Sentencia T-683 de diciembre 2 de 2016

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA CUARTA DE REVISIÓN

Magistrado Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Ref.: T-5.688.160

Demandante: Jairo Enrique Puerto Ardila

Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil

Bogotá, D.C., dos de diciembre de dos mil dieciséis.

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente

Sentencia

En la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de junio de 2016, en el trámite de la acción de tutela promovida por el señor Jairo Enrique Puerto Ardila contra la Registraduría Nacional del Estado Civil.

I. Antecedentes

1. Solicitud.

El señor Jairo Enrique Puerto Ardila, actuando en nombre propio, acudió a la acción de tutela, en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital y al trabajo que, según afirma, han sido vulnerados por la Registraduría Nacional del Estado Civil al no prorrogar su vinculación como supernumerario, a pesar de sus precarias condiciones de salud.

2. Los hechos.

2.1. La Registraduría Nacional del Estado Civil vinculó al señor Jairo Enrique Puerto Ardila, mediante diferentes resoluciones y en distintos periodos, en la modalidad de supernumerario, como auxiliar administrativo, código 5120-04(1).

La primera resolución, a través de la cual se designó al señor Puerto Ardila en calidad de supernumerario en el cargo mencionado, fue la Nº 8938, del 2 de septiembre de 2013, para el periodo comprendido entre el 3 de septiembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.

La última resolución, mediante la cual se vinculó al señor Jairo Enrique Puerto, en la modalidad indicada y en el cargo anotado, fue la Nº 301, del 20 de enero de 2016, para el periodo que abarcó desde 20 de enero de 2016 hasta el 9 de febrero de 2016.

2.2. El 5 de junio de 2015, el señor Puerto Ardila, en cumplimiento de sus labores, en el municipio de Santa Rosa (Bolívar), sufrió un accidente laboral, tras el volcamiento del automóvil en el que venía como pasajero(2).

2.3. Como consecuencia del siniestro, el señor Jairo Enrique, tuvo que ser hospitalizado en la Clínica de Barú, en la ciudad de Cartagena, donde permaneció durante 33 días.

2.4. Por el trauma severo que sufrió en el segundo dedo de la mano derecha el señor Puerto Ardila fue intervenido quirúrgicamente en 6 oportunidades.

2.5. Con ocasión de dicho accidente laboral, al señor Jairo Enrique, le fue concedida, inicialmente, una incapacidad por 30 días, la cual se prorrogó, en varias ocasiones, hasta el 9 de abril de 2016(3).

2.6. A pesar de las precarias condiciones de salud del señor Puerta Ardila, su vinculación como supernumerario en la Registraduría Nacional del Estado Civil no fue prorrogada. Así, estuvo vinculado con la entidad demandada hasta el 9 de febrero de 2016.

3. Oposición a la demanda.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, mediante proveído del 2 de mayo de 2016, admitió la demanda y corrió traslado a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que ejerciera su defensa.

Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través del jefe de la Oficina Jurídica, respecto de la acción de tutela promovida por el señor Jairo Enrique Puerto Ardila, señaló:

— El artículo 20 de la Ley 1350 de 2009 “Por medio de la cual se reglamenta la Carrera Administrativa Especial en la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan normas que regulan la Gerencia Pública”, enlistó las clases de nombramientos como forma de provisión de empleos en esta entidad, destacándose, para lo que interesa a la presente causa, el nombramiento provisional discrecional.

— El ordenamiento jurídico constitucional, legal y reglamentario, permite al nominador al proveer un empleo cuya naturaleza es provisional, establecer un periodo de vigencia o término en el acto administrativo por medio del cual se designa al servidor público en dicha clase de empleo.

— Precisamente, el término de vigencia del acto administrativo de designación, que para este caso, como quedó establecido en la Resolución Nº301, del 20 de enero de 2016, se extendió hasta el 9 de febrero de la citada anualidad, inclusive.

Ello resulta acorde con el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, el cual permite a la administración sujetar a una condición resolutoria o a un plazo o vigencia determinados, los actos administrativos que designan a un servidor público, sin que ello implique extralimitación en el ejercicio de funciones.

— Las incapacidades otorgadas al señor Jairo Enrique Puerto Ardila durante el vínculo laboral y reglamentario fueron radicadas en la entidad. La última fue expedida por la Clínica Eusalud S.A. del 21 de enero de 2016 al 9 de febrero del mencionado año.

Posteriormente, el señor Puerto Ardila, casi un mes después de finalizado su vínculo laboral y reglamentario con esta entidad, radicó el 3 de marzo del corriente, 2 incapacidades expedidas con anterioridad por Cuidarte Tu Salud SAS. La primera, que comprende el periodo del 10 de febrero de 2016 al 1 de marzo de 2016 y la segunda, que inició el 2 de marzo de 2016 y finalizó el 10 de marzo de 2016.

Frente a estos documentos, la entidad, mediante Oficio 012959, del 8 de marzo de 2016, le informó al señor Jairo Enrique Puerto Ardila que le serían devueltos porque según el artículo 3º de la Ley 776 de 2002 las prestaciones económicas superiores a 180 días deben ser tramitadas y canceladas por la ARL.

— La Registraduría Nacional del Estado Civil garantizó la vinculación laboral y reglamentaria del señor Puerto Ardila, a través de las resoluciones 9241, 15630, 15934, 16124 de 2015, 007 y 301 de 2016. En esta última se prorrogó el nombramiento provisional del demandante hasta el 9 de febrero de 2016.

— Puntualizó que la entidad no vulneró los derechos fundamentales del señor Puerto Ardila porque durante su vinculación laboral y reglamentaria se realizaron los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y se efectuó el pago de los salarios y demás emolumentos, tampoco cuando se le terminó su relación legal y reglamentaria por vencimiento del término del periodo para el cual fue nombrado.

