Sentencia T-677 de junio 28 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA SEXTA DE REVISIÓN

TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

CUÁL DEBE SER EL ALCANCE DE UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

EXTRACTOS: «La acción de tutela consagrada por el artículo 86 de la Carta, fue concebida como un mecanismo de defensa y protección inmediata de los derechos fundamentales cuando el afectado no dispone de otro medio idóneo y eficaz de defensa judicial. El propósito de la tutela es que el juez constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, dictando las órdenes a las autoridades públicas o a los particulares, que considere pertinentes para salvaguardar y proteger en forma actual y cierta los derechos fundamentales de las personas.

El artículo 64 de la Ley 446 de 1998 definió la conciliación como “un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador“; a su vez el artículo 65 de dicha ley estableció que sólo serán conciliables, judicial o extrajudicialmente, los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley, haciendo tránsito a cosa juzgada la respectiva acta, la cual además prestará mérito ejecutivo, según lo disponen los artículos 66 y 67 de la misma ley. Por su parte, el parágrafo del artículo 8º de la Ley 640 del 5 de enero de 2001 establece que “es deber del conciliador velar por que no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles“.

Ha dicho la Corte Constitucional que los derechos fundamentales, no son objeto de transacción o desistimiento (1) , en consecuencia, en principio no sería procedente que para su protección el juez constitucional recurra a la conciliación.

(1) T-374 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz, citada por la T-232 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Sin embargo, también ha establecido la Corte que la convocatoria que hace el juez de tutela a la audiencia de conciliación y la práctica de esta etapa procesal no son en sí mismas ilegales y por lo tanto no vician el trámite de la acción. Se hace necesario distinguir entre la conciliación como etapa procesal y el acuerdo conciliatorio.

En auto 070 de 1999, con ponencia de Fabio Morón Díaz se dijo:

“(...) el juez constitucional propició un acuerdo entre la partes, que equivocadamente denominó “conciliación“, acuerdo que se efectuó, no sobre los derechos fundamentales que estaban siendo amenazados, que como tales no son objeto de transacción, sino sobre la alternativa técnica que permitiría solucionar el problema que daba origen a esa amenaza (la filtración de aguas y la humedad que ésta ocasionaba), actuación del todo acorde, no sólo con el ordenamiento jurídico que rige la tutela, sino con la filosofía que subyace en esta acción de carácter excepcional, cuyo objetivo no es otro que brindar protección inmediata y eficaz a los derechos fundamentales de las personas“.

En sentencia T-232 de 1996, con ponencia de Alejandro Martínez Caballero, la Corte dijo:

“Esta apreciación debe entenderse en el sentido de que no puede transigirse menoscabando los derechos fundamentales. Pero, cosa diferente es que se llegare a un acuerdo que precisamente conlleve la protección del derecho fundamental, en esta circunstancia, el juez constitucional debe ponderar si considera que desapareció el objeto del amparo en cuyo caso la tutela no prospera, o si, pese a desaparecer el objeto, se torna prudente hacer un llamado a prevención y se entiende que hubo una especie de allanamiento a lo solicitado“.

Siguiendo la jurisprudencia de la Corte, se debe analizar en cada caso concreto si la conciliación condujo a una verdadera transacción del derecho fundamental vulnerado o amenazado, o si se trató más bien de un allanamiento del ente accionado a los hechos presentados por el accionante que dio como resultado un acuerdo sobre las alternativas técnicas para superar la violación del derecho.

Dadas las particularidades de cada caso concreto, cuando la solución propuesta por el demandado y aceptada por la actora, auspiciada por el mismo juez de tutela al ordenar la celebración de una “audiencia de conciliación“, pretende erradicar de manera definitiva la causa de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales cuya protección se pretende a través de la acción de tutela, y no significa en forma alguna la transacción del derecho, dicho acuerdo puede tenerse como válido.

Sin embargo, esto no releva al juez constitucional de su obligación de decidir de fondo sobre la acción a través de la respectiva sentencia, pues como lo ha señalado esta corporación:

“... cuando surge una solución, ello no implica la finalización de la acción, sino que, necesariamente, el juez constitucional debe fallar teniendo en cuenta si persiste o no la amenaza” (2) .

(2) Corte Constitucional. Sentencia T-232 de 1996, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

En el caso que ahora nos ocupa, si bien se dispuso la celebración de audiencia de conciliación dentro del trámite de la tutela y el despacho de la juez se constituyó efectivamente en audiencia de conciliación, no se llegó a ningún acuerdo sobre las pretensiones del accionante y la juez decidió, a través de fallo, el asunto de fondo, tutelando los derechos del peticionario. Entonces, conforme a lo expuesto, dicha etapa procesal no tiene trascendencia jurídica».

(Sentencia T-677 de junio 28 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra).

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