Sentencia T-625 de agosto 25 de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CUARTA DE REVISIÓN

Reiteración de jurisprudencia

Ref.: Expediente: T-213919

Acción de tutela contra la Cooperativa de Salud del Centro de Boyacá -Coopcentro ESS por presunta violación de los derechos a la subsistencia, trabajo, igualdad y seguridad social.

Actora: Yaneth Molano Rodríguez

Tema: Procedencia de la acción de tutela para la protección del fuero de maternidad.

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Gaviria Díaz

Santafé de Bogotá, D.C., a veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Álvaro Tafur Galvis y Carlos Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente.

EXTRACTOS: «Finalmente, ha señalado que para terminar un contrato laboral cuando existe notificación del estado de gravidez de la trabajadora que cumple con sus obligaciones, deberá analizarse si las causas que originaron la contratación aún permanecen, pues de responderse afirmativamente no es dable ponerle fin al contrato de trabajo a término fijo, más aún cuando la Constitución obliga al Estado y a la sociedad a brindar una protección especial a la mujer en estado de embarazo(4). De otra parte, en sentencia T-739 de 1998 con ponencia del magistrado doctor Hernando Herrera Vergara, se expuso que: “de conformidad con el artículo 241 del Código Sustantivo del Trabajo es nulo el despido de la trabajadora que se encuentre disfrutando de los descansos remunerados en la época del parto (Capítulo V del Título VIII de ese estatuto laboral), así como “de licencia por enfermedad motivada por el embarazo o parto”, ya que se presume que el despido surge a consecuencia del embarazo o parto, caso en el cual resulta improcedente cualquier valoración relativa a causales objetivas, relevantes y justificativas de la decisión y requisitos de procedibilidad ante autoridades del trabajo para proceder al mismo; toda vez que, la situación que en esas condiciones se verifique, conlleva, indefectiblemente, la consiguiente obligación de reintegrar a la trabajadora a su puesto de trabajo”.

Esta corporación ha sostenido que, los elementos fácticos que deben quedar demostrados para que proceda el amparo transitorio del derecho a la estabilidad laboral reforzada son los siguientes: “(1) que el despido o la desvinculación se ocasionó durante el embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto; (2) que la desvinculación se produjo sin los requisitos legales pertinentes para cada caso; (3) que el empleador conocía o debía conocer el estado de embarazo de la empleada o trabajadora; (4) que el despido amenaza el mínimo vital de la actora o que la arbitrariedad resulte evidente y el daño que apareja es desvastador”(5).

De la información que reposa en el expediente se concluye, que la actora fue despedida en el momento en que se encontraba disfrutando de su licencia por maternidad, 31 de diciembre de 1998, es decir durante el período de lactancia, lo cual permite concluir que el empleador tenía conocimiento de su estado. A folio 15 del cuaderno de primera instancia aparece una comunicación dirigida a la accionante, de fecha 24 de noviembre de 1998, en la cual la gerente de la Cooperativa de Salud del Centro de Boyacá Coopcentro E.S.S. —le notifica que da por terminado su contrato de trabajo a término fijo a partir del 31 de diciembre del mismo año, a folio 23 del mismo cuaderno, en memorial de respuesta a la notificación de la tutela, la gerente de la accionada manifiesta que “si la entidad prorrogó algunos contratos, o efectuó nuevos contratos de trabajo con algunos trabajadores que venían siendo vinculados, es determinación exclusiva del empleador por así permitirlo la ley”; lo anterior permite afirmar, que se contrató a otra persona para llenar la vacante del cargo que desempeñaba la actora y que las funciones del mismo permanecen. En consecuencia, en el presente caso, no encuentra esta Sala de Revisión que la terminación del contrato haya obedecido a una causal relevante y objetiva que la justifique. También se observa que no medió autorización del inspector del trabajo para el despido.

Teniendo en cuenta que la accionante, según lo relata en su escrito de tutela (fl. 3 del cuaderno principal) es cabeza de familia, y en su hogar sólo se cuenta con sus ingresos económicos, es de fuerza concluir que resulta amenazado su mínimo vital; por consiguiente se encuentran demostrados todos los elementos para que proceda el amparo solicitado por la accionante.

Por lo anteriormente expuesto, se revocará el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja; se concederá la tutela de los derechos a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital de la señora Yaneth Molano Rodríguez; se ordenará a la Cooperativa de Salud del Centro de Boyacá reintegrar a la actora al cargo que venía desempeñando al momento del despido, sin perjuicio de las demás pretensiones laborales a que pueda tener derecho, las cuales deben ser definidas por la jurisdicción laboral.

(4) Sentencia T-426/98. M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-345/99. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(5) Sentencia T-373/98. M.P. Eduardo Cifuente Muñoz.

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