Sentencia T-598 de diciembre 15 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

NIÑOS HIJOS DE RECLUSAS

PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES

EXTRACTOS: «Es necesario tener en cuenta los siguientes puntos, con el objeto de esclarecer aún más el problema y encontrar una solución adecuada: 1) La naturaleza normativa del artículo 44 de la C.P.; 2) El sentido de la prevalencia de los derechos de los niños; 3) Los límites a la afectación de los derechos fundamentales de los hijos de los detenidos y 4) El análisis del caso concreto. A continuación se exponen cada uno de estos puntos.

Naturaleza normativa del artículo 44 de la C.P.

13. Los derechos económicos, sociales y culturales, también conocidos como derechos de la tercera generación, no pueden ser considerados como un mero agregado retórico, o como un catálogo de buenas intenciones, cuya suerte se deja a la libre voluntad del legislador. La vinculación entre valores, principios y derechos propia del Estado social, hace de estos postulados mandatos con pleno efecto normativo, que vinculan no sólo al legislador sino también al juez, y, en especial, a la Corte Constitucional. El hecho de que se trate de derechos cuya aplicación debe estar mediatizada por juicios de he-cho, extraídos de las circunstancias específicas del caso, no significa disolver su carácter normativo en una mera subjetividad política del aplicador de la norma. El Estado ha adquirido una gran responsabilidad con la promulgación de la Carta y corresponde al juez constitucional velar por su cumplimiento dentro de parámetros razonables.

14. Los enunciados relativos a los derechos de prestación del Estado son verdaderas normas que comprometen a las autoridades del Estado. El tipo de aplicación de estas normas, caracterizado por la importancia de los hechos y la interpretación razonable, no las convierte, entonces, en muletillas retóricas de circunstancial y eventual cumplimiento.

El sentido de la prevalencia.

15. El artículo constitucional que consagra los derechos de los niños posee una especial fuerza normativa en relación con los demás derechos económicos sociales y culturales. El constituyente puso un énfasis especial en la manera como este derecho vincula a todos los poderes del Estado. Ello se refleja en la redacción del inciso segundo del artículo 44 y, en especial, en las expresiones “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral” y “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

16. La fuerza normativa del texto constitucional resulta aún más relevante en las circunstancias del caso presente. En efecto, el Estado adquiere una mayor responsabilidad cuando la afectación del menor resulta de una decisión tomada por una de sus autoridades. Con independencia de la legalidad del acto, el hecho de que la suerte del menor haya sido determinada mediatamente por la aplicación de reglas impuestas por el mismo Estado, trae consigo una carga ética adicional en la relación que las autoridades públicas mantienen con el menor.

17. En este orden de ideas se comprende mejor la petición plasmada en la demanda de tutela, en el sentido de que la protección del derecho fundamental del niño no puede quedar reducida al control de la legalidad de las decisiones tomadas por los funcionarios públicos.

Límites de la afectación de los derechos de los hi jos de los detenidos.

18. La concepción de la pena —como la del derecho en general— cambió sustancialmente a finales del siglo XVIII. La idea kantiana según la cual la pena es un instrumento para la realización de la justicia absoluta, se sustituye por una visión relativista y modesta de la justicia, que apunta a que ésta no puede realizarse sino de manera limitada e imperfecta. Estas dificultades para lograr la justicia social, e incluso para obtener los propósitos de resocialización a través de la pena, hacen aún más delicada y exigente la tarea del Estado.

Un aspecto de la imperfección de las penas consiste en que sus efectos muchas veces se transmiten a terceros que no están vinculados con el delito. Es el caso de los familiares del detenido y en especial de los menores.

19. Es necesario establecer un límite entre la afectación necesaria e inevitable que la pena de prisión conlleva para los familiares y la afectación que simplemente es producto de la tolerancia social y de la negligencia institucional. A este respecto la Corte ha expuesto lo siguiente:

“Toda imposición que cause sufrimientos innecesarios al delincuente, debe ser evaluada como una acción independiente de la pena y por lo tanto como un ejercicio arbitrario de la fuerza. Sobre este punto Juan Fernández Carrasquilla dice lo siguiente:

“El exceso hace perder a la pena su carácter jurídico o legítimo (...). Y como no se trata de un ius talionis, ni existe una objetiva escala composicional, la fijación de aquella proporcionalidad es político-axiológica, habida siempre cuenta de lo que es estrictamente necesario y útil para la tutela de la sociedad, la protección de la víctima y la protección del reo. La pena, que es un mal necesario, no debe sobrepasar la medida de la necesidad social (la protección de bienes jurídicos primarios) en que se inspira, ni infligir al reo sufrimientos innecesarios; debe, en suma, ser el menor mal posible para la sociedad y para el delincuente. Su fundamento o razón de ser no es otro que la necesidad socio-política de la defensa del orden jurídico y la garantía de las condiciones mínimas de la existencia social pacífica, pero nunca se impone, en un Estado de derecho, por encima de las necesidades de protección de bienes jurídicos, ni por fuera del marco subjetivo de la culpabilidad” (2)”.