4. Pretensiones.

El señor Jairo Enrique Puerto Ardila solicita que se tutelen sus derechos fundamentales invocados y, como consecuencia de ello, se le ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil que lo reintegre al cargo que venía desempeñando antes de su desvinculación o a uno con mejores condiciones, teniendo en cuenta sus condiciones de salud.

5. Decisión judicial que se revisa.

5.1. Decisión de primera instancia.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, mediante sentencia proferida el 13 de mayo de 2016, decidió negar el amparo solicitado al considerar que el presente asunto debe ser resuelto por la jurisdicción ordinaria por tener un carácter legal y litigioso y no por la vía de la acción constitucional

5.2. Impugnación.

El señor Jairo Enrique Puerto Ardila impugnó por considerar que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá desconoció la estabilidad laboral reforzada que se predica de los trabajadores con limitaciones o con pérdida de capacidad laboral que se encuentra consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la cual busca la integración social de las personas con limitaciones.

Destacó que según el Concepto 201411601120371 de agosto 4 de 2014, proferido por el entonces Ministerio de Salud y Protección Social, para despedir un trabajador incapacitado por una enfermedad de origen común superior a 180 días se debe contar con la autorización del Inspector del Trabajo y con el dictamen de calificación de la invalidez. Advirtió que aún se encuentra en tratamiento para su recuperación y que solo hasta dentro de 3 meses tiene un nuevo control médico.

5.3. Decisión de segunda instancia.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, mediante sentencia del 22 de junio de 2016 confirmó la decisión de primera instancia por las razones expuestas.

6. Pruebas relevantes.

Durante el trámite de la acción de tutela, las partes allegaron, entre otras, las siguientes:

— Copia de las prórrogas de vinculación del señor Jairo Enrique Puerto Ardila, en calidad de supernumerario, como Auxiliar Administrativo, Código 5120-04 de la Registraduría Nacional del Estado Civil (fls. 7-11).

— Copia de las incapacidades concedidas al señor Puerto Ardila (fls. 15-48, 54, 63).

— Copia de los controles médicos en la especialidad de traumatología y ortopedia del señor Puerto Ardila en la clínica Eusalud (fls. 39-46).

— Copia de la historia clínica del señor Jairo Enrique Puerto Ardila en la clínica Eusalud (fls. 39-53, 55-62).

— Copia de los controles médicos en la especialidad de fisiatría del señor Puerto Ardila en Cuidarte Tu Salud (fls. 64-66).

— Copia de la historia clínica del señor Jairo Enrique Puerto Ardila en la clínica Eusalud (fls. 69-71).

— Copia del informe de accidente de trabajo del señor Puerto Ardila (fl. 72).

II. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

A través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico.

Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró los derechos fundamentales invocados por Jairo Enrique Puerto Ardila, quien se desempeñó como supernumerario en la entidad, por más de dos años y fue desvinculado por la expiración del plazo fijo pactado, a pesar de las condiciones de salud en que se encontraba.

Para tal fin, esta Sala se referirá a: (i) los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela; (ii) procedencia de la acción de tutela para solicitar el reintegro laboral en los casos de trabajadores discapacitados; (iii) la estabilidad laboral reforzada de las personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales; (iv) la vinculación de empleados supernumerarios en la Administración pública; para luego, finalmente, (v) resolver el caso objeto de estudio.

3. Procedibilidad de la acción de tutela.

3.1. Legitimación activa.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

El Decreto 2591 de 1991, dispuso en el artículo 10(4), que quien considere que sus derechos han sido violados o amenazados, podrá solicitar su protección actuando por sí mismo o por medio de apoderado judicial.

En la misma normativa, se señaló que quien no se encuentre en condiciones de ejercer el derecho de acceso a la justicia podrá ser agenciado oficiosamente(5).

En esta oportunidad, el señor Jairo Enrique solicitó la defensa de sus derechos fundamentales, actuando por sí mismo, razón por la cual se encuentra legitimado para actuar como demandante.

3.2. Legitimación pasiva.

El señor Jairo Enrique Puerto Ardila dirigió la acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad con autonomía administrativa, contractual y presupuestal, organizada en dos niveles: central y desconcentrado, quien está legitimada en la causa como parte pasiva, en la medida en que se le atribuye la presunta vulneración de los derechos fundamentales.

3.3. Principio de inmediatez.

En lo que respecta al principio de la inmediatez, en este caso se encuentra satisfecho, pues, la última prórroga de la vinculación del demandante con la Registraduría Nacional del Estado Civil se extendió hasta el 9 de febrero de 2016 y la acción de tutela fue presentada el 2 de mayo de 2016, es decir, casi 3 meses después del hecho presuntamente vulnerador del derecho.

4. Procedencia de la acción de tutela para ordenar el reintegro laboral en los casos de trabajadores discapacitados.

Reiteradamente, esta Corte ha señalado que, en principio, el mecanismo de amparo es improcedente para reclamar el reintegro laboral(6),toda vez que el ordenamiento jurídico prevé para el efecto acciones judiciales específicas cuyo conocimiento ha sido asignado a la jurisdicción ordinaria laboral y a la de lo contencioso administrativo, según la forma de vinculación de que se trate.

No obstante, esta corporación ha indicado que, de forma excepcional, la acción de tutela puede proceder, cuando se afecten derechos de personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta como consecuencia de su condición económica, física o mental y, adicionalmente, en los casos en los cuales se predica el derecho a la estabilidad laboral reforzada, pues esta regla general debe ser necesariamente matizada en estos eventos(7).

