Sentencia T-673 de agosto 31 de 2010

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

Sentencia T-673 de 2010

Ref:. Expediente T-2644977

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

Acción de tutela instaurada por Yolanda del Carmen Serpa Cabrales, contra el Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería

Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil diez.

La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub —quien la preside—, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente

Sentencia

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Siete de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.

De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.

1. Antecedentes.

1.1. Solicitud.

Yolanda del Carmen Serpa Cabrales, actuando en nombre propio, interpone acción de tutela contra el Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería, al considerar que con su actuación ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, a la buena fe y a la dignidad humana.

Por tanto solicita se le ordene al demandado revocar las medidas cautelares ordenadas dentro del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía que cursa en dicho juzgado.

Fundamenta su petición en los siguientes:

1.2. Hechos.

1.2.1. Manifiesta que el señor Edgar Barrera Sevilla inició un proceso ejecutivo singular de mínima cuantía en su contra, del cual conoció el Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería, bajo el número de Radicación 23-001-40-03-005-2008-01347-00.

1.2.2. Indica que a través de dicho proceso se pretendía “cobrar coercitivamente la cantidad de $ 6.500.000, por capital, más los intereses legales y las costas del proceso con base en una letra de cambio”.

1.2.3. Señala que dentro del referido proceso interpuso las siguientes excepciones:

i) “Alteración del texto del título valor”. Dado que la letra de cambio fue suscrita en blanco, “sin emitir ni firmar carta alguna de instrucciones a ningún tenedor”.

ii) “La derivada del negocio fundamental que dio origen a la letra de cambio, contra el demandante por no ser tenedor de buena fe exenta de culpa”. Pues el señor Barrera Sevilla “es tenedor de mala fe, por cuanto adquirió la letra de cambio con violación de la ley de circulación es decir sin previo endoso y entrega material”, el cual debió ser realizado por la señora Segeidys Patricia Yanez Bravo quien fue la persona que le prestó el dinero.

iii) “La personal(sic) de conducta dolosa del actor”. Debido a que “quien aceptó la letra de cambio fue Yolanda Serpa Cabrales, pero la demandada es Yolanda Serpa Ceballos, siendo estas personas distintas”.

1.2.4. Comenta que mediante sentencia calendada el veintisiete (27) de noviembre de 2009, el juzgado demandado declaró no probadas las excepciones propuestas por la actora.

1.2.5. Afirma que con la mencionada sentencia, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería vulnera sus derechos fundamentales, porque:

i) Se desconoció por el juzgado accionado, el principio de la buena fe, pues la actora manifestó “haber aceptado la letra de cambio, entregado luego en blanco a la señora Segeidys Patricia Yanez Bravo, pero sin carta de instrucciones”.

ii) Existencia de defecto fáctico, pues la juez expresó que “la única

testigo, Segeidys Patricia Yanez Bravo, declaró que la letra de cambio que firmó Yolanda del Carmen Serpa Cabrales, ella se la “vendió” al ejecutante Edgar Barrera Sevilla, “en blanco”. De lo anterior se concluye que “No apreció la señora juez que los títulos valores no se “venden” ...”. Ya que “lo legalmente (...) debió ser que la letra de cambio se endosara y seguidamente se entregara al adquiriente...”. Se incurre en otro error fáctico cuando en la sentencia se afirma que “Existe un dictamen claro y categórico. Que la ejecutada no fue la persona que llenó los espacios en blanco del título valor”, afirmación que es cierta. Sin embargo, “seguidamente se consiga: (...) Empero esto en nada afecta la presunción de cierto y, por ende, la eficacia de la literalidad del título, porque la ley permite títulos valores con espacios en blanco y faculta al tenedor para llenarlos o complementarlos”.

iii) Presencia de “defecto material sustantivo”:

En la declaración rendida por la actora, esta manifestó que firmó la letra de cambio en blanco y no entregó “instrucciones a ningún tenedor legítimo para llenar los espacios en blanco de la letra”, lo que constituye una “afirmación y/o negación indefinida, y lo son porque hay imposibilidad de pruebas”.

En la sentencia se consignó que “la literalidad del título valor, tal como lo ha dicho la doctrina con fundamento en el artículo 270 del estatuto procesal civil, se presume”, lo anterior, sin tener en consideración que el artículo 793 del Código de Comercio —norma especial, que debe prevalecer sobre la general, como lo es el Código de Procedimiento Civil— señala que “lo que se presume es la autenticidad de los títulos valores”.