20. También es necesario hacer énfasis en los derechos del preso y, en consecuencia, en la concepción limitada de la pena como instrumento de control social. Para esclarecer este punto, lo más adecuado es citar lo señalado por esta Corte:

“... todo sufrimiento innecesario impuesto a un recluso, pierde la justificación del ejercicio legítimo de la violencia por parte del Estado y se convierte en un atropello que debe ser evaluado de la misma manera como se evalúa cualquier violencia injustificada, ejercida contra un ciudadano que no se encuentra privado de la libertad. Los presos no tienen derechos de menor categoría; tienen derechos restringidos o limitados y cuando esto no sucede, es decir cuando la pena impuesta no se encuentra en contradicción con el ejercicio pleno de un derecho, éste debe ser tan protegido y respetado como el de cualquier otra persona.

(...) El castigo de los delincuentes es un castigo reglado, previsto por el derecho y limitado a unos procedimientos y prácticas específicas, por fuera de las cuales el preso debe ser tratado bajo los parámetros normativos generales. La efectividad del derecho no termina en las murallas de las cárceles. El delincuente, al ingresar a la prisión, no entra en un territorio sin ley” (T-596 de 1992).

21. En consecuencia, el Estado debe limitar dentro de lo posible los efectos perniciosos que la pena acarrea a los familiares del detenido y, de manera especial, a sus hijos menores. Es cierto que esta afectación es algo inevitable; sin embargo, los postulados del Estado social de derecho obligan al Estado a tomar medidas tendientes a la atenuación de estos efectos.

Análisis del caso concreto.

22. La peticionaria tiene razón en solicitar la protección de los derechos fundamentales de su hijo. El Estado no puede desconocer la situación del menor con el argumento de que su suerte queda involucrada dentro de la pena de la madre.

23. Los hechos ponen de presente la necesidad de que el Estado adopte una política encaminada a la protección de los derechos de los niños de los presos. Se trata de una población que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13, C.P.). Las normas del Código Penitenciario (Ley 65 de 1993) que establecen obligaciones relativas a los hijos de los detenidos, deben ser leídas, interpretadas y aplicadas bajo la óptica constitucional de la protección a los grupos desfavorecidos.

24. Sin embargo, de la necesidad de proteger los derechos fundamentales del menor no se sigue necesariamente que su madre deba salir de la prisión. La existencia de un derecho fundamental cuya protección ponga en tela de juicio una parte esencial de la organización del Estado debe conducir a la adecuación de las instituciones, de tal manera que permitan la efectividad de los derechos.

Lo anterior, sin embargo, deberá hacerse sin arriesgar ni poner gravemente en peligro las instituciones constitucionales legítimas del régimen punitivo.

Entre la detención domiciliaria que permitiría la realización de los derechos del niño y la detención preventiva que los vulnera, existe un camino intermedio que consulta las necesidades del Estado y no desvirtúa los propósitos legales. Esta solución consiste en crear las condiciones necesarias para que la madre tenga una relación física y espiritual con su hijo que le permita su desarrollo normal dentro de las limitaciones propias de su situación.

25. Permitir indiscriminadamente y por principio la detención domiciliaria de las madres de menores, no sólo pone en entredicho la seguridad del Estado y la tranquilidad ciudadana, sino que no soluciona el verdadero problema. Esto es, la humanización de las condiciones carcelarias. Lo pertinente, en este orden de ideas, es adaptar el sistema penitenciario a las exigencias del Estado social de derecho, de tal manera que se respeten los derechos de los menores.

26. La permanencia de la madre junto al menor recién nacido es un derecho esencial para el niño y debe tener lugar en condiciones adecuadas. Cuando se considera que la cárcel no es un espacio apropiado para que el niño pueda gozar de este derecho se está pensando ante todo en la existencia de condiciones de salubridad y de un ambiente social inconvenientes para su permanencia y desarrollo. Si los lugares de reclusión tuviesen espacios especialmente dotados para satisfacer estas necesidades, lo esencial de las condiciones vitales adecuadas estaría cumplido. La libertad de locomoción, es un derecho cuya importancia sólo se percibe a partir de la adquisición de cierta autonomía que no tienen los menores recién nacidos. Las carencias del niño, hijo de la detenida, se refieren básicamente a un conjunto de condiciones físicas y sociales necesarias para su desarrollo. En síntesis, el problema del niño podría conducir a poner en tela de juicio las condiciones carcelarias y, de ninguna manera, como pretende la peticionaria, el régimen específico de detención preventiva de que es objeto.

En este sentido se debe tener en cuenta que el Código Penitenciario (Ley 65 de 1993) establece en su título XIV una serie de normas relativas a la atención social, penitenciaria y carcelaria. El artículo 153 obliga a los establecimientos penitenciarios a crear guarderías y prestar atención especial a los menores de tres años. Estas normas deben ser interpretadas como desarrollo de los derechos constitucionales de los menores y, en consecuencia, exigen su pronto y cabal cumplimiento.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

1. Confirmar la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del cuatro de agosto de 1993, en el sentido de no conceder la detención domiciliaria a la detenida G....

2. Poner de presente a las autoridades de la cárcel del Buen Pastor de la ciudad de Cali que, en acatamiento del artículo 153 del Código Penitenciario (Ley 65 de 1993), deben mantener en condiciones adecuadas una guardería para los hijos menores de tres años de las reclusas.

Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia T-598 de diciembre 15 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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