Sentencia T-639 de diciembre 1º de 1997

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

INMUEBLES AVERIADOS POR CONSTRUCCIONES VECINAS

PROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA PREVENIR Y REMEDIAR LOS DAÑOS

EXTRACTOS: «En ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, los ciudadanos José Adarve Sandoval Hernández, María Sandra Mesa Hincapié, Esther Elena Mercado Jarava y Elsa Prieto de Torres solicitan, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales a la vida, al trabajo en condiciones dignas y justas, y de petición, que consideran violados por la omisión de la Alcaldía Menor de Chapinero, autoridad en contra de la cual dirigen, en principio, la presente solicitud de amparo.

Hechos y pretensiones

Al decir de los accionantes, sucede que a mediados del año de 1995 se inicio la construcción del edificio denominado 100ST Street, sobre la carrera novena entre calles 99 y 100 de esta capital, aledaña al edificio JM III que ellos habitan. Agregan que el 5 de diciembre de 1996, instauraron una querella policiva ante la alcaldía demandada y en contra de la continuación de la referida construcción, toda vez que la misma estaba causando graves daños en el edificio de su propiedad.

Los trabajos llevados a cabo en el edificio 100ST Street, continúan, han afectado significativamente la estabilidad del terreno sobre el cual se erige el de su propiedad, lo cual conducirá en su sentir, a que día a día se agraven los daños ya causados, poniendo en peligro sus vidas, su seguridad, su tranquilidad y hasta su patrimonio. Comentan que han mantenido continua comunicación con las personas encargadas de la obra, quienes se han limitado a ordenar la realización de reparaciones menores y labores de pilotaje, pero en manera alguna han dado una respuesta satisfactoria que solucione definitivamente el problema.

Manifiestan que el edificio JM III está en un 70% desocupado ante la imposibilidad de seguir habitándolo y solicitan, finalmente, “una orden perentoria, en cuya virtud cesen los actos violatorios y se ejecuten aquellos indispensables para la efectividad del derecho conculcado”, pues de la Alcaldía Menor de Chapinero tampoco han recibido solución alguna, a pesar de la solicitud expresa antes mencionada.

No obstante, lo anterior, posteriormente los actores corrigieron su demanda para que el a quo tuviera como sujeto pasivo de la misma, no a la Alcaldía Menor de Chapinero, sino la empresa constructora Interplan S.A.

El fallo de instancia

Después de analizar el material probatorio allegado al proceso y cumplir una inspección en el sitio de los hechos anteriormente narrados, el juzgado 2 laboral del circuito de Santafé de Bogotá D.C., autoridad a quien le correspondió por reparto el asunto, concedió el amparo constitucional solicitado y, en consecuencia, ordenó lo siguiente; primero, tutelar los derechos de petición y a la vida de los accionantes; segundo, ordenar a la Alcaldía Menor de Chapinero que, en el término de 48 horas, suspenda la construcción del edificio 100ST Street, hasta que se garanticen los estudios pertinentes para evitar los perjuicios que se han venido causando a los demandantes, orden que estará vigente hasta que la autoridad competente dicte el acto administrativo dirimiendo el presente conflicto, el cual, igualmente, deberá proferirse en el término señalado; y tercero, comunicar el cumplimiento de la orden referida.

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De otro lado, los peticionarios no estuvieron conformes con el segundo punto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el a quo, argumentando que no era suficiente la simple realización de unos estudios, para contrarrestar la amenaza de su derecho a la vida. En consecuencia, solicitaron al juez la aclaración de dicho punto, en el sentido de ordenar la realización de las obras a que hubiera lugar para que la protección fuera efectiva. El a quo por su parte, accedió a dicha petición y por auto del 7 de marzo del año en curso, aclaró su sentencia y ordenó la realización de los trabajos necesarios para evitar la amenaza del derecho a la vida de los accionantes.

