Sentencia T-6 de enero 15 de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

Sentencia T-6 de 2008 

Exp. T-1.698.973

Magistrado Ponente:

Dr. Mauricio González Cuervo

Accionante: Madre en nombre de su hija menor de edad (1)

Accionado: Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá

Magistrados de la Sala Quinta de Revisión: Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo Monroy Cabra y Nilson Pinilla Pinilla

Bogotá, D.C., enero quince de dos mil ocho.

Fallo objeto de revisión: sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Civil-Familia-Agraria, del 3 de agosto de 2007 (2ª instancia), confirmatoria de la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá del 19 de junio de 2007 (1ª instancia).

Sentencia

I. Antecedentes

1. La pretensión y sus fundamentos.

La actora solicitó al juez de tutela (2) la protección de los derechos de su hija sorda de 15 años a la salud, la vida digna, la igualdad y la integridad personal, vulnerados por el hospital accionado al negarle la asignación de un intérprete en lenguaje de señas (3) que la asista en todas las citas de sicología que tiene programadas como posible víctima de una conducta de abuso sexual.

Basa su pretensión en las siguientes consideraciones: la negativa del hospital San Juan de Dios de Zipaquirá fundada en la inexistencia de una línea de pago en el POS subsidiado que permita facturar el servicio viola los artículos 13 (derecho a la igualdad de las personas en circunstancias de debilidad manifiesta), 47 (derecho a la rehabilitación e integración social, que por conexidad se vuelve fundamental), 48 (derecho a la salud de una menor de edad) y 49 (acceso a la protección y recuperación de la salud). Indica que tiene un ingreso inferior al salario mínimo, lo que le impide asumir los costos del servicio que se le niega y concluye que “no es justo ni legal que mi menor(sic) hija quien es SORDA y al parecer fue objeto de un abuso en su intimidad personal, deba soportar a costa de su SALUD MENTAL y DIGNIDAD la imposibilidad de facturación que manifiesta el hospital San Juan de Dios de Zipaquirá” (mayúsculas y negrillas originales).

2. La respuesta del accionado.

Aporta historia clínica de la menor (fls. 32-49) y señala que la intención del hospital es brindarle todo el tratamiento establecido en el protocolo de víctimas de abuso sexual. Que en la primera cita la menor tuvo un intérprete pagado por el gerente del hospital con sus recursos personales, pero que no existe un rubro en el POS - subsidiado que permita su cobro “siendo esta una razón incuestionable de la imposibilidad de continuar prestando este apoyo de manera continuada”. Señala que la madre de la menor maneja el lenguaje por señas y podría ser su acompañante permanente en las consultas.

3. Hechos relevantes y medios de prueba.

3.1. La accionante y su hija viven en Cundinamarca (demanda - fl. 1) y están afiliadas al Sisben nivel II (carné de afiliación, fl. 19).

3.2. La menor tiene 15 años de edad (tarjeta de identidad, fl. 19) y padece sordera congénita bilateral profunda (certificación médica del ente accionado, fl. 12); estudia su bachillerato en Bogotá y se encuentra en un curso con oyentes y otros estudiantes sordos, pero con mediación de un intérprete de lenguaje de señas (informe del colegio, fl. 21 y certificación del colegio, fl. 66).

3.3. Relata la accionante que para evitar los traslados diarios a Bogotá, mandó a su hija a vivir con una tía que reside en esta ciudad, donde posiblemente fue objeto de abuso sexual por parte de un primo (demanda y declaraciones de la accionante y de su hermana —tía de la menor— ante la comisaría de familia de Suba —fls. 9 a 11—); que, consecuencia de ello, la comisaría ordenó atención psicológica para la menor (Oficio 00684, fl. 11), la cual está siendo prestada por el hospital accionado, en la medida que después del referido incidente, la menor se encuentra viviendo nuevamente con su madre.

3.4. El 11 de abril de 2007 la accionante solicita que las citas de su hija estén acompañadas de un intérprete en lenguaje de señas (fl. 13), frente a lo cual la entidad accionada responde que está gestionando un convenio con la Federación Nacional de Sordomudos, dependiendo de lo cual podrá brindarse el servicio de intérprete (fl. 14).

3.5. El 4 de mayo de 2007 la accionante presenta una nueva petición en el mismo sentido (fls. 15-17), señalando que la respuesta de la entidad no resuelve el fondo del problema de su hija, a lo cual se responde por la subgerencia científica del accionado que en el POS subsidiado “no existe una línea de pago para la facturación de la actividad” y, por ende no es posible acceder a lo solicitado (fl. 18).

