Sentencia T-597 de diciembre 7 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

REGÍMENES LEGALES OPCIONALES PARA EL TRABAJADOR

LIBERTAD DE DECISIÓN SIN PRESIONES PATRONALES

EXTRACTOS: “No cabe duda de que, al tenor de los artículos 4º y 6º de la Constitución, la ley es de obligatorio cumplimiento para todas las personas residentes en Colombia, ni de que las actuaciones contrarias a sus mandatos implican responsabilidad y sanción.

A nadie se oculta tampoco que, en lo no dispuesto directamente por la Constitución, es la ley colombiana la que regula las relaciones jurídicas que surjan entre patronos y trabajadores.

Pero en las leyes debe distinguirse con claridad entre aquellas de sus normas que son imperativas para sus destinatarios, es decir las que se imponen sin posibilidad de pacto o decisión en contra, pues sus efectos deben producirse con independencia del querer de las personas, de las que tienen un carácter apenas supletorio de la voluntad de los sujetos a quienes se refieren, las cuales operan solamente a falta de decisión particular contraria, y también de las opcionales, esto es, las que permiten a los individuos escoger, según su deseo y conveniencias, entre dos o más posibilidades reguladas por la misma ley en cuanto a los efectos de las opciones consagradas.

Ejemplo de la última categoría normativa es precisamente la Ley 50 de 1990 en lo relativo a la retroactividad de las cesantías, que fue precisamente el punto en el cual, en el presente asunto, se quiso obtener de los trabajadores una decisión forzada.

El artículo 98 de la mencionada ley dispuso:

“ART. 98.—El auxilio de cesantía estará sometido a los siguientes regímenes:

1. El régimen tradicional del CST, contenido en el capítulo VII, título VIII, parte primera, y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen, el cual continuará rigiendo los contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley.

2. El régimen especial que por esta ley se crea, que se aplicará obligatoriamente a los contratos de trabajo celebrados a partir de su vigencia.

PAR.—Los trabajadores vinculados mediante contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley, podrán acogerse al régimen especial señalado en el numeral 2º del presente artículo, para lo cual es suficiente la comunicación escrita, en la cual señale la fecha a partir de la cual se acoge”.

La disposición contenida en el numeral 2º del artículo transcrito es imperativa para quienes celebren contratos de trabajo a partir de la vigencia de la Ley 50 de 1990. No lo es para quienes los tenían celebrados con antelación al momento de su entrada en vigor. Estos pueden acogerse a la nueva normatividad, pero en principio y salvo el caso de que voluntaria y espontáneamente manifiesten su voluntad en contrario, lo relacionado con su auxilio de cesantía sigue gobernado para ellos por el régimen anterior, es decir, el del Código Sustantivo del Trabajo.

Se trata de una previsión del legislador en cuya virtud modifica el sistema que venía rigiendo, pero sin afectar a los trabajadores que ya tenían establecidas sus relaciones contractuales con anterioridad, a menos que ellos mismos resuelvan, por manifestación expresa, acogerse al nuevo régimen.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia C-569 del 9 de diciembre de 1993, relativa al artículo 6º de la misma ley que nos ocupa, que consagró para los trabajadores en unas ciertas condiciones la posibilidad de acogerse a uno u otro régimen, manifestó:

“La disposición acusada concede al trabajador que se halla en la hipótesis descrita la posibilidad de optar, en su caso, por el régimen jurídico que le resulte más conveniente. No se lo coloca, entonces, en la circunstancia de renunciar a uno de sus derechos laborales mínimos ni se le impone un cambio legislativo que le sea perjudicial”.

Es claro, entonces, que los trabajadores indicados gozan, en virtud de la misma norma legal, de la facultad de optar entre uno y otro régimen. La normatividad les garantiza esa libertad, que no puede ser coartada por los patronos. Su decisión en determinado sentido no puede convertirse en condición o requisito para acceder a prerrogativa laboral alguna, ni constituir objeto de transacción en el curso de negociaciones colectivas.

Carece de legitimidad la actitud de la empresa que pretenda presionar a los trabajadores, mediante ofertas o bajo amenazas, para que se acojan a un régimen que la ley ha hecho para ellos opcional, pues tales manipulaciones vulneran la libertad individual consagrada en los artículos 16 y 28 de la Carta y desconocen abiertamente la misma ley que ha otorgado a aquéllos la facultad de optar.

También resultan vulnerados en tales casos el artículo 95, numeral 1º de la Constitución, pues implica abuso de los derechos del patrono, y el 53, inciso final, ibídem, a cuyo tenor los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

Se repite, por tanto, lo dicho en fallo T-102 del 13 de marzo de 1995, Sala Séptima de Revisión (M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero):

En ocasiones surgen en el derecho laboral unas opciones. Ejemplo de ello la facultad que tienen los trabajadores ligados por contratos anteriores a la vigencia de la Ley 50 de 1990 para acogerse o no al nuevo régimen de cesantías, lo que implica un trato diferente para esta prestación. NO es justo ni legal que se presione indebidamente la escogencia, menos aún que haya retaliación patronal contra quienes no escogen el nuevo régimen. Esto atenta contra la matriz 16, 95.1 y 53, inciso final de la C.P., porque en un extremo se halla el libre desarrollo de la personalidad y en el otro el abuso del derecho”.

En el proceso revisado se estableció con claridad por los testimonios de varios trabajadores, rendidos bajo la gravedad del juramento ante la Corte Constitucional, que fueron presionados por la empresa para que se acogieran a la aludida norma con el objeto de llegar al acuerdo propio de la negociación colectiva.

Por lo tanto, cabía en el caso concreto la acción de tutela, no para lo relativo a las diferencias de carácter económico entre la empresa y los trabajadores, como lo entendió la Corte Suprema de Justicia, sino para lograr que la empresa llevara a cabo la negociación colectiva sin utilizar mecanismos de presión sobre los trabajadores sindicalizados en cuanto a los puntos objeto de discusión, y para que se abstuviera de vulnerar las aludidas normas constitucionales y la propia Ley 50 de 1990 en cuanto a la libertad de escogencia de los trabajadores que, cuando ella entró en vigencia, ya tenían celebrados sus contratos de trabajo».

(Sentencia T-597 de diciembre 7 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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