Frente al particular, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-667 de 1998(8), reconoció que las acciones laborales no siempre son suficientes para salvaguardar los derechos constitucionales. Esto dijo:

“Hay una diferencia de objeto entre la defensa y exigibilidad, por la vía judicial, de los derechos laborales de origen puramente legal y la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales cuando de manera directa son afectados por conductas u omisiones respecto de las cuales no es suficiente el poder de decisión de los jueces ordinarios a la luz de las leyes que aplican, y aunque ellos también están obligados a plasmar en sus sentencias los postulados constitucionales, resulta evidente que si la materia misma del proceso ordinario no cobija el motivo de la violación constitucional, la mayor amplitud en el objeto de la demanda instaurada abre paso a la competencia del juez constitucional en lo específicamente relativo a la protección de los derechos fundamentales. Por eso, no obstante que el amparo constitucional es improcedente en principio cuando existe otro medio judicial de defensa, no duda esta Corte en reiterar los criterios que sobre efectividad del mecanismo judicial alternativo ha venido plasmando la jurisprudencia, según los cuales si aquél no es idóneo para la finalidad de preservación cierta y real de los derechos fundamentales afectados, en cotejo directo con la Constitución Política, aunque existan formalmente, no desplazan a la acción de tutela (resaltado fuera del texto)”.

Estas consideraciones han sido reiteradas en la jurisprudencia constitucional. Recientemente, este tribunal, en la sentencia T-041 de 2014(9), señaló que si bien la acción de amparo no es, por regla general, el mecanismo adecuado para solicitar el reintegro laboral, en algunos eventos, como por ejemplo cuando el titular del derecho encuentre protección relativa a la estabilidad laboral reforzada, este trámite se convierte, transitoria o definitivamente, en el mecanismo más adecuado de protección del derecho. Al adquirir dicho alcance, sustituye los mecanismos ordinarios y es posible solicitar el reintegro de las personas que se enmarcan en tales condiciones por la vía de la tutela.

5. El derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Reiteración de jurisprudencia.

Según el artículo 13 de la Constitución Política todas las personas son iguales ante la ley, y el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para que ese mandato sea real y efectivo. De ahí que esta Corte, haya interpretado que: “el principio de igualdad deja de ser un concepto jurídico de aplicación formal, para convertirse en un criterio dinámico, que debe interpretarse de conformidad con las circunstancias particulares que rodean a cada persona, pretendiendo con ello el logro de una igualdad material y no formal(10)“.

Así mismo, en el mencionado precepto se establece que las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en un estado de debilidad manifiesta, gozan de una especial protección constitucional por parte del Estado.

Según la jurisprudencia constitucional, el compromiso que tiene el Estado para con las personas discapacitadas de conformidad con la Constitución, es doble, “por una parte, debe abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier medida administrativa o legislativa que lesione el principio de igualdad de trato; por otra, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, debe remover todos los obstáculos que en los ámbitos normativo, económico y social configuren efectivas desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de los derechos de estas personas, yentalsentido,impulsaraccionespositivas(11)“.(subrayado fuera del texto original)

En armonía con lo anterior, el artículo 47 Superior, consagra que el Estado debe proponer una política de previsión, rehabilitación e integración social orientada a que los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, reciban la atención especializada que requieren.

Bajo esta perspectiva la Constitución Política, en el artículo 53, consagra que uno de los principios mínimos que debe orientar las relaciones laborales es la estabilidad en el empleo y la garantía de la seguridad social. Acorde con este precepto, el artículo 54 Superior, señala que es una obligación del “Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”.

Frente a las acciones afirmativas, la Corte ha precisado que son aquellas que tienen como fin defender a ciertas personas o grupos para suprimir o aminorar sus desigualdades a nivel social, cultural, económico o histórico que los afectan y procurar que los miembros de un grupo discriminado obtengan una mayor representación en el marco político o social(12).

Precisamente, de las acciones afirmativas a favor de las personas que padecen limitaciones físicas o mentales, este Tribunal ha establecido que se deriva una estabilidad laboral reforzada, la cual implica el derecho a:

(i) permanecer en el empleo;

(ii) no ser despedido por causa de la situación de vulnerabilidad;

(iii) permanecer en el empleo hasta que se requiera y hasta tanto no se configure una causal objetiva que obligue la terminación del vínculo; y

(iv) que la correspondiente autoridad laboral autorice el despido o la terminación del contrato, con fundamento en la previa verificación de la ocurrencia de la causal que se alega para finiquitar el contrato laboral, so pena de que el despido se considere ineficaz(13).

Ahora bien, el legislador en relación con la estabilidad laboral reforzada de personas con limitaciones, estableció una serie de garantías que tienen como fin, permitir que ingresen a la actividad laboral y asegurar que sus limitaciones no se constituyan en causales para que sean excluidas de la misma.

En efecto, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, mediante el cual se establecieron los mecanismos de integración social para personas en condición de discapacidad, señala:

“…en ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”.

Precisamente, la Corte, en sede de control abstracto, se pronunció en relación con éste último inciso declarándolo exequible de manera condicionada mediante la Sentencia C-531 de 2000(14), en el entendido de que el despido no se considera eficaz, así se haya efectuado el pago de la indemnización al trabajador discapacitado, si previamente no ha mediado la autorización de la Oficina de Trabajo. En esta medida, la indemnización se constituye en una sanción para el empleador, mas no en la posibilidad para éste de despedir sin justa causa a un trabajador discapacitado(15).

Así mismo, este Tribunal, en sede de control concreto, en Sentencia T-198 de 2006(16), señaló que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 contiene una protección laboral reforzada que se proyecta en dos ámbitos:

— Un ámbito positivo, que supone la prohibición de que las limitaciones físicas o mentales de un trabajador se constituyan en la causa para su desvinculación laboral, a menos que dicha limitación sea incompatible con el cargo que va a desempeñar.

