Sentencia T-613 de junio 25 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CUARTA DE REVISIÓN

Sentencia T-613 de 2004 

Ref.: Expediente T-861359

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Córdoba Triviño

Acción de tutela instaurada por Sergio Aldana Murayari contra Cajanal.

Bogotá, D.C., veinticinco de junio de dos mil cuatro.

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente

Sentencia

En el proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá, el 15 de enero de 2004.

I. Antecedentes

1. Hechos.

El señor Sergio Aldana Murayari, actuando a través de apoderado interpone acción de tutela contra Cajanal por considerar lesionado su derecho de petición. Lo anterior, por cuanto desde el 5 de agosto de 2003 radicó en dicha entidad solicitud de reliquidación de su pensión gracia, sin que hasta la fecha de presentación de la acción de tutela (dic. 18/2003) haya obtenido respuesta.

2. Posición de la entidad demandada.

Una vez avocado conocimiento por parte del juez de instancia se notificó a la entidad demandada con el fin de que precisara si había dado respuesta a la petición del actor. No obstante, Cajanal no hizo ningún pronunciamiento sobre el particular.

II. Decisión judicial objeto de revisión

El Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá, D.C., mediante fallo del 15 de enero de 2004, denegó la tutela interpuesta por considerar que no existió violación del derecho de petición.

Señala que en el caso objeto de estudio no había transcurrido el término de seis (6) meses establecido por la Corte Constitucional, para que las entidades públicas y privadas del sistema general de pensiones y cesantías adelanten los trámites necesarios para resolver las solicitudes de pensión y comenzar a realizar los pagos correspondientes.

El fallo no fue impugnado.

III. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Problema jurídico.

En esta oportunidad la Sala debe determinar: i) cuál es el plazo con que contaba Cajanal para resolver la petición del accionante, y ii) si la falta de respuesta(sic) dicha entidad conculcó su derecho constitucional fundamental de petición.

2. El derecho constitucional de petición en materia pensional. Término para la resolución de solicitudes de reliquidación de pensión. Reiteración de jurisprudencia.

A partir del análisis del contenido del artículo 23 superior, esta corporación ha sostenido que el derecho de petición tiene el carácter de derecho constitucional fundamental, por ello el mecanismo constitucional para lograr su protección cuando quiera que este resulte amenazado o vulnerado por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública y en ciertos eventos por los particulares, es la acción de tutela ante la ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz para hacer efectiva su garantía.

El derecho de petición no solo permite a la persona que lo ejerce presentar la solicitud respetuosa, sino que implica la facultad para exigir de la autoridad a quien le fue formulado una respuesta de fondo y oportuna del asunto sometido a su consideración.

En este sentido, la respuesta que se dé de las peticiones debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Debe ser oportuna, esto es, resolverse dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, que en todo caso debe ser un plazo razonable;

b) Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, por esta razón las respuestas evasivas constituyen prueba de la violación del derecho de petición, y

c) Debe ser puesta en conocimiento del peticionario, puesto que de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si esta se reserva para sí el sentido de lo decidido.

La Corte Constitucional ha fijado las reglas que deben tener en cuenta todos los operadores jurídicos al aplicar este derecho fundamental, las cuales se encuentran, entre otras, en la Sentencia T-1160A de 2001(1) cuyo contenido se reitera en esta providencia.

En lo que respecta al derecho de petición en materia pensional, esto es aquellas solicitudes orientadas a tramitar el reconocimiento, reliquidación, reajuste o pago de una pensión, la Corte, con ocasión de la disímil aplicación de las normas que regulan esos temas(2), fijó la interpretación de las mismas a la luz de la Constitución Política y concretamente de uno de los elementos del núcleo esencial de derecho de petición (C.P., art. 23), esto es, su pronta resolución(3).

Como resultado de la evolución jurisprudencial en este tema y con el fin de fijar la posición a seguir ante la existencia de criterios en ocasiones contradictorios(4) de las diferentes Salas de Revisión, mediante la Sentencia de Unificación 975 de 2003(5) se indicaron los plazos con que cuentan las autoridades (CCA, art. 1º) para dar respuesta a las peticiones en materia pensional y de esa manera garantizar la efectividad de este derecho.

Así se concluyó que el plazo es:

• De quince (15) días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional “en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo”(6).

• De cuatro (4) meses para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional (reconocimiento de pensiones de vejez(7) e invalidez así como las relativas a reliquidación y reajuste de las mismas).

• De seis (6) meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales.

