Sentencia T-609 de diciembre 14 de 1992 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

LIBERTAD DE PRENSA

VERACIDAD E IMPARCIALIDAD

EXTRACTOS: «Cabe reiterar la jurisprudencia de la Corte en materia de la libertad de expresión por los medios masivos de información y periodísticos. Se ha advertido que la libertad periodística es un derecho fundamental de especial relevancia, amparado por el artículo 20 de la Carta, pues constituye una forma de desarrollo de la libertad de expresar y difundir el pensamiento sea propio o ajeno, de manifestar opiniones, de dar y recibir informaciones y de fundar medios masivos de comunicación; además se ha indicado que dentro del marco de las regulaciones de la nueva Constitución adquiere especial protección y se le rodea de garantías más amplias que las que contenía la Carta de 1886.

También se ha advertido en diversas oportunidades que este derecho no queda circunscrito en su importancia a lo que corresponde a la persona individualmente considerada, sino que por su trascendencia atañe a los intereses de todas las colectividades, tanto que forma parte de los más destacados instrumentos constitucionales de las naciones democráticas y de las declaraciones internacionales de derechos humanos. En su consagración constitucional en nuestro país, dicha libertad aparecer reforzada con instituciones especiales como las que consagran el artículo 73 de la Carta de 1991 que establecen que la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional, y la garantía especial que aparece en el inciso final del citado artículo 20 que establece que no habrá censura.

La libertad de prensa como es conocida de modo especial, consiste en el derecho fundamental para publicar y difundir las ideas por cualquier medio gráfico y es una de las características de todo régimen democrático puesto que propicia el pluralismo político e ideológico; su finalidad más trascendental es la de permitir que exista un espacio propicio para controlar los actos de los gobernantes y para indicar derroteros a los asociados, todo lo cual en principio le da a ella en el cuadro de regulaciones constitucionales una posición preferente ante los poderes públicos y ante otros derechos fundamentales autodisponibles.

Empero, este derecho como todos los demás dentro de los presupuestos normativos y programáticos de la Carta Constitucional no es absoluto y ha de respetar el núcleo esencial de los derechos de los demás y en los casos especiales autorizados por el Constituyente, las regulaciones legales que se expidan para su ámbito de disfrute; igualmente cabe advertir que dicha libertad no presupone que sus titulares y en su ejercicio queden desligados del ordenamiento jurídico en general que se endereza a la protección de otros derechos y libertades, por el contrario, todas las personas en nuestro país deben sometimiento al orden jurídico y este comporta limitaciones dentro del marco de la Constitución al disfrute y ejercicio de los derechos cuando quiera que se atente contra los demás y sus derechos. Por esencia este derecho entra en relación con otros de igual importancia y debe convivir en su ejercicio con ellos; por tanto, no se puede desconocer que el inciso 2o del artículo 20 de la Carta destaca como fundamental característica de este el de su responsabilidad social cuando se ejerce en los medios masivos de comunicación social.

En este sentido, es bien claro que dichos medios no pueden constituirse en instrumentos de poder omnímodo y arbitrario de intereses parciales de la sociedad, sustraídos del ordenamiento positivo y de las responsabilidades penales o económicas que puedan derivarse de los daños causados a los demás. Como bien lo advirtió la Corte Constitucional, es realmente significativa la relación en la que pueden entrar el ejercicio de la libertad de expresión en medios masivos de comunicación o de prensa con los restantes derechos fundamentales tales como el derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre, a la dignidad y los derechos fundamentales de los niños consagrados de modo prevalente en el artículo 44 de la Carta.

Obsérvese que la primera limitación a este derecho es la que impone el deber de informar con veracidad e imparcialidad que establece el artículo 20 de la Carta en su inciso primero; ésta se halla complementada por lo dispuesto por el Código Penal en sus artículos 313 y siguientes y por lo señalado por el Código del Menor en su artículo 25. En las regulaciones penales se establece que la injuria y la calumnia como modalidades delictivas que atentan contra el bien jurídico de la integridad moral, son objeto de la influencia de circunstancias de graduación de la pena cuando estos se cometieren utilizando cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva.

Desde luego, el ejercicio legítimo de este derecho constitucional fundamental a la libertad de prensa está amparado en su relación con el honor y el buen nombre, por la exigencia de la veracidad de la información; este es el primero de los límites que impone la Carta para su ejercicio, sin que implique la exigencia de la absoluta determinación sobre la certeza de la existencia de los hechos objeto de la publicación ni la absoluta irresponsabilidad o negligencia del informador ni del medio. Lo que presupone es el manejo serio y la presentación ponderada de los hechos y de las reflexiones que, sin conducir al silencio, sea producto de la madura reflexión de los efectos que genera la publicación y la difusión masiva de aquellos, dadas las circunstancias particulares del caso. Obviamente, el informador queda a todas luces amparado constitucionalmente para formular y demostrar, en el eventual e hipotético juicio penal por la infracción a algunas modalidades de atentados a los bienes jurídicos de la integridad moral, no solo la ausencia de culpabilidad por su acción sino, además, para demostrar la veracidad de la información vertida por el medio o cuando menos la ponderada evaluación profesional de la información recibida y reproducida.

