Sentencia T-608 de mayo 25 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA CUARTA DE REVISIÓN

Sent. T-608, mayo 25/2000. Ref. Exp. T-284.734

M.P. Carlos Gaviria Díaz

Tema:

— La libertad funcional del juez es irrenunciable.

— El derecho del tercero interesado a impugnar la sentencia de primera instancia.

—- La acción de tutela no procede cuando se la usa para suplantar el incidente de desacato.

Actor: Rafael Antonio Salamanca

Acción de tutela contra la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá compuesta por los magistrados Carlos Julio Moya Colmenares, Humberto Alfonso Niño Ortega y Manuel José Pardo Caro, por una presunta violación del derecho al debido proceso.

La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, y Carlos Gaviria Díaz, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

Sentencia

En el proceso de revisión de los fallos adoptados por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Consejo Superior de la Judicatura, dentro de la acción de tutela instaurada por Rafael Antonio Salamanca contra la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá compuesta por los magistrados Carlos Julio Moya Colmenares, Humberto Alfonso Niño Ortega y Manuel José Pardo Caro.

I. Antecedentes

1. Hechos y solicitud de amparo.

Ante el Juzgado Quince Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, el Banco Cafetero promovió un proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contra Fernando Rey Escobar y Rafael Antonio Salamanca, el que terminó con sentencia favorable a la parte demandada, pues se declaró probada la excepción de dolo; en consecuencia, se condenó a la entidad bancaria mencionada en costas y perjuicios (fls. 1-7 cdno. anexo 1º).

Con base en dicha condena, Rafael Antonio Salamanca promovió un incidente de regulación de perjuicios ante el juzgado mencionado, el que terminó con auto del 27 de agosto de 1997, mediante el cual se condenó al Banco Cafetero a pagar algunos de los perjuicios reclamados (fls. 8-51 cdno. anexo 1º).

Inconformes las partes con esa regulación de los perjuicios, interpusieron el recurso de apelación, y la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá compuesta por los Magistrados Carlos Julio Moya Colmenares, Humberto Alfonso Niño Ortega y Manuel José Pardo Caro, por medio de auto del 27 de noviembre de 1998, revocó algunos de los numerales de la decisión recurrida y adicionó la condena a pagar otro de los perjuicios reclamados (fls. 52-97 cdno. anexo 1º).

El 17 de junio de 1999, el Banco Cafetero incoó una acción de tutela en contra de la última providencia referida, y reclamó el amparo judicial de su derecho al debido proceso, presuntamente violado por la mencionada Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior (fls. 98-113 cdno. anexo 1º).

El 30 de junio de 1999, otra Sala de Decisión Civil del mismo Tribunal Superior (compuesta por los magistrados Édgar Carlos Sanabria Melo, César Julio Valencia Copete y María Eugenia Jiménez), resolvió tutelar el derecho al debido proceso del Banco Cafetero, y ordenó “...a la correspondiente Sala Civil de Decisión, fallar nuevamente la segunda instancia, teniendo en cuenta la totalidad de las pruebas recaudadas, las que apreciará según su criterio, lo que deberá hacerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia” (fls. 114-136 cdno. anexo 1º). Esta orden fue acatada por la respectiva Sala de Decisión Civil, según consta en el auto del 15 de julio de 1999, que obra a folios 137-182 del cuaderno anexo 1º.

El 2 de agosto de 1999, Rafael Antonio Salamanca interpuso una segunda acción de tutela en contra de la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá compuesta por los magistrados Carlos Julio Moya Colmenares, Humberto Alfonso Niño Ortega y Manuel José Pardo Caro, también por violación del derecho fundamental al debido proceso, pues en su opinión, “frente a la sentencia de tutela, la Sala de Decisión, por auto del quince de julio de 1999, de manera arbitraria, en contravía del debido proceso, que es de orden público y por tanto de obligatorio cumplimiento, sin reparo alguno y optando por las vías de hecho judiciales, produjo decisión completamente al margen de las disposiciones que definen la competencia de los jueces...al no aplicar la sentencia de tutela, o al aplicarla indebidamente, o ilegítimamente, o al interpretarla erróneamente, porque no tomó esa decisión de acuerdo a su propio criterio, a su propio convencimiento... la Sala de Decisión obedeció ciegamente la valoración que de la prueba hizo la sentencia de tutela en los considerandos y no aplicó...la parte resolutiva...” (fls. 1-13 primer cdno. original).

2. Sentencias objeto de revisión.

A. Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.

Esa corporación conoció del proceso en primera instancia, y el 13 de agosto de 1999, resolvió tutelar el derecho al debido proceso de Rafael Antonio Salamanca, y reiteró a la Sala de Decisión Civil demandada la orden que le había sido impartida en la primera acción de tutela, para que estimara los perjuicios valorando la totalidad de los medios de prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica (fls. 31-61 primer cdno. original).

