Sentencia T-6 de enero 19 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

Sentencia T-006 de 2005 

Ref.: Expediente T-974875

Magistrado Ponente

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

Acción de tutela instaurada por Gregorio Sánchez Vallejo contra Bancafé.

Reiteración de jurisprudencia

Bogotá, D.C., diecinueve de enero de dos mil cinco.

Teniendo en cuenta que el problema jurídico que suscita la presente acción de tutela ya ha sido objeto de otros pronunciamientos por parte de esta Corporación, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional decide reiterar lo dispuesto por la jurisprudencia para este tipo de casos. Por tal razón, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales, la presente sentencia será motivada brevemente (1) .

1. Gregorio Sánchez Vallejo presentó acción de tutela contra Bancafé, pues considera que la entidad bancaria vulnera sus derechos al debido proceso y a una vivienda digna al cobrarle un crédito (invocando pagarés otorgados como garantía) que la propia entidad financiera declaró cancelado por completo. Alega además que se desconoce su derecho a la igualdad, pues la jurisprudencia constitucional ha ordenado un trato diferente a aquellos deudores que se encuentran en tal situación, en razón a los errores cometidos por algunas entidades financieras al reliquidar créditos hipotecarios, de acuerdo con la Ley 546 de 1999. El accionante solicita que no se le cobren dineros en razón a una deuda ya cancelada y, en consecuencia, que se le devuelvan los títulos valores otorgados como respaldo de la misma. Bancafé alega tener derecho a adelantar el cobro en cuestión, debido a que sí bien fue un error imputable a ellos, el “error” no crea derecho, máxime cuando se trata de recaudar dineros públicos.

2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia, en primera instancia, resolvió tutelar los derechos del accionante en razón a lo dispuesto por la Constitución, la ley (2) y la jurisprudencia constitucional acerca de la materia. En consecuencia ordenó a Bancafé hacer entrega de los pagarés al accionante. El fallo fue impugnado por la entidad acusada; la Sala de Decisión Civil y Familia del Tribunal Superior de Armenia, Quindío, en segunda instancia, resolvió revocar la sentencia del juzgado por considerar que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, las pretensiones contractuales no son objeto de controversia ante el juez de tutela, sino ante el juez ordinario correspondiente.

3. Como lo viene reiterando la jurisprudencia constitucional, el principio del respeto al acto propio es aplicable en las disputas que se susciten entre las entidades financieras y los usuarios del sistema a propósito de las controversias por errores en el cálculo de la reliquidación de deudas hipotecarias, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 546 de 1999. Según la jurisprudencia, el principio de respeto del acto propio, “(...) resulta aplicable cuando (i) se ha proferido un acto que contenga una situación subjetiva concreta y verificable que conceda confianza a su beneficiario de la titularidad de una posición jurídica determinada, esto es, que la disposición sea eficaz y jurídicamente vinculante; (ii) la decisión sea revocada unilateralmente por su emisor sin que esté autorizado por el ordenamiento para ello y con base en parámetros irrazonables o desproporcionados y (iii) exista identidad entre el sujeto que emite la decisión y su beneficiario tanto en la disposición inicial como en la posterior que la modifica, a la vez que ambos actos regulen la misma situación jurídica subjetiva (3)(4) .

Con base en la aplicación de este principio, la Corte decidió que “(...) el debido proceso no se restringe al simple cumplimiento de los preceptos contenidos en la ley, sino que involucra a la observancia de los demás derechos, principios y valores constitucionales que le dan sentido, como son la buena fe y el respeto del acto propio, cuyo deber de cumplimiento fue eludido por el Banco Granahorrar” (5) . La jurisprudencia constitucional, en este tipo de situaciones, no “(...) discute la posibilidad que se haya cometido un error en la reliquidación del crédito, error que en caso de ser cierto, es imputable [a la entidad financiera] (...)”. Sostiene que toda entidad crediticia está sujeta a la Constitución y a la ley, por lo que le corresponde “(...) agotar los mecanismos jurídicos que tiene a su alcance si lo que pretende es el reconocimiento de sumas adicionales a aquellas que fueron pagadas por el actor y que le llevaron a certificar la extinción de la obligación” (6) . Esta posición ha sido reiterada en varias ocasiones (7) . Para la Corte aceptar “(...) que el “error” en la aplicación de la metodología fijada (...) debe ser soportado por el usuario, iría en contra de los principios, valores y derechos que rigen la Constitución Política, entre los últimos, el derecho a tener una vivienda digna (C.P., art. 51)”.