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Consideraciones de la Corte

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En el caso de cuya revisión se ocupa la Sala, el amparo fue concedido como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, asumiendo el a quo que la querella de policía iniciada por violación al régimen urbanístico y de obras, constituía un verdadero mecanismo de defensa judicial de los derechos constitucionales fundamentales de los demandantes. Sin embargo, es necesario aclarar que la posibilidad de acción cuando los particulares incurren en violación a dicho régimen, no es más que una forma de poner en funcionamiento el control administrativo en esa materia, que en manera alguna tiene carácter judicial y, por ende, no es apto para desplazar a la acción de tutela.

En realidad, el control administrativo que ejerce la autoridad correspondiente en materia de obras, como lo manifestó en su oportunidad la alcaldesa local de Chapinero, se limita a verificar que el constructor cuente con la respectiva licencia para ejercer su actividad y que se atenga a los términos y condiciones en los cuales fue expedida, razón por la cual, en caso de violación, la autoridad competente no puede imponer más sanciones que la demolición de lo construido sin licencia o con incumplimiento de la misma, y multas sucesivas entre medio y doscientos salarios mínimos legales mensuales.

El régimen de las licencias de construcción, de otro lado, implica el compromiso para el constructor de reparar los daños causados con su actividad, pero en manera alguna establece para él una obligación expresa de prevenirlos.

También sucede esto con el régimen civil dedicado a los daños que se causan a los demás, el cual es de carácter puramente resarcitorio. Luego, fuerza concluir que los propietarios de inmuebles que pueden resultar averiados por la construcción de otros, se encuentran en estado de indefensión para exigir de los constructores reducir al máximo, en la medida de lo posible, el margen de probabilidades de causar daño; o sea, no existe un régimen preventivo propiamente dicho en esta materia, sino que aquellos que vean amenazadas su propiedad o persona por razón de la actividad legal de la construcción, tienen a su alcance dos salidas: esperar a sufrir el daño para luego, si aún existen, perseguir por la vía judicial su reparación, o evitarlo por sus propios medios y asumir los costos que ello implique, con la esperanza de que los jueces posteriormente ordenen la devolución de lo gastado.

De no ser cierto lo anterior, muy seguramente la sociedad Interplan S.A. hubiese sido declarada contraventora al régimen de obras, pues evidentemente con ocasión de la construcción del edificio 100ST Street, causó daños severos en el edificio JM III de propiedad de los demandantes. Pero no fue así; la alcaldesa local de Chapinero declaró “no contraventor al régimen de obras por los hechos aquí investigados a la sociedad Interplan S.A.”, lo cual supone que dicha sociedad tiene licencia de construcción para el edificio 100ST Street y desarrolla su actividad de acuerdo con ella.

No existe, en conclusión, mecanismo de defensa alguno y menos judicial, que permita a los afectados con la actividad constructora evitar el aumento de la posibilidad de daño, o que los daños efectivamente causados se agraven, razón por la cual el juez de instancia no debió entrar en el análisis de la tutela como mecanismo transitorio de defensa, pues éste supone un medio judicial alternativo que, en el presente asunto, no existe.

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3. Una orden efectiva para proteger el derecho a la vida.

No obstante los yerros en que incurrió la juez de instancia, puestos de presente en los numerales anteriores, la Sala comparte su criterio en el sentido de que es necesario y urgente proteger la vida de quienes iniciaron la presente acción.

Los daños producidos en el edificio JM III, fueron resultado de la construcción del edificio 100ST Street, a cargo de la sociedad Interplan S.A. Ninguna otra conclusión emana del análisis de las pruebas recaudadas durante el trámite de la tutela, que dan cuenta de lo siguiente:

a) Desde la iniciación misma de la construcción del edificio 100ST Street, se empezó a afectar la estructura y estabilidad del edificio JM III, y la tranquilidad de sus moradores. Por tal razón, una de las ahora demandantes dirigió un escrito a la firma Interplan S.A., el 18 de agosto de 1995, comunicándole que:

“Durante el proceso de excavación se producen continuamente movimientos de tal magnitud que hacen temer por la estabilidad de nuestro edificio. El ruido de las retroexcavadoras y los taladros impide realizar las actividades de trabajo bajo un ambiente adecuado. Los movimientos a que hice referencia han comenzado a producir daños en las instalaciones hidráulicas y los muros interiores del edificio, a tal punto que el agua que abastece el tanque de reserva nos llega totalmente sucia y contaminada”.

b) A un año y medio de iniciada la obra, los daños comenzaron a notarse, situación reflejada en el reporte de la visita técnica hecha al edificio JM III por el ingeniero Ricardo Romero, a solicitud de uno de los actores, el 3 de diciembre de 1996:

“... es probable que el corto circuito que se produjo en la oficina y que dañó su conmutador y computador, haya sido producido por las fallas que se están presentando por causa de los asentamientos del edificio”.

c) En consecuencia, los profesionales encargados de la obra y los moradores del edificio vecino, se pusieron de acuerdo en realizar algunos trabajos necesarios para devolverle estabilidad, según comunicación enviada por la firma constructora a una de las demandantes, el 13 de diciembre de 1996:

“De acuerdo a nuestra conversación del día martes 26 de noviembre/96, ratifico a usted lo expuesto en esa oportunidad en el sentido de efectuar las obras necesarias de estabilización del edificio J y M III...”.

d) Uno de los propietarios del edificio averiado, en escrito dirigido a Interplan S.A. el 16 de diciembre de 1996, describe los daños que se han causado en su oficina y, a partir de los primeros días de enero del año en curso, los arrendatarios de los diferentes apartamentos y oficinas proceden a entregarlos a sus dueños, por no ser aptos para cumplir con el objeto de los contratos celebrados (cartas de la Embajada de Israel, Market Team Investigaciones, Olga Esperanza Hoyos de Ordóñez y Japan Airlines, quienes ocupaban como arrendatarios las oficinas 101, 102, 202 y 204, respectivamente).

e) La juez de instancia practicó una inspección en el edificio JM III constató la gravedad de los daños causados, los cuales también pudieron apreciarse en las fotografías y vídeo allegados al expediente, después de lo cual concluyó:

“Una vez revisados cada uno de los apartamentos que conforman el edificio, el despacho observa que los mismos se encuentran en pésimas condiciones debido a que por los agrietamientos que se han presentado tanto en paredes como en pisos, son de tal magnitud que reposan en el suelo pedazos de pared, así como también cenefas en yeso. Igualmente, algunos vidrios presentan rupturas... En este momento uno de los asistentes indica al despacho que las casas contiguas al edificio por el costado occidental, fueron desocupadas debido al inminente peligro como consecuencia de la construcción del edificio citado”.

f) El ingeniero Héctor Parra, por solicitud de la alcaldesa local de Chapinero y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, visitó el edificio JM III y dictaminó que:

“La construcción del edificio 100 Street, adelantada en la actualidad por Interplan S.A... ha afectado al edificio JM III... construido hace 6 años. La principal afectación ha consistido en deformaciones que ha sufrido el edificio afectado por asentamientos y por giros que se han originado por la excavación de los sótanos del edificio 100 Street. En menor medida, pero también ha ocurrido, ha habido afectación por caída de objetos de la obra colindante”.

Las anteriores apreciaciones permiten pensar, además, que es posible que el edificio JM III se venga abajo, pues la gravedad de los daños en él causados ha afectado su estructura hasta tal punto, que en el expediente consta lo siguiente:

a) Carta dirigida a Interplan S.A. por el coordinador de proyectos de la firma a Proyectos y Diseños Ltda., el 19 de agosto de 1997, por solicitud que aquella le hiciera de evaluar el estado del edificio JM III:

“En nuestra opinión, en la actualidad la estructura se encuentra en estado de deterioro avanzado y recomendamos su evacuación inmediata, para proceder con la evaluación real de su seguridad estructural, y diseñar las reparaciones requeridas”.

