Sentencia T-616 de julio 28 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA SEXTA DE REVISIÓN

Sentencia T-616 de 2003 

Ref.: T-727550.

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Peticionario: Enrique Prieto Vargas

Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Civil, Laboral y de Familia.

Bogotá, D.C., veintiocho de julio de dos mil tres.

La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Montealegre Lynett, Álvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente

Sentencia

En el proceso de revisión de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el diez y siete (17) de marzo de dos mil tres (2003).

I. Hechos

1. Enrique Prieto Vargas, accionante de la presente tutela, presentó demanda ejecutiva de mayor cuantía en contra de José Guillermo Gómez y de Gloria Morales, la cual le fue asignada al Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso.

2. Dentro del término legal los demandados formularon excepción de mérito de prescripción de la acción cambiaria o acción ejecutiva. El juez encontró probada la excepción propuesta y la sentencia fue fallada a favor de los demandados.

3. La decisión fue apelada el 15 de mayo de 2002, y la decisión le correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Laboral, Civil y de Familia.

4. A pesar de que el 15 de agosto de 2003 las partes presentaron memorial mediante el cual la parte ejecutada desistía a la excepción de prescripción de la acción cambiaria presentada en el recurso de reposición, y la parte demandante desistía de la apelación interpuesta, el tribunal falló sin tenerlo en cuenta. Fundamentó su decisión en que dicho desistimiento se allegó cuando se encontraba debidamente registrado el proyecto de fallo que desataba el recurso en discusión en los despachos de la Sala Primera de Decisión Civil Familia Laboral, y se decidió una vez deliberado y aprobado, lo cual tornó en inoportuna la petición. El escrito de desistimiento dice: “Obrando como partes en el proceso de la referencia, comedidamente manifestamos que la parte ejecutada desiste o renuncia a la excepción de prescripción de la acción cambiaría. A su vez la parte demandante desiste de la apelación interpuesta. Como este es una acuerdo entre partes, conjuntamente se conviene entre las partes que no haya condenación en costas en ninguna de las dos instancias”.

5. Solicita el accionante que se revoque la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2002 por la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, la cual confirmó el fallo dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso, al igual que la revocación del auto del 8 de octubre de 2002 proferido por esa misma Sala, en el que se denegaba el desistimiento del recurso de apelación y la renuncia a las excepciones presentadas, y en su lugar se conceda la protección a su derecho al debido proceso.

II. Pruebas

1. Copia del expediente del proceso ejecutivo de mayor cuantía promovido ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso, por Enrique Prieto Vargas y en contra de José Guillermo Gómez y Gloria Morales. Fecha de iniciación, 10 de mayo de 2002 (fl. 9).

2. Copia del expediente de segunda instancia del proceso ejecutivo de Enrique Prieto Vargas en contra de José Guillermo Gómez y Gloria Morales. Fecha de repartimiento, 19 de mayo de 2002 (fl. 47).

3. Escrito de desistimiento presentado por las partes, el 15 de agosto de 2002, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en el que la parte ejecutada desistía de la excepción de prescripción de la acción cambiaria presentada en el recurso de reposición, y la parte demandante desistía de la apelación interpuesta (fl. 77).

4. Oficio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Civil, Laboral y de Familia, con fecha del 2 de septiembre de 2002, en el que devuelve a la secretaría el memorial presentado por las partes el 15 de agosto de 2002, con el fin de que se anexe al proceso y pase al despacho una vez se surta el trámite de rigor del proyecto de fallo que desata el recurso. Esto, teniendo en cuenta que el desistimiento del recurso, como de las excepciones, se presentó encontrándose el proceso con proyecto debidamente registrado, y en la fecha para notificar la sentencia aprobada (fl. 78).

5. Decisión de la Sala Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Civil, Laboral y de Familia, el escrito en el que la parte ejecutada desistía a la excepción de prescripción de la acción cambiaria presentada en el recurso de reposición, y la parte demandante desistía de la apelación interpuesta. Como el escrito fue presentado el 15 de agosto de 2002, cuando se encontraba registrado el proyecto, el tribunal consideró que la petición no se elevó por lo menos antes de registrado el fallo de segundo grado. Por lo tanto resolvió denegar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado, y la renuncia de la excepción de prescripción, y ordenó que se prescinda de la tasación de las costas impuestas en el numeral segundo del fallo del 2 de septiembre de 2002 (fl. 81).

