, personal de prisiones y cuerpo de policía judicial, serán detenidos en establecimientos especiales, distintas a los ordinarios de reclusión.

Este derecho se extiende a los exfuncionarios de los organismos mencionados y a los funcionarios que gocen de fuero constitucional o legal”.

El artículo 29 del Estatuto Penitenciario y Carcelario, declarado exequible por la Corte, estipula:

“ART. 29.—Reclusión en casos especiales. Cuando el hecho punible haya sido cometido por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, funcionarios y empleados de la justicia penal, cuerpo de policía judicial y del Ministerio Público, servidores públicos de elección popular, por funcionarios que gocen de fuero legal o constitucional, ancianos o indígenas, la detención preventiva se llevará a cabo en establecimientos especiales o en instalaciones proporcionados por el Estado. Esta situación se extiende a los exservidores públicos respectivos.

“La autoridad judicial competente o el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, según el caso, podrá disponer la reclusión en lugares especiales, tanto para la detención preventiva como para la condena, en atención a la gravedad de la imputación, condiciones de seguridad, personalidad del individuo, sus antecedentes y conductas.

“PAR.—Las entidades públicas o privadas interesadas podrán contribuir a la construcción de los centros especiales. En el sostenimiento de dichos centros, podrán participar entidades públicos y privadas sin ánimo de lucro”.

Las aludidas normas tienen por objeto el desarrollo de una de las funciones primordiales de las autoridades en el Estado de derecho: proteger la vida y la integridad de todas las personas, aun las privadas de su libertad por razón de condena judicial o de modo preventivo, según resulta de claros mandatos constitucionales (C.P., arts. 1º, 2º, 5º, 11, 12 y 13 entre otros).

A juicio de la Corte, el recluso tiene restringido de manera específica y directa su derecho a la libertad y eso, sobre todo, en el plano puramente físico, de lo cual resulta que el Estado es responsable, inclusive patrimonialmente, por los daños que cause al detenido o condenado en relación con derechos suyos no cobijados por la providencia judicial que ordena la privación de la libertad ni necesariamente afectados por la naturaleza misma de tal Estado, y que también lo es por las omisiones que dé lugar a la vulneración o amenaza de tales derechos por parte de las mismas autoridades carcelarias, de los guardianes o de los demás reclusos, pues tales daños y violaciones de derechos son por definición antijurídicos (C.P., art. 90).

No puede olvidarse, además, que la situación del detenido o preso no es argumento ni razón para que se pierda la perspectiva fundamental sobre su condición humana, lo que significa que permanece inalterado e intocable el núcleo esencial de la dignidad que en tal carácter corresponde a todo individuo aunque haya delinquido y, con mayor razón, si no ha sido condenado.

Ya esta Sala de la Corte se había referido al tema:

“...los propios reclusos tienen derecho a reclamar la protección de su vida, su integridad física y moral y su salud, para lo cual se hace menester que las dependencias carcelarias se hallen no sólo bien dotadas desde el punto de vista material sino atendidas con solvencia por personal idóneo, conducido y controlado por el Estado”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión, sentencia T-016 del 30 de enero de 1995).

La Corte considera que, a partir de la privación de la libertad y posteriormente durante el transporte y el ingreso y permanencia del arrestado, detenido o condenado a las instalaciones en donde habrá de cumplirse la pena o concretarse la medida de aseguramiento —bien que se trate de cárceles, penales, cuarteles u otros establecimientos, o de la residencia del propio detenido en los casos en que se autorice la detención domiciliaria—, asume de manera íntegra las responsabilidades inherentes no sólo a la prevención y represión de eventuales fugas y motines sino las relativas a la seguridad, la vida y la integridad física de aquéllas personas.

Entonces, los peligros que puedan correr los individuos sobre quienes recaen las resoluciones judiciales correspondientes deben ser siempre conocidos, evaluados y controlados por las autoridades carcelarias, aun sin necesidad de especial solicitud o requerimiento de aquellos o de sus allegados o familiares, lo cual se entiende sin perjuicio de que, ante advertencias específicas o en presencia de especiales motivos que lleven a concluir en la existencia de mayores riesgos para determinados internos, la responsabilidad estatal aumente, ya que entonces deben adoptarse aun con mayor agilidad y diligencia las medidas pertinentes”.