— Y uno negativo, conforme al cual ninguna persona discapacitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que exista autorización de la Oficina de Trabajo. Sin embargo, quienes hayan sido desvinculados por este motivo, tendrán derecho a una indemnización, sin perjuicio de las demás prestaciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes.

Es necesario, destacar que para la Corte, están amparadas por la protección prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997(17), tanto las personas que tienen la condición de discapacitadas de acuerdo con la calificación efectuada por los organismos competentes, como aquellas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, ya sea por la ocurrencia de un evento que afecte sus condiciones de salud, o de una limitación física, sin importar si ésta tiene el carácter de accidente, enfermedad profesional, o de origen común, ni si es de carácter transitorio o permanente.

Precisamente, la Corte frente al particular, en sentencia T-531 de 2003(18), dijo:

“* En la actualidad el ordenamiento jurídico colombiano distingue entre trabajadores discapacitados calificados como tales por las normas legales(19), frente a los trabajadores que sufren una disminución en su condición física durante la ejecución del contrato de trabajo, quienes a partir de lo dispuesto en el artículo 13 Superior, exigen una protección especial por parte del Estado dada su situación de debilidad manifiesta(20).

* El alcance y los mecanismos legales de protección - en cada caso - son distintos, en primer lugar, porque la Ley 361 de 1997, en su artículo 26, consagra un sistema de estabilidad laboral reforzada y, en segundo término, porque la protección de los trabajadores en situación de debilidad manifiesta se deriva de la aplicación inmediata de la Constitución junto con algunas normas de rango legal que constituyen el denominado sistema normativo integrado(21).

* Por ello, en tratándose de trabajadores puestos en circunstancias de debilidad manifiesta, el juez de tutela puede, al momento de conferir el amparo constitucional, identificar y ponderar un conjunto más o menos amplio y variado de elementos fácticos para deducir la ocurrencia de tal circunstancia y, a su vez, goza de un amplio margen de decisión para proteger el derecho fundamental amenazado o vulnerado. Esto significa, en otras palabras, que la protección laboral de los trabajadores que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta no depende de una calificación previa que acredite su condición de discapacitados, sino de la prueba de las condiciones de salud que impidan o dificulten el desempeño regular de sus labores.

* Con todo, el alcance constitucional de la protección especial depende de la exigibilidad de la carga impuesta al empleador. De suerte que, como regla general, le corresponde al empleador reubicar a los trabajadores en estado digno y acorde con sus condiciones de salud, en atención al carácter vinculante del principio constitucional de solidaridad. Sin embargo, ‘el empleador puede eximirse de dicha obligación si demuestra que existe un principio de razón suficiente de índole constitucional que lo exonera de cumplirla’(22)(…)”

La Corte en diversos pronunciamientos ha aplicado la jurisprudencia constitucional referida y ha protegido el derecho de las personas con limitaciones, independientemente de la calificación o no de su discapacidad, a no ser discriminadas en el ámbito laboral como consecuencia de sus condiciones de salud y ha señalado que debe brindárseles un trato especial.

Así las cosas, la protección a la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, por causa de una disminución en la capacidad física o mental, comprende, en primera medida, la prohibición impuesta al empleador de dar por terminado el contrato de trabajo en razón de dicha discapacidad y, en segundo término, la reubicación si se requiere, hasta tanto no se verifique una causal objetiva para su desvinculación previa comprobación de la misma por parte de la autoridad laboral competente.

Específicamente, el derecho a la reubicación, según esta corporación, ha sido entendido como el privilegio del trabajador que presenta disminución en las condiciones de salud de que le sean asignadas unas funciones conforme a su situación particular y mientras alcanza una plena mejoría, ello con el fin de potencializar su capacidad productiva y profesional(23).

La aplicación del principio de solidaridad, explica la obligación del empleador de reubicar al trabajador que tiene una discapacidad o una incapacidad física o mental, en una actividad digna y conforme a su estado de salud, salvo que demuestre que “existe un principio de razón suficiente que lo exonera de cumplirla”(24).

Lo anterior, por cuanto según esta Corte, el derecho a la reubicación laboral tiene diversas implicaciones, según el ámbito en el que se aplique, razón por la cual es necesario analizar, una serie de elementos, para establecer si dicha medida excede la capacidad del empleador o impide el desarrollo de su actividad, pues, en estos casos, este derecho debe ceder ante el interés legítimo del empleador, debiendo, en todo caso, informar al trabajador esa circunstancia y brindarle la posibilidad de plantear soluciones razonables.

En este contexto, deberá examinarse, para determinar si el reintegro es viable: la clase de labores encomendadas al trabajador la naturaleza jurídica del empleador y las condiciones de la empresa y/o capacidad del empleador para efectuar los movimientos de personal.

La Corte en la Sentencia T-1040 de 2001(25), frente al tema dijo:

“Por supuesto, el alcance constitucional de la protección especial depende de la exigibilidad de la carga impuesta al empleador. En situaciones como éstas, en principio corresponde al empleador reubicar al trabajador en virtud del principio constitucional de solidaridad, asegurándole unas condiciones de trabajo compatibles con su estado de salud, para preservar su derecho al trabajo en condiciones dignas. Sin embargo, el empleador puede eximirse de dicha obligación si demuestra que existe un principio de razón suficiente de índole constitucional que lo exonera de cumplirla.

En efecto, el alcance del derecho a ser reubicado por condiciones de salud tiene alcances diferentes dependiendo del ámbito en el cual opera el derecho. Para tales efectos resultan determinantes al menos tres aspectos que se relacionan entre sí: 1) el tipo de función que desempeña el trabajador, 2) la naturaleza jurídica y 3) la capacidad del empleador. Si la reubicación desborda la capacidad del empleador, o si impide o dificulta excesivamente el desarrollo de su actividad o la prestación del servicio a su cargo, el derecho a ser reubicado debe ceder ante el interés legítimo del empleador. Sin embargo, éste tiene la obligación de poner tal hecho en conocimiento del trabajador, dándole además la oportunidad de proponer soluciones razonables a la situación(26)“.