b) Carta remitida a una de las demandantes por la firma Poyectistas Civiles Asociados, el 24 de septiembre de 1997, en donde se hace una evaluación del edificio JM III:

“El edificio ha sufrido asentamientos grandes y desiguales por lo que muchos de los muros muestran grandes grietas que los hacen inestables y en inminente peligro de colapso”:

c) Carta dirigida a Interplan S.A., por Ingeajustes Ltda., el 16 de octubre de 1997, para recomendarle la evacuación urgente de los habitantes del edificio afectado:

“Con base en nuestra inspección del día de hoy jueves 16 de octubre de 1997 tanto al edificio en proceso de construcción 100 Street, como a la casa vecina al edificio anteriormente citado... y al edificio adyacente J y M III,... les rogamos encarecidamente que evacuen de inmediato las personas que trabajan y habitan en las construcciones de la referencia...”.

Y no solamente cabe pensar que el edificio puede caerse, sino que las anteriores observaciones, aportadas por personas dedicadas a las actividades de la construcción, aseguramiento y prevención de riesgos, sugieren el contenido de la orden eficaz requerida en el presente caso: la evacuación inmediata del edificio.

Sin lugar a dudas, el derecho a la vida de los demandantes, en cuanto se refiere a su integridad personal y a su existencia propiamente dicha, se encuentra severamente amenazado porque es posible, como quedó suficientemente demostrado, que el edificio en donde viven les caiga encima. Pero este derecho no solamente significa la garantía de estar vivos, sino también la posibilidad de una existencia digna y, en esta segunda acepción, el derecho a la vida de los demandantes ha sido vulnerado efectivamente con la actuación de Interplan S.A., sociedad que no solamente se limitó a sacar provecho económico de su actividad comercial, sino que, abusivamente, destruyó las viviendas vecinas.

Es verdaderamente indignante presenciar el desmejoramiento sistemático del lugar de trabajo o habitación, y más cuando de ello ninguna contraprestación se recibe; solo molestias. Debe ser muy difícil para los actores presenciar, sin poder evitarlo, el agrietamiento de las paredes y el techo que los cubre, la penetración del agua cuando llueve y, en fin, la destrucción de sus sitios de trabajo y refugio, aparte de la exposición continua a ruidos y temblores, que hacen intranquila la permanencia en el edificio y, por ende, afectan su derecho a la intimidad personal y familiar (artículo 15 de la Constitución), tal como lo ha reconocido en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta corporación(5).

(5) Al respecto, ver Corte Constitucional, sentencias T-028 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-465 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-454 y T-456 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

De otro lado, si bien es cierto que la firma Interplan S.A. tiene derecho a ejercer su objeto social, también lo es que se encuentra constitucionalmente sujeta, de acuerdo con el artículo 95, “a respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”, imperativo este no introducido a nuestro ordenamiento por la Constitución de 1991, como podría pensarse, sino que es ya tradicional en el pensamiento jurídico colombiano, pues no solamente inspiró al legislador del siglo pasado(6), sino también a la Corte Suprema de Justicia desde los albores de este siglo. Ha dicho la Corte que:

(6) Verbigracia el artículo 1002 del Código Civil.

“...los derechos pertenecientes a los particulares deben ejercerse sin exceso, según su destinación natural y de una manera normal, habida consideración del estado general de las costumbres y de las relaciones sociales”(7).

(7) Corte Suprema de Justicia Sala de casación Civil, sentencia del 24 de marzo de 1939, M.P. Ricardo Hinestrosa Daza, haciendo suyas las palabras de Colin y Capitant.

“...ni el cumplimiento de los deberes, ni el ejercicio de derechos o facultades pueden realizarse o ejercitarse sin miramiento alguno. Un derecho debe ejercitarse en forma que a nadie dañe(8).