Ahora bien, con relación a la necesidad de cumplir con el deber legal de cobrar dineros públicos invocada por Bancafé, argumento esgrimido en procesos anteriores por las entidades financieras acusadas, la jurisprudencia ha sostenido que “(...) el cumplimiento de dicho deber no puede significar el desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, pues la primera obligación de tales entidades consiste precisamente en dirigir sus actuaciones hacia la efectividad de los derechos fundamentales de sus clientes. En tal medida se estima entonces, que la entidad accionada no estaba autorizada para sorprender a su cliente creando una obligación adicional, cuando tenía a su alcance los medios jurídicos para lograr la protección de los recursos desviados como consecuencia de un error cometido por la propia entidad, tal y como fue reconocido por ella misma” (8) . Corresponde a Bancafé, si considera que existe una obligación por parte del accionante, intentar un acuerdo directo con él o acudir a los jueces ordinarios para que se declare la existencia de la obligación aludida, y luego, en caso de renuencia del deudor a pagar, proceder a su cobro.

4. En el presente caso, de acuerdo con lo dicho, el principio del respecto acto propio es aplicable. (i) Bancafé, a través de servidor competente para ello, profirió un acto que definió una situación subjetiva concreta y verificable que concedió confianza a su beneficiario de la titularidad de una posición jurídica determinada —la deuda se declaró cancelada, y se levantó formalmente el gravamen hipotecario— (9) . (ii) La decisión fue revocada unilateralmente por su emisor, Bancafé, que a pesar de reconocer que se trataba de su error (10) , reliquidó la deuda ya cancelada y estableció las condiciones en que imponía el pago del nuevo monto, el cual decidió cobrarlo mediante los títulos valores que habían sido otorgados para garantizar el pago de la deuda ya cancelada. (iii) Existe identidad entre el sujeto que emite la decisión (Bancafé) y su beneficiario (Gregorio Sánchez Vallejo) tanto en la decisión inicial como en la posterior que la modifica, a la vez que ambos actos recaen sobre la misma situación jurídica subjetiva (la obligación de cartera hipotecaria 520-12716-8) (11) .

Reiterando la jurisprudencia, la Sala considera que Bancafé desconoció el derecho al debido proceso del accionante. En consecuencia se revocará el fallo de segunda instancia y se ordenará a Bancafé dejar sin efecto las actuaciones realizadas en torno al cobro de la obligación hipotecaria 520-12716-8 a Gregorio Sánchez Vallejo con posterioridad al 19 de diciembre de 2002; otorgar plena efectividad a los derechos surgidos del reconocimiento de la cancelación de la deuda efectuada es día y entregar al señor Sánchez Vallejo los pagarés con los cuales se garantizó dicha obligación hipotecaria.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

1. Revocar el fallo proferido por la Sala Civil-Familia, del Tribunal Superior de Armenia, dentro del proceso de la referencia.

2. Tutelar el derecho al debido proceso de Gregorio Sánchez Vallejo, en consecuencia se ordena a Bancafé dejar sin efecto las actuaciones realizadas en torno al cobro de la obligación hipotecaria 520-12716-8 a Gregorio Sánchez Vallejo con posterioridad al 19 de diciembre de 2002; otorgar plena efectividad a los derechos surgidos del reconocimiento de la cancelación de la deuda efectuada ese día y entregar al señor Sánchez Vallejo los pagarés con los cuales se garantizó dicha obligación hipotecaria. En todo caso, la Sala reconoce el derecho que asiste al banco para reclamar ante los jueces ordinarios que se declare la existencia de los derechos respecto de los cuales este se considere titular.

3. Líbrese por secretaría general la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil.

Martha Victoria Sáchica Méndez, Secretaria General.

(1) Con base en lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991 (art. 35), la Corte Constitucional ha señalado que las decisiones de revisión que se limiten a reiterar la jurisprudencia pueden “ser brevemente justificadas”. Así lo ha hecho en varias ocasiones, entre ellas, por ejemplo, en las sentencias T-549 de 1995 (M.P. Jorge Arango Mejía), T-396 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-054 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-392 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería) y T-959 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

(2) Hace mención especial a la ley comercial el juez de primera instancia: “El artículo del Código de Comercio, establece que el ejercicio del derecho consignado en un título valor requiere la exhibición del mismo, pero si el título es pagado deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o solo de los derechos accesorios (...) si como ocurre en el sub judice, fue el mismo banco quien certificó que la obligación del señor Sánchez Vallejo, al 19 de diciembre de 2002, se encontraba cancelada, es igualmente su deber hacerle entrega a este de los documentos en donde conste la misma (...)”.