Además, la imparcialidad que es otro de los límites constitucionales de la libertad de prensa, presupone que el informador debe guardar sobre la persona respecto de la cual publica hechos y comentarios objeto ya de juicio público sancionatorio, ora de decisiones judiciales, penales, civiles o administrativas, y disciplinarias, mínimas legales de respeto y consideración sin comportar adhesiones o designios anticipados o de prevención en favor o en contra que puedan incidir en la alteración del resultado recto y justo que se espera en todo Estado de derecho para aquellos casos.

De esta manera la libertad de prensa en cuanto modalidad constitucional de la libertad de expresión exige, para que su ejercicio sea veraz e imparcial y en lo que se relaciona con el derecho constitucional fundamental a la honra, al buen nombre y a la dignidad de las personas, que sea profesionalmente conducida y administrada tal como lo ordena el artículo 73 de la Constitución y que, por lo mismo, las expresiones que utilice no sean injuriosas, difamantes, arbitrarias, calumniosas e innecesarias.

(...).

Hechas las anteriores advertencias esta Sala de la Corte Constitucional encuentra que en el caso de las informaciones de prensa que aparecen reseñadas, no obstante ser atacadas como inexactas y erróneas por la peticionaria y atentatorias de sus derechos a la honra, al buen nombre y a la dignidad, no fueron objeto de la solicitud de rectificación exigida por el Decreto 2591 de 1991 (art. 42 num. 7o); así las cosas, siendo claro que no se cumplió con el requisito consagrado en la ley para que procediera la acción de tutela contra particulares, no correspondía conceder el amparo solicitado.

(...).

En efecto, como lo señaló el juez de primera instancia al negar la petición de tutela, no se demostró el cumplimiento del requisito establecido en el numeral 7o del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que establece que “cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas... se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma”.

Por tanto el juez, al comprobar la no existencia de la rectificación procedió conforme a la Constitución y a la ley, a negar la petición de tutela. Además como se advirtio, se trata del ejercicio de la acción de tutela contra particulares que está sometida a las regulaciones que establezca la ley (art. 86 C. N.). Igualmente se reitera la advertencia que señala que en relación con la protección judicial de derechos como los que contienen los bienes jurídicos a la integridad moral protegidos por la ley, el Código Penal consagra las figuras de la injuria y de la calumnia a las que se puede acudir para efectos de obtener las sanciones que correspondan sobre la persona de quien, en la modalidad delictiva que proceda, atente contra dicho bien de rango legal; empero, para obtener del medio de comunicación y por vía de la acción de tutela la eventual reparación y del juez la orden de amparo que tutele los derechos constitucionales fundamentales, previamente se debe solicitar la rectificación advertida y demostrar que aquella no fue atendida en condiciones de equidad.

La Corte advierte que los cargos y aseveraciones formulados contra la Contralora corresponden a situaciones que pueden ser examinadas por las autoridades competentes; sin embargo suele ocurrir que se produzcan excesos y demasías en el ejercicio de la libertad de prensa, que en las voces de la Constitución exige la responsabilidad social. Este fenómeno que no es aislado ni excepcional, se agudiza y agrava cuando el medio utilizado es la caricatura o la fotocomposición, el cual es muy difícil si no imposible rectificar, en el caso de que lesione la honra, el buen nombre y la imagen de las personas.

Esta forma gráfica compuesta de expresiones del pensamiento se erige sobre la previa definición de un concepto o idea del autor ante una persona o una cosa o fenómeno que en ella se representa y se traduce en la elaboración de una figura en la que se deforman los objetos de la obra. Ello implica un alto y muy lúcido sentido de responsabilidad y rectitud en manos de quienes tienen a su disposición un tan delicado y disolvente instrumento para calificar las conductas de funcionarios y personas, mucho más cuando se elabora para ser difundida en medios masivos de comunicación y en efecto se publica acompañando campañas informativas que desconocen los elementales principios jurídicos de la imparcialidad, como es el caso que presenta la peticionaria.

Esta Corporación encuentra que las expresiones gráficas que caricaturizan la figura y el nombre de la peticionaria son en verdad abusivas, desproporcionadas y denigrantes en alto grado; no se compadecen con el ejercicio de la libertad de prensa, ni con la libertad de expresión en medios masivos de comunicación, los que por mandato constitucional tienen responsabilidad social. Además, rompen con cualquier medida de trato digno y con las conocidas reglas de la urbanidad y de la educación cívica, que tanta falta hacen en momentos como los que vive el país. Destaca la Corte Constitucional que en el caso bajo examen el citado suplemento dominical del Diario La Patria fue más allá de los límites del respeto y de imparcialidad que le corresponde como medio masivo de comunicación a la luz de las reglas de la Carta Fundamental. Conductas como la descrita y que en efecto aparecen acreditadas en el expediente que fue enviado a la Corte, ameritan el rechazo categórico de cualquier persona civilizada que estime a sus semejantes y al propio genero humano y no deben ser objeto de consideraciones plausibles de ninguna especie.

Pero además, no se compadece con la Carta Fundamental de los colombianos que en aras de la alta misión y de las responsabilidades de la prensa se denigre de una persona respecto de la cual no existe cargo o imputación en trámite ante las autoridades penales o disciplinarias competentes, colocándola en situación de desmedro de su imagen y de su buen nombre e incidiendo sobre el eventual juicio que corresponda, en especial sobre el electorado».

(Sentencia T-609 de diciembre 14 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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