Así mismo, esta corporación ha señalado que en algunos casos, la reubicación laboral como consecuencia del estado de salud del trabajador, implica no solamente el simple cambio de labores, sino también la proporcionalidad entre las funciones y los cargos previamente desempeñados y los nuevos asignados, así como el deber del empleador de otorgar la capacitación necesaria con el propósito de que las nuevas funciones puedan ser desarrolladas adecuadamente(27).

Ahora bien, la Ley 361 de 1997, cuyo propósito es la integración social de las personas con limitación, es aplicable a todos los trabajadores vinculados por contrato laboral y funcionarios públicos. Una interpretación diferente resulta contraria a los postulados de nuestra Carta Magna e incoherente con los principios generales que informan esta normatividad.

Precisamente, la Corte, en Sentencia T-687 de 2009(28), frente al particular, dijo:

“[t]odos los empleadores deben cumplir el procedimiento estipulado en la ley 361 de 1997 para despedir a un trabajador discapacitado, y en consecuencia, debe mediar autorización de la oficina de trabajo, pues de lo contrario el despido será ineficaz, incluso si el trabajador recibió la indemnización que menciona el inciso segundo del artículo 26 de la ley 361 de 1997. En efecto, la Sala de Revisión considera que la protección legal acordada a las personas discapacitadas debe ser entendida a la luz del principio de igualdad, lo cual conduce a afirmar que no es constitucionalmente admisible establecer diferencias entre trabajadores vinculados por contrato laboral y funcionarios públicos. Unos y otros se encuentran protegidos por la Carta Política, y en consecuencia, no pueden ser terminados sus contratos laborales o sus respectivas relaciones legales y reglamentarias por el simple hecho de padecer una enfermedad que afecte su capacidad laboral. En efecto, la debida prestación del servicio público debe armonizarse con el derecho al trabajo de las personas discapacitadas, y en consecuencia, padecer una enfermedad, sea de origen común o profesional, no basta para desvincular a un servidor público […], sobretodo, sin que medie la previa autorización del respectivo Inspector del Trabajo” (resaltados tomados del texto original)”.

Posteriormente, esta corporación, en Sentencia T-148 de 2012(29), en relación con la aplicación de la Ley 361 de 1997, en el caso de los empleados pertenecientes a la carrera judicial, puntualizó:

“5.1. Sea lo primero revelar que la Ley 361 de 1997 no modificó, derogó, subrogó o adicionó el Código Sustantivo del Trabajo, razón por la cual no cobra ninguna utilidad el artículo 3º del mismo estatuto que prescribe su ámbito de aplicación personal(30) para efectos de solucionar el problema que acá se propone.

5.2. De otro lado, la finalidad declarada de la Ley 361 de 1997 es la integración social de las personas con limitación, de lo cual se infiere que a los servidores públicos de la carrera judicial también les corresponde integrarse en el mundo social. Bien, todas las referencias hechas en la Ley 361 tienen que ver con las personas con limitaciones de manera general, sin excluir de ese universo a aquellas que son servidoras públicas. Heterodoxo

No es entonces plausible que el intérprete exceptúe de los derechos aportados por la Ley que se comenta a las personas de la carrera judicial, puesto que ello contravendría el principio de igualdad (C.N. art. 13) y el artículo 53 constitucional que ordena que se prefiera la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho(31). Más aun, el artículo 2º de la Ley 361 establece que ‘[e]l Estado garantizará y velará por que (sic) en su ordenamiento jurídico no prevalezca discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales’, de tal suerte que una interpretación que excluya a los empleados judiciales de los efectos de la norma constituye una discriminación infundada de aquellas que la misma Ley reprocha en su artículo 2º, interpretación que, por lo demás, se antoja incoherente con los principios generales que informan la Ley 361(32)”.

Cabe destacar, además, que el artículo 27, literal a, de la Ley 1346 de 2009(33) prohíbe “la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo” (resaltado fuera del texto original).

En conclusión, la obligación de solicitar autorización a la Oficina de Trabajo para que se constate que el despido de un empleado no se adopta como consecuencia de sus limitaciones se predica de todos los trabajadores vinculados por contrato laboral y funcionarios públicos.

6. Vinculación de empleados supernumerarios en la administración pública.

En el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, se establece la facultad de vincular personal supernumerario en estas dos circunstancias:

(i) en el evento en que sea necesario suplir las vacantes temporales de los empleados públicos que se encuentren en licencia o en vacaciones y,

(ii) en el caso de que sea necesario desarrollar actividades de carácter transitorio.

Bajo este contexto, las funciones que cumplen dichos servidores públicos son aquellas que no pueden ser ejercidas por el titular del cargo, por cuanto se encuentra ausente, o aquellas que por no ser parte de las actividades ordinarias dentro de la entidad respectiva, no pueden ser cumplidas por los funcionarios de la misma.

Lo anterior significa que la vinculación de personal supernumerario constituye un modo excepcional de vinculación laboral con la Administración, que tiene como propósito desarrollar actividades meramente temporales.

Sobre este punto, la Corte, mediante Sentencia C-401 de 1998(34), precisó: “Resulta claro que la vinculación de empleados supernumerarios para llevar a cabo actividades meramente temporales, constituye un modo excepcional de vinculación laboral con la Administración pública”.

En la mencionada sentencia, se explicó que la vinculación de personal supernumerario se diferencia del contrato de prestación de servicios profesionales, por cuanto, la primera, constituye una verdadera relación laboral regida por normas de derecho administrativo, pese a que en su esencia es una relación de carácter temporal, en tanto que, la segunda, carece de dicha naturaleza, siempre y cuando, desde luego, se ajuste a las exigencias de la ley.