3.6. La accionante señala que es una persona pobre que trabaja en un salón de belleza, con un ingreso promedio mensual de $ 250.000, y que no tiene apoyo económico de otras personas, pues el padre de la menor falleció hace 10 años (declaración visible a fl. 50-51).

3.7. En la declaración rendida ante el juez de primera instancia, la accionante informó que no le fue permitido entrar a la cita con la psicóloga, pues esta le manifestó “que necesitaba hablar a solas con la niña y que la niña le contara todo”.

3.8. Con el escrito de impugnación del fallo de primera instancia, la accionante allega informe de fonoaudiología del colegio de la menor (fl. 66), en el que se indica que la lengua materna de esta es el lenguaje por señas y que el español escrito es apenas una segunda lengua, cuyo desarrollo en la menor es incipiente y no alcanza un nivel de comprensión adecuado, habida cuenta de que es sorda de nacimiento y su aprendizaje empezó tardíamente.

4. Decisiones judiciales de instancia.

4.1. Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá. Niega el amparo por no encontrar vulnerados los derechos de la menor. El hospital demandado viene atendiendo las necesidades médicas de la paciente desde hace varios años; de acuerdo con terapia de 12 de mayo de 2004, la menor puede darse a entender por escrito; además, la madre maneja el lenguaje de señas y puede facilitar el diálogo con la terapeuta. En cuanto a la igualdad, no hay prueba que la hija de la accionante haya recibido un trato discriminatorio o diferente del brindado a otras menores.

4.2. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca - Sala Civil - Familia - Agraria. Confirma. No está probado que la terapia sicológica deba estar asistida por un intérprete y, en todo caso, la madre de la menor maneja el lenguaje de señas y puede acompañar a su hija en las citas médicas, además de que esta última maneja el lenguaje escrito.

II. Consideraciones y fundamentos

La Sala se considera competente para la revisión del caso, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, en cumplimiento del auto del 3 de agosto de 2007 de la Sala de Selección de Tutela Nº 8 de la Corte Constitucional.

5. Problema jurídico.

El presente caso plantea el siguiente interrogante ¿se violan los derechos a la igualdad, la salud, la dignidad y la autonomía personal de una menor de edad con sordera profunda, por la negativa del centro asistencial de facilitar un intérprete de lenguaje de señas para que la asista en las terapias sicológicas que le han sido ordenadas como posible víctima de un acto de abuso sexual?. De otra manera, en los términos en que responde la entidad accionada, se debe establecer si el hecho de no existir un rubro en el POS - subsidiado para facturar el valor del servicio de intérprete para una persona sorda menor de edad que lo requiere para su atención médica como víctima de abuso sexual, es una justificación válida para negar esa facilidad.

5.1. Las minorías discretas u ocultas deben recibir un trato diferenciado (discriminación positiva) que las coloque en condiciones de hacer efectivos sus derechos fundamentales.

De acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política, la igualdad de las personas debe ser real y efectiva. Diferencias relevantes entre individuos ameritan tratos diferenciados o acciones afirmativas a favor de personas o colectivos que se encuentran discriminados o en situaciones de debilidad manifiesta, en busca de la garantía de efectividad de sus derechos. Tratándose de personas con limitaciones físicas o mentales, su reconocimiento estatal no solo tiene relación con el principio de igualdad, sino, además, con la protección de su dignidad y de su autonomía personal, esto es, el derecho a un proyecto de vida propio, a su intimidad y a ser reconocidas en su individualidad (4) .

Uno de los colectivos más afectados por situaciones formales de igualdad pero reales de exclusión y discriminación son las “minorías discretas u ocultas”, integradas por las personas que tienen una discapacidad o desventaja grave o profunda en el habla, el oído o la visión (5) . Se trata de personas cuyas necesidades básicas quedan sujetas a la misma forma de atención de los que carecen de tales limitaciones físicas, lo que representa más carga que beneficio al tener que adaptarse en modo forzado y precario a esos mecanismos generales o incluso a renunciar a ellos por la inexistencia de opciones diferenciales que tengan en cuenta su discapacidad (barreras de acceso negativas).