Se “confunde jurídicamente la persona de Yolanda Serpa Cabrales con Yolanda Serpa Ceballos”.

1.3. Traslado y contestación de la demanda.

Mediante auto fechado el dos (2) de febrero de 2009, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería admitió la demanda interpuesta y dio traslado a la entidad demandada para que ejerciera sus derechos de defensa y contradicción. Además, ordenó comunicar del amparo interpuesto a Edgar Barrera Sevilla, Liliana Argel Álvarez y Hernando Petro Betancourt.

1.3.1. El Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería.

El Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería se opuso a las pretensiones del actor. Afirma que “A dicho proceso se le dio el trámite legal y llegada la etapa procesal se resolvió mediante sentencia de fecha 27 de noviembre de 2009, declarar no probadas las excepciones propuestas por la accionante (...) en calidad de demandada, al no cumplir con la carga procesal de demostrar su afirmación”.

1.4. Pruebas.

A continuación se relacionan las pruebas documentales que reposan en el expediente:

1.4.1. Copia de la sentencia proferida el veintisiete (27) de noviembre de 2009, por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería, dentro del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía, adelantado por el señor Edgar Barrera Sevilla contra la actora.

1.4.2. Copia de la declaración rendida por la señora Segeidys Patricia Yanez Bravo, el catorce (14) de mayo de 2009, ante el Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería.

1.4.3. Copia del dictamen grafológico rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se concluye que “... los textos de duda, diligenciados en la letra de cambio por el valor de cuatro millones quinientos mil pesos ($ 4.500.000) no corresponden con las muestras patrón de la señora Yolanda Serpa Cevallos, aportadas para estudio” (fl. 19).

2. Decisiones judiciales.

2.1. Fallo de primera instancia: Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería.

El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería, mediante providencia del doce (12) de febrero de 2010, negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la buena fe y a la dignidad humana, por considerar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener lo que pretende la actora, pues argumentó que

“... es importante apuntalar que la tutela no puede convertirse en una segunda instancia, pues el resultado de la sentencia tutelada se encuentra claramente emanado de la observancia del orden legal vigente y de la sana crítica aplicada por el administrador de justicia”. Lo anterior en razón a que según el a quo “... al revisar lo actuado por el juez quinto civil municipal, se observa su ceñimiento a los preceptos legales en cada actuación acordes al caso presentado y dentro de estas acciones se tiene que la parte demandada no dio uso a la oportunidad procesal de alegar lo planteado en esta acción de tutela...”.

2.2. Impugnación del fallo de primera instancia.

Indica la actora en su escrito de apelación que con el amparo constitucional busca que le sean protegidos sus derechos fundamentales, y afirma que no pretende usar este mecanismo como una segunda instancia.

Reitera que suscribió la letra de cambio en blanco, sin entregar carta de instrucciones para llenarla y que “la literalidad” que se incorpora en ella no es de su autoría, “todo lo anterior demostrado por la testigo Sugeydis Patricia Yanez Bravo, y por la prueba pericial grafológica, no existiendo a favor del demandante, señor Edgar Barrera Sevilla, prueba alguna que respalde su presunto proceder legal...”.

2.3. Fallo de segunda instancia.

La Sala Cuarta de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, mediante providencia datada el veinticuatro (24) de marzo de 2010, resolvió confirmar el fallo del Juez Tercero Civil del Circuito de Montería.

Adujo, que “en el proceso se vislumbra que el a quo actuó conforme a las normas legales y constitucionales”. En consecuencia, señala que el hecho de que la sentencia no haya sido favorable a los intereses de la demandada, no constituye razón alguna para considerar que “no haya valorado en conjunto las pruebas aportadas”.

3. Consideraciones de la Corte.

3.1. Competencia y oportunidad.

La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la corporación.

3.2. Problema jurídico.

La señora Yolanda Serpa Cabrales manifestó que el juez demandado desconoció el derecho fundamental al debido proceso por defecto sustancial y procedimental al adelantarle un proceso ejecutivo con un título ejecutivo en blanco sin existir una carta de instrucciones de conformidad al artículo 620 del Código de Comercio.