El Consejo Seccional de Cundinamarca consideró que en ningún caso, la orden que el juez de tutela dirige al juez ordinario para restablecer el derecho al debido proceso violado por este último, lo priva de la libertad funcional que la Carta Política le confiere; además, esa libertad funcional en caso alguno es renunciable. Así, concluyó que la Sala de Decisión Civil sí incurrió en una vía de hecho cuando renunció a decidir de acuerdo con su propio criterio, y expresamente reemplazó su valoración de los medios de prueba por la que había realizado el juez de tutela.

B. Consejo Superior de la Judicatura.

El Banco Bancafé impugnó el fallo de primera instancia, y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió, el 30 de septiembre de 1999 (fls. 36-44 segundo cdno. original), revocar la sentencia de recurrida y, en su lugar, denegar la tutela impetrada, a más de remitir copias del expediente para que se adelantara la investigación disciplinaria del comportamiento de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que intervinieron en los hechos ya narrados. Consideró esa corporación:

“Cierto, el señor Rafael Antonio Salamanca no interpuso su tutela contra el fallo de tutela proferido por la Sala integrada por los magistrados Sanabria, Valencia y Jiménez, sino contra el que le dio cumplimiento, pero es evidente que interponer tutela contra el fallo que cumple otro fallo de tutela es, de todas maneras, alargar la cadena de tutelas que se quiso evitar con aquella previsión legal; contra el fallo que pone en ejecución otro de tutela, no cabe o no debe caber nueva acción de tutela, sino el incidente de cumplimiento que se prevé en el artículo 27 del estatuto arriba mencionado, y en caso dado, las acciones disciplinarias o penales a que pudiera haber lugar por desacato a decisión judicial obligatoria.

"Esto último porque si el tutelante consideró incumplido el amparo por la Sala tutelada, debió intentar dicho incidente. Si no lo hizo, no puede una nueva tutela sustituir o reparar la omisión en que aquél incurrió”.

Rafael Antonio Salamanca solicitó al Consejo Superior de la Judicatura revocar ese fallo, pues en su opinión es absolutamente ilegal, injusto y equivocado, ya que el Banco Bancafé no es parte en el proceso y, por tanto, tampoco tiene facultad para impugnar la sentencia que no fue recurrida por la parte demandada.

Por medio de auto del 21 de octubre de 1999 (fls. 88-91 segundo cdno. original), el Consejo Superior de la Judicatura resolvió abstenerse de resolver la solicitud de revocatoria y, en cambio, declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto del 7 de septiembre de 1999, por medio del cual, el Consejo Seccional concedió, la impugnación propuesta por el Banco Bancafé, pues consideró: “como la Sala Civil de Decisión demandada guardó silencio frente a la sentencia adoptada por el juez de instancia, su coadyuvante, el Banco Bancafé, carecía de legitimidad para proponer la impugnación que postuló. La Sala en consecuencia, ha debido abstenerse de decidir la alzada, por carecer de competencia” (fl. 90 segundo cdno. original).

II. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de instancia proferidos en el trámite de este proceso, en virtud de los artículos 86 y 241 de la Carta Política; corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas adoptar la decisión respectiva, según el reglamento interno, y el auto de la Sala de selección número dos del 22 de febrero de 2000.

2. Problemas Jurídicos a resolver.

El primer asunto a considerar en la revisión de los fallos de instancia proferidos en el trámite de este proceso, es el planteado en la solicitud de amparo por el actor: ¿viola el derecho al debido proceso, el juez ordinario que recibió del juez de tutela la orden de fallar nuevamente un asunto, cuando al acatar tal orden renuncia a aplicar su propio criterio, y acoge de manera acrítica la valoración de los medios de prueba que realizó el juez constitucional?

En segundo lugar, debe considerar esta Sala si el tercero interesado en el proceso de amparo está facultado para impugnar el fallo de primera instancia que resulta adverso a sus intereses, o si está limitado, como afirmaron el actor y el Consejo Superior de la Judicatura, a coadyuvar el recurso que eventualmente interponga la autoridad demandada.

Finalmente, esta Sala estudiará si procedía esta acción de tutela, cuando el actor podía acudir al incidente de desacato como mecanismo judicial alterno para la defensa del derecho presuntamente vulnerado.

