Sentencia T-060 de febrero 10 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

SENTENCIA T-060 DE 1997 

Magistrado Ponente:

Dr. Alejandro Martínez Caballero

Santafé de Bogotá, D.C., diez de febrero de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS:

I. Antecedentes

A. Solicitud

1. Dice Clara Cifuentes que: “Hace quince (15) años empecé a sufrir una enfermedad llamada cuadriparesia espástica progresiva: dicha enfermedad en la actualidad me tiene minusválida impidiéndome conseguir un trabajo en la sociedad para poderme costearme un médico particular, debido a esto estaba recibiendo atención médica en la Caja Nacional de Previsión por parte de mi padre pues él falleció hace diecisiete (17) años, al morir él la pensión le quedó a mi madre. Pero como mi madre trabajó con el gobierno ella es pensionada también por Cajanal entonces ella no recibe los servicios por parte de mi padre me parece injusto que mensualmente a esa pensión de mi padre le descuenten los servicios médicos y no dejármelos utilizar por tener mayoría de edad (29) sabiendo que los necesito para que me atienda el especialista (neurólogo) ya que dicha enfermedad no es estable sino es progresiva y los especialistas no me garantizan que me voy a mejorar por tal motivo el médico me formula un medicamento controlado que sólo con autorización del especialista lo puedo adquirir en la caja de previsión y además tengo que estar en terapias físicas constantemente para adaptarme a mis limitaciones”.

2. Indica que ha reclamado verbalmente en las oficinas administrativas por la no continuación del servicio médico que se le venía prestando, pero se le ha contestado en contra de sus peticiones.

(...).

“Pero además, el artículo 1º del Decreto 753 de 1956 trae la definición del servicio público como toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas.

En este orden de ideas, tanto de la Constitución como de la ley se extrae que los principios esenciales comunes al servicio público se vinculan a las siguientes ideas: continuidad, adaptación a las nuevas circunstancias e igualdad.

Para el caso que ocupa a esta sala de revisión, el principio de la continuidad es el que genera más atención en esta sentencia.

El servicio público responde por definición a una necesidad de interés general; ahora bien, la satisfacción del interés general no podría ser discontinua; toda interrupción puede ocasionar problemas graves para la vida colectiva. La prestación del servicio público no puede tolerar interrupciones.

La continuidad contribuye a la eficiencia de la prestación, pues sólo así ésta será oportuna y se da cumplimiento a la función administrativa consagrada en el artículo 209 de la Constitución Política.

Pero la continuidad no siempre debe entenderse en sentido absoluto; puede ser relativa. Es una continuidad que depende de la índole de la necesidad a que se refiere el servicio: por eso es que en unos casos será absoluta y en otros relativa. Los servicios de carácter permanente o constante requieren una continuidad absoluta: es lo que ocurre por ejemplo con la asistencia médica. Los servicios de agua, energía, etc.; o relativa como el servicio de bomberos. Lo cierto es que en ambos casos —absoluta o relativa—, existirá la pertinente continuidad requerida por el servicio público, pues él depende de la índole de la necesidad a satisfacer.

Siempre que exista la necesidad o tan pronto ésta aparezca, el servicio público sea prestado de inmediato.

A manera de conclusión considera la sala de revisión que el servicio público se caracteriza por la continuidad en la prestación del mismo. A su vez el artículo 49 de la Constitución consagra que la atención a la salud es un servicio público a cargo de la entidad responsable. Por lo tanto, al ser la salud un servicio público no puede interrumpirse su prestación por su carácter inherente a la existencia misma del ser humano y del respeto a su dignidad” (subrayas fuera del texto).

C. Caso concreto.

Se parte de la base de que la Ley 100 de 1993, artículo 163 dice:

“La cobertura familiar. El plan de salud obligatorio de salud tendrá cobertura familiar. Para estos efectos, serán beneficiarios del sistema el (o la) cónyuge o compañero o la compañera permanente del afiliado cuya unión sea superior a dos años; los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges, que haga parte del núcleo familiar y que dependan económicamente de éste; los hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente o aquellos que tengan menos de 25 años, sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan económicamente del afiliado. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, la cobertura familiar podrá extenderse a los padres del afiliado no pensionados que dependan económicamente de éste.

PAR. 1º—El Gobierno Nacional reglamentará la inclusión de los hijos que, por su incapacidad permanente, hagan parte de la cobertura familiar”.

Si la Caja Nacional de Previsión reconoce que sí se le prestaba el servicio médico a Clara Cifuentes y explica su reciente exclusión porque “consultada nuestra base de datos ...no aparece registrada” (oficio de 22 de agosto de 1996) ya que “no cuenta con la valoración médica por cuenta de la división de salud ocupacional en Malkita, seccional Bogotá-Cundinamarca”, la conclusión obvia es que primero debe ser la valoración médica y luego la exclusión del sistema, si es que da lugar a ello. Pero no al revés: quitarle el servicio y luego obligarla a trámites burocráticos para readquirirlo, ya que esto atenta contra la continuidad del servicio de salud. Esa actitud, que significa en cierta forma una desorganización de la Institución, no puede perjudicar al beneficiario.

Como se rompió la continuidad, hay la amenaza contra los derechos fundamentales a la vida e integridad personal puesto que, si Clara Cifuentes tiene una incapacidad permanente y no se la atiende, pese a tener derecho a ello, surge la amenaza de violación a tales derechos. Para saber si tiene derecho o no a la atención médica por parte de Cajanal, la carga de la prueba para la suspensión del servicio le corresponde a quien lo suspende porque debe justificar la no prestación que se venía dando. Por consiguiente, el amparo prospera siempre y cuando se dé la condición fijada en el artículo antes citado: existencia de una incapacidad permanente. Luego la orden que se dé en el presente fallo debe incluir el mandato para la entidad prestataria del servicio y para la beneficiaria de previa y pronta práctica de la correspondiente valoración.

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia del 3 de septiembre de 1996, proferida por el Juzgado 64 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, en la tutela de la referencia, y, en su lugar proteger el derecho a la vida y la integridad personal de Clara Hercilia Cifuentes Beltrán y por lo tanto ORDENAR que la Caja Nacional de Previsión, Seccional Cundinamarca y Santafé de Bogotá, continúe prestando la cobertura familiar del plan de salud obligatorio a la peticionaria, SIEMPRE Y CUANDO la valoración médica que le haga la división de salud ocupacional de dicha institución o la dependencia correspondiente indique que la peticionaria tenga la incapacidad permanente a la cual hace referencia el artículo 163 de la Ley 100 de 1993. Si dicho examen no se le ha practicado aún, deberá efectuarse en el término de diez días hábiles a partir de la notificación del presente fallo.

2. Por secretaría se librará la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos del caso.

Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

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