Explica que por una deuda que adquirió con Sugeidys Patricia Yanez Bravo, suscribió en garantía a favor de ella una letra de cambio. No obstante, Sugeidys Patricia Yanez Bravo negoció el título valor con el señor Edgar Barrera Sevilla quien presuntamente llenó los espacios en blanco y ejecutó la deuda contra la accionante. Adujo que el Juez Quinto Civil Municipal de Montería después de realizar la valoración de las pruebas, concluyó que la declaración hecha por la señora Sugeidys Patricia Yanes Bravo no era suficiente para determinar que le vendió al señor Edgar Barrera la letra de cambio en blanco. Explicó que dentro del proceso ejecutivo que se adelantó en el juzgado demandado contra la tutelante, se determinó no probadas las excepciones propuestas en cuanto a la carencia de integración del título valor, por no llenarse conforme a las instrucciones dadas o con ausencia de las mismas de conformidad al numeral 4º del artículo 784 del Código de Comercio.

En ese contexto, la Sala determinará, si el Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería vulneró el derecho fundamental al debido proceso de Yolanda del Carmen Serpa Cabrales por incurrir en alguno de los defectos que genera una vía de hecho, al considerar que el título ejecutivo en blanco cumplió con todos los elementos para su exigibilidad.

3.2.1. Para resolver la controversia la Corte abordará: primero: procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales y segundo: la obligatoriedad de la carta de instrucciones para la emisión de los títulos en blanco.

3.3. Procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales.

Reiteración de jurisprudencia

La consolidada jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que si bien debe haber una seguridad jurídica fundada en decisiones razonables y sujetas al marco legal, excepcionalmente es posible acudir a la acción de tutela contra fallos de las distintas autoridades judiciales, cuando se evidencie una vulneración flagrante de los derechos fundamentales, la ley y el precedente judicial.

No obstante, esta posición se sujeta al cumplimiento de ciertos presupuestos, que este tribunal constitucional identifica como requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela, tal y como pasa a verse:

3.3.1. Causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Inicialmente la Corte Constitucional, en Sentencia C-543 de 1992, abordó el análisis de la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, en cuyo fallo declaró la inexequibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, pero dejó abierta la posibilidad de recurrir al amparo constitucional cuando por un descuido del juez la actuación judicial genera lo que se conoce como una “vía de hecho”, entendida como “violación flagrante y grosera de la Constitución”.

Posteriormente, la Corte Constitucional, en Sentencia C-590 de 2005, decidió sustituir la expresión “vía de hecho” por la de “causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, pues consideró que esta expresión protege en mayor medida la eficacia de los derechos fundamentales. Textualmente, dicha providencia sostuvo:

“Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”.

En el citado fallo, este tribunal constitucional indicó los requisitos generales para garantizar la excepcionalidad y la subsidiariedad de la acción de tutela como sus elementos característicos. De la misma manera, estableció unos requisitos especiales de procedibilidad.

En relación con los primeros se encuentran: “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración, d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f. Que no se trate de sentencias de tutela”.

Los anteriores requisitos son circunstancias todas que deben concurrir para que el juez constitucional continúe con el análisis del asunto y así pueda determinar la procedibilidad del amparo constitucional.

3.3.2. Causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Por otro lado, en relación con las causales específicas, debe probarse la ocurrencia de alguna de ellas para que el amparo prospere. Estos defectos son:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución”.

Así, en cada caso el juez constitucional debe analizar el fondo del asunto de forma tal que, sin desconocer las garantías constitucionales, se proteja la seguridad jurídica. Pero de presentarse uno solo de los defectos o vicios de procedibilidad en la providencia se constituye en motivo o razón suficiente para que la acción de tutela proceda contra decisiones judiciales.

3.4. La obligatoriedad de la carta de instrucciones para la emisión de los títulos en blanco.

La legislación comercial(1) define los títulos valores como documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora.

Los requisitos comunes son:

1. La mención del derecho que en el título se incorpora.

2. La firma de quién lo crea.

De igual manera el artículo 621 del Código de Comercio(2) relaciona los requisitos que deben cumplir los títulos valores y el artículo 622 de la misma normatividad dispone que “[u]na firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un título-valor, dará al tenedor el derecho de llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello”.

