Sentencia T-644 de noviembre 25 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

Reiteración de jurisprudencia

Ref.: Expediente T-107.490

Santafé de Bogotá, D.C., noviembre veinticinco de mil novecientos noventa y seis.

EXTRACTOS: «El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué decretó la práctica de una inspección judicial al inmueble y concluyó que las instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para albergar a las personas discapacitadas y, de acuerdo con el concepto del médico legista no son aptas “desde el punto de vista estructural, higiénico sanitarias y funcionales para tener recluidas a 33 personas con las características de discapacitados por su retardo mental y mucho menos para recibir un proceso terapéutico y de rehabilitación” que, según ese mismo concepto, hace indispensable contar con un equipo multidisciplinario en las áreas de medicina general y especializada (fl. 72 y ss.).

(...).

2. Aun cuando la seguridad social no es un derecho fundamental, adquiere ese carácter cuando su desconocimiento afecta derechos o principios fundamentales, y es claro que las personas que padecen un estado de extrema necesidad requieren una protección especial que justifica conferirles prelación en la destinación de bienes y servicios, de suerte que no queden excluidas de los beneficios de la seguridad social, objetivo que se torna más apremiante para las entidades que justamente encuentran su razón de ser en la atención a las personas discapacitadas.

(...).

5. (Sic) Es importante destacar, como lo hace la Corte Suprema de Justicia en el fallo de segunda instancia, que “la protección general del menor cobra importancia cuando en éste converge el hecho de ser discapacitado, esto es, sujeto de capacidad limitada, temporal o definitiva, para la realización autónoma de las actividades cotidianas y su integración al medio social. En tales circunstancias goza, por mandato constitucional de derechos fundamentales constitucionales, que, por sus alcances también especiales, deben ser objeto de protección tanto individual como asistencialmente (arts. 44 y 47 C.P.) ya que se trata de un ser humano que no sólo se encuentra en situación de dependencia vital notoria, en mayor o menor grado, con relación a las personas naturales o mayores o a personas jurídicas capacitadas para ello, sino que también padecen de deficiencias en el proceso de desarrollo de su personalidad, representada fundamentalmente en la lentitud, dificultades y demás anormalidades que conducen por supuesto a la necesidad de un tratamiento correctivo y formativo especialísimo”.

5. Aun cuando la solicitud de protección presentada por la procuraduría delegada para la defensa del menor y de la familia incluye a un grupo de menores y a otro conjunto de personas discapacitadas, sin que se aporte más información al respecto, la Sala considera que para los efectos de la acción de tutela los datos que obran en el expediente son suficientes para concluir que existe violación de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en la petición, bien sea porque el desconocimiento del derecho a la seguridad social afecta derechos fundamentales o porque, como se anotó, en el caso de los niños sus derechos tienen esa naturaleza por expresa definición constitucional; en uno y otro evento la adopción de medidas especiales viene impuesta por la necesidad de brindar protección a las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P, art. 13.) y obedece, además, al mandato plasmado en el artículo 47 de la Carta, de conformidad con el cual “el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.

6. La Corte Suprema de Justicia, revocó el fallo de primera instancia y, sin embargo, reconoció que el inmueble en donde se encuentran los pacientes no es apto ni adecuado. Ese sólo hecho es suficiente para disponer la protección inmediata en la forma en que lo hizo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, pues pese a que se alegue la transitoriedad de esa situación, no es posible consentir en las condiciones infrahumanas en que se desarrolla la vida de las personas que allí habitan, cuya condición amerita la actuación pronta y eficaz que concrete en la práctica la especial protección que las normas superiores disponen en su favor. Es cierto que, como lo apunta el juez de segunda instancia, la fundación demandada se dio a la tarea de buscar una sede apropiada, pero también lo es que la casa que se iba a tomar en arriendamiento y que contaba con el visto bueno del ICBF “no fue posible obtenerla por razones propias del arrendador” (fl. 196), aspecto este último que no advirtió la Corte Suprema de Justicia.

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