Sentencia T-625 de noviembre 28 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

Ref.: Exp. T-137652

EXTRACTOS: «2. Aplicación del código disciplinario único a los funcionarios de la rama judicial. Tránsito legislativo en los procesos disciplinarios. Aplicación del principio de favorabilidad en el derecho penal disciplinario.

En el caso bajo estudio, encuentra la Corte que el fallo proferido en primera instancia por el consejo seccional de la judicatura de Antioquia, por medio del cual se sancionó al juez acusado con destitución del cargo, se profirió el 4 de agosto de 1995, cuando aún no estaba en vigencia la Ley 200 de 1995 (código disciplinario único), pues ésta se sancionó el 28 de julio de 1995 y comenzó a regir, según disposición expresa del artículo 177 de la misma, cuarenta y cinco (45) días más tarde.

La decisión adoptada en el proceso disciplinario no quedó ejecutoriada, pues habiendo sido interpuesto el recurso de apelación por la parte acusada, la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura pronunció fallo definitivo el 17 de octubre de 1996, fecha en que estaba vigente el aludido código.

Es necesario entonces dilucidar cuál era el ordenamiento jurídico aplicable en segunda instancia por el juez disciplinario.

En primer lugar, ha de reiterar la Corte que la Ley 200 de 1995 (código único disciplinario) es aplicable a los funcionarios de la rama judicial, tal como dejó expuesto en sentencia C-037 de 1996 (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa), C-280 de 1996 (M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero) y SU-637 de 1996 (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Pero lo que conviene aclarar ahora es si se debía aplicar o no dicho estatuto por el juez de segunda instancia en el proceso en cuestión, teniendo en cuenta lo que sobre el régimen transitorio dispone la misma ley, y dando plena efectividad al principio de favorabilidad en el derecho penal disciplinario.

A propósito de la aplicación de la ley en el tiempo, los artículos 9º y 176 de la Ley 200 de 1995 disponen lo siguiente:

“ART. 9º—Aplicación inmediata de la ley. La ley que fije la jurisdicción y competencia o determine lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del proceso, se aplicará desde el momento en que entre a regir, salvo lo que la misma ley determine.

ART. 176.—Transitoriedad. Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia la presente ley se encuentren con oficio de cargos notificado legalmente, continuarán su trámite hasta el fallo definitivo de conformidad con el procedimiento anterior”.

Téngase en cuenta que, como lo establece la primera norma transcrita, el principio general consiste en la aplicación inmediata de la Ley 200 tanto en los aspectos de fondo como de forma. Y, en cuanto atañe el tránsito de regímenes, el artículo 176 consagra la excepción a esa regla respecto del “procedimiento”.

Ahora bien, ambas normas deben ser interpretadas de tal forma que no desconozcan el principio de favorabilidad que en materia disciplinaria tiene plena aplicación, pues como lo establece el artículo 15 del mismo estatuto, “la ley favorable o permisiva se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”, lo que representa desarrollo y aplicación del mandato consagrado en el artículo 29 de la Carta Política.

La anterior afirmación se encuentra reforzada por lo establecido en el artículo 18 de la mencionada ley, el cual hace alusión a la prevalencia en la interpretación y aplicación del régimen disciplinario, de los principios rectores consagrados en ese código en la Constitución Política y en los códigos Penal y de Procedimiento Penal.

En este orden de ideas, se concluye que tanto en materia sustantiva como procesal, las disposiciones más favorables al inculpado deben aplicarse de manera preferente, aunque el régimen transitorio determine en principio cosa diversa.

En relación con el caso concreto, es necesario analizar si, como lo afirma el actor, el régimen consagrado en el código disciplinario único resultaba ser más favorable. Como se narró, el funcionario fue sancionado con pena de destitución, por haber violado el literal a) del artículo 55 del Decreto 052 de 1987 en armonía con el artículo 62 ibídem, ordenamiento vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos —falta disciplinaria incluida posteriormente en el Decreto 1888 de 1989—, esto es, el incumplimiento de los deberes de los funcionarios, de “respetar, cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes y reglamentos”.

El artículo 38, en concordancia con el 40 del código único disciplinario, contempla la misma falta disciplinaria, motivo por el cual, en lo que se refiere a la determinación de la falta no hay lugar a reproche por la aplicación del anterior estatuto disciplinario.

No obstante, en cuanto atañe a la sanción impuesta, sí cabe objetar la aplicación de las normas anteriores, pues resulta evidente que la Ley 200 contempla un régimen sancionatorio más favorable al accionante.

En efecto, el Decreto 52 de 1987 establecía como sanciones disciplinarias: la multa, la suspensión en el cargo y la destitución (art. 67). El competente para imponer la sanción gozaba de gran discrecionalidad, pues el artículo 68 simplemente disponía que el concurso de faltas, la falta grave —calificación que se dejaba a la apreciación razonable de aquél— o la reincidencia en faltas leyes darían lugar a la suspensión hasta por 30 días sin derecho a la remuneración, o la destitución.

Por su parte, el Decreto 1888 de 1989 en su artículo 12 consagraba básicamente lo mismo, pero señalaba expresamente las circunstancias de agravación y atenuación para la imposición de sanciones (arts. 13 y 14).

El código disciplinario único determina las faltas leves, graves y gravísimas, y fija la sanción de destitución sólo para faltas gravísimas a que hace alusión el artículo 25, dentro de las cuales no se encuentra expresamente contemplada la falta por la cual fue sancionado el demandante.

De lo anterior se deduce que la decisión adoptada en segunda instancia en el juicio disciplinario violó el debido proceso por no aplicar el principio de favorabilidad lo cual constituye flagrante vía de hecho, es decir, se trata de una determinación abiertamente irregular, lesiva de derechos fundamentales y contraria a los preceptos constitucionales, que el juez de tutela está llamado a corregir, siguiendo las pautas ya trazadas por la Sala Plena de esta Corte en la citada sentencia SU-637 del 21 de noviembre de 1996. El juez disciplinario competente podrá iniciar, si hay lugar a ello, un proceso en el cual se respete al sindicado el derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución».

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