En relación con el diligenciamiento de títulos valores con espacios en blanco, la Superintendencia Financiera de Colombia señala:

“Condiciones esenciales para proceder a llenar un título valor en blanco.

Los únicos limitantes que tiene el legítimo tenedor de un título valor en blanco para diligenciar el documento en cuestión son aquellos que le impone el texto de la carta de instrucciones, la cual se supone basada en la relación jurídica existente entre el creador del título y el beneficiario del mismo”(3).

Indica la superintendencia, respecto de los requisitos del documento que contiene las instrucciones, que permitirán al tenedor del instrumento su diligenciamiento:

“a) Que el título sea llenado por un tenedor legítimo, es decir por quien detente el título de acuerdo a su ley de circulación;

b) Que el documento sea diligenciado conforme a las instrucciones del firmante, y;

c) Que el título se llene antes de ejercer el derecho que el mismo otorga, esto es antes de presentar el documento para el pago, negociarlo o ejercer la acción cambiaria encaminada al recaudo del importe del título”.

Al respecto la Corte Constitucional manifestó en Sentencia T-943 de 2006(4):

“En armonía con lo expuesto, para la Sala es claro que las eventuales obligaciones representadas en títulos valores con espacios en blanco, que no podrán ser diligenciados hasta tanto no se determinen las instrucciones del creador del instrumento”.

Por su parte la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el fallo del quince (15) de diciembre de dos mil nueve (2009), en el Expediente 05001-22-03-000-2009-00629-01(5) se reiteró “que ese tribunal admite de manera expresa la posibilidad, por cierto habitualmente utilizada, de crear títulos valores con espacios en blanco para que, antes de su exhibición tendiente a ejercer el derecho incorporado, se llenen o completen por el tenedor de conformidad con las órdenes emitidas por el suscriptor. Ahora, si una vez presentado un título valor, conforme a los requisitos mínimos de orden formal señalados en el Código de Comercio para cada especie, el deudor invoca una de las hipótesis previstas en la norma mencionada le incumbe doble carga probatoria: en primer lugar, establecer que realmente fue firmado con espacios en blanco; y, en segundo, evidenciar que se llenó de manera distinta al pacto convenido con el tenedor del título”.

En ese mismo orden de ideas el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, en providencia del 30 de junio de 2009 en el proceso T-05001-22-03-000-2009-00273-01(6), precisó:

“Conforme a principios elementales de derecho probatorio, que dentro del concepto genérico de defensa el demandado puede formular excepciones de fondo, que no consisten simplemente en negar los hechos afirmados por el actor, sino en la invocación de otros supuestos de hecho impeditivos o extintivos, del derecho reclamado por el demandante; de suerte que al ejercer este medio de defensa surge diáfano que el primero expone un hecho nuevo tendiente a extinguir o impedir los efectos jurídicos que persigue este último, enervando.

... adicionalmente le correspondería al excepcionante explicar y probar cómo fue que el documento se llenó en contravención a las instrucciones dadas” (Exp. 1100102030002009-01044-00).

Por ende, el hecho de que se hubiera demostrado que en un comienzo no hubo instrucciones para llenar los espacios en blanco de las referidas letras, era cuestión que por sí sola no les restaba mérito ejecutivo a los referidos títulos, pues tal circunstancia no impedía que se hubiesen acordado instrucciones ulteriores para hacer posible el diligenciamiento del título y su consiguiente exigibilidad.

No podía, entonces, invertirse la carga de la prueba para dejar a hombros del acreedor el deber de acreditar cómo y por qué llenó los títulos, sino que aún en el evento de ausencia inicial de instrucciones, debían los deudores demostrar que tampoco las hubo con posterioridad o que, en todo caso, el acreedor sobrepasó las facultades que la ley le otorga para perfeccionar el instrumento crediticio en el que consta la deuda atribuida a los ejecutados”.

Ahora bien, la doctrina(7) señala que la posibilidad de completar un título en blanco se origina de la ley, pues la norma permite que el tenedor con posterioridad a la emisión y fuera del control firmante aquel pueda completarlo. Al respecto se explica que:

“En Colombia se aplican las dos teorías, de una parte se atiende a la intención del documentante, cuando el título no ha circulado y de otra, se presume que el tercero de buena fe, lo ha llenado de acuerdo con las instrucciones, cuando el instrumento ha circulado; la posición objetiva es la de mayor fuerza, dada la naturaleza de los títulos-valores y la necesaria protección de los terceros adquirientes de buena fe”.