En conclusión, según las jurisprudencias citadas, las situaciones especiales (p. ej. reclusión en una casa fiscal) no son privilegio, sino son soluciones para enfrentar los riesgos que corra un detenido, son la ejecución de una prudente medida de seguridad. Si hay riesgo para determinado interno, la responsabilidad estatal aumenta. Y, precisamente en el inciso 2º del artículo 29 del estatuto penitenciario se permite la reclusión en lugares especiales por condiciones de seguridad y de personalidad del detenido, es decir que no se puede perder la perspectiva de su condición humana. Esto está ratificado en la sentencia T-153 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) que al analizar el artículo 27 sobre reclusión especial de miembros de la fuerza pública también la justifica en el riesgo permanente para la vida y la seguridad y, más adelante indica: “El juez constitucional está obligado a asumir la vocería de las minorías olvidadas”.

Esto plantea el tema de si puede haber una cláusula de individuo más favorecido, dentro del esquema de la igualdad como diferenciación(15). Favorecimiento que se derivaría de su condición de defensor de derechos humanos, de la existencia de riesgo para su vida y de la solicitud de autoridades nacionales e internacionales para que esa mayor protección se traduzca en un traslado de lugar en el sitio de reclusión.

(15) Ver sentencia 530 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

En verdad, los defensores de derechos humanos son un sector vulnerable de la sociedad. Luego por este aspecto el Estado debe acudir en su protección, “su pasividad (la del Estado) ante la marginación y la discriminación que sufren algunos miembros de la sociedad no se compagina con el orden justo efectivo que procura legitimidad al Estado social de derecho y, menos todavía, con el cumplimiento de la cláusula que proscribe la marginación y la discriminación, la función del juez será no la de reemplazar a los órganos del poder público incursos en la abstención, sino la de ordenar el cumplimiento de los deberes del Estado, desde luego siempre que se verifique que la inhibición viola un derecho constitucional fundamental” (SU-225/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Si, adicionalmente el propio Estado por intermedio de oficinas para los derechos humanos piden una especial protección para un recluso, surge, empleándose palabras de la Corte Constitucional un sustento objetivo y razonable para los casos de diferenciación. No puede pasarse por alto que la voluntad del Estado expresada a través de la oficina para derechos humanos de la Presidencia de la República y de la defensora delegada para la política criminal y penitenciaria tenía que influir en al discrecionalidad del Inpec. Si además, mediante acuerdo suscrito en Ginebra, el 29 de noviembre de 1996, por la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, se estableció una oficina en el país y el 25 de abril de 1997 la Presidencia de la República emitió la directiva presidencial 5 por la cual se informó a todos los organismos del Estado sobre el establecimiento y funciones de la mencionada oficina, recomendando la colaboración, no es razonable que esto se soslaye, máxime cuando en la propia comisión de los derechos humanos de las Naciones Unidas, en el 53 período de sesiones, se hubiera dicho “también está sumamente preocupada (la ONU) porque algunos miembros de organismos de inteligencia del Estado conciban a los defensores de derechos humanos como aliados de los grupos guerrilleros y, en ocasiones, busquen que éstos sean investigados por las autoridades judiciales mediante el uso de testigos vinculados a tales organismos; pide al gobierno de Colombia que dé especial importancia a la seguridad de los trabajadores de derechos humanos”, y, en cuanto al señor Cancelado, expresamente la embajadora Mazarrasa pidió el traslado penitenciario de quien instaura la presente acción de tutela.

