Sentencia T-068 de febrero 11 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

DESACATO A LA ORDEN DE TUTELA

SITUACIONES EN QUE SE CONFIGURA

EXTRACTOS: «Pretende el actor demostrar que el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, al regular el desacato y las sanciones que se siguen siempre que éste se configura, se refiere con exclusividad al incumplimiento de órdenes proferidas por el juez durante el trámite de la acción de tutela, mas no a la inobservancia de aquellas que, con miras a la protección de los derechos constitucionales fundamentales, imparta en el fallo mediante el cual concede la protección pedida, ya que, en criterio del demandante, la renuencia a acatar los mandatos judiciales contenidos en la sentencia de tutela acarrea la imposición de las sanciones penales por fraude a resolución judicial o prevaricato por omisión, de conformidad con lo dispuesto por el inciso primero del artículo 53 del Decreto 2591 de 1991, sin que sea jurídicamente aceptable extender a estas hipótesis las previsiones del artículo 52, que tampoco tendrían cabida cuando se repita la acción o la omisión que motivó la tutela concedida, en cuyo caso, solamente cabría deducir responsabilidad penal.

Frente a los planteamientos sostenidos por el actor y de los cuales quiere derivar la incompetencia de los jueces demandados para tramitar el incidente de desacato y para imponer las sanciones consiguientes, debe aclararse que el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 alude a cualquier orden proferida dentro del trámite de la acción de tutela, incluida la que se imparta en la sentencia favorable a las pretensiones del afectado en sus derechos constitucionales fundamentales.

Así surge de la propia Carta Política que, en su artículo 86, establece que la protección “consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicite la tutela actúe o se abstenga de hacerlo” y así lo ha entendido la Corte Constitucional al interpretar los artículos 27, 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991, en los términos que a continuación se transcriben:

“Los artículos 52 y 53 reseñados son concordantes con el 27 del mismo Decreto 2591 de 1991, que se refiere específicamente al cumplimiento del fallo por parte de la autoridad responsable del agravio a los derechos fundamentales y que autoriza al juez para sancionar por desacato a la persona responsable y eventualmente cumplidos los supuestos que para ello se señalan en la norma, también al superior de aquella.

Suponer que el artículo 52, que se refiere al incidente de desacato por incumplimiento de órdenes judiciales, no cobija la posibilidad de sancionar por esta razón el incumplimiento de órdenes contenidas en el fallo mismo, aduciendo que el incumplimiento del fallo es regulado expresamente por el artículo 53 sin llamarse “desacato”, implica privar de sentido al artículo 27 que expresamente habla de desacato por incumplimiento de la sentencia. Luego la sana hermenéutica hace concluir que, independientemente de la responsabilidad penal derivada de la tipificación de conductas delictuales como el “fraude a la resolución judicial” que menciona el artículo 52, el incumplimiento del fallo también da lugar a que se configure el “desacato” y que resulten desplegables los poderes disciplinarios del juez.

La anterior es la interpretación armónica de los artículos 27, 52 y 53 del Decreto 2591 es decir es la interpretación que consulta el contexto de la ley para entender cada una de sus partes de manera que cada artículo produzca efectos y que entre todos exista correspondencia y armonía”(1).

(1) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-243 de 1996. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

Estima el demandante que cuando se ha producido el cumplimiento inicial de las órdenes proferidas en el fallo de tutela y, con posterioridad, el llamado a cumplirlas deja sin efectos los actos mediante los cuales acopló su conducta al mandato judicial, pese a que los protegidos quedan en la misma situación en la que se hallaban antes de instaurar la acción, no se configura un incumplimiento de la sentencia porque, en su sentir, esta fue acatada por el llamado a cumplirla, salvo que se volvió a incurrir en el comportamiento desconocedor de los derechos fundamentales.

El anterior criterio fue compartido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto que, ante el caso sub examine, entendió que el señor alcalde municipal de Yacuanquer (Nariño), al revocar los actos administrativos por los cuales, de acuerdo con la decisión del juez de tutela, se ubicaba a los docentes en sus antiguos sitios de trabajo, produjo situaciones nuevas, diferentes de las ya debatidas en las acciones de tutela, razón por la cual dejó sin efectos las sanciones que le fueron impuestas al burgomaestre por desacato y a la vez, recomendó a los profesores instaurar nueva demanda.