Ciertamente, la carta de instrucciones es un complemento fundamental de los títulos en blanco, pues en ella se incorpora la voluntad y condiciones en las cuales debe el tenedor de buena fe complementar los espacios que figuren en blanco.

Sin embargo, la carta de instrucciones puede constar en un documento escrito o de manera verbal, al no existir una norma que exija alguna formalidad. Sobre el particular indica la academia(8):

“De manera escrita puede constar en el mismo documento o en llamada carta de instrucciones, o en un documento aparte que contenga el negocio jurídico que le dio origen al título-valor en blanco v.gr. en una compraventa. Aunque en esta dos últimas formas, se presenta una dificultad práctica, ya que la circulación del título-valor en blanco queda sometida al acompañamiento de la carta de instrucciones o del documento en donde consten las instrucciones”.

En conclusión, los títulos ejecutivos que se suscriban en blanco, pueden llenarse sus espacios conforme a la carta de instrucciones. No obstante, cuando el suscriptor del título alegue que no se llenó de acuerdo con las instrucciones convenidas, recae en él la obligación de demostrar que el tenedor complementó los espacios en blanco de manera arbitraria y distinta a las condiciones que se pactaron.

3.5. Caso concreto.

En el presente asunto, la señora Yolanda Serpa Cabrales giró a favor de Sugeidys Patricia Yanez Bravo una letra de cambio en blanco por un dinero en préstamo. Posteriormente, la señora Yanez Bravo entregó el título valor en blanco al señor Edgar Barrera Sevilla, quien inició un proceso ejecutivo singular de mínima cuantía por cuatro millones quinientos mil pesos contra la señora Yolanda Serpa Cabrales.

En el proceso ejecutivo la accionante excepcionó ante el juez ejecutante que las pretensiones del señor Barrera Sevilla no podían prosperar, en cuanto se presentó una alteración del texto del título valor, dado que la letra de cambio se suscribió en blanco sin la respectiva carga de instrucciones.

Aduce la tutelante que en el proceso ejecutivo rindió declaración la señora Sugeidys Patricia Yanez Bravo, quien manifestó en la diligencia que la letra de cambio se firmó en blanco y se entregó al señor Edgar Barrera en esas mismas condiciones.

Por su parte el Juez Quinto Civil Municipal de Montería en la sentencia del veintisiete (27) de noviembre de 2009, decidió ejecutar a la señora Serpa Cabrales al determinar que el contenido del título ejecutivo se presume cierto y en nada afecta su eficacia, pues la ley faculta al tenedor de buena fe a llenar o complementar la letra de cambio en blanco.

En esas condiciones, la Sala procede a verificar el cumplimiento de los presupuestos para que proceda la acción de tutela contra sentencias judiciales.

En el caso en concreto se observa que se cumplen los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional. En efecto:

(i) se discute una cuestión de relevancia constitucional, puesto que se alega el ostensible desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso y del derecho de acceso a la justicia.

(ii) la señora Yolanda del Carmen Serpa Cabrales no cuenta con más recursos ni ordinarios ni extraordinarios para hacer valer sus derechos dentro del proceso, puesto que el proceso ejecutivo es de mínima cuantía, por tanto, es de única instancia.

(iii) la tutelante ha identificado en forma razonable los hechos que generaron la vulneración.

(iv) no se trata de sentencia contra tutela.

(v) en lo que se refiere al requisito de la inmediatez, el fallo que se acusa es del 27 de noviembre de 2009 y la acción de tutela se interpuso el 1º de febrero de 2010, siendo oportuno y razonable el tiempo transcurrido entre la providencia que se estima vulneratoria del derecho y la interposición de la acción de tutela.

En esas condiciones, al cumplirse con todos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala estudiará si en el caso concreto se presentan las causales específicas de procedibilidad.

3.6.1. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La inconformidad del demandante se enfoca en un defecto sustantivo y fáctico de la providencia, pues alega que los despachos judiciales demandados desconocieron su derecho fundamental al debido proceso por incurrir en una vía de hecho.