Por otra parte, en la aludida decisión se señaló que si la Administración acude a la vinculación de personal supernumerario con la finalidad de desarrollar funciones permanentes del servicio, se desnaturalizaría dicha figura, lo que implicaría el desconocimiento de los principios constitucionales que erigen la carrera administrativa. Además, determinó que la vulneración de los principios constitucionales recae, no en la figura per se, sino en su utilización indebida, evento en el cual se deja abierta la posibilidad de acudir ante el juez respectivo con el objeto de dar aplicación al principio de rango constitucional de prevalencia de la realidad sobre las formalidades estipuladas. Al respecto, consideró:

“9. Como estatuto excepcional que es [el precepto que permite designar supernumerarios], se desnaturaliza cuando es empleado para cubrir necesidades distintas de aquellas para las que fue concebido. De esta manera, cuando la Administración, recurre a esta forma de vinculación de personal para cubrir necesidades permanentes de servicio, desconoce de facto los principios de rango constitucional que gobiernan la carrera administrativa, afectando en primer lugar a los servidores así vinculados, quienes no verán respetada la garantía de estabilidad en el cargo, y desconociendo también el derecho de acceso de los ciudadanos a la Administración pública, de acuerdo con los méritos y capacidades de los aspirantes, todo lo cual va en detrimento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad y honestidad que, por mandato superior, deben regir la función pública.

10. Sin embargo, la inobservancia de los principios constitucionales que en este evento se produce de hecho, no radica en la norma misma que autoriza la vinculación temporal, ahora bajo examen, sino en su utilización desnaturalizada, que puede ser impedida por el ejercicio ante la jurisdicción de las acciones pertinentes. La disposición en sí misma, propende más bien por (sic) hacer efectivos los principios de celeridad y eficacia administrativas, impidiendo la paralización del servicio en los eventos de vacancia temporal de los empleados públicos o en aquellos en los cuales la atención de servicios ocasionales o transitorios distraería a los funcionarios públicos de sus actividades ordinarias.

Ya anteriormente esta corporación se había pronunciado respecto de la prevalencia de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, cuando indicó que la realidad de una relación laboral se podía hacer prevalecer judicialmente frente a la apariencia de un contrato de prestación de servicios, a efectos de derivar el reconocimiento de las prestaciones sociales propias de la relación de trabajo”.

Así mismo, en la sentencia C-401 de 1998 se determinaron las consecuencias jurídicas en las que incurriría la Administración pública, en el supuesto de que hubiere dado una utilización indebida a los nombramientos de supernumerarios.

En el mencionado fallo, frente al caso de mujeres embarazadas, que fueron desvinculadas en el momento en que se conoció dicho estado, con el pretexto del vencimiento del período para el cual fueron nombradas, cuando la respectiva entidad venía realizándoles nombramientos sucesivos y de duración fija, se señaló que se abría la posibilidad de acudir ante el juez competente con el objeto de que hiciera prevalecer el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades, sin que ello implicara, la posibilidad del acceso directo a la administración, pero sí el reconocimiento de las prestaciones laborales relativas a la protección especial a la maternidad, habida cuenta de la realidad de su vinculación permanente con el Estado.

7. Caso concreto.

Como quedó expuesto, Jairo Enrique Puerto Ardila, quien se desempeñó como supernumerario en la entidad, por más de dos años, formuló acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, por una presunta violación de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital y al trabajo, en la que considera incurrió la entidad demandada al desvincularlo bajo el argumento según el cual expiró el plazo fijo pactado, sin tener en cuenta las condiciones de salud en que se encontraba.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil no se vulneraron los derechos fundamentales del señor Puerto Ardila porque durante su vinculación laboral y reglamentaria se realizaron los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y se efectuó el pago de los salarios y demás emolumentos, tampoco cuando se le terminó su relación legal y reglamentaria porque ello obedeció al vencimiento del periodo para el cual fue nombrado.

Los jueces de instancia que conocieron del asunto negaron la solicitud de amparo al considerar que el demandante cuenta con otros medios de defensa judicial para solicitar la defensa de sus derechos.

En primer lugar, la Sala analizará la procedibilidad de la acción de tutela impetrada por Jairo Enrique Puerto Ardila. Al respecto, observa la Sala que si bien la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil de terminar la relación legal y reglamentaria como consecuencia del vencimiento del periodo para el cual fue nombrado, era susceptible de ser demandada en acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, dicha acción, no constituye un mecanismo de defensa judicial eficaz e idóneo, si se tiene en cuenta: la situación de desempleo del señor Puerto Ardila, el aminoramiento de sus condiciones de salud y su avanzada edad, 62 años.

En segundo término, examinará si de la relación laboral que celebró el señor Puerto Ardila con la administración en calidad de supernumerario, reviste un carácter temporal o si por el contrario fue de carácter permanente.

Lo anterior porque tal y como como quedó expuesto en la parte considerativa de esta providencia, al rememorar la Sentencia C-401 de 1998, la relación laboral que celebra la administración con las personas que vincula como supernumerarios, reviste un carácter eminentemente temporal. En caso de que dicho elemento no esté presente, es decir, si la realidad demostrable apunta a que la relación establecida entre el servidor supernumerario y la administración no es transitoria sino permanente, podrá la autoridad judicial, en esta caso, el juez constitucional, derivar las consecuencias que se derivan de este hecho, aplicando el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, principio de rango constitucional .