Caso concreto

El objetivo de la presente tutela es proteger la vida del señor Esteban Cancelado, quien considera que corre peligro en el sitio de reclusión en el cual se encuentra actualmente porque debido a su trabajo concreto como defensor de derechos humanos corre mayor peligro su vida. En su criterio, el patio de la cárcel Modelo, en el cual está recluido, aunque se llame de máxima seguridad, no ofrece las garantías suficientes para protegerse de ataques propiciados por grupos de personas al as cuales él acusó como defensor de los derechos humanos y que se hallan también en patios vecinos de La Modelo. En reiteradas oportunidades Cancelado ha puesto en conocimiento del Inpec, mediante comunicaciones escritas, el peligro que corre, sin resultado concreto. Siempre se le ha negado el traslado por diversas razones: hacinamiento, no tener el perfil para estar en una casa fiscal de la cárcel como ha ocurrido con otros reclusos, e inclusive, se dice que precisamente en el patio de máxima seguridad es donde está más seguro.

Ya se dijo que las autoridades carcelarias están obligadas a devolver al señor Cancelado al seno de su familia, cuando una decisión de autoridad competente ordene su libertad, en las mismas condiciones físicas y síquicas en que se encontraba en el momento de la captura. Con mayor razón, si como recluso y como persona ha puesto en conocimiento de las autoridades el peligro que corre, ya que ello significa que el Estado le debe proteger la vida, no con la obligación de medio que se le debe a todos los habitantes de la República, sino como una obligación de resultado como lo ha dicho el Consejo de Estado.

Si adicionalmente el señor Esteban Cancelado ha sido reconocido defensor de derechos humanos, las pruebas plenamente lo demuestran, y, además, Esteban Cancelado, mientras estuvo libre tuvo participación en denuncias rodeadas de peligro como por ejemplo, las referentes a masacres que han impactado a la sociedad colombiana y mundial: la de los Uvos (Cauca) y la de Trujillo (Valle) y algunos de los señalados por esta última están detenidos precisamente en La Modelo, entonces, es mayor la protección que se le debe proporcionar por las autoridades a ese defensor de derecho humanos.

Si, inclusive, ya en reclusión, continuó esas labores de defensor de los derechos humanos e impulsó junto con el inmolado Eduardo Umaña Mendoza un foro dentro de la propia penitenciaría, esta circunstancia no podía ser desconocida por las autoridades carcelarias y, siendo también un hecho que la actividad de los defensores de los derechos humanos en Colombia está rodeada de innumerables peligros, hay un factor más para privilegiar la protección.

Menos puede negársele ese favorecimiento si es el mismo Estado por intermedio de la consejería para los Derechos Humanos, de la Presidencia de la República, y por intermedio de la Defensoría del Pueblo quienes han indicado la conveniencia de trasladar a Cancelado para evitar así peligro contra su vida.

Si, adicionalmente, el Estado colombiano se comprometió con las Naciones Unidas a permitir en el país el funcionamiento de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos, y, la embajadora respectiva también solicita el traslado de lugar en la cárcel puesto que Cancelado corre peligro en donde actualmente está, no hay explicación razonable para que se haga mutis por el foro ante tan elemental y apremiante exigencia.

La pregunta es si por estas razones, y sin que se entienda que se trata de un fuero especial, podría quedar Esteban Cancelado dentro de la “cláusula de individuo más favorecido” en cuanto pudiera ser trasladado del patio donde actualmente se halla a la casa fiscal, bien sea la que se encuentra frente a la cárcel Modelo o a otra de las que bajo custodia del Inpec se hallan en la ciudad.

La ley expresamente indica que determinadas personas dadas sus labores anteriores a la reclusión pueden estar detenidas en sitios especiales y para el caso hay varias en la capital de la República, denominadas casas fiscales. Allí pueden ir los empleados públicos apresados y por esta razón Cancelado tendría el perfil para ello. Y, no hay una razonable explicación a la negativa reiterada del Inpec al traslado.

Hay también demostración de que en el llamado patio de máxima seguridad de la cárcel La Modelo se han producido hechos delictuosos por personas ajenas al patio, como que entraron armadas con armas de fuego y atentaron contra uno de los reclusos; está también demostrado que cuando Cancelado fue trasladado al patio llamado de alta seguridad, personas que aparecen como presuntos narcotraficantes y que allí están recluidas lograron en pocos días que Cancelado regresan nuevamente al patio de máxima seguridad, causando perplejidad la rapidez por parte del Inpec para atender las insinuaciones de tales reclusos lo cual contrasta con la negativa a la petición de la embajadora de la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en Colombia, a similar petición de la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y de la delegación de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo.