3.6.1.1. Defecto sustantivo.

Este tribunal constitucional ha definido que se incurre en un defecto sustantivo, entre otras razones:

“(i) cuando la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, es decir, por ejemplo, la norma empleada no se ajusta al caso o es claramente impertinente(9), o no se encuentra vigente por haber sido derogada(10), o por haber sido declarada inconstitucional(11), (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance(12), (iii) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática(13), (iv) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada(14), o (v) porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”(15).

Bajo las anteriores consideraciones, para la Sala el fallo del 27 de noviembre de 2009 del Juez Quinto Civil Municipal de Montería incurrió en un defecto sustancial al interpretar de manera equivocada el artículo 622 del Código de Comercio, por asumir que los títulos valores como el pagaré cuando se encuentran en blanco puede el tenedor, sin existir carta de instrucciones, tomar la iniciativa de completarlo.

En efecto el artículo 622 del Código de Comercio señala que “Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora”. No obstante, el juzgado demandado interpretó de manera aislada la norma, pues asumió que el señor Barrera como tenedor de buena fe del pagaré que se le entregó, podía llenarlo sin ninguna previa instrucción. En efecto, no existió carta de instrucciones, y por tanto, no era posible llenar los espacios en blanco por cuanto la disposición del estatuto mercantil establece que únicamente podrá llenarse los espacios en blanco del título ejecutivo siempre y cuando sea conforme a las instrucciones que emitió el suscriptor. Sin embargo, se repite, en el caso en estudio ni si quiera existía carta de instrucciones.

Al respecto la Corte Constitucional, en la Sentencia T-943 de 2006 se refirió a un concepto de la Superintendencia Financiera, en el cual esta entidad explicó que por seguridad los títulos valores que contengan espacios en blancos deben llenarse conforme a las instrucciones que suscribe el girador.

Por tanto esta Sala considera que respecto al defecto sustantivo, el fallo que se acusa incurrió en una vía de hecho, por vulnerar el derecho fundamental al debido proceso por adelantar un proceso ejecutivo contra la tutelante con una letra de cambio en blanco que se llenó sin cumplir los requisitos que establece el artículo 622 del Código de Comercio y lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-943 de 2006.

3.6.1.2. Defecto fáctico.

Ahora bien, esta corporación en la Sentencia T-757 de 2009(16) reiteró que el defecto fáctico se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez ordinario es arbitraria y abusiva, esto es, cuando el funcionario judicial i) simplemente deja de valorar una prueba determinante para la resolución del caso; ii) cuando excluye sin razones justificadas una prueba de la misma relevancia, o cuando iii) la valoración del elemento probatorio decididamente se sale de los cauces racionales(17).

De ese modo obraron dentro del proceso ejecutivo las siguientes pruebas:

1. Diligencia de recepción de testimonio a la señora Sugeidys Patricia Yanes Bravo por parte del Juez Quinto Civil Municipal de Montería el 14 de mayo de 2009. En cuyo documento consta:

Pregunta: Diga si Yolanda Serpa le garantizó el cumplimiento de la obligación dineraria con un documento, en caso afirmativo diga en qué consistió ese documento.

Contesto: Sí, una letra.

Pregunta diga si Yolanda Serpa, solo firmo(sic) la letra o llenó también los espacios en blanco de la misma.

Respuesta: La firmó en blanco.

Pregunta: Diga claramente si usted le entregó la letra a Edgar Barrera en blanco o con los espacios llenos.

Respuesta: En blanco.

2. Informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, laboratorio de documentoscopia y grafología forense, en el cual se conceptúa los siguiente:

“De acuerdo a los análisis practicados, al material debitado y patrón tenido para el presente estudio y los razonamientos de orden técnico antes expuestos, se determina que los textos de duda, diligenciados en la letra de cambio por valor de cuatro millones quinientos mil pesos, no corresponden con las muestras patrón de la señora Yolanda Serpa Cabrales, aportadas para estudio”.

En esa medida, la Sala concluye que el Juez Quinto Civil Municipal de Montería incurrió en error ostensible, flagrante y manifiesto en la valoración de las pruebas, pues afirmó que la declaración de la señora Yanes Bravo no era suficiente para establecer la literalidad del título, cuando a su vez contaba con el experticio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el cual señalaba que los espacios en blanco no los llenó Yolanda Serpa Cabrales.