III. Decisiones judiciales

A. Primera instancia.

En sentencia del diez y siete (17) de febrero de dos mil tres (2003), la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, decidió conceder a Enrique Prieto Vargas la acción de tutela que interpuso en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Civil, Laboral y de Familia, por encontrar violado su derecho al debido proceso. Las principales consideraciones de la Corte Suprema para resolver fueron las siguientes: 1. “es claro que la acción de tutela no puede actuar contra providencias o actuaciones judiciales, excepto en los circunscritos casos en que las mismas entrañen una vía de hecho”; 2. “En el caso bajo juicio, el tribunal accionado dictó la sentencia de segunda instancia haciendo caso omiso del memorial de desistimiento, que con anterioridad había entrado al despacho de la magistrada ponente, bajo el argumento de que el proceso se encontraba con proyecto debidamente registrado, el cual pretende socavar el nítido derecho del demandante, de presentarlo mientras no se haya dictado sentencia que ponga fin al proceso. Por lo que la conducta asumida por el tribunal, de devolver a la secretaría el memorial de desistimiento sin resolver, pero simultáneamente dictar la sentencia de segunda instancia, es imponer la voluntad del juzgador por encima del querer del legislador, lo que la hace alejada de toda razonabilidad e inmersa en el laberinto de la vía de hecho. El pronunciamiento tardío sobre la solicitud de desistimiento y los posibles recursos de reposición y súplica de que pudieran disponer las partes ante la decisión negativa, resultan intrascendentes frente a la sentencia de segunda instancia, que sólo le restaban algunas ritualidades procesales para adquirir firmeza, y por ello se tornaba irreversible, independientemente de la decisión que se tomara sobre el desistimiento presentado”; 3. “Así las cosas, procede dejar sin efecto alguno el fallo de 2 de septiembre de 2002 y el auto de 8 de octubre del mismo año, proferidos por el tribunal accionado, para en su lugar conceder la tutela y ordenar al tribunal superior de distrito judicial de Santa Rosa de Viterbo que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, a efectos de que en el proceso ejecutivo del accionante contra José Guillermo Gómez y Gloria Morales se pronuncie nuevamente sobre el memorial de desistimiento oportunamente presentado”. La Corte ordenó dejar sin valor y efecto alguno la sentencia de 2 de septiembre de 2002 y el auto de 8 de octubre de 2002, proferidos por el tribunal accionado, y en su lugar se ordena a dicha corporación que en el término de cuarenta y ocho horas dentro del proceso ejecutivo del accionante contra José Guillermo Gómez y Gloria Morales se pronuncie nuevamente sobre el desistimiento oportunamente presentado.

Recurso de apelación

El 24 de febrero de 2003 la magistrada sustanciadora del tribunal accionado presentó recurso de apelación contra el fallo de tutela proferido el 17 de febrero de 2003, con el fin de que sea revocado, y se basó en lo siguiente: “En Sala Unitaria se decidió la solicitud de desistimiento presentada por las partes, en el proceso ejecutivo promovido por el tutelante Enrique Prieto Vargas contra José Guillermo Gómez Mejía y otra, quienes no agotaron en la ejecución los medios o recursos legales dispuestos contra las providencias proferidas por el magistrado sustanciador —reposición o súplica—, situación que les impedía acudir al mecanismo subsidiario de la acción de tutela, al no ejercitarlos en las oportunidades dispuestas para tal efecto”. Señaló que “ no es suficiente la mera literalidad de la ley, para el caso del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil que permita admitir de plano la renuncia a que aluden las partes interesadas en el cobro judicial, se hace necesario establecer el momento procesal en el que se halla la respectiva instancia cuando se eleva la petición. El desistimiento suscrito por ejecutante y ejecutado se allegó cuando se encontraba debidamente registrado el proyecto de fallo que desataba el recurso de alzada en discusión en los despachos de las integrantes de la Sala Primera de Decisión Civil Familia Laboral, y se decidió una vez deliberado y aprobado, lo cual tornó en inoportuna la petición ...”.

B. Segunda instancia.

En sentencia del 18 de marzo de 2003, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió la impugnación presentada por la doctora Cándida Rosa Araque, magistrada de la Sala de Decisión Civil, Familia, Laboral, del Tribunal Superior del Distrito Judicial, contra el fallo proferido el 17 de febrero de 2002 por la Sala de Casación Civil de esa misma corporación. Decidió la Corte revocar la sentencia de tutela de primera instancia, pues consideró que en el caso en estudio lo que se busca es interponer acción de tutela contra una decisión judicial, a lo cual se opone manifiestamente. Por este motivo se abstuvo de estudiar de fondo el fallo de primera instancia, y en su lugar lo revocó.

IV. Consideraciones de la Corte Constitucional

A. Competencia.

Esta Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el Decreto 2591 de 1991, para revisar el presente fallo de tutela.

B. Fundamentos.

a) El derecho fundamental al debido proceso.