Por otro aspecto, cuando Cancelado instauró la tutela era tal el peligro que su vida corría que hubo necesidad de intervención inmediata para evitar que hubiera un atentado y, en los últimos días, al practicarse la diligencia de inspección judicial en la cárcel por parte de la Corte Constitucional, se constató que en la noche anterior un recluso de los patios comunes que se hallan sobre el llamado patio de máxima seguridad perfectamente paso a este último patio porque no solamente hay la forma física de hacerlo por hueco en el techo sino porque sólo hay dos vigilantes desarmados para cuidar el patio. Además, en la diligencia se adjuntó, por parte del señor Cancelado, un escrito (sin firma responsable, pero dirigido a la dirección del Inpec) que señala provocaciones tendientes a enturbiar el proceso de paz, en cuanto se atentaría contra presos acusados de rebelión y obviamente ello repercutiría en el patio donde Cancelado actualmente se halIa. Y, como lo dice Almudena Masarraza, “no hay que dejar que el hecho se produzca” como prueba única. Además, la protección es no solamente física sino de toda la integridad de la persona, dentro de lo cual lo sicológico es fundamental, lo cual indica que debe haber respeto para el temor fundado que el recluso tiene.

En conclusión: si hay el riesgo, si hay las condiciones para que quede favorecido con el traslado, si existe el sitio hacia donde podría ser trasladado, luego la discrecionalidad del Inpec no puede ser absoluta en este caso muy excepcional y su negativa implica una violación a derechos fundamentales de igualdad y de la vida. Luego, debe prosperar la tutela, con la advertencia, claro está, de que el Inpec tomará todas las medidas necesarias para la vigilancia del recluso, no sólo para protegerle la vida sino para que se cumpla con la reclusión ordenada por los jueces.

Cancelado está por cuenta del Inpec y ha habido calificación del mérito del sumario, luego se ha entrado a la etapa de la causa, de manera que el sujeto pasivo de la tutela es precisamente el Inpec.

Por último, no puede esta Sala de revisión pasar por alto la grave situación en que se hallan los defensores de los derechos humanos. Por eso, se hará un llamado a prevención, a las autoridades que constitucionalmente tienen la función de establecer políticas de guarda, promoción y protección de los derechos humanos, estas normas no son de simple carácter programático sino que deben cristalizarse en realizaciones. Pero, la obligación no sólo es para las autoridades de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo, sino para todas las personas que habitan en Colombia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia materia de revisión proferida por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá y en su lugar TUTELAR los derechos a la vida y a la igualdad de Esteban Cancelado Gómez.

2. ORDENAR al Inpec que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente fallo, proceda a trasladar a Esteban Cancelado Gómez a una de las casas fiscales de la institución carcelaria, en donde continuará recluido mientras la justicia decide y empleándose el máximo de vigilancia para ser efectiva la reclusión y la protección en el nuevo sitio de detención.

3. DECLARAR que hay un estado de cosas inconstitucional en la falta de protección a los defensores de derechos humanos y, en consecuencia, hacer un llamado a prevención a todas las autoridades de la República para que cese tal situación, y, solicitar al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo que dentro de la obligación constitucional de guardar, proteger y promover los derechos humanos se le dé un especial favorecimiento a la protección de la vida de los defensores de los derechos humanos. Y hacer un llamado a todas las personas que habitan en Colombia para que cumplan con el mandato del artículo 95 de la Constitución que los obliga a defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica.

4. Comunicar esta sentencia a la Presidencia de la República, a la alta comisionada para la defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas en Colombia, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior.

5. Líbrese por secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos del caso. La notificación al lnpec se hará de inmediato por secretaría de la Corte Constitucional.

Cópiese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional.

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