Específicamente, la Corte ha señalado que respecto de las personas con limitaciones auditivas, de habla o de visión graves, la Constitución establece una protección constitucional reforzada orientada al establecimiento de condiciones reales de inclusión social (arts. 13, 47 y 54; art. 2) (6) , lo que se extiende a: (i) la proscripción de medidas discriminatorias o excluyentes; (ii) la remoción de obstáculos y barreras de acceso a sus derechos de ciudadanía política, civil y social; (iii) las acciones afirmativas o de discriminación positiva, que les permitan acceder, en igualdad de condiciones, al goce de sus derechos fundamentales; y (iv) las políticas de prevención, rehabilitación e integración social (7) . Se trata entonces de una equiparación efectiva de oportunidades para el goce de los derechos que se reconocen a toda persona (8) .

Este mandato constitucional de igualación a través de acciones afirmativas de diferenciación positiva, se ha desarrollado, entre otras, en las leyes 361 de 1997 (9) , 982 de 2005 (10) y 1145 de 2007 (11) .

5.2. El derecho de las personas sordas y sordociegas a utilizar el lenguaje de señas para la satisfacción de sus derechos fundamentales como ciudadano colombiano.

En el caso, de las personas sordas que no desarrollaron el lenguaje oral, el lenguaje de señas se convierte en su lengua materna y, por ende, en una forma de comunicación legalmente protegida, que tiene una clara relevancia constitucional cuando se trata del acceso de las personas sordas y sordociegas a sus derechos fundamentales.

La Ley 982 de 2005, “por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas”, consagra tres reglas relevantes sobre el particular: (i) la “lengua de señas” es la “lengua natural” de las comunidades de sordos y forma parte de su patrimonio cultural (art. 1º-10); la lengua de señas en Colombia, para quienes no pueden desarrollar lenguaje oral, se entiende y se acepta como idioma necesario de comunicación de las personas con pérdidas profundas de audición y, las sordociegas, que no pueden consiguientemente por la gravedad de la lesión desarrollar lenguaje oral (art. 2º) (12) ; la función del intérprete de lengua de señas de Colombia es necesaria en situaciones de carácter oficial ante las autoridades competentes o “cuando sea requerido para garantizar el acceso de la persona sorda y sordociega a los servicios a que tiene derecho como ciudadano colombiano” (se resalta) (art. 6º).

En este contexto, la misma ley define como “derecho humano inalienable” de toda persona sorda “el derecho de acceder a una forma de comunicación, ya sea esta la lengua de señas colombiana o el oralismo” (art. 22). Además, establece que toda forma de represión al uso de una lengua de señas, tanto en espacios públicos como en espacios privados, “será considerada como una violación al derecho de libre expresión consagrada en la Constitución”.

5.3. La exigencia de un intérprete de lenguaje de señas en los centros hospitalarios para la atención de la población con limitaciones auditivas no guarda relación con la prestación médico asistencial de los planes obligatorios de salud (subsidiado o no subsidiado), sino con las condiciones materiales de accesibilidad al servicio.

El artículo 46 de la Ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación, señala expresamente que la accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado y que, por lo tanto, deberá ser tenida en cuenta por los organismos públicos o privados en la ejecución de dichos servicios. Tal accesibilidad no se limita a la aproximación adecuada a los edificios para las personas con discapacidades (13) , sino que se extiende a cualquier otra barrera física o inmaterial que tenga el mismo efecto. Respecto de ellas, el derecho a la igualdad obliga al ofrecimiento de las condiciones materiales que les permitan acceder, efectivamente, a los servicios a los cuales tiene derecho cualquier persona (14) .

Tanto da no poder ingresar al lugar de prestación del servicio por la existencia de barreras físicas, como tener la posibilidad de hacerlo pero encontrar en su interior otro tipo obstáculos que por una condición de minusvalía impiden acceder al derecho que tienen los demás usuarios.

En el contexto de los servicios de salud, deben diferenciarse los elementos propios de la prestación médico asistencial definida en los planes obligatorios de salud (prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de patologías) (15) , de aquellos otros que tienen que ver con la infraestructura física, humana, y logística necesaria para la satisfacción del servicio. Estos últimos no constituyen un problema de cobertura sino de condiciones mínimas de accesibilidad al servicio. Tratándose de personas sordas o sordociegas, la Ley 982 de 2005 establece expresamente que las empresas prestadoras de servicios públicos, inclusive las de salud, y en general las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrezcan servicios al público, deberán incorporar paulatinamente dentro de los programas de atención al cliente, el servicio de intérprete y guía intérprete para las personas sordas y sordociegas, para lo cual fijarán en un lugar visible la información correspondiente, “con plena identificación del lugar o lugares en los que podrán ser atendidas las personas sordas y sordociegas” (art. 8º).