Considera la sala que no es acertado afirmar, a priori, que la repetición de la acción u omisión que motivó la tutela no constituye incumplimiento sino que apenas comporta una nueva situación merecedora de reproche penal. Para determinar si la actuación del ahora demandante constituye o no un incumplimiento de las sentencias de tutela que le obligaban a mantener a un grupo de docentes en sus lugares habituales de trabajo, es indispensable apreciar las circunstancias del caso concreto.

(...).

Analizadas las particularidades del caso que ahora se aborda, esta sala encuentra que la actuación del burgomaestre envuelve un incumplimiento de las órdenes proferidas por los jueces en las sentencias de tutela a las que se ha aludido; lo contrario significaría aceptar que unos actos administrativos fundados en necesidades del servicio que el propio demandante contribuyó a crear, tienen la virtualidad de remover la intangibilidad de los fallos de tutela ejecutoriados y de las órdenes en firme que ellos contienen.

Esas órdenes obviamente se enderezan a la protección de los derechos constitucionales fundamentales y su desconocimiento se traduce, además, en la perpetuación de las situaciones que conculcan los derechos, a cuya protección se procedió merced a las acciones de tutela que resultarían ineficaces en caso de avalar el comportamiento del actor.

Es sabido que los procedimientos y sobre todo los constitucionales dirigidos a la protección de los derechos fundamentales, en razón de la importancia del objeto jurídico protegido, están llamados a lograr su cometido. Tratándose de la tutela ese cometido no es otro que la efectiva vigencia de los derechos fundamentales y siempre que ese objetivo no se logre por la actividad del agente a quien por orden de tutela se le impuso observar una conducta determinada, es palmario que se incurre en incumplimiento.

La autoridad que debe ejecutar una orden judicial, plasmada en una sentencia de tutela, no cumple el propósito protector que guía al mecanismo previsto en el artículo 86 superior con la simple actitud de acomodar transitoriamente su conducta a los parámetros fijados por el juez para luego, ante situaciones que sustancialmente no han variado, tornar al comportamiento ya juzgado como violador de los derechos fundamentales.

Es obvio que la persona en cuyo favor se decreta la protección tiene el derecho a que, mientras no se modifiquen de manera sustancial las circunstancias que el juez ponderó, el amparo que se le conceda tenga vocación de permanencia y a que no se desvirtúe su sentido sin un fundamento serio y razonable.

(...).

La actitud del juez que al velar por el cumplimiento de su sentencia vela también por la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales, no aparece extraña en eventos como el comentado y el incidente de desacato se erige en el medio eficaz para lograr que las órdenes se cumplan y que, al cumplirse se satisfagan los derechos vulnerados.

El incidente de desacato no excluye la actuación de la Procuraduría General de la Nación en lo que es de su cargo ni la eventual responsabilidad penal que pueda caberle al incumplido, y es de destacar que, de producirse, las sanciones penales impuestas al infractor, fuera de llegar tarde no comportan necesariamente el cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo de tutela, que, de ese modo, quedaría carente de efectividad, habiéndose consolidado, entonces y a pesar de la tutela, una violación de los derechos fundamentales.

En criterio de la sala, no resulta atendible la solución prohijada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en la sentencia revisada, en el sentido de que frente a eventos como el analizado los afectados tiene a su alcance la instauración de una nueva acción de tutela. El remedio no es tan claro como se pretende ya que, fuera de aceptar que la acción primeramente incoada no tuvo ningún efecto práctico, el particular se vería abocado a afrontar una eventual temeridad y el juez encargado de fallar esa nueva acción posiblemente se vería enfrentado a la reapertura de un caso ya cerrado, con las consecuencias que ello implica.

En esas condiciones, lo que surge con nitidez es que el juez conserva su competencia para adoptar el conjunto de medidas que estime indispensable para el cabal cumplimiento del fallo, cerrándose así la posibilidad de promover una cadena interminable de acciones de tutela, al cabo de las cuales lo único que quedaría en claro sería el desgaste de esa institución y del aparato jurisdiccional del Estado».

(Sentencia T-068 de febrero 11 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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