En consecuencia, en dos pruebas judiciales se demostró que la letra de cambio se suscribió sin existir la respectiva carta de instrucciones, la cual es indispensable para su exigibilidad de conformidad al artículo 620 del Código de Comercio, la Sentencia T-943 de 2006 y los conceptos de la Superintendencia Financiera. Por tanto, la Sala concluye que el juez demandado incurrió en un defecto fáctico al no evaluar adecuadamente y de conforme a la sana critica las pruebas que practicó en el proceso ejecutivo de Edgar Barrera Sevilla contra Yolanda Serpa Cabrales.

Por las anteriores circunstancias, se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de Yolanda del Carmen Serpa Cabrales por los defectos sustancial y fáctico, por cuanto se adelantó en su contra un proceso ejecutivo con un título ejecutivo en blanco, sin existir la respectiva carta de instrucciones.

Con base en los anteriores argumentos, la Sala revocará el fallo preferido por el Juez Tercero Civil del Circuito de Montería del 12 de febrero de 2010, mediante el cual se negó el amparo del derecho fundamental al debido proceso, para en su lugar tutelar el derecho fundamental al debido proceso de Yolanda del Carmen Serpa Cabrales, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En consecuencia se dejará sin efectos la sentencia del Juez Quinto Civil Municipal de Montería del veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009) dentro del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía de Edgar Barrera Sevilla contra Yolanda Serpa Cabrales y de todas las actuaciones surtidas a partir de la providencia. Por tanto, se ordenará al Juez Quinto Civil Municipal de Montería, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a proferir una nueva decisión con base en las consideraciones expuestas en la presente providencia.

4. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo preferido por el Juez Tercero Civil del Circuito de Montería del 12 de febrero de 2010, mediante el cual se negó el amparo del derecho fundamental al debido proceso, para en su lugar TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de Yolanda del Carmen Serpa Cabrales, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del Juez Quinto Civil Municipal de Montería del veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009) dentro del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía de Edgar Barrera Sevilla contra Yolanda Serpa Cabrales y todas las actuaciones surtidas a partir de la providencia.

3. ORDENAR al Juez Quinto Civil Municipal de Montería, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a proferir una nueva decisión con base en las consideraciones expuestas en la presente providencia.

4. LÍBRESE por secretaría la comunicación que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto—Luis Ernesto Vargas Silva.

Martha Victoria Sáchica Moncaleano. Secretaria general.

(1) Artículo 619 y 620 del Código de Comercio.

(2) El artículo 621 del Código de Comercio, preceptúa: “Además de lo dispuesto para cada título-valor en particular, los títulos-valores deberán llenar los requisitos siguientes: 1. La mención del derecho que en el título se incorpora, y 2. La firma de quien lo crea.

La firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad del creador del título, por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto.

Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título; y si tuviere varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio. Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercaderías, también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en el lugar en que estas deben ser entregadas.

Si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título se tendrán como tales la fecha y el lugar de su entrega”.

(3) Superintendencia Financiera. Concepto 2006015989-001 del 9 de junio de 2006.

(4) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(5) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar.

(6) Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, M.P. Edgardo Villamil Portilla, Bogotá, D.C., Treinta de junio de dos mil nueve.

(7) Curso de títulos valores, Lisandro Peña Nossa, Quinta Edición, págs. 69 ss.

(8) Ibidem.

(9) Sentencias T-008 de 1998 y T-189 de 2005.

(10) Ver Sentencia T-205 de 2004.

(11) Al respecto, consultar sentencias T-804 de 1999 y T-522 de 2001.

(12) Esta corporación, mediante la Sentencia T-1244 de 2004 manifestó que la autoridad judicial (juez laboral) había incurrido en una causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto sustantivo, al negar la indexación de la primera mesada pensional, al argumentar que la norma aplicable no lo permitía, a pesar de que la interpretación que había hecho la Corte Constitucional en varias sentencias de constitucionalidad señalaban el sentido de la norma y la obligación de indexar. Ver también, Sentencia T-462 de 2003.

(13) Consultar sentencias T-694 de 2000 y T-807 de 2004.

(14) Corte constitucional, Sentencia T-056 de 2005.

(15) Sentencia SU-159 de 2002.

(16) M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(17) Al respecto se pueden consultar las sentencias T-231 de 1994, T-329 de 1996, SU-477 de 1997, T-267 de 2000, entre otras.