En el caso sometido a revisión, resulta claro que la relación laboral celebrada entre el señor Jairo Enrique Puerto Ardila y la Registraduría Nacional del Estado Civil no era temporal sino permanente, si se tiene en cuenta que de conformidad con lo probado en el plenario, existió una vinculación sucesiva por periodos transitorios, reflejado en diferentes resoluciones y en distintos periodos, en los que el demandante estuvo vinculado con la entidad en la modalidad de supernumerario, como Auxiliar Administrativo, Código 5120-04, en un espacio de tiempo que puede demarcarse desde el 2 de septiembre de 2013 hasta el 9 de febrero de 2016.

Ahora bien, como en este caso se dio una indebida utilización al nombramiento de supernumerario, pasará la Sala a estudiar lo relativo a la estabilidad laboral reforzada del señor Puerto Ardila, servidor que se encuentra en estado de debilidad manifiesta por razón de sus condiciones de salud y a quien se le dio por terminada su vinculación, bajo el argumento del cumplimiento del término para el cual fue vinculado.

Recuérdese, que en el mencionado fallo, frente al caso de mujeres embarazadas, que fueron desvinculadas en el momento en que se conoció dicho estado, con el pretexto del vencimiento del período para el cual fueron nombradas, cuando la respectiva entidad venía realizándoles nombramientos sucesivos y de duración fija, se señaló que debía prevalecer el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades, lo cual implica, entre otras, la protección especial a la maternidad, habida cuenta de la realidad de su vinculación permanente con el Estado.

Lo anterior, en criterio de la Sala, resulta perfectamente aplicable en el caso de los supernumerarios que se encuentren en estado de debilidad manifiesta por razón de sus condiciones de salud y se les da por terminada su vinculación, bajo el argumento del cumplimiento del término para el cual fueron vinculados.

En este supuesto, también, como en el caso de las mujeres embarazadas, el principio de la primacía de la realidad sobre las formas estará orientado a determinar si el vínculo de estos funcionarios con la Administración fue transitorio o permanente, puesto que en el caso de que el mismo hubiere sido permanente, evidenciándose que la Administración ha utilizado indebidamente la posibilidad jurídica de vincular personal supernumerario, efectuando nombramientos por períodos fijos pero sucesivos, conllevará que el cumplimiento del término para el cual fue vinculado no sería el verdadero motivo por el cual se terminaría la relación laboral, sino lo sería su estado de debilidad manifiesta, o el de gravidez, lo que significaría la vulneración a la protección que se le reconoce a estos sujetos de especial protección constitucional.

Así las cosas, en el evento en que la administración otorgue permanencia a un nombramiento de un supernumerario que se encuentre en estado de debilidad manifiesta y posteriormente proceda a desvincularlo, se presume que dicha decisión se adoptó como consecuencia de su estado de salud.

En el caso sometido a revisión, se comprueban los siguientes hechos:

— El señor Jairo Enrique Puerto Ardila estuvo vinculado con la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante diferentes resoluciones y en distintos periodos como supernumerario en el cargo de Auxiliar Administrativo, Código 5120-04, en el lapso comprendido del 3 de septiembre de 2013 al 9 de febrero de 2016.

— El demandante, el 5 de junio de 2015, en cumplimiento de sus funciones, sufrió un accidente de trabajo, tras el volcamiento del automóvil en el que se desplazaba como pasajero en jurisdicción del municipio de Santa Rosa (Bolívar).

— Como consecuencia de este siniestro, el señor Puerto Ardila sufrió un trauma severo en el segundo dedo de la mano derecha y fue intervenido quirúrgicamente en 6 ocasiones.

— Al accionante con ocasión del mencionado trauma le fueron concedidas varias incapacidades médicas. La parte demandante allegó al expediente varias de ellas concedidas en la vigencia del vínculo laboral como a continuación se relacionan:

Fecha de inicioFecha de terminaciónNúmero de días
2015/06/062015/07/0630
2015/07/062015/08/0430
2015/08/042015/08/1915
2015/08/202015/08/267
2015/08/272015/09/0813
2015/09/092015/10/0830
2015/10/092015/10/2819
2015/10/292015/11/2514
2015/11/262015/12/1015
2015/12/152015/12/2111
2015/12/222016/01/0615
2016/01/062016/01/2015
2016/01/212016/02/0920
2016/03/022016/03/109
2016/03/112016/04/0924

De lo expuesto se colige que la desvinculación de Jairo Enrique Puerto Ardila, por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, desconoció sus derechos fundamentales, por las siguientes razones:

(i) Cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil tomó la iniciativa de no prorrogar el vínculo que mantenía con el demandante, este se encontraba en condición de debilidad manifiesta por la merma en sus condiciones de salud debido al trauma que sufrió en el segundo dedo de la mano derecha.

(ii) La disminución de las condiciones de salud del señor Puerto Ardila era de conocimiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, si se tiene en cuenta que esta afectación fue consecuencia del accidente laboral acaecido el 5 de junio de 2015 y le fueron concedidas varias incapacidades.

(iii) En el expediente no se incorpora ninguna prueba que acredite que la Registraduría Nacional del Estado Civil, no obstante conocer que el demandante presentaba una grave afección, haya solicitado la autorización al Ministerio del Trabajo, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para dar por terminado el vínculo, desconociendo, como quedó plasmado en este proveído, que se trataba de un sujeto de especial protección constitucional, respecto de quien se predica la garantía de una estabilidad laboral reforzada.

Para la Corte, en el presente caso, se presume que la vinculación del accionante no fue prorrogada por parte de la entidad demandada, en razón de las afecciones de salud que padece, con lo que se vulneró su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Lo anterior, por cuanto la Registraduría Nacional del Estado Civil tenía conocimiento de los padecimientos del trabajador y no cumplió el procedimiento establecido en el inciso 1º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual ninguna persona limitada puede ser separada del servicio o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo.