3. La libertad funcional del juez es irrenunciable.

El comportamiento de la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá fue tachado por el actor como constitutivo de una vía de hecho, porque el juez de tutela le ordenó a esa corporación resolver nuevamente un recurso de apelación, y valorar todos los medios de prueba aportados al incidente de regulación de perjuicios según su criterio, y la Sala demandada, en lugar de ejercer su libertad funcional, resolvió limitarse a acoger el criterio valorativo del juez de amparo; así lo hizo constar en las consideraciones de su providencia, con las siguientes expresiones:

“Para esta Sala de Decisión, entonces, el Juez Constitucional le plantea, en el fondo, no una formal disyuntiva —apreciar la prueba “según su criterio”— sino una imperativa valoración probatoria. Así, considerando que la acción de tutela sólo opera frente a derechos constitucionales fundamentales al mismo tiempo que los razonamientos que expone su fallador son de la misma estirpe, mal puede el juez ordinario controvertirlos porque su posición está limitada al obedecimiento. Ese es, en el sentir de la Sala, la aplicación del rígido ordenamiento constitucional y legal de la institución de tutela. La tendencia doctrinaria y jurisprudencial del llamado “nuevo derecho” que paulatinamente se ha venido imponiendo, impide el desobedecimiento de lo mandado por el juez constitucional porque este tiene una jurisdicción absoluta.

Por tanto, la Sala Civil de Decisión no puede hacer otra cosa que acoger el criterio valorativo de la prueba esbozado por el juez de tutela en este asunto, para tener por no demostrados los perjuicios cuarto y quinto por el incidentante. Consecuentemente deberá condenarse al incidentante al pago de las costas del incidente y las correspondientes al recurso” (fl. 181 cdno. anexo 1º).

De esa manera, es claro que la Sala de Decisión demandada sí violó el derecho del actor al debido proceso, pues desatendió lo prescrito en el artículo 230 de la Carta Política, según el cual, “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.

Al respecto, vale la pena resaltar que la Corte Constitucional, por medio de la sentencia 131 de 1993 (1) , declaró inexequible el artículo 23 del Decreto Legislativo 2067 de 1991, precisamente porque, en abierta contradicción con el artículo 230 superior, esa norma ordenaba tener la doctrina constitucional como criterio auxiliar obligatorio. Además, en la Sentencia C-083 de 1995 (2) , resolvió sobre la constitucionalidad del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, y en esa oportunidad aclaró:

(1) M. P. Alejandro Martínez Caballero.

(2) M. P. Carlos Gaviria Díaz.

“... conviene precisar que no hay contradicción entre la tesis que aquí se afirma y la Sentencia C-131 de 1993, que declaró inexequible el artículo 23 del Decreto Legislativo 2067 de 1991 en el cual se ordenaba tener “como criterio auxiliar obligatorio” “la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional” , mandato, ese sí, claramente violatorio del artículo 230 superior. Lo que hace, en cambio, el artículo 8º que se examina —valga la insistencia— es referir a las normas constitucionales, como una modalidad del derecho legislado, para que sirvan como fundamento inmediato de la sentencia, cuando el caso sub judice no está previsto en la ley. La cualificación adicional de que si las normas que van a aplicarse han sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese modo deben aplicarse, constituye, se repite, una razonable exigencia en guarda de la seguridad jurídica” (negrilla fuera del texto).

No cabe duda entonces: la Sala Civil de Decisión demandada se apartó del derecho vigente y, en contra de las normas procesales y constitucionales, renunció indebidamente a la libertad funcional que le corresponde, por lo que su comportamiento constituye una clara vía de hecho. Sin embargo, en este caso, como se considerará más adelante, eso no hace que sea procedente la acción de tutela.

4. El derecho del tercero interesado a impugnar la sentencia de primera instancia.

Luego de adoptar la sentencia de segunda instancia, el Consejo Superior de la Judicatura acogió una petición del actor, y resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado desde el auto por medio del cual el Consejo Seccional de Cundinamarca concedió la impugnación al Banco Bancafé. Según la consideración del Consejo Superior, el tercero interesado sólo puede concurrir al proceso de tutela como coadyuvante y, en tal calidad, no puede interponer recurso alguno contra la sentencia de instancia que la parte se abstenga de impugnar.

Al respecto debe anotar esta Sala que tal decisión y la consideración en que se basa son contrarias a la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional (3) , e inaceptables; el tercero que se admite en el proceso de tutela como coadyuvante de una de las partes, es aquél cuyo derecho puede resultar afectado por la sentencia que adopte el juez de amparo y, por tal razón, a quien se debe garantizar el derecho a la defensa de su interés en el proceso; si a esa persona se le niega legitimidad para impugnar la decisión de primera instancia que le resulte adversa, por la sola razón de que la parte demandada omitió interponer ese recurso, lo que se hace es entregar a esta parte la disposición sobre el derecho del tercero, en abierta contradicción con lo previsto en el artículo 228 de la Carta Política, en el que se establece que en las actuaciones de la administración de justicia “...prevalecerá el derecho sustancial... ”

(3) Véanse, entre otras, las sentencias T-455, T-459, T-501, T-568 y T-609 de 1992; T-146, T-263 y T-410 de 1993; T-034, T-035 y T-293 de 1994; T-118, T-368 y T-530 de 1995; T-043 de 1996; T-162, T-247 y T-316 de 1997; T-657 de 1998; T-706 de 1999; y los autos 011 de 1993; 001, 017, 022, 023 y 029 de 1994; 003, 009 y 012 de 1995; 051 de 1996; 004 y 048 de 1999.

