Sentencia T-596 de diciembre 15 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

REFORMATIO IN PEJUS

EN EL PROCESO DE TUTELA

EXTRACTOS: «La H. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia circunscribe su análisis de la sentencia de tutela impugnada a los aspectos desfavorables al apelante único.

De este modo se extiende al ámbito de la acción de tutela el principio de la prohibición de la reformatio in pejus, cuyo objeto principal es evitar que se profieran decisiones inesperadas que empeoren la situación del apelante único en materia penal, civil o laboral. La limitación del poder decisorio del juez a la naturaleza y contenido de las pretensiones del apelante único garantiza el libre ejercicio del derecho de contradicción. La mencionada prohibición facilita que la persona inconforme con una decisión pueda oponerse y suscitar un pronunciamiento de una instancia superior sin temor a verse sorpre-sivamente desmejorada en sus derechos por efecto de un fallo extra petita. En este mismo orden de ideas, el tribunal de segunda instancia considera que en materia de derechos fundamentales no está facultado el superior para pronunciarse sobre los derechos amparados cuando el accionante sea apelante único.

La aplicación del principio que prohíbe hacer más gravosa la situación del apelante único al plano constitucional de la acción de tutela no es compatible con la función que desempeñan los derechos fundamentales en la democracia. El contenido y los alcances de los derechos fundamentales no pueden quedar sujetos al albur del ejercicio de los recursos legales con-tra las decisiones favorables o desfavorables a los intereses de las partes. Este tratamiento desvirtúa la dimensión institucional de los derechos fundamentales. Si bien es indudable que los derechos fundamentales constituyen verdaderos derechos subjetivos en cabeza de sus titulares y, como tal, conciernen primordialmente a estos —hasta el grado de ser aceptable pensar que la definición judicial de los mismos debe depender de las pretensiones de las partes—, ello no es óbice para soslayar su componente objetivo. Los derechos fundamentales traducen el sistema objetivo de valores que gobierna la relación entre los individuos y el Estado o entre los propios particulares, por lo que su contenido y sus alcances no deben ser variables dependientes de la actividad procesal de las partes.

La trascendental tarea encomendada a los jueces constitucionales en los procesos de tutela persigue entre otros objetivos, trazar los contornos y límites de los derechos fundamentales de manera que la población en general adquiera conciencia sobre su exacto contenido y alcance. A la luz de la función que cumplen los jueces y tribunales de segunda instancia en los procesos de tutela (C.P., art. 86) como garantes de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y la integridad de la Constitución, no cabe circunscribir su competencia a los solos aspectos o censuras puntuales formuladas por el apelante, máxime si se tiene presente que las sentencias de tutela no pueden asimilarse a las sentencias limitativas de la libertad personal que profieren los jueces penales (C.P., art. 31)».

(Sentencia T-596 de diciembre 15 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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