(3) Cfr. T-265 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(4) Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

(5) En este caso la Corte resolvió revocar la sentencia de instancia y ordenó a la entidad financiera acusada que, en el término de 48 horas, iniciara los trámites necesarios para cancelar el crédito y levantar el gravamen hipotecario que pesaba sobre el inmueble del actor; ordenó “(...) al Banco Granahorrar que en el término de cuarenta y ocho (48) horas (...) iniciara los trámites necesarios para la cancelación de la obligación hipotecaria 100400795441 suscrita por el accionante Parra Jerez y para el levantamiento del gravamen constituido sobre el inmueble del actor”. Sentencia T-083 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

(6) Continúa la sentencia: “Ello es así por cuanto en una sociedad civilizada nadie cuenta con la atribución de administrar justicia por propia mano; esto es, de generar a su arbitrio obligaciones a cargo de quien fue deudor en razón de un vínculo jurídico ya extinto; de determinar la fecha en la cual tal obligación se hizo exigible y a partir de la cual se deben reconocer intereses moratorios; de promover cobros prejurídicos; de coaccionar para la constitución de títulos ejecutivos para garantizar la obligación así constituida y de negarse a la cancelación de una garantía hipotecaria constituida en razón de una obligación diferente, anterior y ya extinta”. Sentencia T-083 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

(7) La jurisprudencia establecida en este precedente ha sido reiterada varias veces. Al respecto también pueden verse las sentencias T-1085 de 2002 (M.P. Jaime Araújo Rentería); T-141, T-323 y T-346 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra); T-544 y T-546 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda); T-550 y T-705 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); T-959 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); T-733 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; SPV M. Álvaro Tafur Galvis). La jurisprudencia ha reiterado su jurisprudencia en los siguientes términos: “(...) ha señalado que cuando una entidad financiera, luego de haber puesto al deudor hipotecario en una situación jurídica concreta a su favor, por ejemplo, habiéndole informado su condición de beneficiario de un alivio que disminuye el monto de la obligación o habiendo declarado la aceptación del pago de la deuda, llevándolo a una certeza sobre dicha condición, sin mediar el consentimiento del cliente no puede desconocerla unilateralmente, abusando de su posición dominante respecto del mismo, so pena de vulnerar el derecho al debido proceso del usuario, como quiera que para el efecto la entidad debe hacer uso de los mecanismos establecidos por la ley para imponer nuevas obligaciones o modificar las ya existentes, a través de la autocomposición o del uso de la jurisdicción”. Sentencia T-705 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). La Corte ha tenido que adoptar medidas contra entidades financieras más allá de los hechos de la sentencia, en atención al número de casos en su contra, como en la Sentencia T-141 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), donde se adoptó una medida en atención al número de acciones de tutela en contra de la misma entidad accionada; dijo la Corte: “(...) si bien es cierto a la Superintendencia Bancaria no le corresponde decidir controversias contractuales como afirma esa entidad en su escrito de respuesta a la acción de tutela, no lo es menos que dentro de sus atribuciones constitucionales y legales le compete ejercer la vigilancia y control de las entidades financieras, a fin de evitar abusos por parte de estas en relación con los usuarios. Por ello, observa la Corte que dado el aumento de las acciones de tutela en contra de Granahorrar S.A., por casos similares al que ahora se decide, resulta necesario solicitar a la Superintendencia Bancaria que en ejercicio de la plenitud de sus funciones constitucionales y legales, adopte las medidas correctivas o sancionatorias a que haya lugar, con el fin de prevenir que asuntos como el planteado en la presente acción de tutela, sigan teniendo ocurrencia”.

(8) T-705 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). En este caso se resolvió, entre otras cosas, ordenar al Banco Granahorrar que dejara sin efecto la comunicación efectuada por el banco a su cliente de fecha el 2 abril de 2002 y otorgara plena efectividad a los derechos surgidos de la reliquidación efectuada el día 27 de junio de 2001, incluido el levantamiento del gravamen hipotecario. Además, resolvió advertir al banco que si creía tener derechos luego del cumplimiento de la orden impartida, a cargo del accionante, puede de considerarlo pertinente, instaurar las acciones judiciales que sean del caso.

(9) Señala el accionante: “Mediante oficio dirigido a la entidad el día 24 de septiembre de 2003, se solicitó la cancelación del gravamen hipotecario que pesaba sobre la vivienda, a lo cual accedió la entidad, prueba de lo cual se otorgó la escritura pública de cancelación de hipoteca 3325 del 28 de octubre de 2003, de la Notaría Segunda del Círculo de Armenia, la cual quedó registrada bajo el folio de matrícula inmobiliaria 280-90181, de la oficina de registro de instrumentos públicos de esta ciudad”. El 19 de noviembre de 2002 Bancafé certificó que la obligación hipotecaria 520-12716-8 de Gregorio Sánchez Vallejo ya se encontraba cancelada.

(10) Dice la respuesta de Bancafé al juez de primera instancia: “El banco al momento de realizar la reliquidación de las obligaciones de conformidad con lo dispuesto en la Ley 546 de 1999, por error involuntario aplicó un mayor valor a la obligación, cuando de acuerdo con la misma ley el señor Gregorio Sánchez Vallejo era beneficiario de un menor alivio al aplicado, (...)”.

(11) Dice la respuesta de Bancafé al juez de primera instancia: “(…) la garantía hipotecaria que ampara la obligación de cartera hipotecaria 520-12716-8, no puede ser cancelada toda vez que aún existe un saldo insoluto de dicha obligación”.

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