Todos estos plazos contados por supuesto desde el momento en que se eleve la respectiva solicitud de reconocimiento pensional, reliquidación, reajuste y pago o de información sobre el trámite por parte del interesado.

En este mismo sentido es menester recordar que en tratándose de peticiones relacionadas con pensiones, las autoridades encargadas de resolver este tipo de solicitudes no pueden soslayar la relevancia que una pronta y efectiva respuesta tiene para la protección de otros derechos consagrados en la Constitución como la seguridad social y el mínimo vital de las diferentes personas que formulan este tipo de pedimentos dentro de los cuales en algunos casos se encuentran personas titulares de protección especial por parte del Estado como los niños (C.P., art. 44), las personas en circunstancias de debilidad manifiesta por sus condiciones económicas, físicas o mentales (C.P., art. 13), las personas de la tercera edad (art. 46), los discapacitados (C.P., art. 47) y las mujeres cabeza de familia (C.P., art. 43) y que por lo mismo, exigen una mayor diligencia por parte de dichas autoridades(8).

Adicionalmente, debe precisarse que el término de cuatro meses no es aplicable en el caso en que se trate del reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, por cuanto allí opera el término fijado por el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, esto es, máximo “dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho”(9).

De esta manera, la vulneración a la pronta resolución como elemento del núcleo esencial del derecho fundamental de petición en materia pensional, se configura cuando la autoridad encargada de resolver este tipo de solicitudes incumple los términos atrás expuestos. Contrario sensu si al momento de la presentación de la acción de tutela todavía no han vencido dichos plazos, el juez de tutela deberá denegarla e incluso de darse los requisitos fijados tanto en la ley como en la jurisprudencia de esta corporación “condenar al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad”(10).

3. Caso concreto.

En el presente asunto la acción de tutela estaba orientada a obtener protección constitucional del derecho de petición el cual consideró vulnerado el actor, con la omisión de Cajanal de resolver su solicitud de reliquidación de pensión gracia radicada el 5 de agosto de 2003.

Conforme se ha explicado el término con que cuentan los operadores públicos y privados del sistema general de pensiones para resolver las peticiones relativas a la reliquidación es de cuatro (4) meses contados a partir de la presentación de las mismas(11), en el caso del señor Sergio Aldana Murayari quien presentó su solicitud el 5 de agosto de 2003, es claro que Cajanal contaba hasta el 5 de diciembre de dicho año para dar respuesta, la cual al no haber sido emitida dentro de dicho plazo vulneró su derecho fundamental de petición.

El argumento del a quo en el sentido de considerar de seis (6) meses el término para resolver peticiones como la del actor, conforme a las consideraciones expuestas no fue acertada, razón por la cual el fallo habrá de revocarse y en su lugar, se concederá el amparo constitucional de dicho derecho fundamental.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá, el 15 de enero de 2004, por las razones expuestas en esta providencia.

2. CONCEDER la protección constitucional del derecho de petición solicitado por el señor Sergio Aldana Murayari y en consecuencia, ORDENAR al representante legal de Cajanal, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de este fallo, expida, si aún no lo ha hecho, el acto administrativo que resuelva de manera clara, precisa y de fondo la solicitud elevada por el actor.

(sic)4. Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

________________

(1) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(2) En el sistema general de pensiones los plazos para atender las diferentes peticiones en esta materia están regulados, entre otras normas, por el Código Contencioso Administrativo, el Decreto-Ley 656 de 1994, la Ley 700 de 2001, la Ley 717 de 2000, la Ley 797 de 2003 y el Decreto Reglamentario 510 de 2003.

(3) Corte Constitucional. Sentencia T-426 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(4) En lo referente al término con que cuentan las autoridades para resolver las peticiones de reliquidación pensional la jurisprudencia había adoptado dos posiciones contrarias. Una acogida, entre otras, por la Salas Quinta y Novena de Revisión que prohijaban la tesis según la cual dicho plazo era de cuatro (4) meses (Sent. T-422 y T-392/2003); y, otra en la que el término era de quince (15) días, aplicada por las Salas Sexta y Séptima de Revisión (Sent. T-365 y 588/2003).

(5) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(6) Ídem.

(7) En el caso específico de la pensión de vejez el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 establece que “Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte”.

(8) Corte Constitucional. Sentencias T-1104 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-588 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, entre otras.

(9) En este sentido, pueden estudiarse las sentencias T-051 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T- 304 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-605 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería, T-907 y T-1229 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.

(10) Cfr. Artículo 25 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

(11) En el mismo sentido pueden consultarse las sentencias T-05 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-091 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

______________________________