Sentencia T-655 de noviembre 11 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

TEMERIDAD DEL DEMANDANTE EN TUTELA

DEBE SER CUIDADOSAMENTE VALORADA

EXTRACTOS: «Según el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la actuación temeraria se produce cuando una misma acción de tutela es presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, sin motivo expresamente justificado(1). Sin embargo, esta corporación ha estimado que el evento de temeridad antes señalado debe ser complementado con las disposiciones de los artículos 73 y 74 del Código de Procedimiento Civil, en los cuales se consagran causales adicionales de temeridad o mala fe tales como la carencia de fundamento legal para demandar, la alegación a sabiendas de hechos contrarios a la realidad, la utilización del proceso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos, la obstrucción a la práctica de pruebas y el entorpecimiento reiterado del desarrollo normal del proceso por cualquier otro motivo(2).

(1) Sobre este artículo y las distintas condiciones que determinan la actuación temeraria, véanse, entre otras, las sentencias T-10/92 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-327/93 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-007/94 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-014/94 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); T-053/94 (M.P. Fabio Morón Díaz); T-574/94 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); T-308/95 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); T-091/96 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); T-001/97 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

(2) Véanse las sentencias T-443/95 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-082/97 (M.P. Hernando Herrera Vergara); T-080/98 (M.P. Hernando Herrera Vergara), SU-253/98 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); T-303/98 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

Conforme a la normatividad anterior, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es aquella que vulnera el principio constitucional de la buena fe (C.P. art. 83) y, por tanto, ha sido entendida “como la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso(3)”. En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido calificada por la Corte como aquella que supone una “actitud torticera”(4), que “delata un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa”(5), que expresa un abuso del derecho porque “deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción”(6), o finalmente, constituye “un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de justicia”(7).

(3) T-327/93 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).

(4) T-149/95 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(5) T-308/95 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

(6) T-443/95 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(7) T-001/97 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

En estas circunstancias, y en la medida en que la buena fe se presume en toda actuación de los particulares ante las autoridades públicas (C.P. art. 83), la temeridad es una situación que debe ser cuidadosamente valorada por los jueces con el fin de no incurrir en situaciones injustas. Por esta razón, la corporación ha estimado que la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la acción de tutela. Así, tal conducta “requiere de un examen cuidadoso de la pretensión de amparo, de los hechos en que ésta se funda y del acervo probatorio que obre dentro del proceso, que lleve al juzgador a la fundada convicción de que la conducta procesal de la respectiva parte carece en absoluto de justificación”(8). Sobre este particular, la jurisprudencia ha señalado:

(8) T-300/96 (M.P. Antonio Barrera Carbonell). Véanse, también las sentencias T-082/97 (M.P. Hernando Herrera Vergara); T-080/98 (M.P. Hernando Herrera Vergara); T-303/98 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

“Pero la posibilidad de sanción pecuniaria en cuanto hace al accionante es excepcional. Únicamente tiene lugar bajo la condición de estar previstos los motivos de manera expresa en la ley y parte siempre del supuesto de que la acción se instaure de mala fe.

La sola circunstancia de que la tutela resulte ser improcedente en el caso, o el hecho de no prosperar, no constituyen causales que permitan al juez imponer sanción pecuniaria a quien ha promovido una acción de tutela.

Si se aceptara tal posibilidad, se estaría castigando a las personas por hacer uso de un instrumento judicial de defensa previsto en la Constitución, con lo cual ésta sería flagrantemente vulnerada.

No puede olvidarse que acudir a la acción de tutela es también un derecho fundamental, y, en consecuencia, no es permitido a la autoridad judicial establecer modalidades sancionatorias carentes de sustento, encaminadas a desalentar o a obstruir su ejercicio”(9).

(9) T-303/98 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

Conforme a las reglas jurisprudenciales antes enunciadas, es necesario establecer si, en el presente caso, el actor incurrió en una actuación temeraria».

(Sentencia T-655 de noviembre 11 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

__________________________________