El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Por supuesto el juez está obligado a respetar el debido proceso. Es por esto que la Corte Constitucional dijo que “El juez puede hacer un uso indebido de la potestad jurisdiccional que tiene, e incurrir en actuaciones no ajustadas a derecho, arbitrarias, que vulneren derechos fundamentales del individuo como el derecho a la libertad y al debido proceso; cuando así ocurra, quien se vea afectado por esas actuaciones o decisiones, puede defender sus derechos fundamentales por vía de tutela” (1) .

(1) Sentencia C-218 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz.

Esta Corte ha definido el derecho al debido proceso “como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley” (2) .

(2) Sentencia C-641 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

Los principales objetivos del derecho al debido proceso, como lo ha manifestado la Corte, son la defensa y preservación del valor material de la justicia, “a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas. El debido proceso exige de las autoridades públicas la sujeción de sus actuaciones a los procedimientos previamente establecidos, ajenos a su propio arbitrio y destinados a preservar las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y en la ley” (3) .

(3) C-641 de 2002. En esta misma sentencia aparecen las garantías mínimas objeto de protección que el artículo 29 de la Constitución Política protege, y que son, entre otras, (i) el derecho de acceso a la administración de justicia con la presencia de un juez natural; (ii) el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación o sanción; (iii) el derecho de expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el derecho de contradecir o debatir las pretensiones o excepciones propuestas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable y sin dilaciones injustificadas y, por supuesto, (vi) el derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra.

b) Del caso en concreto.

En el presente caso la Corte Constitucional entrará a estudiar si el hecho de que el proyecto de fallo se encuentre debidamente registrado, es razón para que las partes no puedan desistir de su propósito de llegar hasta el final del proceso judicial, en virtud a que ellas mismas llegaron a un acuerdo, sin que esto sea violatorio del derecho fundamental de las partes al debido proceso.

Se comprobó en el expediente que el 15 de agosto de 2003 demandados y demandante presentaron memorial mediante el cual los primeros desistían de la excepción de prescripción de la acción cambiaría presentada en el recurso de reposición, y el segundo desistía de la apelación interpuesta. A pesar de esto, el tribunal falló sin tenerlo en cuenta, y fundamentó su decisión en que dicho desistimiento se allegó cuando se encontraba debidamente registrado el proyecto de fallo que desataba el recurso en discusión en los despachos de la Sala Primera de Decisión Civil Familia Laboral, y se decidió una vez deliberado y aprobado, lo cual tornó en inoportuna la petición.

El artículo 342 del Código de Procedimiento Civil se refiere al desistimiento de la demanda en los siguientes términos: “El demandante podrá desistir de la demanda mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga un al proceso”. De esta norma se colige el plazo que tiene el demandante para desistir de la demanda vence en el instante anterior a que el juez haya pronunciado sentencia, independientemente de que ésta haya sido notificada a las partes. Por lo tanto, el registro del proyecto de fallo, al no ser el pronunciamiento definitivo del juez sino una etapa previa a éste, no constituye límite para desistir. Resultaría contrario al espíritu y fin del proceso, que no se le permitiera al demandante conciliar el motivo por el cual entabló demanda. Sin embargo, al haber una persona puesto en marcha al aparato de justicia, la ley no puede permitir que una vez proferida sentencia ésta sea desechada por las partes. Por lo tanto, la orden dictada en el fallo deberá ser obedecida.

Ahora debe analizarse si la acción de tutela es el mecanismo procedente para evitar la violación al debido proceso del señor Enrique Prieto Vargas. Como se trata de una sentencia del tribunal superior proferida en virtud de un proceso ejecutivo, en principio únicamente procedería contra ella el recurso extraordinario de revisión (4) . Sin embargo, el objeto de estudio de esta tutela no hace parte de las causales de procedencia del recurso de revisión contenidas en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, como no existe ningún recurso ordinario ni extraordinario para atacar la providencia del tribunal, la acción de tutela es entonces la acción idónea que procede en este caso para evitar un perjuicio irremediable por violarse el debido proceso del accionante.

(4) Artículo 379 del Código de Procedimiento Civil dice: “El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema, los tribunales superiores, los jueces de circuito, municipales y de menores”.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el diez y ocho (18) de marzo de dos mil tres (2003), y en su lugar CONCEDER la acción de tutela a favor del señor Enrique Prieto Vargas, tal y como lo decidió en primera instancia la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.

2. En consecuencia, ORDENAR que se revoque la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2002 por la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, y en su lugar ORDENAR a dicha corporación que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, dentro del proceso ejecutivo del accionante en contra de José Guillermo Gómez y Gloria Morales, se pronuncie nuevamente sobre el desistimiento que fue presentado de manera oportuna.

3. Para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

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