En este orden, la disponibilidad de un intérprete de lenguaje de señas en los centros hospitalarios para la atención adecuada de la población con limitaciones auditivas no guarda relación con las prestaciones médico asistenciales de los planes obligatorios de salud (subsidiado o no subsidiado), fundamento de la negativa de la entidad accionada, sino con las condiciones materiales de accesibilidad al servicio de ese grupo humano.

6. El caso concreto: existencia de una triple condición de protección constitucional reforzada que hace injustificada la negación del servicio. Obligación de tener condiciones de accesibilidad al servicio de salud para las personas discapacitadas.

El presente caso tiene tres condiciones de protección constitucional reforzada que no fueron tenidas en cuenta en los fallos de instancia: (i) que la protección solicitada recae sobre una menor (hecho 3.2), y de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución su derecho a la salud tiene carácter fundamental de manera directa y no por conexidad; (ii) que en la menor coexiste una condición de debilidad manifiesta derivada de su sordera profunda (hecho 3.2), y en su caso, el lenguaje por señas constituye lenguaje materno y de él depende la satisfacción de sus necesidades básicas de comunicación y expresión (hecho 3.18; considerando 7º) (16) ; (iii) que la atención médica que requiere la menor se deriva de un posible acto de abuso sexual (hecho 3.3) (17) . De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 360 de 1997, dentro de los derechos de la persona que ha sido víctima de esas conductas se encuentra el de “ser tratada con dignidad, privacidad y respeto durante cualquier entrevista o actuación con fines médicos, legales o de asistencia social”.

Es evidente que en un caso como el que se revisa, los derechos fundamentales de la menor exigen la efectividad de su derecho a comunicarse en su lenguaje natural, es decir, en el que tiene en cuenta su minusvalía. Los obstáculos que tiene la menor para utilizar el lenguaje de señas y la exigencia de acudir a un lenguaje que, como el escrito, no le permite expresar adecuadamente sus necesidades como persona, constituye una barrera de acceso a sus derechos como víctima y representa una forma indirecta de discriminación (—igualación con quienes no son iguales—) que le impide tener las garantías de que gozan los demás menores.

En el fallo de primera instancia, el juez se equivoca al admitir la defensa del ente accionado en el sentido que se está frente a un tema de no cobertura del POS - subsidiado, que impide la facturación contra este de los honorarios del intérprete en lenguaje de señas. Se trata, como se ha visto, de un problema de accesibilidad por la no implementación del mandato de optimización previsto en el artículo 8º de la Ley 982 de 2005 (18) , que el ente accionado no puede trasladar a la menor.

La opción de encargar a la madre que oficie como intermediaria entre la hija y la terapeuta en las citas de psicología (solución del juez de segunda instancia), desconoce la autonomía y el derecho a la intimidad de la menor. Para otro tipo de atención médica esa intermediación podrá ser válida y responderá a los deberes de solidaridad y apoyo de los padres; versando sobre tratamiento que exige confidencialidad (19) y respeto a la intimidad, puede ser, como en este caso, inadecuada.

En virtud de lo anterior, la Sala revocará el fallo de segunda instancia que había confirmado el fallo de primera instancia y concederá el amparo solicitado, e instará a las instituciones interrelacionadas con el tema, para que adopten medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de los mandatos de protección de la población sorda y sordociega.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo de segunda instancia y en su lugar conceder la tutela presentada por la accionante en representación de su hija menor de edad. En consecuencia, ordenar al hospital San Juan de Dios de Zipaquirá para que provea de una persona que tenga dominio del lenguaje de señas para que asista a la menor en las citas de sicología que le fueron ordenadas como posible víctima de abuso sexual.

2. INSTAR al Ministerio de la Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud para que en ejercicio de sus funciones verifiquen y si es del caso impongan las sanciones correspondientes, en relación con la implementación y cumplimiento por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud de lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 982 de 2005 y demás normas aplicables, sobre la obligación de tener servicio de intérprete y guía intérprete para las personas sordas y sordociegas que acceden al servicio de salud.

3. Líbrese por secretaría, la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, incluyendo claramente la identificación de la accionante y de su hija menor de edad.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Mauricio González Cuervo—Marco Gerardo Monroy Cabra—Nilson Pinilla Pinilla.

Martha V. Sáchica Méndez, Secretaria General.

(1) En protección de la intimidad personal y familiar de la accionante y de su hija, menor de edad y víctima de abuso sexual, la Sala no mencionará sus nombres y se referirá genéricamente a “la accionante - madre” o “hija - menor de edad”. Así mismo, la identificación de los sitios y lugares no se hará con la precisión que detalla la demanda.

