Sentencia T-062 de febrero 19 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

DOMICILIO CONYUGAL

INGRESO Y PERMANENCIA DE PARIENTES

EXTRACTOS: «La Corte en su sentencia T-061 de 1996, ha sostenido que el derecho a la inviolabilidad del domicilio tiene como función principal asegurar a la persona un espacio limitado, protegido de toda suerte de intromi-siones externas ilegítimas, de modo que en su interior pueda desplegar libremente su personalidad y disfrutar de privacidad e intimidad. Por esta razón, el titular del domicilio dispone de facultad de decidir, con las excepciones que contempla la Constitución, todo lo relacionado con el ingreso y permanencia de otras personas dentro de su propio espacio reservado. Justamente, los ingresos, permanencias y registros no tolerados, constituyen injerencias extrañas o arbitrarias, frente a los cuales este derecho constitucional inmuniza a sus titulares y les autoriza a reaccionar.

El domicilio conyugal es esencialmente un domicilio cuya titularidad comparten los cónyuges. Como quiera que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades (C.P. art. 43) y que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre sus integrantes (C.P. art. 42), no es posible que únicamente sea el esposo el que adopte las decisiones finales sobre el ejercicio concreto del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Las permisiones de ingreso o las exclusiones de ingreso y permanencia, corresponden en un plano de igualdad a los dos cónyuges. La cotitularidad del derecho al domicilio y al goce de la intimidad familiar, indica que esta es una materia en la que, por regla general, debe primar el consenso.

La cotitularidad del derecho es compatible con el ejercicio individual del mismo, siempre que no afecte de manera ilegítima la intimidad familiar o entrañe un abuso del derecho y una ruptura de la armonía de la familia, la que se basa en la idea de respeto recíproco entre sus integrantes (C.P. art. 42).

La decisión sobre la continuación de lo que ha sido ya una permanencia prolongada del pariente de uno de los cónyuges, por las impli-caciones que tiene en la intimidad, la privacidad y en la misma economía de la familia, corresponde al género de determinaciones que se reservan a la pareja y no pueden depender de uno sólo de sus miembros.

La imposición unilateral por parte de la esposa, en este caso, desconoce que la ley no establece a cargo del demandado la obligación de procurar la manutención de su cuñado o la de alojarlo en su domicilio. Las acciones moralmente elogiables que están por fuera de los deberes legales o que las exceden, no pueden tener otro fundamento distinto que el consentimiento de quien las asume y no admiten, por lo tanto, constreñimiento alguno para su realización o para que se persista en las mismas. El ideal de vida buena no se concibe separada de un agente moral que libremente la adopta y la proyecta en sus actos. En estas condiciones, pretender anular el consentimiento del demandado, equivaldría a quebrantar su derecho al libre desarrollo de su personalidad (C.P. art. 16), pues la adopción de conductas morales no exigidas por el derecho se libra a la autonomía de la persona y como tal se incorpora en el plan individual de vida.

El respeto recíproco que entre sí se deben los cónyuges (C.P. art. 42), podría interpretarse en el sentido de que el demandado, en este caso, estaría obligado a soportar las consecuencias derivadas del cumplimiento del deber de asistencia familiar a cargo de su esposa, más aún si está de por medio el principio de solidaridad social (C.P. art. 95-2). Dado que el deber legal de la cónyuge en relación con su hermano enfermo, es autónomo, no es transmisible o comunicable a su esposo. En consecuencia, el apoyo material que se espera del demandado, no puede dejar de tener una base voluntaria. Esta conclusión se refuerza si se toma en consideración que la conducta reticente del demandado está motivada por su rechazo a asumir un comportamiento supererogatorio, al cual no se siente obligado por representar un sacrificio excesivo a su propia autonomía personal y a su derecho a gozar de una vida privada con un mayor grado de intimidad.

En realidad, resulta desproporcionado que el alojamiento permanente del hermano en el hogar que forman demandante y demandado, sea la única forma que le permite a la primera, contando con el apoyo adecuado de su esposo, satisfacer sus obligaciones familiares y que, éstas, sólo se puedan cumplir gracias al sometimiento forzoso del demandado que legalmente no está obligado a ello y que se ve en la necesidad de asumir la respectiva carga económica y soportar la injerencia indebida en su autonomía e intimidad, no obstante la existencia de varios familiares sobre los que pesa el deber de asistencia y manutención.

El camino a seguir, una vez verificado un conflicto familiar, no lo puede sugerir la Corte Constitucional que, por el momento, se limita a establecer que no viola o amenaza el derecho fundamental del pariente de su esposa que por un período de tiempo ha permanecido en su casa, el esposo que se niega a seguir brindándole hospitalidad, tanto por motivos de orden económico como por la afectación que representa para la intimidad familiar. Para la Corte resulta ilegítimo el ejercicio concreto del derecho a la inviolabilidad del domicilio que hace uno de sus cotitulares cuando el mismo se traduce para el otro titular en un sacrificio excesivo y desproporcionado respecto de su autonomía e intimidad.

Por lo expuesto, se dispondrá que mientras los esposos llegan a un acuerdo sobre la interrupción o la prolongación de la permanencia de Melquisedec, o sus familiares establecen la forma de concurrir equitativamente a su sostenimiento y manutención en caso de ser necesario, el demandado se abstendrá de ultrajarle y, en general, de realizar actos de violencia física o verbal. Con el objeto de coadyuvar a la resolución de controversia familiar de orden interno, se ordenará la Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que, a través del Defensor de Familia, adopte las medidas y las acciones que sean pertinentes».

(Sentencia T-062 de febrero 19 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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