(8) Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil sentencia del 2 de junio de 1958. M.P. Arturo Valencia Zea.

Estamos frente a una empresa cuyo objeto social es la construcción y, paradójicamente, ha destruido el edificio vecino. Esta situación no puede ser tolerada por el Estado y menos cuando se encuentra obligado, también por mandato constitucional, a buscar una vivienda digna para todos los colombianos.

Indudablemente, la orden que se dicte para proteger los derechos invocados, de acuerdo con las sugerencias citadas, incidirá en el patrimonio de Interplan S.A., pero no es excesiva la medida, a juicio de la Sala, si se tiene en cuenta que se trata de defender derechos personalísimos afectando derechos de contenido puramente económico, y se compara los daños recibidos por los demandantes, se repite, sin obtener ganancia alguna, con el provecho que muy seguramente obtendrá Interplan S.A., una vez culmine el gigantesco proyecto 100ST Street. Al respecto, ha sido enfática la jurisprudencia constitucional:

“El anterior análisis ha mostrado que las libertades económicas y el resto de libertades civiles y políticas no están sometidas a una misma regulación constitucional. La Constitución confiere un mayor valor a los derechos y libertades de la persona que a los derechos y libertades de contenido puramente patrimonial”(9).

(9) Corte Constitucional sentencia C-265 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Además, en el proceso civil que deben iniciar los demandantes para que se les resarzan los perjuicios, específicamente en el momento de estimar el valor del daño emergente(10), el juez competente puede tener en cuenta lo que ahora gaste Interplan S.A. cumpliendo la orden impartida por la Sala. Así, dicha sociedad no pagará lo que no debe y, de otro lado, los actores no incurrirán en enriquecimiento sin causa, sino que habrá un equilibrio entre los daños producidos y lo que por ellos se deba pagar.

(10) Artículo 1614 del Código Civil.

En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución Nacional,

RESUELVE:

1. Revocar parcialmente la sentencia pronunciada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., el 4 de marzo de 1997, en la parte que tutela transitoriamente el derecho a la vida invocado por José Adarve Sandoval Hernández, María Sandra Mesa Hincapié, Elsa Prieto de Torres y Esther Elena mercado Jarava para, en su lugar, conceder la tutela de tal derecho como mecanismo definitivo de defensa. Además, revocarla parcialmente en cuanto a la orden de suspender la construcción del edificio 100ST Street.

2. Adicionar la parte resolutiva de la sentencia revisada, en el sentido de ordenar, a la sociedad interplan S.A., que traslade por su cuenta a los actores a sitios de habitación o trabajo, respectivamente, que se encuentren en condiciones similares a las que gozaban los de su propiedad, antes de iniciarse la construcción del edificio 100ST Street. El cumplimiento de esta orden deberá verificarse en el improrrogable término de quince (15) días calendario, contados a partir de la notificación de la presente providencia.

3. Aclarar el numeral segundo de la sentencia en revisión, en el sentido de que Interplan S.A. no solamente garantice la elaboración de los estudios y obras necesarias para restablecer el edificio JM III, sino que los efectúe. Las gestiones que a ello conduzcan, deberán iniciarse en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia.

4. En razón de que la tutela se concede como mecanismo definitivo de defensa, las anteriores órdenes se entienden vigentes independientemente del pronunciamiento emitido por la Alcaldía Local de Chapinero y los que en el futuro sobrevengan en desarrollo de la correspondiente vía gubernativa, hasta que los inmuebles de los demandantes sean restablecidos, en cumplimiento de la medida adoptada en el numeral anterior.

5. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., vigilará el cumplimiento que se dé a esta sentencia e informará a la Sala de ello en forma pormenorizada.

6. Prevenir a la Alcaldía Local de Chapinero, para que en lo sucesivo se abstenga de realizar conductas violatorias de los derechos de los individuos, especialmente omitir dar respuesta a las peticiones respetuosas que se le hagan».

(Sentencia T-639 de diciembre 1º de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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