Por todo lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo proferido, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de junio de 2016. En consecuencia, ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que dé cuenta de que el Señor Jairo Enrique Puerto Ardila es apto para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrarlo, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando se produjo su retiro, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma modalidad por medio de la cual se designan a los supernumerarios. Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de Trabajo.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo del 22 de junio de 2016, proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el cual confirmó, a su vez, el dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 13 de mayo de 2016. En su lugar, CONCEDER, por las razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada del señor Jairo Enrique Puerto Ardila y, en consecuencia, ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que dé cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al señor Jairo Enrique Puerto Ardila, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la modalidad por medio la cual se designa a los supernumerarios. Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de Trabajo.

2. ADVERTIR al señor Jairo Enrique Puerto Ardila que, si no lo ha hecho, acuda a la jurisdicción de lo contencioso administrativa, por ser esta la competente para reclamar el reconocimiento y pago de los demás derechos laborales que le pudieran corresponder.

3. LÍBRENSE por la Secretaría General de esta corporación, en cada uno de los procesos, la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y cúmplase.

Magistrados: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Gloria Stella Ortiz Delgado, con aclaración de voto—Jorge Iván Palacio Palacio.

Martha Victoria Sáchica Méndez, secretaria general.

1 Folios 7-14 del cuaderno 1 del expediente T-5.688.160.

2 Folios 35-36 ibíd.

3 Folios 15-48 ibid.

4 “ART. 10.—Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

5 Véase, sentencia T-016 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

6 Véanse, entre otras, las sentencias T-661 del 10 de agosto de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-663 del 7 de septiembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-864 del 15 de noviembre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

7 Véase, Sentencia T-576 del 14 de octubre de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

8 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

9 Sentencia T-041 del 31 de enero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

10 Véase, Sentencia T-871 del 21 de julio de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

11 Véase, Sentencia T-1167 del 17 de noviembre de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

12 Ibídem.

13 Véase, Sentencia T-337 del 14 de mayo de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

14 M.P. Álvaro Tafur Galvis.

15 Véase, Sentencia T-129 del 24 de febrero de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra.

16 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

17 Véanse, Sentencias T-1040 del 27 de septiembre de 2001y T-256 del 24 de marzo de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-1183 del 24 de noviembre de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

18 M.P. Rodrigo Escobar Gil.

19 “El artículo 5 de la Ley 361 de 1997 ‘Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones’, establece que para hacerse acreedores a la protección legal especial que consagra, es necesaria la previa calificación médica que acredite la discapacidad. Dice: ‘Las personas con limitación deberán aparecer calificadas como tales en el carné de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado. Para tal efecto las empresas promotoras de salud deberán consignar la existencia de la respectiva limitación en el carné de afiliado, para lo cual solicitarán en el formulario de afiliación la información respectiva y la verificarán a través de diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no sea evidente.’

20 “El artículo 13 de la Constitución establece: ‘El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.’

21 “En efecto, en Sentencia SU-480 del 25 de septiembre de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), esta Corporación manifestó que: ‘La realización del servicio público de la Seguridad Social (art. 48) tiene como sustento un sistema normativo integrado no solamente por los artículos de la Constitución sino también por el conjunto de reglas en cuanto no sean contrarias a la Carta. Todas esas normas contribuyen a la realización del derecho prestacional como status activo del Estado. Es decir, el derecho abstracto se concreta con reglas y con procedimientos prácticos que lo tornan efectivo. Lo anterior significa que si se parte de la base de que la seguridad social se ubica dentro de los principios constitucionales de la igualdad material y el Estado social de derecho, se entiende que las reglas expresadas en leyes, decretos, resoluciones y acuerdos no están para restringir el derecho (salvo que limitaciones legales no afecten el núcleo esencial del derecho), sino para el desarrollo normativo orientado hacia la optimización del mismo, a fin de que esos derechos constitucionales sean eficientes en gran medida. Es por ello que, para dar la orden con la cual finaliza toda acción de tutela que tenga que ver con la salud es indispensable tener en cuenta esas reglas normativas que el legislador desarrolló en la Ley 100/93, libro II y en los decretos, resoluciones y acuerdos pertinentes. Lo importante es visualizar que la unidad de los principios y las reglas globalizan e informan el sistema y esto debe ser tenido en cuenta por el juez de tutela’.

22 “Recuérdese que los trabajadores forman parte de una empresa, la cual se encuentra sujeta a la dirección, manejo y coordinación del correspondiente empresario (artículo 25 del C.Co). Por ello, en estos casos, debe apelarse a la adopción de medidas de protección que no limiten irrazonable o desproporcionadamente los derechos a la libertad de empresa y a la libertad de establecimiento.”

23 Véase, Sentencia T-504 del 16 de mayo de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

24 T-1040 del 27 de septiembre de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

25 M.P. Rodrigo Escobar Gil.

26 Ibídem.

27 Véase, Sentencia T-198 del 16 de marzo de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

28 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

29 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

30 “Artículo 3°. El presente Código regula las relaciones de derecho individual del Trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del Trabajo, oficiales y particulares”.

31 “La doctrina y la jurisprudencia del derecho laboral han designado con el nombre de in dubio pro operario al principio que prescribe que ante diversas interpretaciones posibles de una misma norma, se debe preferir aquella que más favorable resulte a los intereses del trabajador.”

32 “La expedición de la Ley 361 de 1997, según se lee en la exposición de motivos que acompañó el proyecto de ley que le dio origen, fue resultado del propósito de los legisladores colombianos de establecer mecanismos obligatorios que garantizaran la incorporación social de las personas con limitaciones, en el ámbito educativo, del trabajo, de las comunicaciones, del transporte y de los distintos lugares en donde actúan como parte del conglomerado social. C-531 de 2000.”

33 Mediante esta ley se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006.

34 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.