(2) Tutela presentada el 1º de junio de 2007.

(3) Negada mediante comunicación del 25 de mayo de 2007.

(4) “Autonomía: Derecho de las personas con discapacidad de tomar sus propias decisiones y el control de las acciones que las involucran para una mejor calidad de vida, basada dentro de lo posible en la autosuficiencia” (L. 1145/07, art. 2º). En igual sentido, la declaración de los derechos de los impedidos de la ONU de 19755(sic) señala que “El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía posible”.

(5) Sobre los colectivos de personas discapacitadas como minorías discretas u ocultas ver sentencias T-207 de 1999 y C-076 de 2006, entre otras. Sobre el juicio de igualdad respecto de normas que afectan a estos colectivos se puede revisar la Sentencia C-673 de 2001.

(6) Declaración de derechos de los impedidos. Resolución 3447 de 1975, asamblea general de la ONU: “3. El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana. El impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible” (se resalta).

(7) Sentencia C-076 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(8) Artículo 2º, Ley 1145 de 2002: “Equiparación de oportunidades: Conjunto de medidas orientadas a eliminar las barreras de acceso a oportunidades de orden físico, ambiental, social, económico y cultural que impiden al discapacitado el goce y disfrute de sus derechos”.

(9) Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. El artículo 2º de la ley, integra además, la aplicación de la declaración de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas en el año 1948, en la declaración de los derechos del deficiente mental aprobada por la ONU el 20 de diciembre de 1971, en la declaración de los derechos de las personas con limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la misma organización, del 9 de diciembre de 1975, en el Convenio 159 de la OIT, en la declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 1981, en la declaración de las Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación de 1983 y en la recomendación 168 de la OIT de 1983.

(10) “Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas”.

(11) Por medio de la cual se organiza el sistema nacional de discapacidad y se dictan otras disposiciones.

(12) Ratifica el mandato contenido en el artículo 68 de la Ley 361 de 1997, que dispone: “El lenguaje utilizado por personas sordas, es un medio válido de manifestación de la voluntad y será reconocido como tal por todas las autoridades públicas y privadas”.

(13) Observación general 14 del comité de derechos económicos, sociales y culturales. Igualmente artículo 47 de la Ley 361 de 1997: Artículo 47. La construcción, ampliación y reforma de los edificios abiertos al público y especialmente de las instalaciones de carácter sanitario, se efectuarán de manera tal que ellos sean accesibles a todos los destinatarios de la presente ley. Con tal fin, el gobierno dictará las normas técnicas pertinentes, las cuales deberán contener las condiciones mínimas sobre barreras arquitectónicas a las que deben ajustarse los proyectos, así como los procedimientos de inspección y de sanción en caso de incumplimiento de estas disposiciones”.

(14) Por ejemplo, el artículo 15 de la Ley 982 de 2005 establece respecto de los sordos y sordociegos, que todo establecimiento o dependencia del Estado y de los entes territoriales con acceso al público, deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas.

(15) Artículo 162, Ley 100 de 1993.

(16) El numeral 15 del artículo 2º de la Ley 982 de 2005, define la comunicación en el contexto de los derechos de las personas con limitaciones auditivas, como “todo acto por el cual una persona da o recibe de otra información acerca de las necesidades personales, deseos, percepciones, conocimiento o estados afectivos”. Y que para ello, es necesario que exista un acuerdo entre los interlocutores respecto de la utilización de un código que permita la organización de los mensajes transmitidos tomando un medio o canal de comunicación determinado”.

(17) De acuerdo con el artículo 9º de la Ley 1146 de 2007, la atención integral en salud de los menores que han sido víctimas de abuso sexual es considerada prevalerte y de urgencia, e incluirá el apoyo psicológico a que hay lugar.

(18) Artículo 8º—Las entidades estatales de cualquier orden, incorporan paulatinamente dentro de los programas de atención al cliente, el servicio de intérprete y guía intérprete para las personas sordas y sordociegas que lo requieran de manera directa o mediante convenios con organismos que ofrezcan tal servicio.

De igual manera, lo harán las empresas prestadoras de servicios públicos, las instituciones prestadoras de salud, las bibliotecas públicas, los centros de documentación e información y en general las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrezcan servicios al público, fijando en lugar visible la información correspondiente, con plena identificación del lugar o lugares en los que podrán ser atendidas las personas sordas y sordociegas.

(19) Artículo 2º, Ley 1090 de 2006 que regula la profesión de psicología.

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