En la Sentencia T-043 de 1996 (4) esta corporación consideró al respecto que:

(4) M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

“... el interés en la decisión judicial viene a ser elemento relevante para configurar la legitimidad de quien impugna, ya que sería injusto y contrario a toda lógica que el tercero afectado con aquella, pese a no haber sido parte, tuviera que sufrir las consecuencias negativas de la misma sin poder acudir al superior jerárquico, en ejercicio de la impugnación, para obtener que en el caso se examinen sus circunstancias y su situación jurídica a la luz del derecho que aplica el juez de tutela”.

“Negar la impugnación en tales circunstancias habría representado flagrante desfiguración del derecho a impugnar consagrado en el artículo 86 de la Carta, violación abierta de los artículos 29 y 31 ibídem e inconcebible obstrucción del acceso a la administración de justicia. (Art. 229 de la Constitución).

De esta manera, resulta claro que la declaración de nulidad proferida por el Consejo Superior de la Judicatura no tiene fundamento; sin embargo, eso no significa que se deba confirmar alguna de las sentencias de instancia ni —como se verá en la siguiente consideración—, que la acción de tutela bajo revisión sea procedente.

5. La acción de tutela no procede cuando se la usa para suplantar el incidente de desacato.

La sentencia de tutela por medio de la cual el juez de amparo ordenó a la Sala Civil demandada resolver nuevamente sobre la regulación de los perjuicios causados, claramente indicó que esa corporación debía, “...fallar nuevamente la segunda instancia, teniendo en cuenta la totalidad de las pruebas recaudadas, las que apreciará según su criterio...” (negrilla fuera del texto); no otra cosa podía ordenar sin violar los artículos 86 y 230 de la Carta Política. Y ya que la corporación demandada se apartó de esa orden, e incurrió en un comportamiento que, como ya se consideró en el aparte 3, constituye una vía de hecho, en contra de esa actuación irregular procedía el incidente de desacato, ante el mismo juez que otorgó la tutela y expidió la orden desacatada.

En efecto, el 12 de enero de 2000, el apoderado judicial del Banco Bancafé aportó a este proceso de tutela, una copia del auto del 19 de noviembre de 1999, mediante el cual, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá que otorgó la primera tutela, puso fin al “incidente de desacato promovido por Bancafé, sociedad anónima de economía mixta contra la Sala de Decisión integrada por los Magistrados Carlos Julio Moya Colmenares, Humberto Alfonso Niño Ortega y Manuel José Pardo Caro” (fls. 174-190 segundo cdno. original).

En dicha providencia, la Sala que expidió la orden desacatada resolvió: “1. Declarar que los doctores Carlos Julio Moya Colmenares, Humberto Alfonso Niño Ortega y Manuel José Pardo Caro incurrieron en desacato al incumplir la orden contenida en el fallo de tutela proferido el 30 de junio de 1999. 2. Imponer como sanción a los citados magistrados multa de dos salarios mínimos mensuales. En su oportunidad líbrese la correspondiente comunicación” (fl. 185 segundo cdno. original).

De esa manera, es inevitable concluir que la acción que se revisa es improcedente, puesto que el actor contaba con otro mecanismo judicial para la defensa de sus derechos; en consecuencia, esta tutela debió ser rechazada por el Consejo Seccional de la Judicatura.

Las consideraciones anteriores, indican que esta Sala de Revisión debe revocar los fallos de instancia y, en su lugar, rechazar por improcedente la tutela instaurada por Rafael Antonio Salamanca.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Revocar los fallos adoptados por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Consejo Superior de la Judicatura, dentro de la acción de tutela instaurada por Rafael Antonio Salamanca contra la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá compuesta por los Magistrados Carlos Julio Moya Colmenares, Humberto Alfonso Niño Ortega y Manuel José Pardo Caro; en su lugar, rechazar por improcedente la acción, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Por secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

Magistrados: Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo—Alejandro Martínez Caballero. 

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, secretaria general.

La suscrita secretaria general de la Corte Constitucional

HACE CONSTAR:

Que el H. magistrado, doctor Alejandro Martínez Caballero, no firma la presente sentencia por encontrarse en comisión oficial en el exterior.

Marcha Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

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